La asociación ecologista considera que Ignacio Sáenz de Urturi ha cometido «un presunto delito de prevaricación» al firmar dos resoluciones a petición de ARAG-Asaja, que ha solicitado «medidas cinegéticas excepcionales» para el Alto Najerilla y el Camero Viejo
La asociación ecologista Ascel ha presentado una querella criminal por un presunto delito de prevaricación contra Ignacio Sáenz de Urturi, director general de Medio Natural y Paisaje del Gobierno de La Rioja, por haber firmado resoluciones «para matar a cuatro lobos en diez días». La decisión, considera Ascel, está motivada por dos peticiones presentadas por ARAG-Asaja para abatir al depredador. Hace un mes finalizó la temporada de caza en La Rioja sin que se haya abatido ningún lobo, aunque el Ejecutivo regional aún puede autorizar la caza del lobo como medida extraordinaria.
Según ha confirmado ARAG-Asaja a Diario LA RIOJA, a mediados de febrero solicitó a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente «la aplicación de medidas cinegéticas excepcionales frente al lobo para las zonas del Alto Najerilla y del Camero Viejo». «Lo permite la normativa una vez que las medidas de prevención no resulten efectivas», recuerda ARAG-Asaja, y subraya las dificultades de los ganaderos de extensivo por los ataques del lobo. La organización considera que la situación actual es «fruto de años de sobreprotección normativa».
La querella presentada por Ascel (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico), a la que ha tenido acceso este periódico, expone que las dos resoluciones para autorizar excepcionalmente la caza del lobo, y una tercera que ordena la prestación de servicios a agentes forestales, a los que se exige «sigilo profesional», es para la modalidad de espera. La asociación considera que han sido dictadas «sin estudios e informes científicos», tal y como exige una reciente sentencia del Tribunal Supremo. Ascel señala que una de las dos solicitudes de ARAG-Asaja se presentó el 11 de marzo de 2026 y al día siguiente se autorizó la medida. Al parecer, las explotaciones ganaderas afectadas por los ataques de lobo afirman haber sufrido 59 ataques durante los primeros 100 días de 2026, con un total de 100 reses muertas, pero la asociación ecologista señala que no se evalúan qué medidas preventivas se han tomado ni si se han valorado otras alternativas, por lo que «se han dictado de manera arbitraria a sabiendas de su injusticia». Por tanto, la caza causaría «un daño irreparable a la población de lobos», así que, además, Ascel ha solicitado como medida cautelar urgente la suspensión inmediata de las resoluciones del Gobierno riojano.
La autorización extraordinaria se produce después de que varias asociaciones ecologistas (Ascel, Pacma, WWF y Fondo para la Protección del Lobo Ibérico) presentaran, meses atrás, recursos contenciosos-administrativos contra la pretensión del Gobierno regional de autorizar la caza del lobo en la comunidad autónoma. En este sentido incluso se solicitó una recusación judicial contra la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja para que fuese apartada del caso al considerar que podía no ser imparcial por ser hermana del jefe de Servicio de Defensa de la Naturaleza, Caza y Pesca del Ejecutivo riojano. También se reclamaron medidas cautelares, que no se adoptaron.
El Servicio de Protección da Natureza de la Guardia Civil (Seprona), con la colaboración de la Protectora de Animais do Morrazo, han llevado a cabo un operativo para retirar 22 perros podencos de caza (16 hembras y 6 machos) a un vecino de Meira, en Moaña, que los tenía en muy malas condiciones, en jaulas o zulos con apartamentos, algunos encadenados, otros con sarna y escuálidos.
El operativo se llevó a cabo este domingo a iniciativa de la protectora, que recibió quejas de vecinos. Se sospechaba que los perros dejaban de ladrar de repente por el uso de aspersores de agua, como así confirmó el Seprona, que pidió la colaboración de la protectora para valorar la situación de los animales.
La presidenta de la protectora, Laura Soliño, asegura que lo que se encontraron allí fue un horror, con una madre con cachorros muertos en el frío cemento y las mamas ensangrentadas de tanto rascarse por la cantidad de leche.
El propietario de la vivienda no estaba en ese momento, pero sí un familiar, junto a una persona limpiando, que no ofreció ninguna resistencia para entrar en las instalaciones. Se supone que el propietario de los animales los tenía para caza y venta, señalan en la protectora, que acogió a los 22 animales, 13 con chip y 9 sin indentificación, en el refugio comarcal que tienen en Broullón: «Cuando se les dio de comer parecía la fila del hambre».
Laura Soliño señala que ya en una ocasión habían recogido una perra a este vecino pero estaba a nombre de un portugués que hizo la cesión a la protectora, «pero nunca nos creimos que tenía este volumen de animales». Desde la protectora piden al Seprona que intensifique los controles a los cazadores, ya que los podencos son,en Galicia la raza maltratada como los galgos en el sur.
El investigado utilizaba dos perdices enjauladas como señuelo y poseía un arma de fuego no registrada en una finca cercana a las Bardenas Reales
Agentes de la Policía Foral han abierto diligencias penales a un hombre de 74 años en Tudela como presunto autor de un delito contra la fauna y otro de tenencia ilícita de armas. La investigación se inició el pasado mes de febrero, cuando el Grupo Operativo de Medioambiente y el Grupo de Investigación Medioambiental (GRIM) detectaron indicios de posibles acciones de caza mediante métodos prohibidos en la zona.
A raíz de las sospechas, se establecieron los correspondientes dispositivos de control y vigilancia para dar con el responsable. Dichos operativos dieron sus frutos y permitieron localizar al investigado en una finca rústica situada en las cercanías de las Bardenas Reales.
