En menos de 24 horas, dos parlamentos del Reino Unido votaron para cerrar para siempre las pistas donde los galgos corren, caen y mueren. Lo que parecía impensable hace una década se convirtió en ley en Gales y Escocia durante la misma semana, enviando una señal inequívoca al resto del mundo: la crueldad no puede seguir llamándose tradición deportiva. España, donde las carreras de galgos siguen siendo legales, no puede ignorar lo que acaba de ocurrir al otro lado del Mar del Norte.
Los números son difíciles de rebatir. Según datos del Consejo de Galgos de Gran Bretaña, entre 2017 y 2024 murieron 1.357 galgos en las pistas de Inglaterra y Gales, y se registraron más de 35.000 lesiones. No son accidentes imprevistos: un estudio académico de 2018, dirigido por el investigador Andrew Knight, concluyó que las pistas ovaladas son intrínsecamente peligrosas, ya que imponen una carga física extrema sobre los animales y elevan de forma estructural el riesgo de lesiones graves.
Es decir, el problema no es la mala gestión de una pista concreta. Es el deporte en sí mismo. Esta es la paradoja que los parlamentos de Gales y Escocia han decidido afrontar con claridad legislativa: no se puede regular lo que es, por diseño, perjudicial para los animales que lo protagonizan.
«Las carreras de galgos son crueles de principio a fin», expresa Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España, haciéndose eco de las palabras que ya resuenan en el debate público británico y que deberían resonar también aquí.
En Escocia, la coalición Liberar a los Galgos, integrada entre otros por el grupo Hope Rescue, celebró la votación parlamentaria como un punto de inflexión histórico. La organización subrayó una ironía significativa: mientras la industria conmemoraba 100 años de carreras en el Reino Unido, dos de sus naciones decidían que esa tradición centenaria no merece un siglo más.
En Gales, la nueva legislación establece un periodo de transición entre 2027 y 2030 para que la industria cese su actividad de forma ordenada, con sistemas de adopción para los galgos retirados. La coalición Cut the Chase, formada por organizaciones como Blue Cross, Dogs Trust, Greyhound Rescue Wales y la RSPCA Cymru, fue contundente: «Durante demasiado tiempo, los perros han pagado el precio de esta forma de entretenimiento anticuada, con lesiones y muertes que son completamente evitables».
Europa no puede seguir tolerando esto
Lo que hace especialmente relevante esta prohibición no es solo lo que ocurre en el Reino Unido, sino el contexto global en el que se inscribe. Según la RSPCA, solo nueve países en el mundo permiten aún las carreras comerciales de galgos. Entre ellos, hasta hace días, figuraban las cuatro naciones del Reino Unido. Hoy ya son dos menos. La tendencia es clara, y España forma parte todavía de ese grupo cada vez más reducido y más cuestionado.
Las carreras de galgos en España no son un fenómeno marginal ni exclusivamente rural. Son una industria que instrumentaliza a animales sintientes para el entretenimiento y las apuestas, con consecuencias documentadas sobre su bienestar físico y psicológico. Los galgos utilizados en estas actividades son sometidos a un régimen de confinamiento, entrenamiento intensivo y exposición al riesgo de lesión grave que ningún marco ético contemporáneo puede justificar.
La explotación no termina en la pista. Comienza mucho antes, en las condiciones de cría y selección, y puede terminar de forma abrupta cuando el animal deja de ser rentable. Las organizaciones de rescate en España conocen bien este final: galgos abandonados, heridos o matados al término de la temporada de caza o de competición.
«Lo que ha ocurrido en Gales y Escocia demuestra que cuando la evidencia científica y la voluntad política se alinean, el cambio es posible. España tiene los datos, tiene la sociedad civil y tiene la responsabilidad de actuar», añade Gascón.
Lo que debemos aprender de esta prohibición
La prohibición aprobada en Gales y Escocia no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de presión sostenida por parte de organizaciones animalistas, de estudios científicos acumulados y de una consulta pública que evidenció el cambio de valores en la sociedad. El modelo es replicable.
