La asociación ecologista considera que Ignacio Sáenz de Urturi ha cometido «un presunto delito de prevaricación» al firmar dos resoluciones a petición de ARAG-Asaja, que ha solicitado «medidas cinegéticas excepcionales» para el Alto Najerilla y el Camero Viejo
La asociación ecologista Ascel ha presentado una querella criminal por un presunto delito de prevaricación contra Ignacio Sáenz de Urturi, director general de Medio Natural y Paisaje del Gobierno de La Rioja, por haber firmado resoluciones «para matar a cuatro lobos en diez días». La decisión, considera Ascel, está motivada por dos peticiones presentadas por ARAG-Asaja para abatir al depredador. Hace un mes finalizó la temporada de caza en La Rioja sin que se haya abatido ningún lobo, aunque el Ejecutivo regional aún puede autorizar la caza del lobo como medida extraordinaria.
Según ha confirmado ARAG-Asaja a Diario LA RIOJA, a mediados de febrero solicitó a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente «la aplicación de medidas cinegéticas excepcionales frente al lobo para las zonas del Alto Najerilla y del Camero Viejo». «Lo permite la normativa una vez que las medidas de prevención no resulten efectivas», recuerda ARAG-Asaja, y subraya las dificultades de los ganaderos de extensivo por los ataques del lobo. La organización considera que la situación actual es «fruto de años de sobreprotección normativa».
La querella presentada por Ascel (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico), a la que ha tenido acceso este periódico, expone que las dos resoluciones para autorizar excepcionalmente la caza del lobo, y una tercera que ordena la prestación de servicios a agentes forestales, a los que se exige «sigilo profesional», es para la modalidad de espera. La asociación considera que han sido dictadas «sin estudios e informes científicos», tal y como exige una reciente sentencia del Tribunal Supremo. Ascel señala que una de las dos solicitudes de ARAG-Asaja se presentó el 11 de marzo de 2026 y al día siguiente se autorizó la medida. Al parecer, las explotaciones ganaderas afectadas por los ataques de lobo afirman haber sufrido 59 ataques durante los primeros 100 días de 2026, con un total de 100 reses muertas, pero la asociación ecologista señala que no se evalúan qué medidas preventivas se han tomado ni si se han valorado otras alternativas, por lo que «se han dictado de manera arbitraria a sabiendas de su injusticia». Por tanto, la caza causaría «un daño irreparable a la población de lobos», así que, además, Ascel ha solicitado como medida cautelar urgente la suspensión inmediata de las resoluciones del Gobierno riojano.
La autorización extraordinaria se produce después de que varias asociaciones ecologistas (Ascel, Pacma, WWF y Fondo para la Protección del Lobo Ibérico) presentaran, meses atrás, recursos contenciosos-administrativos contra la pretensión del Gobierno regional de autorizar la caza del lobo en la comunidad autónoma. En este sentido incluso se solicitó una recusación judicial contra la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja para que fuese apartada del caso al considerar que podía no ser imparcial por ser hermana del jefe de Servicio de Defensa de la Naturaleza, Caza y Pesca del Ejecutivo riojano. También se reclamaron medidas cautelares, que no se adoptaron.
La Justicia gallega considera que la Consellería de Medio Ambiente no ha demostrado con pruebas técnicas suficientes el incremento de ataques de lobos en Ferrol, Curtis y Cercedo-Cotobad
El lobo y los ganaderos seguirán condenados a entenderse en lugares de Galicia tan dispares y distantes entre sí como son Ferrol, Curtis y Cercedo-Cotobade. Los tres son zonas calientes en las que se registraron daños por ataques, hasta el punto de que la Xunta había solicitado batidas para controlar esa situación. Sin embargo, la Justicia considera que la medida de matar lobos no está suficientemente justificada.
Así lo expresa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en una resolución en la que deniega esa solicitud de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, al entender que no se ha demostrado un «cambio de circunstancias» que justifique la modificación de las medidas cautelares ya adoptadas. Según argumenta la sala, los argumentos presentados sobre un incremento de ataques de lobos «no están respaldados por pruebas técnicas suficientes».
La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG destaca que las batidas de control solicitadas por la Xunta tendrían «evidentes consecuencias letales» para el animal, «omitiendo el análisis previo que el propio plan de gestión del lobo obliga a realizar».
A ello, añade que «no se aporta ninguna referencia técnica contrastada de un incremento de densidad poblacional que determine un verdadero cambio de circunstancias respecto a lo valorado en el auto firme de suspensión cautelar». Como ocurre casi siempre, la falta de un censo oficial y la dificultad de llevarlo a cabo complica a la Administración armar legalmente su argumentario.
La caza, última opción
En la resolución, los magistrados subrayan que la extracción solicitada implicaría «la muerte de ejemplares en un número indeterminado, que no se concreta, por lo que no cabe descartar que se pudiera producir un grave daño al ecosistema», ya que el lobo es un regulador del hábitat por su condición de depredador en lo más alto de la cadena, lo que elimina enfermedades al comer los ejemplares más débiles. También controla la sobrepoblación de jabalíes en algunos puntos.
En el TSXG «no se opone a medidas que no conlleven la extracción, admitiendo la posibilidad de medidas que promuevan la protección de la ganaderíay de la integridad de las personas, haciéndola compatible con la conservación de la especie amenazada, en un desarrollo sostenible del ecosistema».
Sin embargo, creen que «tal y como se solicita la medida contracautelar o modificación del auto, no es aceptable, al no razonarse que tales medidas sean compatibles con la adecuada conservación de la especie, ni tampoco que se hayan agotado todas las medidas preventivas necesarias para evitar o paliar los daños y riesgos alegados». Este último punto es el mismo argumento que acaba de emplear el Tribunal Supremo (TS) para vetar la caza de lobos en Asturias y Cantabria, ya que debe considerarse siempre como la última opción.
