El Ayuntamiento de Brazatortas ha aprobado por unanimidad la ampliación de una explotación canina de caza, que podrá pasar de 25 a 70 ejemplares, con el objetivo de reforzar este tipo de servicios cinegéticos en el municipio.
El Ayuntamiento de Brazatortas ha aprobado por unanimidad la licencia de ampliación de una explotación canina de caza situada en el término municipal, de modo que su promotor podrá pasar de 25 a 70 ejemplares.
Según recoge la información facilitada por el Consistorio, la autorización cuenta con informes favorables de la Unidad Técnica Ganadera de la Oficina Comarcal Agraria y de los servicios municipales, y queda condicionada al cumplimiento de protocolos de bioseguridad y de gestión de residuos sanitarios.
La ampliación permitirá reforzar el censo local de este tipo de servicios cinegéticos. El Ayuntamiento sostiene que Brazatortas consolida así su posición en la comarca en este ámbito, vinculado a la celebración de monterías dentro y fuera del Valle de Alcudia y Sierra Madrona.
El alcalde, Pablo Toledano, señala que «en Brazatortas la caza es una realidad palpable que llena nuestras casas rurales y nuestros bares y demás servicios análogos durante la temporada de caza».
La autorización se conoce además en las fechas previas a la Feria de la Caza de Brazatortas, que se celebrará los días 17, 18 y 19 de abril. Según el Ayuntamiento, la edición de 2026 contará con una programación con más contenidos y con numerosas rehalas expuestas.
El Consistorio enmarca este sector en el plan industrial que quiere impulsar junto a la carretera N-420. En este contexto, Toledano avanza que «ya estamos trabajando en proyectos estratégicos como la nueva nave de recogida de carnes de caza y un centro veterinario especializado con cobertura comarcal».
Según añade el alcalde, el objetivo es dotar al municipio de una estructura profesional que abarque desde el cuidado veterinario hasta la gestión de carnes y la logística, con hasta tres cámaras frigoríficas, para un sector que utiliza Brazatortas como nudo de comunicación hacia la provincia de Córdoba.
La Guardia Civil sorprendió al furtivo en un coto de San Miguel del Arroyo gracias a unos ciudadanos que interceptaron el vehículo del individuo
Agentes de la Guardia Civil de Valladolid están investigando a un hombre por un presunto delito relativo a la protección de la flora y faunasilvestre, tras ser sorprendido cuando acababa de abatir un corzo en un coto en la localidad vallisoletana de San Miguel del Arroyo. Según ha indicado la Benemérita, el investigado lo hizo en plena época de veda y sin autorización para la caza.
En concreto, la Guardia Civil recibió varias llamadas de ciudadanos alertando de la presencia de un posible furtivo en un paraje de la zona de San Miguel del Arroyo, en la provincia de Valladolid. Gracias a esta información, varias patrullas de la Benemérita se desplazaron de inmediato al lugar indicado, y a su llegada localizaron a varias personas que habían interceptado el vehículo del sospechoso. Tras identificar al conductor, los guardias civiles procedieron a examinar el interior del vehículo, hallando en el maletero un rifle desenfundado, propiedad del investigado, así como una cámara fotográfica y unos prismáticos.
Asimismo, los ciudadanos que habían alertado a la Guardia Civil de Valladolid indicaron el punto exacto donde disparó el individuo. Siguiendo estas indicaciones, los agentes del Instituto Armado realizaron un reconocimiento por la zona en cuestión y lograron localizar a 84 metros en dirección oeste el cuerpo de un corzo macho, al que acababan de cortar la cabeza, aún caliente en el momento de la inspección. Además, el animal ya abatido se encontraba dentro del mismo coto cinegético.
Ante estos hechos, la Guardia Civil informó al individuo de que sería denunciado por cazar con un arma larga rayada de caza mayor en época de veda y sin autorización en un terreno cinegético, procediendo además a la intervención del arma y medios utilizados. La actuación se llevó a cabo la semana pasada y permitió recuperar el ejemplar abatido, gracias a la rápida colaboración ciudadana, que resultó esencial para detectar y frenar la actividad furtiva.
Fueron incautados una totalidad de 29 perros en malas condiciones higiénica-sanitarias | La Sociedad de Cazadores de La Aldea niega el maltrato y que los animales hayan sido incautados
La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha investigado a una persona tras el aviso de un ciudadano sobre la posible existencia de animales mantenidos en condiciones contrarias a la normativa, habiendo varios perros en estado de abandono y un cuidado deficiente.