En España, el debate sobre el maltrato a los galgos lleva años presente en el activismo animalista, pero no ha alcanzado aún la dimensión legislativa que merece. La Ley de Bienestar Animal de 2023 supuso un avance en algunos ámbitos, pero no abordó de forma explícita y contundente la prohibición de las carreras de galgos como actividad comercial. La brecha entre lo que la ciencia recomienda, lo que la ciudadanía demanda y lo que la ley permite sigue siendo demasiado amplia.
Lo que ha ocurrido en el norte de Europa ofrece una hoja de ruta: legislar con base en evidencia, establecer periodos de transición razonables para la industria y garantizar sistemas de adopción para los individuos que han sido utilizados en estas actividades. No es una utopía. Es lo que Gales y Escocia acaban de hacer.
La League Against Cruel Sports ya ha pedido al Gobierno del Reino Unido que extienda la prohibición a Inglaterra. El mismo argumento vale para cualquier gobierno europeo que aún permita estas carreras: la coherencia entre los valores declarados de protección animal y las leyes vigentes no puede seguir siendo opcional.
El momento de actuar es ahora
En menos de 24 horas, dos parlamentos cambiaron la vida de miles de galgos. Esa velocidad no fue espontánea: fue el resultado acumulado de firmas, campañas, denuncias y presión ciudadana sostenida durante años. Cada acción cuenta. La tuya también.
Exige a tus representantes políticos que España se sume a los países que han prohibido las carreras de galgos como actividad comercial. Comparte esta información en tu entorno. Apoya a las organizaciones de rescate que trabajan cada día para sacar a los galgos del sistema de explotación. Y si estás pensando en ampliar tu familia, considera la adopción de uno de estos animales que, liberados del confinamiento y del riesgo, son compañeros extraordinarios.
Hace apenas unos días, en los parlamentos de Cardiff y Edimburgo, se escucharon los votos que cerraron las pistas. Ese sonido puede repetirse en Madrid. Depende también de lo que hagamos hoy. «Cada galgo que deja de correr en una pista es una victoria. Pero necesitamos que dejen de correr todos, y para eso necesitamos a más personas dispuestas a exigirlo», señala Gascón.
El Servicio de Protección da Natureza de la Guardia Civil (Seprona), con la colaboración de la Protectora de Animais do Morrazo, han llevado a cabo un operativo para retirar 22 perros podencos de caza (16 hembras y 6 machos) a un vecino de Meira, en Moaña, que los tenía en muy malas condiciones, en jaulas o zulos con apartamentos, algunos encadenados, otros con sarna y escuálidos.
El operativo se llevó a cabo este domingo a iniciativa de la protectora, que recibió quejas de vecinos. Se sospechaba que los perros dejaban de ladrar de repente por el uso de aspersores de agua, como así confirmó el Seprona, que pidió la colaboración de la protectora para valorar la situación de los animales.
La presidenta de la protectora, Laura Soliño, asegura que lo que se encontraron allí fue un horror, con una madre con cachorros muertos en el frío cemento y las mamas ensangrentadas de tanto rascarse por la cantidad de leche.
El propietario de la vivienda no estaba en ese momento, pero sí un familiar, junto a una persona limpiando, que no ofreció ninguna resistencia para entrar en las instalaciones. Se supone que el propietario de los animales los tenía para caza y venta, señalan en la protectora, que acogió a los 22 animales, 13 con chip y 9 sin indentificación, en el refugio comarcal que tienen en Broullón: «Cuando se les dio de comer parecía la fila del hambre».
Laura Soliño señala que ya en una ocasión habían recogido una perra a este vecino pero estaba a nombre de un portugués que hizo la cesión a la protectora, «pero nunca nos creimos que tenía este volumen de animales». Desde la protectora piden al Seprona que intensifique los controles a los cazadores, ya que los podencos son,en Galicia la raza maltratada como los galgos en el sur.
