La intervención se enmarca en un servicio nocturno de vigilancia desarrollado por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona)
La Guardia Civil ha abierto una investigación contra cuatro varones, vecinos de La Carolina (Jaén), con edades comprendidas entre 21 y 38 años. Se les atribuye, de forma indiciaria, la comisión de delitos contra la flora y la fauna silvestre, además de tenencia ilícita de armas y daños.
La intervención se enmarca en un servicio nocturno de vigilancia desarrollado por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). El dispositivo formaba parte de las actuaciones de prevención del furtivismo desplegadas por la Guardia Civil.
Según la información facilitada por la Benemérita en una nota, el inicio de las pesquisas se produjo tras detectar un turismo en las inmediaciones de la pedanía de El Centenillo. Los agentes apreciaron «maniobras sospechosas» y procedieron a ordenarle la detención.
Investigación en La Carolina
Los investigados son cuatro hombres, todos residentes en La Carolina, a los que el Seprona vincula con una presunta actividad de caza ilegal. La actuación se inició durante una vigilancia nocturna destinada a detectar posibles hechos de furtivismo en la zona.
Tras observar el comportamiento del vehículo en un entorno próximo a El Centenillo, los agentes intentaron identificar a sus ocupantes. La Guardia Civil sitúa el origen del caso en esa primera intervención, que dio paso a diligencias posteriores y a rastreos en el entorno.
Huida e inspección del vehículo
De acuerdo con el relato oficial, el conductor hizo «caso omiso» a las señales de los agentes. A continuación, «y emprendió la huida a gran velocidad, siendo finalmente interceptado al quedar sin salida».
En el momento de la interceptación, uno de los ocupantes escapó a pie y llevaba un rifle, mientras que en el interior permanecieron otras tres personas, que fueron identificadas. Después, los agentes efectuaron una inspección del turismo.
En el maletero se localizaron dos morrales de caza «de grandes dimensiones». En su interior había armas blancas, un trípode de apoyo para armas de fuego, una linterna, un serrucho y vainas de cartuchería metálica.
Además, se intervinieron 30 cuernas de ciervo y cuatro de gamo, serradas y «con restos de sangre y pelo». También se hallaron dos desmogues de ciervo, correspondientes a astas desprendidas «de forma natural».
Batidas y animales hallados
A partir de los objetos encontrados, la Guardia Civil amplió la investigación. Los agentes realizaron batidas por distintas zonas y parajes cercanos dentro del término municipal de Baños de la Encina.
Durante esos recorridos se localizaron varios animales muertos: dos gamos y dos muflones decapitados, así como tres ciervos a los que se les había serrado la cornamenta. En el área de los hallazgos también apareció una tienda de campaña, donde presuntamente pernoctaban los furtivos.
Según las conclusiones de la investigación, el ‘modus operandi’ se basaba en la caza ilegal de especies de caza mayor, entre ellas ciervo, gamo y muflón. La finalidad, siempre según la Guardia Civil, era «con la finalidad de comercializar de forma ilícita los trofeos de caza en el mercado negro».
Las diligencias instruidas por estos hechos han sido remitidas al Juzgado de Guardia de La Carolina, conforme a lo comunicado por la Benemérita
El investigado tenía en vigor una orden de alejamiento y la prohibición de tenencia y porte de armas cuando fue sorprendido y se dio a la fuga en un coto de Quintanilla de Tres Barrios
Un hombre, vecino de El Burgo de Osma ha sido detenido por la Guardia Civil de Soria por portar armas cuando lo tenía prohibido. El veto obedecía a un caso de violencia de género del que derivó una orden de alejamiento y la prohibición de tener o portar armas de fuego. El investigado se encontraba en un coto de caza cuando fue sorprendido y se dio a la fuga, pudiendo seguirse sus pasos desde el aire hasta su localización.
Se le considera presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena y un delito de tenencia ilícita de armas de fuego. Las actuaciones se iniciaron como consecuencia del seguimiento y control de una persona implicada en un procedimiento por violencia de género, sobre la que constaba una orden judicial de alejamiento, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, con la correspondiente revocación de la licencia.
En el transcurso de estas labores de vigilancia, el pasado día 8 de diciembre de 2025, agentes del Seprona de la Guardia Civil, con el apoyo del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Soria, detectaron la presencia del investigado en una montería celebrada en un coto de caza situado en el término municipal de Quintanilla de Tres Barrios, pedanía de San Esteban de Gormaz (Soria), portando un arma de fuego. Al percatarse de la presencia policial, el varón emprendió la huida, tratando de eludir la actuación de los agentes.
Tras la huida, los agentes localizaron un vehículo en las inmediaciones, que tras haber sido comprobados sus datos obrantes, se pudo confirmar su titularidad, correspondiendo con los datos del autor de los hechos.
Consultando la información a través del Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de Soria, se confirmaba que dicha persona tenía vigente una privación del derecho a la tenencia y porte de armas, con la correspondiente revocación de la licencia de armas.
Por todo ello, y tras una actuación coordinada y eficaz de los agentes, se procedió a la detención como presunto autor de dos delitos: uno de quebrantamiento de condena y otro de tenencia ilícita de armas de fuego.
Controlado su vehículo, se hallaron en su interior fundas de rifle vacías, no habiendo sido posible localizar, por el momento, el arma empleada en la comisión del delito.
A la vista de los hechos, se han instruido las correspondientes diligencias penales, dirigidas y coordinadas por el Tribunal de Instancia e Instrucción número 1 del Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria).
La tenencia ilícita de armas, conforme al Código Penal, puede conllevar penas que oscilan desde multa de 12 meses o penas privativas de libertad de 1 año hasta 5 años, en función del tipo de arma y de las circunstancias del caso.