Un arma sin registrar y reclamos prohibidos
El hombre fue sorprendido mientras practicaba la caza de la perdiz con reclamo, una modalidad que requiere autorización específica. Para ello, utilizaba dos ejemplares enjaulados que actuaban como señuelo vivo, una práctica prohibida durante la época de veda y reproductiva para esta especie, tal como lo prohíbe el artículo 335 del Código Penal.
En el lugar de los hechos, los agentes encontraron un arma no registrada y diversa munición, además de un reclamo electrónico que imitaba el canto de la perdiz. Todo el material, junto con las dos perdices, fue incautado. La tenencia de armas sin los permisos necesarios está castigada por el artículo 564 del Código Penal.
Las diligencias del caso han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Tudela y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Navarra para que continúen con el procedimiento judicial correspondiente.
Balance de la actividad medioambiental en febrero
Este caso se enmarca dentro de una intensa actividad de la Brigada de Protección Medioambiental de la Policía Foral, que ha atendido un total de 67 incidencias durante el pasado mes de febrero. Entre ellas, destacan 21 actuaciones por vertidos agrícolas e industriales y mala gestión de residuos, 13 por maltrato o abandono de animales, 7 relacionadas con la caza y otras 7 por fuegos o quemas no autorizadas.
Además del caso de caza ilegal en Tudela, la brigada ha llevado a cabo otras intervenciones relevantes. Entre ellas, la denuncia a una persona en la Ultzama por la tenencia de un lazo-trampa, la intervención de un arma a un hombre por cazar furtivamente de noche en la ribera, la denuncia a un coto por usar cebaderos para jabalíes controlados con cámaras y la localización de un vertido de hipoclorito sódico que provocó la muerte de peces en Cinco Villas.
Una vez más, el despiste al conversar ante un micrófono abierto ha revelado más, y temas más importantes, que lo que se puede declarar de forma consciente. En esta ocasión, el pillado ha sido un miembro de la Federación de Caza de Castilla y León. Ha hecho una inapropiada comparación entre la gran población de codornices en España y el número de habitantes de China.
Porque para José Antonio Pérez Garrido no hay ninguna importancia en el hecho de cazar a un gran número de estas aves porque «hay millones de ejemplares». Y dice: «Si hablamos de chinos, que se mueran diez millones de chinos, ¿es relevante? Es que hay dos mil millones».
Esta es su analogía. Las palabras que ha pillado un micrófono indiscreto y abierto en un acto del el I Foro de la Codorniz, que se celebró el pasado 11 de marzo, en Valladolid.
Allí estaba José Antonio Pérez Garrido, como promotor del acto y miembro de la Federación Castellano y Leonesa de Caza. Separado de la mesa de conferencias, se mantiene de pie, charlando con otro asistente. El tema de conversación: defender, ante todo, las cuotas de caza de la codorniz.
Porque mientras que los amantes de la caza defienden justo la tesis del protagonista de la pillada, los informes oficiales apuntan a una gran caída de la población de este tipo de ave. Por ello, el Gobierno está estudiando presentar ante la Unión Europea medidas restrictivas sobre su caza.
La Justicia gallega considera que la Consellería de Medio Ambiente no ha demostrado con pruebas técnicas suficientes el incremento de ataques de lobos en Ferrol, Curtis y Cercedo-Cotobad
El lobo y los ganaderos seguirán condenados a entenderse en lugares de Galicia tan dispares y distantes entre sí como son Ferrol, Curtis y Cercedo-Cotobade. Los tres son zonas calientes en las que se registraron daños por ataques, hasta el punto de que la Xunta había solicitado batidas para controlar esa situación. Sin embargo, la Justicia considera que la medida de matar lobos no está suficientemente justificada.
Así lo expresa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en una resolución en la que deniega esa solicitud de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, al entender que no se ha demostrado un «cambio de circunstancias» que justifique la modificación de las medidas cautelares ya adoptadas. Según argumenta la sala, los argumentos presentados sobre un incremento de ataques de lobos «no están respaldados por pruebas técnicas suficientes».
La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG destaca que las batidas de control solicitadas por la Xunta tendrían «evidentes consecuencias letales» para el animal, «omitiendo el análisis previo que el propio plan de gestión del lobo obliga a realizar».
A ello, añade que «no se aporta ninguna referencia técnica contrastada de un incremento de densidad poblacional que determine un verdadero cambio de circunstancias respecto a lo valorado en el auto firme de suspensión cautelar». Como ocurre casi siempre, la falta de un censo oficial y la dificultad de llevarlo a cabo complica a la Administración armar legalmente su argumentario.
La caza, última opción
En la resolución, los magistrados subrayan que la extracción solicitada implicaría «la muerte de ejemplares en un número indeterminado, que no se concreta, por lo que no cabe descartar que se pudiera producir un grave daño al ecosistema», ya que el lobo es un regulador del hábitat por su condición de depredador en lo más alto de la cadena, lo que elimina enfermedades al comer los ejemplares más débiles. También controla la sobrepoblación de jabalíes en algunos puntos.
En el TSXG «no se opone a medidas que no conlleven la extracción, admitiendo la posibilidad de medidas que promuevan la protección de la ganaderíay de la integridad de las personas, haciéndola compatible con la conservación de la especie amenazada, en un desarrollo sostenible del ecosistema».
Sin embargo, creen que «tal y como se solicita la medida contracautelar o modificación del auto, no es aceptable, al no razonarse que tales medidas sean compatibles con la adecuada conservación de la especie, ni tampoco que se hayan agotado todas las medidas preventivas necesarias para evitar o paliar los daños y riesgos alegados». Este último punto es el mismo argumento que acaba de emplear el Tribunal Supremo (TS) para vetar la caza de lobos en Asturias y Cantabria, ya que debe considerarse siempre como la última opción.
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