El investigado utilizaba dos perdices enjauladas como señuelo y poseía un arma de fuego no registrada en una finca cercana a las Bardenas Reales
Agentes de la Policía Foral han abierto diligencias penales a un hombre de 74 años en Tudela como presunto autor de un delito contra la fauna y otro de tenencia ilícita de armas. La investigación se inició el pasado mes de febrero, cuando el Grupo Operativo de Medioambiente y el Grupo de Investigación Medioambiental (GRIM) detectaron indicios de posibles acciones de caza mediante métodos prohibidos en la zona.
A raíz de las sospechas, se establecieron los correspondientes dispositivos de control y vigilancia para dar con el responsable. Dichos operativos dieron sus frutos y permitieron localizar al investigado en una finca rústica situada en las cercanías de las Bardenas Reales.
Un arma sin registrar y reclamos prohibidos
El hombre fue sorprendido mientras practicaba la caza de la perdiz con reclamo, una modalidad que requiere autorización específica. Para ello, utilizaba dos ejemplares enjaulados que actuaban como señuelo vivo, una práctica prohibida durante la época de veda y reproductiva para esta especie, tal como lo prohíbe el artículo 335 del Código Penal.
En el lugar de los hechos, los agentes encontraron un arma no registrada y diversa munición, además de un reclamo electrónico que imitaba el canto de la perdiz. Todo el material, junto con las dos perdices, fue incautado. La tenencia de armas sin los permisos necesarios está castigada por el artículo 564 del Código Penal.
Las diligencias del caso han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Tudela y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Navarra para que continúen con el procedimiento judicial correspondiente.
Balance de la actividad medioambiental en febrero
Este caso se enmarca dentro de una intensa actividad de la Brigada de Protección Medioambiental de la Policía Foral, que ha atendido un total de 67 incidencias durante el pasado mes de febrero. Entre ellas, destacan 21 actuaciones por vertidos agrícolas e industriales y mala gestión de residuos, 13 por maltrato o abandono de animales, 7 relacionadas con la caza y otras 7 por fuegos o quemas no autorizadas.
Además del caso de caza ilegal en Tudela, la brigada ha llevado a cabo otras intervenciones relevantes. Entre ellas, la denuncia a una persona en la Ultzama por la tenencia de un lazo-trampa, la intervención de un arma a un hombre por cazar furtivamente de noche en la ribera, la denuncia a un coto por usar cebaderos para jabalíes controlados con cámaras y la localización de un vertido de hipoclorito sódico que provocó la muerte de peces en Cinco Villas.
Pensábamos que no podíamos ver más cacicadas en contra de los perros de caza en este país; nos equivocábamos. Sí, aún hay más. La Dirección General de Derechos de los Animales, en sus dos legislaturas de vida, está siendo el peor enemigo de los perros utilizados para la caza desde que comenzó la democracia. Es increíble, pero cierto; un organismo que debería protegerlos los está dejando tan vendidos a los cazadores y maltratadores como no veíamos desde 1991. Tal cual, lean hasta el final y lo verán. Primero bajo el mandato de Ione Belarra, que en 2023 creó la Ley Nacional de Derechos de los Animales que deja fuera de su amparo a los perros de caza, y que ha hecho retroceder todos los adelantos que se habían conseguido en este terreno a lo largo de tres décadas en las leyes autonómicas. Pero aún sigue la pesadilla.
Hace unos días se creó el Consejo Estatal de Protección Animal. En su constitución, el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, anunció a bombo y platillo estar trabajando en un borrador para que los perros de caza y su normativa de núcleos zoológicos, las rehalas para entendernos, pasen a ser gestionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en vez de por su Dirección General. Es decir, dejarlos desamparados del todo, porque aquí no somos nuevos, y todos sabemos que derivarlos al Ministerio de Agricultura es condenarlos al más puro olvido, es acallar su martirio. Y también todos sabemos que ese es el ministerio en el que históricamente tiene más peso e influencia el lobby cazador.
