La Junta de Extremadura ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno un nuevo decreto que moderniza y actualiza la normativa sobre el control sanitario de la carne de caza. Entre las novedades destaca la reducción de plazos para solicitar el control veterinario oficial, que pasa de 30 días a 10, con posibilidad de realizar todos los trámites de forma telemática. Además, se establecen nuevas modalidades de control sin designación previa, como el jabalí al salto, las esperas nocturnas y los recechos.
También se autoriza la venta directa de carne fresca de caza mayor por parte de los propios cazadores al consumidor final o a minoristas, siempre tras la inspección veterinaria favorable. Y se crean los LICA (Locales de Inspección de Caza), donde los cazadores podrán entregar hasta dos piezas al día para su control y posterior comercialización.
Demandas del sector
Según ha explicado la consejera portavoz, Elena Manzano, este nuevo decreto responde a las demandas del sector cinegético extremeño y la necesidad de adaptar la regulación actual, que data del año 2005, a los últimos cambios normativos europeos y nacionales. Se trata de una modificación clave para un sector que genera más de 400 millones de euros en la comunidad y sustenta a unas 200 empresas. «La caza es una actividad con claro impacto ambiental y económico», ha destacado Manzano.
Con esta nueva normativa, el Ejecutivo busca favorecer el aprovechamiento de la caza, ampliar las vías de comercialización y apoyar a los pequeños cazadores, todo ello asegurando las máximas garantías sanitarias para los consumidores. Así, El Servicio Extremeño de Salud (SES) se compromete a reforzar sus recursos humanos y técnicos para dar cobertura al incremento de la demanda, garantizando siempre la seguridad alimentaria.
Dos piezas por semana
La nueva norma fija un máximo de dos canales de caza mayor a la semana por cazador, una vez realizadas las operaciones de faenado previstas en la norma. Además, se permite que los locales de inspección de caza (LICA), especialmente habilitados para la revisión sanitaria de las piezas abatidas, puedan suministrar hasta 500 kilos de carne de caza mayor a la semana, bien de forma directa al consumidor final o a establecimientos al por menor como carnicerías, tiendas tradicionales o negocios de restauración.
En todos los casos, la carne deberá proceder de piezas abatidas en actividades cinegéticas sin designación previa de control oficial veterinario, que después serán sometidas a inspección sanitaria por parte del Servicio de Control Oficial Veterinario.
Controles veterinarios
Las piezas de caza mayor deberán presentarse con sus vísceras para una inspección post mortem que incluya examen visual de canales y órganos, búsqueda de anomalías anatómicas u organolépticas, toma de muestras si se sospechan residuos o contaminantes y, en el caso de especies sensibles, análisis obligatorio de triquina antes de su consumo.
Solo las piezas declaradas aptas podrán destinarse a la comercialización, identificadas mediante los precintos previstos y acompañadas de la documentación sanitaria correspondiente. La comercialización de esta carne de venta local también está acotada geográficamente y solo podrá llevarse a cabo en la zona de salud donde se encuentre el local de inspección de caza y en las limítrofes.
Para diferenciar este circuito corto de comercialización, el decreto exige que las canales y, en su caso, los despieces lleven una marca de identificación rectangular con la leyenda «Venta Local» y el número de registro del establecimiento. Esa marca podrá fijarse directamente en el producto, en el envase o en el embalaje, o en una etiqueta adherida.
Además, se refuerza la trazabilidad. Cazadores y responsables de locales de inspección deberán entregar a la persona compradora un documento con sus datos personales, la inscripción del establecimiento de venta en el registro LICA, la descripción de la mercancía y el sello, peso neto del producto y fecha de captura. Quien suministre la carne deberá conservar un registro que relacione los precintos y documentos de entrada y salida, con cantidades, fechas y establecimientos de destino, durante al menos dos años y a disposición de la autoridad sanitaria.
Evisceración y locales de inspección
El decreto también regula con detalle las infraestructuras que deberán utilizarse para mejorar la higiene en el manejo de las piezas abatidas. Por un lado, define los lugares de evisceración, que deberán contar con superficie mínima, suelos y techos impermeables y de fácil limpieza, agua en cantidad suficiente, recipientes para subproductos no aptos y condiciones adecuadas de ventilación e iluminación. En ellos se realizará el sangrado y eviscerado de las piezas de caza mayor en un plazo máximo de treinta minutos desde su llegada.