El alto tribunal gallego acepta un recurso presentado por WWF que considera en retroceso el estado de la especie en la región, mientras el Gobierno gallego mantiene lo contrario.
La Xunta ha anunciado su intención de recurrir el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que mantiene la suspensión de la caza de lobo, y ha reiterado que el estado de conservación de esta especie es «favorable».
La Xunta ha anunciado su intención de recurrir el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que mantiene la suspensión de la caza de lobo, y ha reiterado que el estado de conservación de esta especie es «favorable».
Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, han avanzado a Europa Press que recurrirán «al igual que en las anteriores ocasiones». «Seguimos manteniendo que el estado de conservación del lobo es favorable, como respaldan los informes técnicos elaborados al respecto», han defendido.
El anuncio llega después de que el TSXG mantuviese la suspensión de la caza del lobo en Galicia aplicando el principio de precaución ambiental. «El lobo forma parte de las especies de interés comunitario cuya protección rigurosa debe garantizarse», expone.
La Xunta ha anunciado su intención de recurrir el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que mantiene la suspensión de la caza de lobo, y ha reiterado que el estado de conservación de esta especie es «favorable».
Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, han avanzado a Europa Press que recurrirán «al igual que en las anteriores ocasiones». «Seguimos manteniendo que el estado de conservación del lobo es favorable, como respaldan los informes técnicos elaborados al respecto», han defendido.
Juan José, el presunto asesino de Marta en Villaverde, tras haber cometido el crimen
El anuncio llega después de que el TSXG mantuviese la suspensión de la caza del lobo en Galicia aplicando el principio de precaución ambiental. «El lobo forma parte de las especies de interés comunitario cuya protección rigurosa debe garantizarse», expone.
Según figura en el auto, fechado el 14 de octubre, el lobo está incluido en la Directiva Hábitat, por lo que se encuentra protegido. Asimismo, recuerda que, a la hora de considerar el estado de conservación de la especie, no es posible reducir la visión a una determinada región, sino que hay que considerar la escala de toda la población ibérica.
En ese sentido, el auto destaca los últimos datos oficiales sobre el retroceso del lobo en Portugal entre 2019 y 2021, ya que indican que el área habitada por lobos se ha contraído en los dos últimos decenios, y el número de manadas detectadas también ha disminuido.
Por todo esto, el TSXG ha suspendido de manera cautelar la resolución de la Xunta por la que se incluía al lobo entre las especies cinegéticas de la región en la temporada 2025-2026 tras aceptar el recurso presentado por WWF. En este contexto, Medio Ambiente ha recordado su petición de que se envíe a Europa el informe que aprobaron las Comunidades Autónomas, en el que se «refleja que el estado del lobo es favorable».
El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico reclama responsabilidades a las comunidades autónomas que han sido afectadas por la ola de incendios.
El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha reclamado a las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla y León, Asturias y Galicia, afectadas por los «terribles» y recientes incendios, la suspensión de la actividad cinegética y de los controles de lobo «hasta que no se garantice la recuperación de las especies afectadas y sus hábitats».
El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha registrado en las comunidades autónomas cuyos territorios han sufrido incendios el pasado mes de agosto un requerimiento interesando la suspensión de la caza, detalla en un comunicado.
Como pretensión principal, insta a la suspensión de todas las resoluciones, planes, órdenes y autorizaciones que permitan la caza, reclamando que esta sea por tiempo indefinido en tanto que no se garanticen unas condiciones adecuadas y seguras en los hábitats donde anteriormente residían las especies consideradas cinegéticas.
Subsidiariamente, demanda la veda, también por tiempo indefinido, en todas las zonas declaradas catastróficas por el Consejo de Ministros, así como sus espacios colindantes en un radio de 10 kilómetros, ya que estas zonas «se han convertido ahora en los refugios para todos los animales que han podido abandonar sus zonas habituales, ahora calcinadas y sin ninguna opción para obtener alimento en ellas, detalla la organización».
«Es responsabilidad de las CCAA comprobar cuántos grupos reproductores han sido perjudicados, y volver a reajustar los censos realizados anteriormente ya que estos episodios, absolutamente extraordinarios, sin duda han provocado una indeterminada mortalidad en la especie, cebándose con seguridad en muchos cachorros que en las fechas de agosto en que se han producido los incendios aún no tienen la capacidad de desplazarse a grandes distancias», añade la información.
La organización señala que el fundamento de esta solicitud se basa en la propia legislación de caza y protección de espacios naturales, que señala «expresamente» la posibilidad de adoptar estas suspensiones en supuestos «extraordinarios» como este de incendios devastadores que han sufrido multitud de territorios y espacios naturales.
Además, la solicitud se basa en «distinta literatura científica especifica de zonas afectadas por incendios, la cual insta a paralizar cualquier actuación cinegética para favorecer la recuperación de la biodiversidad afectada». «Es responsabilidad directa de las Comunidades Autónomas actuar de forma urgente, activando planes de recuperación para todas las especies de flora y fauna golpeadas por los incendios, no cabiendo por simple sentido común la autorización de cualquier tipo de caza», añade la organización.
Finalmente, las solicitudes presentadas instan a las Comunidades Autónomas a abrir líneas de ayudas a organizaciones conservacionistas para proyectos de recuperación y restauración de espacios y biodiversidad, de forma que no sean los cazadores y ganaderos quienes exclusivamente disfruten de estas ayudas anunciadas por Castilla y León o Asturias.
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