Pero no se ha debido percatar el director general que la propuesta de su borrador es totalmente ilegal, puesto que en la Ley de Sanidad 8/2003 se dice textualmente “perros, gatos y hurones, independientemente del fin al que se destinen o del lugar en el que habiten o del que procedan, serán considerados animales de compañía”. Y resulta que en la base legal de la creación de la Dirección General de Derechos de los Animales se dispone que su cometido es velar por todos los animales de compañía. Pues nada, tendrá que derogar la Ley 8/2003 para llevar a cabo su borrador, o saltársela a la torera. Y también tendrá que saltarse a la torera, para regalarle los perros de caza a otro ministerio o a los cazadores, la Ley 7/2023.
Eso sí, el anuncio de este borrador lo están celebrando con el mismo bombo y platillo los cazadores y maltratadores; tampoco son nuevos, y saben que les proporcionaría rienda suelta para seguir maltratando, y maltratar más impunemente aún, a todas sus rehalas de perros.
El mediático asesinato, que conmocionó este verano a media España, de 32 galgos muertos por inanición mientras permanecían encadenados en la rehala del cazador llamado El Patillas, en vez de hacer reflexionar a la Dirección General de Derechos de los Animales en la urgencia de su protección (que es su deber), da la impresión de que los ha llevado a querer quitárselos de encima; sí, quitárselos rapidito de en medio para que no les salpique su sangre, importándoles tres narices dejarlos alegremente en manos de sus maltratadores. Porque repito que aquí no somos nuevos, y todos sabemos que esta derivación que pretenden hacer al Ministerio de Agricultura es para silenciar el martirio de estos animales y lavarse las manos. Y repito que también todos sabemos que ese es el ministerio en el que históricamente tiene más peso e influencia el lobby cazador.
En esa misma reunión, el director general de dicho ministerio, Emilio Luis García Muro, dejó claro tampoco conoce la ley, y llegó a decir públicamente una afirmación heredada nada más y nada menos que de Descartes: los perros de caza son animales de explotación. Discúlpeme, pero le corrijo: no son animales de explotación, sino que son perros explotados, que es tremendamente diferente. Y justo por eso es a los que más se les debe proteger. Y justamente por ser perros, y, por tanto, animales de compañía, legalmente todo lo que les compete debe estar bajo la Dirección General de Derechos de los Animales.
¿Cómo una Dirección de Derechos de los Animales lo permite, y no se plantea trabajar para subsanar la ley nacional e incluir bajo su amparo a los perros más desamparados de este país, y cómo no intenta protegerlos en sus terribles rehalas que es donde más salvajemente son maltratados? ¿Para qué sirve entonces una Dirección General que trabaja para favorecer los derechos de los animales, para desprotegerlos? La cuestión es querer hacer las cosas o no querer. Me pregunto por dónde anda el compromiso de su formación de proteger a los perros de caza. Porque lo curioso es que esta dirección general depende de un ministerio de Sumar, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Parece que en Sumar tienen mala memoria; habrá que refrescársela. Dos de los partidos políticos germen y núcleo de esta formación, Más País y Compromís, votaron en contra de la Ley Nacional de Protección Animal alegando que jamás votarían a favor de una ley que excluyese a los perros de caza, por ser los más maltratados de este país y a los que más había que proteger. Esas mismas formaciones, y también Más Madrid, se unieron a la campaña #mismosperrosmismaley en contra de dejar fuera del amparo de la Ley Nacional a los perros utilizados para la caza. Pesos pesados de su formación dieron con valentía un paso al frente contra la Ley de Belarra ante la injusticia que iba a cometer y cometió. Se supieron diferenciar, y prometieron que lo subsanarían.
