Después de las primeras investigaciones, la Divisió d’Investigació Criminal de los Mossos d’Esquadra confirma que se trata de una muerte accidental. El cadáver apareció el pasado 21 de diciembre disparado por la espalda
El hombre que falleció el pasado 21 de diciembre en las inmediaciones del campo del Nàstic de Tarragona con un disparo en la cabeza fue víctima de una muerte accidental, según las pesquisas llevadas a cabo por la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra. El autor fue un cazador, ya que cabe recordar que el cuerpo se halló en una zona de caza.
En su momento, fuentes policiales confirmaron a la ACN que el cadáver se había encontrado a alrededor de las 15.15 horas en una zona boscosa próxima al estadio del club grana. La víctima presentaba un disparo en la parte posterior de la cabeza.
La alerta la dieron un grupo de personas que avisaron a los servicios de emergencia después de encontrarse con el cuerpo sin vida. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de los Mossos. La DIC asumió la investigación, declaró secreto de actuaciones y empezó a trabajar en el caso, que posteriormente ha derivado en un homicidio imprudente, una hipótesis con la que se trabajó desde un inicio.
Portaba un arma de caza mayor con silenciador, visor térmico y munición.
El Seprona investiga a un hombre por caza furtiva y tenencia ilícita de armas en La Almoraima. Los hechos fueron detectados por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Algeciras durante un dispositivo de vigilancia y prevención desarrollado en el término municipal de Castellar de la Frontera, donde el investigado fue sorprendido mientras presuntamente practicaba la caza de manera ilegal.
Los hechos ocurrieron en la finca de la Almoraima, ubicada en el término municipal de Castellar de la Frontera, cuando los agentes observaron a un individuo portando un arma larga y realizando acciones propias del ejercicio de la caza.
Caza ilegal en Castellar
En el momento de la identificación, el investigado portaba un rifle de caza mayor equipado con mira telescópica, silenciador, cargador con munición y visor térmico. Tras las gestiones realizadas, los guardias civiles comprobaron que carecía de licencia de armas y que tampoco contaba con autorización del gestor cinegético de la finca para ejercer la actividad.
Asimismo, los agentes constataron que el arma utilizada había sido sustraída de un armero situado en la propia finca, por lo que fue inmediatamente intervenida.
La persona identificada está siendo investigada como presunta autora de delitos contra la flora y la fauna, tenencia ilícita de armas y robo, quedando las diligencias instruidas a disposición de la autoridad judicial competente.
Castilla-La Mancha y Cataluña concentran más víctimas de la caza en 2025
Cada año, la caza deja en España un número de muertos y heridos que rara vez trasciende más allá de la sección de sucesos. Se presentan como accidentes aislados, fatalidades inevitables o hechos puntuales sin relación entre sí. Sin embargo, cuando se analizan los datos de forma agregada, el panorama es claro: la actividad cinegética constituye un problema estructural de seguridad pública, invisibilizado por la falta de controles adecuados y por la opacidad de la Administración.
Entre 2020 y 2024, al menos 55 personas murieron y 171 resultaron heridas en España como consecuencia directa o indirecta de la actividad cinegética, según recuentos hemerográficos elaborados por organizaciones sociales ante la inexistencia de estadísticas oficiales. A estas cifras hay que añadir 2025, que deja ya 9 personas muertas y 27 heridas*, según un recuento propio basado exclusivamente en noticias publicadas en medios de comunicación.
Estas cifras no proceden de ningún registro público del Estado, porque ese registro no existe. Ni el Ministerio del Interior ni las comunidades autónomas publican estadísticas completas, accesibles y desglosadas sobre accidentes, heridos y fallecidos provocados por la caza. En consecuencia, la ciudadanía desconoce el alcance real de una actividad que se practica con armas de fuego y que ocupa aproximadamente el 85 % del territorio nacional.
El impacto de la actividad cinegética en 2025 no se concentra en un único territorio, sino que se extiende por buena parte del país. Castilla-La Mancha encabeza el balance con 10 víctimas (7 heridos y 3 fallecidos), seguida de Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana. En comunidades como Extremadura, las consecuencias han sido especialmente graves, con dos fallecidos y ningún herido, mientras que Asturias y Andalucía registran una persona muerta y otra herida cada una. El reparto territorial de los casos evidencia que no se trata de episodios aislados, sino de un problema estructural vinculado a una actividad que se practica de forma generalizada en el territorio.