Durante la inspección, los agentes comprobaron que la finca no contaba con vallado perimetral ni otras barreras que limitaran el acceso al recinto, una situación que podría representar un riesgo adicional para la seguridad y el bienestar de los animales.
Al acceder al lugar, se observa un amplio número de casetas instaladas de forma improvisada. Todas construidas con pallets, maderas y restos de mobiliario, materiales que no garantizaban estabilidad ni aislamiento, con la presencia de numerosos elementos peligrosos y punzantes como clavos, maderas astilladas y residuos varios, con riesgo directo de lesiones. Estas estructuras carecían de las condiciones mínimas de protección frente al viento, la lluvia o el intenso sol de la zona.
Ninguno de los animales se encontraba en libertad, todos permanecían encadenados con correas de muy poca longitud, lo que limitaba gravemente su movilidad y comportamiento natural. El espacio que los rodeaba estaba cubierto de excrementos acumulados de varios días, viéndose los perros obligados a convivir con sus propios desechos, generando la presencia masiva de insectos en el entorno, sin posibilidad de mantener un espacio limpio o saludable.
Los bebederos y comederos de los animales presentaban una cantidad muy elevada de sedimento de tierra y materia orgánica; El sedimento presentaba una capa brillante y con aspecto de gel característica de los biofilms producidos por las bacterias presentes en materias en descomposición, con lo cual el agua era insalubre no apta para el consumo.
Todos los canes tenían heridas visibles, observándose la presencia de moscas sobre las mismas, sin que constara atención veterinaria alguna, dando un aspecto descuidado con signos compatibles con una desatención prolongada en el tiempo, incluso se observaba a uno de los canes comer sus propias heses.
Para salvaguardar la vida de los animales y como medida cautelar, fueron incautados los veintinueve perros existentes en la finca, contabilizando las seis 6 crías, que en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, concretamente con el Área de Bienestar Animal fueron depositados en instalaciones municipales, garantizando por esa administración la vida de los animales, quedando a disposición de la Autoridad Judicial.
Se instruyó diligencias penales por entender que existen indicios de un presunto ilícito penal de maltrato animal por omisión de cuidados debidos.
La Sociedad de Cazadores de La Aldea niega los hechos
La Sociedad de Cazadores de La Aldea de San Nicolás ha emitido un comunicado en el que niega que los perros hayan sido apartados de su dueño.
Desmiente que se haya producido la incautación de 29 perros, asegura que los animales no se encuentran bajo tutela administrativa y que es su propietario quien sigue alimentándolos y atendiéndolos.
También apunta que se han realizado valoraciones sobre el estado del agua que consumen los animales, sin que se hayan efectuado analíticas que permitan confirmarlas. «El agua está en bidones por las circunstancias del espacio donde se encuentran, pero está en buenas condiciones», asegura la sociedad.
Se les intervino dos visores (uno de ellos térmico), linternas y cartuchería metálica, además de otros efectos para la caza
La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, vecinos de los municipios pacenses de Cabeza del Buey y Monterrubio de la Serena, como presuntos autores de delitos contra la flora y fauna y tenencia ilícita de armas, en un coto privado de caza de Zarza-Capilla.
Los sucesos ocurrieron a finales del pasado mes de marzo, en dispositivos de servicio establecidos por la Guardia Civil para la prevención de acciones delictivas relacionadas con el ejercicio de la caza. En uno de esos operativos, una patrulla observó la presencia de un vehículo sospechoso en un terreno de aprovechamiento cinegético privado, dentro del paraje conocido como ‘El Torozo’, por lo que procedió a dar el alto reglamentario.
Al percatarse de la presencia de los agentes, el conductor del coche emprendió la fuga a gran velocidad tras hacer caso omiso a las señales de detención. Según informan desde la Guardia Civil en nota de prensa, los efectivos observaron cómo arrojaban por la ventanilla lo que parecía ser un trofeo de caza, logrando interceptarlos poco después en el camino que une Zarza-Capilla y La Nava.
Una vez que identificaron a sus ocupantes, dos vecinos caputbovense y un monterrubiano, algunos con numerosos antecedentes policiales, los agentes llevaron a cabo la inspección del turismo. En el interior del mismo hallaron diversos efectos utilizados para cazar, dos visores (uno de ellos térmico), linterna y numerosa cartuchería metálica.