Por otro, crea y regula los Locales de Inspección de Caza (LICA), instalaciones fijas o móviles donde se realiza la inspección de las piezas para obtener carne destinada a autoconsumo, venta directa o comercio minorista. Estos locales deberán disponer de lavamanos de accionamiento no manual, sistemas de evacuación de aguas residuales, equipos de frío cuando haya almacenamiento o destino comercial, contenedores para subproductos y, en su caso, espacio para el diagnóstico de triquina. Los LICA, al igual que los lugares de evisceración, se inscribirán en registros autonómicos adscritos a la Dirección General competente en salud pública.
Entrada en vigor
Con la entrada en vigor de esta norma, en los próximos días tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, quedará derogado el Decreto 230/2005, de 11 de octubre, que regulaba hasta ahora el control sanitario de las especies de caza silvestre en Extremadura, salvo una previsión concreta del artículo 6 que se mantiene vigente.
El nuevo texto pretende armonizar la regulación extremeña con la normativa comunitaria y estatal más reciente, actualizar las modalidades cinegéticas sometidas a control oficial, clarificar responsabilidades y reforzar la seguridad alimentaria de la carne de caza que llega al consumidor, ya sea por la vía del autoconsumo o a través de la incipiente venta local autorizada.
Las modalidades de actividades cinegéticas son: montería, gancho y rececho; ojeo y suelta con abatimiento inmediato; jabalí al salto; aguardo o espera, ronda, rececho ordinario y de gestión; todas las modalidades de caza menor, excepto las contempladas en el ojeo, y suelta con abatimiento inmediato.
Distintas intervenciones de la Guardia Civil en Almuradiel, Abenójar y Almadén han permitido esclarecer una decena de hechos delictivos.
Una persona ha sido detenida y otras seis investigadas por diversos delitos de caza furtiva cometidos en los últimos meses en varias localidades de la provincia de Ciudad Real, como Almuradiel, Abenójar y Almadén.
Según ha informado la Guardia Civil, las investigaciones llevadas a cabo han permitido esclarecer una decena de hechos delictivos relacionadas con la caza furtiva, cuyo aumento había llevado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) a redoblar esfuerzos para controlar este delito, principalmente en época de berrea.
Así, durante los meses de septiembre y octubre, el Seprona tuvo conocimiento de varios hechos de furtivismo en una finca de caza en Almuradiel, donde se habían localizado los cadáveres de varios ciervos abatidos y con los cuernos aserrados
A mediados de octubre, los servicios de vigilancia sorprendieron a dos cazadores furtivos que acababan de efectuar tres disparos. Al verse sorprendidos, se dieron a la fuga, aunque uno de ellos fue detenido y el otro está investigado tras ser identificado.
Hechos por los que se investiga a una tercera persona, y por los que se han intervenido un arma con la numeración borrada, que procede de un robo con fuerza cometido en Huelva en 2021. Según detalla la Guardia Civil, el arma se había modificado y equipado con visor nocturno y silenciador.
Una situación que no es nueva, puesto que, tal y como ha apuntado la Benemérita, el pasado mes de enero un cazador fue sorprendido, también en un municipio ciudadrealeño, en San Lorenzo de Calatrava, con otra escopeta con la numeración borrada procedente del mismo robo en Huelva.
Tanto al detenido como a los dos investigados, se les imputan delitos contra la flora y la fauna, pertenencia a grupo criminal, desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad, así como robo con fuerza en las cosas. Las armas, por su parte, han sido enviadas al laboratorio de balística en Madrid.
Por otra parte, otras dos personas fueron sorprendidas en una finca de Abenójar, tras adentrarse en ella y dar muerte a dos ciervos adultos sin contar con autorización del titular cinegético.
Mientras, en Almadén, se ha procedido a investigar a otras dos personas que abatieron un venado. La identificación se conseguía gracias a la coincidencia balística e imágenes del fototrampeo de un delito similar cometido en Abenójar.
En esta operación se intervenía un rifle de caza mayor y a los investigados se les imputan dos delitos contra la flora y la fauna.