VÍCTIMAS 2025 POR COMUNIDADES
POR COMUNIDADES AUTONOMAS
HERIDOS
FALLECIDOS
TOTAL VÍCTIMAS
ASTURIAS
1
1
2
ANDALUCIA
1
1
2
ARAGON
1
1
CANARIAS
1
1
CASTILLA-LA MANCHA
7
3
10
CASTILLA Y LEON
3
1
4
CATALUÑA
4
1
5
NAVARRA
3
3
C. VALENCIANA
3
3
EXTREMADURA
1
2
3
GALICIA
2
2
TOTALES
27
9
36
VÍCTIMAS DESDE 2020
POR AÑOS
HERIDOS
FALLECIDOS
TOTAL
2020
39
3
42
2021
40
12
52
2022
47
15
62
2023
23
14
37
2024
19
11
30
2025
27
9
35
TOTALES
195
64
259
Un colectivo envejecido sin relevo generacional
Lejos de tratarse de un fenómeno anecdótico, el perfil demográfico del colectivo cazador ha sido analizado científicamente. Un estudio liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), basado en series históricas de licencias durante más de cinco décadas, constata un declive continuado y un envejecimiento muy acusado del colectivo(1).
Según este trabajo:
El número de cazadores ha descendido un 45 % desde la década de 1970.
Más del 40 % de las personas con licencia tiene más de 60 años.
Menos del 5 % es menor de 30 años, lo que evidencia la práctica ausencia de relevo generacional.
El relevo juvenil ha caído cerca de un 90 % en los últimos 50 años.
Los autores advierten de que este envejecimiento compromete la sostenibilidad del modelo cinegético y señalan que las políticas públicas siguen tratándolo como un colectivo estable, homogéneo y funcional, cuando los datos muestran exactamente lo contrario.
Licencias de caza y armas: controles mínimos para una actividad de alto riesgo
A pesar de este envejecimiento generalizado, la otorgación y renovación de licencias de armas vinculadas a la caza en España se apoya en un sistema de controles psicofísicos mínimos, regulado por el Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993), una norma con más de 30 años de antigüedad(2). Esta acreditación se realiza mediante un certificado médico emitido por centros autorizados, independientes de la Guardia Civil. Sin embargo, en la práctica, estos certificados se limitan a pruebas genéricas y breves, similares a las exigidas para la conducción, sin evaluaciones cognitivas profundas, sin pruebas específicas para el uso de armas de fuego y sin protocolos reforzados adaptados al envejecimiento del colectivo cazador. El resultado es un sistema que cumple formalmente la ley, pero que no evalúa de manera efectiva la aptitud real y continuada para portar y usar armas letales.
Las licencias se renuevan de forma periódica, pero el contenido de las pruebas no se refuerza ni se adapta a la edad del solicitante, incluso cuando este supera los 70 años. El procedimiento se limita, en la práctica, a la repetición de un trámite administrativo.
En cualquier otra actividad con riesgos comparables —transporte profesional, seguridad privada, uso de maquinaria pesada— estos estándares serían considerados inaceptables. En dichos sectores existen evaluaciones más exigentes, controles aleatorios y mecanismos de retirada inmediata de la habilitación ante cualquier indicio de riesgo.
Alcohol y drogas: una prohibición sin control efectivo
El propio Reglamento de Armas prohíbe expresamente el uso de armas bajo los efectos del alcohol o las drogas (3). Sin embargo, no existen controles sistemáticos de alcoholemia o drogas durante batidas y monterías.
A diferencia de lo que ocurre en la conducción, no se aplican protocolos preventivos ni controles aleatorios a personas armadas que disparan en grupo, con perros y en entornos frecuentados por población no cazadora. En muchos territorios, los agentes forestales ni siquiera disponen de medios homologados para realizar estas pruebas.
La consecuencia es una prohibición meramente formal, sin aplicación práctica efectiva.
Víctimas invisibles y daños colaterales
No todas las víctimas de la caza son cazadores. Parte de las personas fallecidas o heridas son terceros ajenos a la actividad: senderistas, vecinos de zonas rurales, trabajadores del campo o conductores implicados en accidentes de tráfico provocados por batidas.
Estos casos se diluyen en estadísticas generales de sucesos o siniestros, sin que se reconozca su vinculación con la actividad cinegética. La falta de datos oficiales contribuye a una normalización social de las víctimas, presentadas como inevitables o anecdóticas.