Asimismo, en el maletero apreciaron restos de sangre fresca de algún animal abatido recientemente, que supuestamente, en el afán de deshacerse del mismo para frustrar la relación con la caza furtiva, lo habrían tirado desde el vehículo durante la huida.
Tras el reconocimiento de las inmediaciones, los agentes hallaron en la cuneta la cabeza de un ciervo y un rifle, que analizado, presentaba la numeración de serie borrada de manera intencionada.
De las indagaciones practicadas, se pudo saber que carecían de autorización para el ejercicio de la caza en el citado terreno acotado.
Con las pruebas incriminatorias, fueron detenidos como presuntos autores de los delitos relativos a la protección de la flora y fauna, al cazar de manera furtiva sin autorización, recogido en el artículo 335 del Código Penal, y tenencia ilícita de armas.
Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castuera.
Ahora la Guardia Civil continúa la investigación para tratar de identificar el rifle y posible participación en otros hechos delictivos.
La Plataforma Ecologista Madrileña, la Asociación Empatía y la Plataforma No a la Caza han unido sus fuerzas para hacer frente a la nueva Ley de Caza que tramita la Comunidad de Madrid. Los colectivos denuncian que el texto, impulsado por el Ejecutivo regional, se basa en «falsas premisas» que presentan la caza como una herramienta de gestión y sostenibilidad.
Frente a ello, las organizaciones defienden que se trata de una actividad recreativa que encuentra su disfrute en la muerte de animales y que resulta incompatible con otros usos del territorio. Los colectivos han anunciado el inicio de campañas informativas y movilizaciones para contrarrestar lo que consideran un grave retroceso en materia medioambiental y ética.
La nueva normativa, que sustituirá a la ley franquista de 1970, ha sido redactada, «al dictado» del sector cinegético, señalan los ecologistas. Con 43.855 licencias de caza, este colectivo representa apenas el 0,63% de la población madrileña, pero la superficie cinegética ocupa más del 70% del territorio regional.
La nueva ley intensifica la presión sobre las especies silvestres al ampliar el listado cinegético de 24 a 31 especies. Entre las nuevas piezas se encuentran aves vinculadas a humedales —como gansos, ánades o agachadizas— cuyas poblaciones están en declive en la Península Ibérica y en la propia región. A ello se suma la recuperación de modalidades de caza prohibidas hasta ahora por su crueldad, como la caza de paloma con cimbel o la perdiz con reclamo, prácticas que emplean animales vivos como señuelo.
La norma también elimina trabas temporales al declarar hábiles todos los días del año para la caza, prohíbe el acceso a caminos públicos y a márgenes de ríos durante las jornadas de caza, autoriza el uso de drones, dispositivos térmicos o de visión nocturna para localizar a los animales.
La investigación apunta que el disparo alcanzó a la víctima en la parte superior del cuerpo y que fue abandonada en el lugar
El joven localizado fallecido el 13 de marzo pasado en la barriada de Trassierra, en Córdoba, murió presuntamente tras ser alcanzado por una flecha de caza mayor en la parte superior del cuerpo. Fuentes de la investigación indican que diferentes circunstancias apuntan a un accidente de caza como origen del suceso, aunque el autor del disparo habría huido del lugar abandonando a la víctima.
La Guardia Civil afirma este sábado que las pesquisas avanzan. Por ahora, no hay detenidos por estos hechos. En los últimos días, ha confirmado que la muerte fue violenta, pero no ha precisado si participaron, o no, terceras personas. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación afirman que el fallecido, de 38 años de edad, habría recibido un flechazo de caza mayor en la parte superior del cuerpo, por lo que podría tratarse de la zona del cuello.
Hallado en un edificio abandonado
La familia, que es vecina de Las Margaritas, declaró a este periódico que la víctima se encontraba desaparecida desde el jueves 12 de marzo. Regentaba un taller de bicicletas en ese barrio. Finalmente, el cuerpo fue localizado un día más tarde. Los agentes la encontraron en un edificio abandonado, en la periferia del núcleo urbano de Trassierra, al ser alertados por el servicio de Emergencias 112 Andalucía.
Desde el primer momento, la Guardia Civil ha mantenido abiertas todas las hipótesis, dado que las lesiones que presentaba el cadáver hacían descartar una muerte natural, según manifestaron fuentes de la investigación. Ahora apuntan que la muerte habría sido accidental.
De acuerdo con la información de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente sobre la temporada 2025-2026, el periodo hábil para la caza mayor permanece abierto en Andalucía hasta el próximo mes de abril, para las especies de cabra montés y corzo.
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