Agentes del Seprona han sancionado a un septuagenario que colocó varias trampas en una parcela | El animal doméstico paseaba con su dueño por la zona y podría haber muerto ahogado
Un septuagenario residente en un municipio de Alicante podría enfrentarse a una multa histórica de hasta 60.000 euros por colocar trampas de caza ilegales en una parcela rústica. La Guardia Civil ha instruido un expediente sancionador contra este hombre tras reconocer la instalación de estos lazos metálicos.
Los agentes del Instituto Armado recibieron aviso de estos elementos de caza ilegal en Alicante gracias a un ciudadano. Iba paseando con su perro, que quedó atrapado por el cuello en uno de estos lazos metálicos instalados de forma ilegal en una zona cinegética de Beneixama.
El animal doméstico estuvo a la vista de su dueño y, gracias a eso, pudo liberarlo de inmediato y evitar que sufriera lesiones graves, como la muerte por ahogamiento al quedar atrapado en esta trampa de caza ilegal.
Para investigar los hechos, una patrulla del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de Ibi se desplazó hasta el lugar. Allí pudieron constatar la presencia de dos lazos sin freno sujetos a la valla metálica de la parcela por su parte exterior.
Esta técnica se considera un método de caza prohibido y no selectivo, explican fuentes de la Guardia Civil. Los lazos metálicos carecen de tope de seguridad y pueden provocar la muerte tanto de fauna silvestre como de animales domésticos. También suponen un riesgo para personas que transiten por la zona.
El dueño de la finca, identificado
Los agentes identificaron al propietario de la finca, quien reconoció que había instalado los lazos para «proteger su parcela de alimañas». Con el septuagenario presente, los efectivos del Seprona procedieron a la retirada de los elementos, que fueron intervenidos como prueba, y se elaboró acta de inspección.
El lugar se encuentra dentro de un coto de caza señalizado, pero no se trata de una zona de especial protección. No obstante, al tratarse de una zona de paso habitual y no contar los medios empleados con la autorización exigida por la normativa vigente, los hechos fueron clasificados como una infracción muy grave.
Multa de hasta 60.000 euros
El delito se tipifica en la Ley 13/2004 de Caza de la Comunidad, que puede conllevar multas entre 6.001 y 60.000 euros, suspensión de la licencia de caza por un periodo de entre tres y cinco años, decomiso de todos los medios utilizados, incluyendo armas, vehículos y medios auxiliares, y prohibición temporal de obtener licencias de caza en la Comunidad Valenciana durante el periodo de suspensión.
Además, en los casos en que se produzcan daños a especies protegidas o en espacios especialmente protegidos, si los hechos son constitutivos de delito, podría conllevar responsabilidad penal.
Denunciar la caza ilegal
Desde el Seprona se recuerda que el uso de lazos sin freno está expresamente prohibido por su carácter indiscriminado, y que su colocación requiere cumplir estrictos requisitos, incluida formación específica y autorización por parte de la administración competente.
La Guardia Civil insiste en la importancia de denunciar cualquier hallazgo de artes de caza ilegales y valora especialmente la colaboración ciudadana, que en este caso ha resultado clave para evitar consecuencias más graves.
La Guardia Civil retiró métodos de captura no selectivos en una zona con presencia estable de especies protegidas.
La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la flora y la fauna en el Coto de Caza de Guadamur (Toledo), dentro de la “Operación Guadazal”. Los hechos, ocurridos el 24 de abril de 2025, se iniciaron tras una denuncia de un particular cuyo perro quedó atrapado en un lazo durante un paseo cerca del acotado.
Efectivos del Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) inspeccionaron la finca y hallaron varios lazos de cable de acero sin freno colocados en zonas de tránsito de fauna. Estos dispositivos, considerados no selectivos y lesivos, impiden que animales no objetivo —como el lince ibérico (Lynx pardinus)— puedan liberarse sin sufrir daños graves o mortales.
Durante la investigación, los agentes identificaron a un individuo en las inmediaciones que portaba en su vehículo utensilios para la caza, incluyendo lazos de acero similares a los instalados, un tridente con tres arpones y material para reparar trampas. Además, se localizó el cadáver de un zorro con un lazo enrollado en el cuello, coincidente con los hallados en el área.
La intervención permitió retirar 18 métodos de captura prohibidos, evitando daños en un ecosistema con presencia estable de especies protegidas. El investigado se enfrenta a una pena de cuatro meses a dos años de prisión, multa de ocho a veinticuatro meses, e inhabilitación para cazar y portar armas hasta por tres años.
La Guardia Civil recuerda que el teléfono 062 y la aplicación ALERTCOPS están disponibles para reportar emergencias ambientales.
El ejecutivo no hará público el número de animales abatidos, pero informará al Ministerio de Transición Ecológica
El Gobierno de Cantabria ya ha iniciado las extracciones de lobos en la región, en concreto en las zonas de Campoo y Polaciones, en base al Plan de Gestión vigente tras la salida de la especie del LESPRE el pasado 2 de abril.
La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha confirmado la realización por parte de agentes de Medio Natural de las primeras extracciones este martes en declaraciones a los medios de comunicación.
No obstante, no ha indicado cuántas extracciones se han desarrollado hasta el momento de las 41 que se van a llevar a cabo en base a la orden autonómica que recoge un cupo del 20% de los ejemplares estimados en la comunidad autónoma, donde ha recordado que hay 23 manadas y unos 200 lobos.
Susinos ha señalado que el Gobierno de Cantabria no va a «hacer un circo» de las extracciones de lobos, que realiza en base a la «legalidad» y con informes científicos y técnicos y, por ello, no informará de los ejemplares abatidos sino que simplemente lo irá notificando al Ministerio de Transición Ecológica.
La Junta de Gobierno Local ha sancionado con 2.000 euros al propietario de una rehala en Puertollano por mutilar a ocho perros al cortar sus orejas y rabos, según el informe emitido por el equipo de investigación de la Unidad de Protección de la Naturaleza por la Guardia Civil.
Unos hechos que están tipificados como infracción muy grave de la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental, al amparo de lo establecido en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por Mutilaciones en Cachorros, el día 08-10-2024, según denuncia de la Guardia Civil.
Perro peligroso sin bozal
Además otro vecino ha sido sancionado con 300 euros por transitar por zonas urbanas con un perro American Staffordshire sin hacer uso del bozal homologado para animales potencialmente peligroso. Un comportamiento que supone una infracción leve de la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental.
Un proyecto convertido en furgoneta que irá por las ciudades donde más abandono se registra para sembrar la semilla de la concienciación a los más pequeños . Galgos del Sol
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