¿Dónde están ahora? Puedo pensar que el ministro del que ahora depende todo esto, Pablo Bustinduy, como vivía fuera de España cuando se tramitó la Ley Nacional de Derechos de los Animales igual no se enteró de nada; o como su último trabajo político fue en la formación morada, tal vez crea que tiene que defender la casposa herencia en materia de protección animal de su predecesora de Unidas Podemos. Pero, que yo sepa, ahora es ministro de Sumar; y que yo sepa –que de esto vaya si sé– Sumar encargó para su programa electoral a una conocida animalista que le redactase toda su defensa por los derechos de los animales.
Igual tienen que volver a leerse su propio programa electoral, igual tienen que revisar la historia de los partidos que conforman Sumar, igual tienen que hacer memoria de sus promesas, igual deben tener sensatez para comenzar a escuchar y poner los pies en la tierra… en esta tierra nuestra repleta de rehalas de perros maltratados hasta la muerte. Deberían aclararse en Sumar, porque la mayoría de los partidos que lo conforman votaron y se declararon en contra de que los perros de caza estuviesen fuera de la Ley Nacional; siguen luchando por ellos a través de Más Madrid en Madrid, pero paradójicamente en la Dirección General de Derechos de los Animales van en contra de ellos, a veces les quedan tics de Podemos y otras veces no, sus promesas parece que se las lleva el viento… Esto es un lío…, esto es un lío que sólo resta, y resta encima para los más desfavorecidos: los perros de caza. Sumen de una vez ¿no?
Se ve a la legua que están utilizando la misma regla de tres que empleaban los esclavistas. No se me alteren, sigan leyendo y lo verán claro.
Ellos a los esclavos no los consideraban personas, sino animales de trabajo, por puro racismo y por utilizarlos como esclavos, por lo cual estaban excluidos de cualquier tipo de derecho. Esto mismito es lo que están haciendo con los perros en este país: si eres un caniche y vives con una familia, eres un animal de compañía y tienes unos derechos que te protegen; pero si eres un galgo y tienes la maldita suerte de mal vivir en una rehala, algunos gobernantes nuestros creen que eres un animal de explotación y careces absolutamente de ningún amparo de la ley.
Guau, no puedo encontrar razonamiento más retrógrado, racista, clasista, más fuera de este siglo y más cercano al salvaje Descartes.
Pues esto es lo que pretenden hacer desde un Ministerio de Derechos Sociales; y siendo parte de una formación que defendía la entrada de los perros de caza en la Ley Nacional. Es toda una incongruencia con cuatro patas. Para enmarcar, haciendo historia, di que sí. Es rebobinar para volver a ver la película Los santos inocentes, con ese olor a caciquismo y cacerías que da pavor.
Y aquí hay en juego la vida de cientos de miles de santos y muy inocentes: los perros de caza.
¿Todo esto lo están haciendo por la memoria de los 32 galgos que fueron asesinados de inanición encadenados en una rehala de Badajoz este agosto a manos del Patillas? Hay que apuntar que este no es un caso aislado, es un caso que se ha hecho mediático, pero hay infinidad de cazadores igualitos al Patillas a lo largo de nuestra geografía. Sólo hace cinco días la Guardia Civil ha incautado en una rehala de Tarragona una veintena de perros muertos y otros moribundos dentro de contenedores sin comida y agua. Es la realidad que día a día se encuentra el Seprona y los albergues de animales abandonados en las rehalas de media España.
Las rehalas de Belarra
No olvidemos las cifras: anualmente unos 200.000 perros procedentes de rehalas son recogidos apaleados, desnutridos, aterrorizados y en unas condiciones tan lamentables que no serían capaces ni de imaginar. Y otros miles por desgracia son encontrados ya muertos. Y ante esto la Dirección General de Derechos de los Animales, en vez de protegerlos –digo yo, ¡de blindarlos!, que es lo que deberían hacer ante tanta barbarie–, pretenden regalárselos a los cazadores para que los martiricen sin ni siquiera supervisión suya. Precioso, muy progresista y lógico todo.