Residentes en esta aldea de Sada se movilizan para exigir que se fijen distancias de seguridad | «Al final coges miedo a salir a pasear, oyes los tiros y ya no sales de casa», apunta una vecina.
La tranquilidad en A Cañota se ha visto perturbada en los últimos años por las batidas de caza. «Es un peligro. El otro día andaban a tiros aquí, al lado de mi casa», cuenta Ángeles, una de las vecinas que se plantó este sábado a la entrada de esta aldea de Sada para denunciar la situación e instar a la Xunta a poner coto a una actividad que entraña un riesgo para los residentes. «Los cazadores disparan muy cerca de las casas. No sé si será legal pero desde luego no es normal», reflexiona Diana, una de las afectadas.
Carmelo, su vecino, asiente. «Todos los años hay noticias de muertes en España por accidentes de caza. Hace unos años, una mujer murió por un disparo cuando estaba en su casa», reflexiona este vecino, que comprende que hay que tomar medidas para controlar la población de jabalíes, pero con «métodos adaptados a cada zona», como el tiro con arco.
«Nosotros tenemos niños y un perro. Al final, coges miedo a salir a pasear. Oyes los tiros y ya no sales de casa», añade Iria, su mujer. Irene, una joven que se estableció hace unos años en A Cañota con su pareja y su hijo cuenta que denunció la situación ante la Guardia Civil y que se puso también en el contacto con el Concello de Sada pedir su intermediación: «El concejal [Fernando Fariña] me dijo que aquí no se pueden realizar este tipo de batidas», relata esta vecina, que apunta que, según la información trasladada por el Concello, la Xunta se había comprometido a no dar más autorizaciones para este tipo de batidas: «A ver si es verdad».
Uno de los promotores de la movilización, José Villar, se muestra escéptico sobre este extremo. Hace unos días, el Servizo de Patrimonio Natural le remitió una carta en respuesta a sus demandas en el que «dice lo contrario», explica. En esta comunicación, el departamento autonómico sostiene que esta zona de A Cañota «se encuentra dentro de los terrenos sometidos al régimen cinegético común» y que las batidas autorizadas están condicionadas al cumplimiento de diversas medidas de seguridad que estipula la Lei de Caza de Galicia. Según esta normativa, añade la Xunta, los propietarios de terrenos pueden prohibir la práctica de la caza en el mismo mediante «la colocación de señales perfectamente visibles en las que se prohíba la entrada»
Esta respuesta no convence a los vecinos de A Cañota, que inciden en el riesgo de batidas en las proximidades de las casas en una zona poblada donde es habitual que se transite por las pistas.
Varios vecinos del valle daban cobertura a personas llegadas de otras ciudades para cazar estos animales a cambio de altas sumas de dinero.
Los agentes rurales del Val d’Aran y de la Generalitat han denunciado a seis cazadores que se dedicaban a la caza furtiva organizada y altamente especializada. Se trata de tres vecinos del valle que habían sacado un permiso para poder cazar un rebeco pirenaico (Rupicapra pyrenaica), una subespecie que solo se encuentra en el Pirineo y es uno de los trofeos de caza más preciados en España. Este permiso, que para los habitantes de la zona es gratuito e intransferible, en el resto de España puede costar entre 4.000 y 5.000 euros. Los araneses denunciados ejercían de guías a gente de otras zonas para que fueran ellos quien cazaran los rebecos -a cambio de sumas altas de dinero, según los investigadores- a pesar de que la normativa en el valle solo permite cazarlos a los oriundos o con domicilio en la zona, miembros además de las sociedades de caza. Se trata de la práctica cada vez más extendida del turismo cinegético o de caza. Los agentes incautaron un ciervo y tres rebecos cazados. Los denunciados se enfrentan a sanciones de entre 3.001 y 120.000 euros.
Los agentes de medioambiente de Aran y los del Grupo Especial de Venenos y Anti-furtivismo de los Agentes Rurales, sabiendo de la existencia de estas prácticas ilegales, llevan a cabo varios operativos planificados y coordinados y uno de ellos permitió identificar a diversas personas implicadas en actividades de caza furtiva en territorio aranés. Como los investigados cazaban con un modus operandi muy profesional, fueron necesarios seguimientos prolongados y complejos en las zonas altas del valle para documentar con pruebas la actividad ilegal.
