El animal fue abatido de un disparo con rifle de caza y rematado con varias cuchilladas.
Agentes de la Policía Foral, adscritos al Grupo Investigación Medioambiental, han abierto diligencias penales a un hombre como presunto autor de un delito contra la fauna y otro delito contra los animales.
Los hechos se iniciaron cuando una patrulla del Grupo de Investigación Medioambiental, en coordinación con personal del Guarderío de Medio Ambiente, intervinieron en una acción de caza ilegal en el coto de Esteribar Norte, consistente en la caza en rececho de un ciervo macho adulto. El animal fue abatido de un disparo con rifle de caza y rematado con varias cuchilladas.
Los agentes del GRIM consiguieron identificar al presunto autor de los hechos y localizar la cabeza del animal, que había sido ocultada en una regata cercana.
Se le intervinieron también un rifle Benelli calibre 30-06 y un cuchillo de remate. Su intención era volver a por la pieza trofeo más tarde.
El Código Penal, art. 340bis, castiga la muerte de un animal vertebrado, habiendo utilizado en esta ocasión un arma de fuego y un puñal de remate, con pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de seis a doce meses y con la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.
Si el delito se hubiera cometido utilizando armas de fuego, el juez o tribunal podrá imponer motivadamente la pena de privación del derecho a tenencia y porte de armas por un tiempo de uno a cuatro años.
El Código Penal, art. 335.2, castiga la caza de especies no protegidas en un terreno público sometido a régimen cinegético especial sin el debido permiso de su titular, con pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar, pescar o realizar actividades de marisqueo por tiempo de uno a tres años y privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo.
Las diligencias se han remitido al Juzgado de Guardia de Aoiz y a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Navarra.
NOTICIA https://www.noticiasdenavarra.com/sucesos/2025/04/02/investigado-cazar-ciervo-zona-habilitada-9472609.html
El arrestado se había desplazado hasta la Región de Murcia acompañando a dos personas que venían desde Granada para cazar muflones
La Guardia Civil de la Región de Murcia localizó, detuvo y puso a disposición judicial a un huido de la justicia, que fue sorprendido en Alhama de Murcia. Al ahora detenido le constataba una orden judicial de búsqueda, detención y personación dictada por un juzgado de El Burgo de Osma (Soria), por un delito relativo a la protección de la flora y la fauna. Además, se le incautó material utilizado en la caza, como armas blancas de grandes dimensiones.
Las actuaciones se encuentran enmarcadas en los servicios de prevención de la delincuencia y se iniciaron hace unas semanas, con la intensificación de puntos de verificación de personas y vehículos en las inmediaciones del Parque Regional de Sierra Espuña, para detectar cualquier tipo de ilícito relacionado con la fauna por el furtivismo.
Uno de estos dispositivos dio sus frutos cuando se detectó la presencia por la zona de un vecino de la provincia soriana, con un dilatado historial delictivo a sus espaldas, que tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y personación. Efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Benemérita, una vez comprobados todos los indicios sobre el sospechoso, establecieron un dispositivo de búsqueda en el municipio alhameño, que culminó recientemente con su localización, detención y posterior puesta a disposición judicial por la reclamación judicial que tenía en vigor.
Durante la detención, los guardias civiles constataron que se había desplazado hasta la Región para practicar la caza en una finca de Alhama de Murcia,acompañando a dos personas que venían desde Granada con la finalidad de cazar muflones. No pudo acreditar ninguna autorización para captura o rececho en la finca indicada.
Durante la detención los guardias civiles inspeccionaron sus pertenencias, entre las que hallaron una mochila con varios puñales y cuchillos de montería, así como otros efectos utilizados en la práctica de la caza, que fueron incautados. Además de la detención por orden judicial, se le ha denunciado por infracciones recogidas en la normativa de Caza, el Reglamento de Armas, la Protección de Seguridad Ciudadana y del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Fruto de la investigación, la Benemérita comprobó que el ahora detenido está relacionado con más de 300 infracciones penales y más de 200 infracciones administrativas, la mayoría de ellas por furtivismo en varias comunidades autónomas.