Repito: la Dirección General de Derechos de los Animales, en sus dos legislaturas de vida, está siendo el peor enemigo de los perros utilizados para la caza desde que comenzó la democracia. Les hago un resumen y lo verán: En 1991 sale la primera ley de protección animal autonómica en Canarias, una ley muy moderna; le siguen en 1992 las de Baleares y Cantabria; Castilla y León la crea en 1997; ya en la siguiente década, en 2002, llega la ley de Asturias, en 2003 hacen lo propio Aragón y Andalucía, Cataluña en 2008, Ceuta en 2015, Madrid en 2016, en 2017 Galicia, Murcia y Melilla, La Rioja en 2018, al año siguiente Navarra, Castilla-La Mancha en 2020, País Vasco en 2022 y la Comunidad Valenciana en 2023. Y llega en ese mismo 2023 la ansiada Ley Nacional de Derechos de los Animales anunciada a bombo y platillo por Ione Belarra. La celebran con el mismo bombo y platillo los cazadores.
¿Qué ocurre?
Que hace retroceder en protección a los perros de caza, que estaban protegidos en todas las leyes autonómicas, porque la Ley Nacional directamente los excluye de protección alguna. Es la peorcita de todas. ¿En qué cabeza cabe legislar para retroceder?, ¿en qué cabeza cabe dejar fuera de la ley a los perros más necesitados, porque son los más maltratados? Con esta maldita Ley Nacional el lobby cazador ve una oportunidad de oro, se lo deja Belarra en bandeja de plata, y logran derogar la Ley Autonómica de La Rioja que protegía a estos perros; en Madrid se ha hecho una revisión de su ley autonómica, continúan estando amparados los perros de caza pero ha mermado su protección; y Más Madrid, que pertenece a Sumar, ha estado muy en contra de dicho retroceso… Así un suma y sigue, ya que muchas de estas leyes autonómicas están siendo modificadas para alinearse con la nueva ley de bienestar animal estatal que tan bien le viene a los cazadores y maltratadores. Es decir, nos han hecho retroceder décadas en protección animal y han dejado desamparados a los pobres perros utilizados para cazar.
Y ahora el nuevo director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, encima de no hacer lo que su partido Sumar prometió –ponerlos bajo el paraguas de protección de la Ley–, no solo no lo hace, sino que además pretende que la protección y supervisión de las rehalas no dependa de la Dirección General de Derechos de los Animales, sino que lo haga del Ministerio de Agricultura. Debe ser que los caniches, pomeranias, chihuahuas… son perros, pero deben creer que los galgos, podencos, bodegueros… no son perros, resulta que deben ser hortalizas. Ya si nos ponemos a saltarnos la lógica, la ley y las promesas, podían mandar a los perros de caza al Ministerio de Cultura, que su ministro es el más avanzado de todos, o al de Sanidad, donde su ministra tiene una podenca. Hay que tener cuajo.
¿Pero nadie en su partido va a parar este locurón?
Parece que ustedes van a rematar a cientos de miles de perros en este país. Es sencillo, no entienden, ni atienden y les importa tres narices; esto último es lo más indignante, la diferencia entre protección y desprotección. ¿Qué no entienden todavía? ¿Para qué crearon esa Dirección General de Derechos de los Animales… para ayudarlos o para dejarlos mucho peor que estaban antes? Con sus acciones e inacciones, con no subsanar el terrible agujero negro que deja fuera de la Ley Nacional de Derechos de los Animales a los necesitadísimos perros utilizados para la caza, con este borrador que los vende directamente al lobby cazador, con este decreto que vuelve a olvidarlos y a mandarlos al infierno, dejan claro que no entienden ni lo más mínimo.
Aún se trata de un borrador, aún están a tiempo de enmendarlo, aún están a tiempo. Si no, nos tocará enmendarles la plana. Enmendarles la plana con nuestra voz, voces internacionales y nuestros votos. Enmendarles la plana aquí y en Europa. Tienen la pelota en su campo; pueden meter gol y que todos veamos por fin de una vez para qué sirve una Dirección General de Derechos de los Animales, o pueden meterse gol en propia puerta (será celebradísimo por la España más oscura).