En los seguimientos, los agentes pudieron constatar que los cazadores locales proporcionaban orientación y apoyo logístico a personas de fuera del valle, principalmente para la caza ilegal del rebeco. Tras varios seguimientos y vigilancias, hace dos semanas se interceptó en el valle de Toran a un cazador local, concretamente de Canejan, y a otro originario de Valencia. Durante el seguimiento, los agentes observaron cómo los cazadores abatían un ciervo macho y un rebeco hembra, de la que ocultaron la cabeza entre un montículo de piedras para recuperarla posteriormente y no levantar sospechas en caso de inspección. Lo habitual es que al día siguiente, sin ir armado, el cazador acuda a buscar el trofeo escondido.
Los agentes identificaron a los dos cazadores y denunciaron al local por abatir un ciervo, para el que sí tenía permiso de caza, pero no le puso el precinto que marca la ley. La sospecha es que así podía utilizarlo en otro momento. El cazador de Valencia fue sancionado por matar el rebeco hembra sin autorización. La actitud determinada y segura de los infractores fue una evidencia de la amplia experiencia que acumulan en esta práctica ilegal, según los agentes.
Días después, ante nuevas sospechas de actividad clandestina, se inició un nuevo seguimiento a dos cazadores locales, hermanos y con la agravante que uno de ellos es agente de los Mossos d’Esquadra, y a dos cazadores de Puertollano (Ciudad Real). La vigilancia se realizó en el valle de Toran y en la zona de Salient, donde los agentes observaron cómo los cazadores de Ciudad Real disparaban a rebecos. Cuando se les paró una vez acabada la caza, en la inspección del vehículo se localizaron las dos cabezas de los animales. Uno de ellos no tenía precinto y el otro lo tenía mal puesto, lo que podría haber permitido su manipulación y reutilización.
Se da la circunstancia de que este grupo lleva más de siete años siendo investigado por presunta caza furtiva y desde 2017 se le atribuye la caza en el Val d’Aran de al menos 21 rebecos y 3 ciervos. En estas últimas dos operaciones, los agentes les confiscaron las piezas, las armas y diversos artículos utilizados para llevar a cabo la caza furtiva, como prismáticos, visores térmicos y otros instrumentos.
El Tribunal Supremo establece que la caza furtiva puede constituir un delito, incluso si no se captura ninguna pieza, por el mero hecho de ejercer la actividad cinegética sin autorización. Según la normativa vigente, estos actos pueden considerarse infracciones muy graves, que conllevan sanciones de entre 3.001 y 120.000 euros. Además, las personas denunciadas pueden ser expulsadas temporalmente de la sociedad cinegética correspondiente y perder la licencia de caza durante cinco años, lo que les impediría cazar en toda Cataluña durante este período.
Las asociaciones de caza y pesca para la conservación y la gestión sostenible de la actividad cinegética en el Val d’Aran llevan años solicitando reiteradamente un mayor control de las malas prácticas. Por su parte, el Conselh Generau d’Aran, que colabora con estas entidades, reitera la importancia de que todos los agentes trabajen activamente en la detección y denuncia de estas prácticas para garantizar una caza responsable y respetuosa con la fauna silvestre.
La normativa establece que solo pueden cazar rebecos pirenaicos en el Val d’Aran los que tengan un domicilio y estén inscritos en una de las dos sociedades de caza y pesca del valle. Pueden pedir un permiso para un solo día –que va a sorteo- y para cazar un solo ejemplar y no pueden ir acompañados de una persona de fuera del valle ni transferirle la caza.
Los hechos han sucedido en una zona boscosa del municipio este lunes por la mañana y los mossos lo investigan como un «incidente de caza»
Un cazador ha muerto este lunes en Cervera (Lleida) al recibir un disparo presuntamente por parte de otro, que los Mossos d’Esquadra han detenido por un presunto homicidio imprudente.
Según ha podido confirmar Europa Press, los hechos han sucedido en una zona boscosa del municipio este lunes por la mañana y los mossos lo investigan como un «incidente de caza».
Efectivos policiales están en la zona a la espera de que se proceda al levantamiento del cadáver
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