NOTICIA https://www.laverdad.es/murcia/alhama/detenido-alhama-huido-justicia-500-infracciones-caza-20250331100750-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.laverdad.es%2Fmurcia%2Falhama%2Fdetenido-alhama-huido-justicia-500-infracciones-caza-20250331100750-nt.html
El Seprona ha identificado a dos jóvenes, uno de Las Navas de la Concepción y otro de Gerena, como presuntos autores de un delito contra la fauna y la flora.
La Guardia Civil ha investigado a dos jóvenes, vecinos de la localidad de Las Navas de la Concepción y de Gerena, como presuntos autores de un delito contra la fauna y la flora, por matar ilegalmente y decapitar a un ciervo.
Según detalla el Instituto Armado en una nota de prensa, el Seprona inició un operativo tras detectar en los parajes naturales de Las Navas de la Concepción y Constantina varios episodios de caza ilegal. Estos hechos crearon una alarma social entre los propietarios de las fincas de la zona, por los perjuicios y daños ocasionados por este tipo de actividades.
Además del impacto sobre la fauna, precisa la Guardia Civil, la caza furtiva fomenta la aparición de un mercado paralelo en el que se intercambian armas no registradas y carne de animales silvestres sacrificados sin ninguna supervisión veterinaria, con el consiguiente riesgo para los consumidores.
Guardia Civil (Seprona), con base en Cazalla de la Sierra, puso en marcha una investigación que llevó a la identificación de dos vehículos sospechosos que circulaban a escasa distancia uno del otro, en aparente coordinación. El primero de ellos actuaba como lanzadera, advirtiendo al segundo de posibles controles mediante emisora de radio (walkie talkie).
La Guardia Civil finalmente logró interceptar ambos vehículos. Tras una inspección exhaustiva del interior de ambos, hallaron en el primero monoculares de visón nocturna y térmica, así como material utilizado comúnmente en la caza para la localización de los animales. En el segundo, la patrulla halló la cabeza de un ciervo macho recién decapitado, además de ropa de camuflaje y un pasamontaña presuntamente utilizado durante la acción ilegal.
Las pesquisas apuntan a que el joven residente en Las Navas de la Concepción, profundo conocedor del terreno, habría ejercido de guía para facilitar la localización de ejemplares con gran valor cinegético. Además, según los indicios, habría colaborado en la planificación de la cacería y en la posterior extracción del trofeo.
Finalmente, los dos jóvenes fueron investigados por su supuesta implicación en un delito contra la fauna y la flora. La filiación de ambos, así como el trofeo incautado y el material técnico utilizado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
NOTICIA https://www.elcorreoweb.es/sevilla/2025/03/31/investigan-sevillanos-matar-ilegalmente-decapitar-ciervo-115867433.html
Compromís denuncia que, entre otras cosas, el decreto permite la caza anual de varias especies y propone implementar controles de alcoholemia para los cazadores.
La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Valencianes, Paula Espinosa, ha anunciado la presentación de una serie de iniciativas parlamentarias para cuestionar al Consell sobre las «graves problemáticas» derivadas del nuevo decreto de caza impulsado por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.
Espinosa ha calificado la normativa como «un despropósito» y ha denunciado que «adolece de numerosas deficiencias tanto en su fundamento científico como en su aplicación práctica», según un comunicado oficial emitido por la coalición.
Tras reunirse, junto al diputado Juan Bordera, con asociaciones animalistas y otros colectivos afectados, Espinosa ha advertido que estas organizaciones han expresado una «honda preocupación» por el decreto. Asimismo, la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la Comunidad Valenciana (APAMCV) se ha posicionado en contra, argumentando que la normativa «menoscaba sus competencias» de control y vigilancia en el medio natural, según recoge el comunicado de Compromís.
Falta de evidencias científicas y solicitud de transparencia
Uno de los principales puntos de crítica de Espinosa es la supuesta ausencia de rigor científico en la justificación del decreto.
La Conselleria de Medio Ambiente basa la necesidad de una caza intensiva en una presunta sobrepoblación de ungulados, pero no ha aportado censos fiables ni estudios científicos que respalden esta afirmación.
Ha declarado.