Sin datos no hay responsabilidad
La ausencia de estadísticas oficiales no es un fallo técnico, sino una decisión política. Sin datos públicos no hay evaluación del riesgo, no hay políticas de prevención y no hay rendición de cuentas.
Mientras tanto, organizaciones sociales se ven obligadas a recopilar noticias dispersas para reconstruir una realidad fragmentada pero alarmante.
La pregunta es inevitable: ¿cuántas muertes y heridos serían aceptables si se produjeran en cualquier otra actividad recreativa?
Conclusión: una cuestión de seguridad pública
Exigir controles psicofísicos rigurosos, evaluaciones adaptadas a la edad, controles de alcohol y drogas, limitación efectiva de zonas y calendarios y estadísticas oficiales transparentes no es una postura ideológica. Es una exigencia básica de seguridad pública, salud colectiva y derecho a la información.
Mientras la caza siga produciendo muertos y heridos sin que el Estado los cuente oficialmente, el problema no será solo la actividad cinegética, sino el silencio institucional que la ampara.
Notas y bibliografía
(1) Martínez-Jauregui, M. et al. (2021). “A long-term decline in hunters threatens the sustainability of hunting-based management”. People and Nature, British Ecological Society. Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC). Divulgación CSIC: Un estudio liderado por el CSIC constata el fuerte declive de los cazadores en la Península Ibérica.
(2) Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
(3) Reglamento de Armas, artículos relativos a la prohibición del uso de armas bajo los efectos de alcohol o drogas.
* Enlaces y recuento de víctimas 2025 basado en noticias publicadas en diversos medios de comunicación.
En el Día Internacional del Galgo, la Plataforma NAC convoca una nueva manifestación estatal e internacional por la prohibición de la caza con perros y la abolición de la caza como actividad
Un año más, la Plataforma NAC (No a la Caza) convoca a la ciudadanía a salir a las calles para denunciar una actividad que continúa provocando un sufrimiento sistemático y silenciado a millones de animales. El próximo 1 de febrero de 2026, más de 70 ciudades de todo el Estado español y del ámbito internacional volverán a movilizarse en una manifestación que se ha consolidado como una de las mayores convocatorias en defensa de los animales.
Este año, la fecha adquiere una carga simbólica especialmente relevante, ya que coincide con el Día Internacional del Galgo. Por ello, los galgos y el resto de perros utilizados en la caza estarán en el centro de la reivindicación. Su situación representa como pocas la crueldad, el abandono y la impunidad que rodean a la caza con perros.
Una exclusión que deja a miles de perros en un limbo legal
La exclusión de los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal supuso un golpe devastador para su protección jurídica. Lejos de corregirse, esta desprotección se agrava ahora con el nuevo Real Decreto de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía, que vuelve a dejarlos fuera, impidiendo que las instalaciones donde se alojan —como rehalas y perreras— estén sujetas a controles básicos de bienestar, sanidad y supervisión administrativa.
Esta doble exclusión sitúa a los perros de caza en un limbo legal sin precedentes, donde no se les reconoce una protección efectiva ni se garantiza su bienestar mínimo, a pesar de ser animales de compañía según la legislación vigente en materia de sanidad animal. La ausencia de control facilita situaciones de hacinamiento, falta de atención veterinaria, abandono y maltrato, perpetuando una realidad que las entidades de protección animal llevan décadas denunciando.
Por la prohibición de la caza con perros y la abolición de la caza
Salimos a la calle para exigir:
La prohibición inmediata de la caza con perros, una práctica basada en la explotación, el descarte y el sufrimiento.
La abolición de la caza en todas sus modalidades, por ser incompatible con una sociedad que se dice ética, empática y respetuosa con los animales.
Un marco legal que proteja a todos los animales sin excepciones, sin categorías que legitimen el maltrato.
La caza no es tradición ni cultura. Es una actividad violenta que normaliza el sufrimiento y la muerte como entretenimiento.
Una movilización que crece año tras año
La convocatoria del 1 de febrero de 2026 contará con manifestaciones en más de 70 ciudades a nivel nacional e internacional, demostrando que el rechazo social a la caza sigue creciendo. A día de hoy, más de 500 entidades —protectoras, santuarios, asociaciones animalistas y colectivos sociales— ya se han adherido a esta convocatoria, reforzando una lucha que es colectiva y global.
Por los galgos. Por todos los perros. Por todos los animales.