Coincidiendo con la presentación de ese borrador, se convocaban manifestaciones en Alemania contra el maltrato en España a los perros utilizados para la caza. Más de 2.000 galgos y podencos españoles, rescatados de rehalas y adoptados en Alemania, han marchado por las calles de Mainz en la Galgomarsch. Los medios alemanes se han hecho eco de esta marea de solidaridad, que también se extendió por Bremen y Leipzig. Tampoco han debido de ver las masivas manifestaciones que hay cada primer domingo de febrero en Londres, Estrasburgo, Berlín… Pues deberían verlas, se lo recomiendo, a ver si hacen algo para dejar de tener esta merecida fama de país maltratador de perros.
No soy Tezanos, pero les adelanto que buena parte de sus votantes van a sentirse muy defraudados y engañados. Y también les adelanto que el voto animalista que tuviesen lo van a perder de cuajo; bueno, lo primero que perderán es la sensatez, credibilidad y vergüenza, pero lo que hay que reconocerles es que van a sumar un espectro de votantes con los que no contaban: cazadores y maltratadores.
Como no cambien, a ver cómo van ustedes de cara a las próximas elecciones a intentar apropiarse de nuevo de la causa animalista; vayan ustedes a intentar engañarnos de nuevo, a hablar de progresismo, vayan con mil milongas más…, ¿a ver qué pueden decirles ahora de la casta si se doblegan al lobby cazador? Doy por hecho que lo intentarán por rascar votos, y por blanquear la imagen de sus actos.
Más Madrid y PACMA
Hay ya rumores de que Más Madrid, integrante muy activo de Sumar y que ahora mismo podría y debería posicionarse del lado correcto como hizo en su día Más País, pretende cortejar al partido animalista PACMA para conseguir sus votantes. Pues ahora tienen en su mano presionar, o dicho más finamente, ayudar a reflexionar al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. No lo olviden; si algún día pretenden cortejar el voto de los animalistas madrileños, que tan bien les vendría para que les diesen los números, seguramente ellos no olviden qué hacen ustedes ahora.
En esta vida lo que cuentan son los hechos e ir de cara, a ver cuándo lo aprenden los políticos. Y a esta izquierda, que va de salvadora del movimiento animalista mientras lo ahoga, lo que se les lleva viendo tiempo en vez de la cara es el plumero, por desgracia. Ojalá fuese una opinión…, pero son los hechos.
Y como sigan en la misma línea, recuérdenlo cuando entre sus votantes vean mucho chaleco de camuflaje y gorra de chenilla a cuadros. Se lo deben, el lobby cazador le tiene que estar agradecidísimo a Unidas Podemos, PSOE y puede que a Sumar. Si finalmente les regalan las rehalas, se los llevan ustedes de calle. Porque les están regalando a los cazadores campar a sus anchas y están robando directamente votantes a VOX. Tal cual. A este paso, si algún día VOX llega al Gobierno de este país –las urnas no lo quieran– contra todo pronóstico no se van a cargar esa dirección general; ya no les parecerá un chiringuito, sino un filón.
Y todo esto lo están creando ustedes solitos. Empezó la señora Ione Belarra y por ahora parece que continúa en la misma línea el señor Pablo Bustinduy; ojalá reflexione. Quién les iba decir a ustedes que sus decisiones políticas se las aplaudirían y vitorearían los cazadores de este país. Ver para creer. Qué poca memoria y cuánto cinismo.
Un conmovedor libro, ricamente ilustrado, sobre los galgos y podencos y el vínculo especial que crean con sus familias adoptivas.
Además de retratos ilustrados, incluye historias reales, poemas y homenajes, así como información sobre estos lebreles españoles, con la colaboración de expertos, organizaciones de rescate y bienestar animal.
La edición limitada To the Moon and Back (en neerlandés e inglés) se publicará en otoño de 2025, y todos los ingresos se destinarán a refugios españoles.
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