En este sentido, Compromís ha registrado una batería de preguntas parlamentarias y una solicitud de documentación para exigir al gobierno autonómico, liderado por el PP, que detalle las fuentes y datos en los que se fundamenta la normativa. «Hasta que no se presenten estos informes, podemos afirmar que el decreto se sostiene en percepciones subjetivas y estimaciones difícilmente verificables sobre el impacto de los ungulados en cultivos, tráfico o transmisión de enfermedades», ha añadido Espinosa.
Riesgos para la biodiversidad y la seguridad ciudadana
Compromís ha alertado que la normativa «supone un riesgo significativo para la biodiversidad y la seguridad ciudadana». Entre las medidas más controvertidas, Espinosa ha destacado que el decreto permite la caza durante todo el año para varias especies, incluyendo hembras en época de cría,
Lo que podría comprometer gravemente la regeneración natural de las poblaciones al no respetar los ciclos reproductivos.
Además, ha censurado que no se diferencien las tasas de reproducción entre especies, equiparando herbívoros de baja natalidad, como el corzo o el ciervo, con el jabalí, de mayor crecimiento poblacional, y eliminando restricciones temporales que protegían a las especies en periodos clave como la gestación y la crianza.
La coalición también ha denunciado que el decreto autoriza métodos como rondas nocturnas, atrayentes alimentarios, miras térmicas e infrarrojas y armas con iluminación artificial, lo que, según Espinosa,
Facilita la caza y abre la puerta a abusos y caza furtiva.
Otro aspecto preocupante es la permisividad de cazar en parques urbanos, playas y caminos públicos, incrementando el peligro para senderistas, ciclistas y otros usuarios. «Se incluyen vareos y esperas nocturnas sin periodos de descanso, generando un estrés continuo en los animales y desconsiderando su papel ecológico en la prevención de incendios forestales al controlar la vegetación», ha lamentado.
Propuestas y exigencias al Consell
Compromís ha propuesto medidas adicionales, como la implementación de controles de alcoholemia tras las jornadas de caza para prevenir accidentes, una iniciativa que, según Espinosa, «garantizaría la seguridad de todas las personas implicadas». Asimismo, ha criticado la falta de previsión para aumentar el número de agentes medioambientales o del Seprona, necesarios para supervisar las cacerías y evitar infracciones.
El gobierno del PP ha optado por una regulación descontrolada, sin criterio ni garantías científicas, que pone en jaque la biodiversidad y la seguridad de la ciudadanía.
Ha concluido Espinosa. Por ello, Compromís exige al Consell que rectifique el decreto, presente los estudios que lo justifiquen y dé voz a expertos y organizaciones afectadas.
Contexto oficial y reacciones
El decreto, según la información disponible en el portal oficial de la Generalitat (gva.es), forma parte de un esfuerzo por simplificar la gestión cinegética y controlar especies como el jabalí, el arruí o el cerdo vietnamita, consideradas problemáticas por su proliferación. Compromís espera que sus iniciativas parlamentarias obliguen al Consell a dar explicaciones y reconsiderar una normativa que, a juicio de Espinosa, «prioriza intereses particulares sobre la sostenibilidad y la seguridad colectiva». Concluye.
NOTICIA https://castellondiario.com/duras-criticas-al-nuevo-decreto-de-caza-de-la-generalitat-valenciana/
Cantabria extraerá de manera «inminente» un total de 41 ejemplares de lobo, el cupo «máximo» anual permitido según el Plan de Gestión regional, en las zonas de Liébana (4), Nansa (5), Saja (5), Besaya (5), Paz-Pisueña (5), Asón-Miera (2) y Campoo-Los Valles (10).
A ellos se suman la captura de otros tres ejemplares dentro de municipios que se encuentran incluidos en la zona 2 –presencia del lobo menos estable– y dos más en los municipios incluidos en la zona 3 –sin presencia de la especie o alguna esporádica–.
Estas extracciones serán realizadas por los agentes del Medio Natural una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley de Desperdicio Alimentario en el Boletín Oficial del Estado, que recoge la salida del lobo del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE), y la resolución de extracciones en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Se llevarán a cabo en toda la comunidad «a la vez», si bien cuentan con vigencia un año, hasta julio del 2026.