Este 1 de febrero salimos por quienes no tienen voz, por los galgos explotados y descartados, por los perros de caza abandonados en un vacío legal, y por todos los animales víctimas de una actividad que nunca debió existir.
Ni un año más de impunidad. Ni un perro más excluido. No a la caza.
Se trata de dos vecinos de Huelva que, según la Guardia Civil, habrían cometido el delito en Castilla y León el pasado mes de marzo durante el periodo de veda de la especie.
La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Huelva por un presunto delito de caza furtiva tras localizar seis cabezas de corzo dentro de una mochila, que habían tirado a la cuneta de la autovía A-5, a la altura de Trujillo (Cáceres), al observar un control policial. El arresto de ambos hombres se ha producido tras nueve meses de investigación.
Los hechos sucedieron el pasado mes de marzo cuando agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que realizaban un control de vehículos en la autovía A-5 fueron alertados de que desde un turismo se había arrojado una mochila a la cuneta. Tras localizarla, los agentes hallaron en su interior seis cabezas de corzo que habían sido decapitadas recientemente. De hecho, en cinco de ellas aún no se había iniciado el proceso de descorreado, es decir, que conservaban la piel que recubre las astas.
Los pesquisas permitieron identificar un turismo de color blanco y de pequeñas dimensiones desde el que se habría arrojado la mochila y que los presuntos autores habrían cometido el delito en Castilla y León, donde la especie se encontraba en periodo de veda desde mediados de febrero hasta el 1 de abril.
Finalmente, la Guardia Civil logró identificar a los ocupantes del turismo, dos hombres residentes en la provincia de Huelva que habrían realizado un viaje de ida y vuelta “con el único propósito de llevar a cabo la actividad furtiva” y que al detectar el control policial se habrían deshecho de las cabezas arrojándolas a la autovía.
Los dos detenidos se enfrentan a penas de prisión de seis meses a dos años o a una multa de ocho a veinticuatro meses, así como a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar durante un periodo de dos a cinco años.
Estas penas podrían verse agravadas si los hechos se hubieran cometido en periodo de veda por “el perjuicio para la biodiversidad y el ciclo reproductivo de la especie”. Según las mismas fuentes, los daños económicos derivados de estos hechos superan los 21.000 euros.
La intervención se produjo tras la realización de diferentes servicios en prevención del furtivismo
Agentes de la Guardia Civil, en un operativo dedicado al control de la caza furtiva y de las irregularidades que se podrían estar produciendo en actividades cinegéticas sujetas a autorización previa, inspecciona una batida realizada en un coto de Vejer de la Frontera (Cádiz) en la que se abatieron 20 ejemplares de ciervo macho cuando la autorización era para cazar ejemplares hembra para el control y mejora de la especie.
En una nota, la Guardia Civil ha explicado que la intervención se produjo tras la realización de diferentes servicios en prevención del furtivismo y la comprobación de la correcta actuación en materia de caza en monterías, ganchos y batidas que realiza la Unidad de Protección de la Naturaleza perteneciente a la Comandancia de Cádiz, en la que se inspecciona una batida de gestión en un coto del término municipal de Vejer.
En este sentido, ha explicado que la actividad consistía en el control de cérvidos denominada «batida de gestión» donde sólo se podía dar caza a ejemplares hembras para el control de las poblaciones de esta especie.
Al personarse la patrulla en el lugar donde se debía realizar el control veterinario de los ejemplares abatidos, los agentes observaron gran cantidad de ejemplares de ciervos machos muertos, destacando entre éstos algunos trofeos, comprobando que se estaba incumpliendo las condiciones de la autorización emitida por la Junta de Andalucía.
Como resultado de la intervención, el Seprona intervino un total de 20 ciervos machos (Cervus elaphus) que fueron retirados por una empresa autorizada para la gestión de subproductos animales, destinados a su destrucción conforme a la normativa Sandach.
La Guardia Civil ha señalado que dar muerte a estos 20 ejemplares machos en un coto donde sólo está autorizada la caza de hembras puede causar desequilibrios en la estructura de la población, empobrecimiento genético de la especie, problemas de comportamiento por la falta de machos adultos o impactos ecológicos indirectos.
Por todo ello, la Unidad del Seprona levantó informando tanto al organizador de dicha actividad como a la persona responsable del coto en cuestión que los hechos acontecidos se pondrán en conocimiento del departamento de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por infracciones cometidas a la normativa de Caza y de Sanidad Animal de Andalucía.
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