Así lo ha anunciado la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, en declaraciones a la prensa antes de presidir la Mesa del Lobo, que se ha reunido este viernes para abordar el borrador del nuevo Plan de Gestión de la especie, cuyo documento mantendrá el cupo máximo de extracciones en un 20% de la población lobera, según ha avanzado la consejera.
«Vamos a ir a máximos», ha confirmado Susinos, que ha informado en la Mesa de la resolución que ha dictado la Dirección General de Montes en la que se establece el número de lobos a sacrificar.
La también titular de Desarrollo Rural ha señalado que, como consecuencia de la entrada del lobo en el Lespre en septiembre de 2021, se generó en la comunidad autónoma una «gran cantidad de daños» al sector ganadero y, desde esa fecha, se han «multiplicado» los daños en los animales, con 2.500 ataques anuales y más de 3.200 reses muertas.
Así, el lobo se ha extendido a «más del 80% del territorio» de la comunidad autónoma, es decir, más de 4.000 kilómetros cuadrados, y están pagando daños «por valor superior a 1,7 millones de euros».
«En los últimos 30 años se ha multiplicado por ocho el número de grupos familiares y la especie, que está ahora mismo prácticamente en toda nuestra región, en lugares donde nunca debiera de haber estado», ha lamentado.
La consejera ha aseverado que estas circunstancias están poniendo «en grave riesgo» la viabilidad de las explotaciones ganaderas y están «impidiendo» la convivencia con el desarrollo socioeconómico del medio rural y con la ganadería extensiva.
Por eso, Susinos ve «indispensable» volver a aplicar el artículo 6.2 del Plan de Gestión del Lobo, que establece el control poblacional de la especie en la región.
No obstante, ha precisado que en el caso del Parque Nacional de Picos de Europa «tiene su normativa y su manera de gestionarse», que se hace de una manera coordinada con las otras dos comunidades –Asturias y Castilla y León–, y, por tanto, todas las actuaciones de control que se tengan que llevar a cabo dentro de este espacio natural protegido han de realizarse siguiendo en las directrices y los protocolos que marque la comisión que lo gestiona.
NUEVE MUNICIPIOS MÁS CON PRESENCIA DEL LOBO
La de este viernes ha sido la segunda reunión de la Mesa que se celebra desde que Susinos está al frente de la Consejería y que, ha recordado, antes de su llegada «no se reunía desde el año 2017».
En ella se encuentran representadas las organizaciones profesionales agrarias (OPAS), las cooperativas, la Asociación Frisona de Cantabria (AFCA), las asociaciones de ganado menor, como las cabras y ovejas, así como la Federación de Municipios, la propia Consejería y entidades conservacionistas como Ecologistas en Acción y ARCA.
El Ejecutivo cántabro ha presentado a la Mesa el borrador del nuevo Plan de Gestión y ha explicado que data de abril del 2019 con un periodo de vigencia de cinco años, es decir, ya ha finalizado y, aunque continúa aún aplicándose, es obligatorio modificarlo.
Según ha indicado Susinos, el borrador elaborado por el Gobierno introduce una nueva zonificación. En concreto, propone ampliar la zona 1 –municipios que conviven con la presencia permanente del lobo– con nueve ayuntamientos (actualmente son 36).
La consejera ha apuntado que se trata de una «propuesta», por lo que «no es definitivo» dado que «se tiene que trabajar» «con total transparencia y consensuarlo al máximo».
En cuanto a la segunda propuesta de modificación que trae el Gobierno regional se refiere al baremo de daños, dado que en la actualidad «existe un desfase» entre las indemnizaciones y el precio real de los animales.
El objetivo del Ejecutivo autonómico es «actuar con mayor agilidad» para que este plan «pueda salir lo más rápidamente posible».
Así, propone a las mesa un calendario de reuniones, con la finalidad de que el borrador quede finalizado en junio y quede aprobado antes de que finalice este año.
NOTICIA https://www.ifomo.es/articulo/cantabria/cantabria-cantabria-extraera-forma-inminente-41-lobos-maximo-permitido/20250328132423319207.html