El delito de quebrantamiento de condena, tipificado en el Código Penal, puede conllevar penas de prisión de entre seis meses y un año, o multa de doce a veinticuatro meses, en función de la naturaleza de la condena incumplida y de las circunstancias concurrentes.
Bomberos rescatan a un perro que cayó a un profundo pozo. Ha ocurrido en una finca privada de Mallorca, entre Muro y Santa Margalida. El perro, de caza, fue sacado con vida y al parecer se encuentra en buenas condiciones.
Cada vez que surge un problema complejo, la Junta de Castilla y León recurre a la misma receta simplista: disparar primero y pensar después. Ahora le ha tocado al jabalí. Con la excusa de prevenir la peste porcina africana (PPA), el Gobierno autonómico ha decretado la caza ilimitada de esta especie, como si la ciencia avalara que matar más animales vaya a resolver un problema sanitario de enorme complejidad. No es así.
La PPA es una enfermedad vírica grave, persistente y extremadamente resistente en el medio. Los expertos lo llevan diciendo años: no se erradica a tiros. Sin embargo, la Junta insiste en convertir la gestión de la fauna silvestre en una cuestión puramente cinegética, ignorando deliberadamente la evidencia científica y los efectos ecológicos de sus decisiones.
La ciencia es clara: la caza intensiva no soluciona la PPA
Numerosos estudios y evaluaciones de organismos como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) coinciden en algo fundamental: la caza masiva del jabalí, por sí sola, no detiene la peste porcina africana. En algunos casos, incluso puede empeorar la situación.
La razón es sencilla. La presión cinegética intensa rompe la estructura social de los grupos de jabalíes, provoca desplazamientos bruscos, dispersa animales infectados y aumenta el contacto entre poblaciones que antes estaban relativamente aisladas. Es decir, más movimiento, más estrés y más riesgo de propagación del virus.
Además, la PPA no desaparece cuando cae un animal abatido. El virus permanece activo durante meses en los cadáveres, en el suelo y en restos orgánicos. Sin una vigilancia exhaustiva y una retirada sistemática de animales muertos —algo que la Junta no está garantizando—, la caza se convierte en un parche ineficaz, cuando no directamente contraproducente.
El verdadero problema está en otro sitio
Si de verdad se quiere proteger al sector porcino, la prioridad debería ser clara: bioseguridad en las explotaciones, controles estrictos, trazabilidad, formación y vigilancia epidemiológica. La mayoría de brotes históricos de PPA han estado relacionados con fallos humanos, transporte de animales, residuos contaminados o prácticas ganaderas deficientes, no con la mera existencia de jabalíes en el monte.
Pero asumir esto exige responsabilidad política, inversión pública y enfrentarse a determinados intereses. Mucho más fácil es señalar a la fauna silvestre y abrir la veda.
Cuando se elimina al lobo, el jabalí se dispara
Hay otro elemento que la Junta se empeña en ignorar: el papel clave de los depredadores naturales, especialmente el lobo. Allí donde el lobo está presente, las poblaciones de ungulados —incluido el jabalí— se regulan de forma natural. No solo reduce números: selecciona animales enfermos o debilitados, limita la expansión territorial y contribuye a mantener ecosistemas más equilibrados.
Resulta profundamente contradictorio que el mismo gobierno que autoriza la caza indiscriminada del jabalí persiga al lobo con saña, debilitando uno de los pocos mecanismos naturales capaces de ayudar a controlar estas poblaciones a medio y largo plazo. Matar lobos hoy es garantizar más jabalíes mañana. Y después, más excusas para seguir disparando.
Gestión de fauna no es caza sin límites
La gestión responsable de la fauna silvestre debe basarse en criterios científicos, ecológicos y sanitarios, no en decisiones ideológicas ni en presiones de determinados lobbies. Convertir cada problema ambiental en una oportunidad para ampliar la caza es una huida hacia adelante que ya conocemos demasiado bien en Castilla y León.
Desde Alianza Verde defendemos otra forma de hacer las cosas: ciencia frente a ocurrencias; prevención frente a propaganda; ecosistemas vivos frente a políticas de exterminio.
La peste porcina africana es un reto serio. Precisamente por eso merece respuestas serias. Y disparar sin límite no lo es.
Las comunidades autónomas publican normativas que dan más ventajas a los humanos a la hora de matar ejemplares: visores nocturnos, cebos, sin cupo máximo e incentivos económicos, medidas encaminadas a diezmar las poblaciones.
— Sin lobos, comida humana fácil y huida rural: las causas del ‘boom’ de jabalíes detrás de la peste porcina.
El brote de peste porcina (PPA) localizado en Barcelona ha generado una especie de barra libre contra los jabalíes en España. La detección de la enfermedad ha derivado en una ofensiva de control por parte de las comunidades autónomas que parecen fiar, si no todo, la mayoría a las escopetas.
Una vez constatado el foco en la sierra Collserola, los ejecutivos de la Comunitat Valenciana, Aragón, Andalucía, Castilla y León o Galicia han sacado normativas extraordinarias encaminadas a diezmar las poblaciones. El temor es que el virus toque las explotaciones de una de las principales fábricas de cerdos del mundo que creció, precisamente, por un brote de esta enfermedad en China.
La idea principal es cazar más animales, por encima de los 400.000 que se vienen abatiendo cada año en las últimas temporadas. La premisa repetida que lo justifica es que hay una “plaga de jabalíes”. Para eso, las diferentes órdenes y decretos autonómicos –porque la caza es una competencia autonómica– les dan más ventajas a los humanos a la hora de disparar a ejemplares. Por ejemplo, Andalucía, Castilla y León o Aragón permiten utilizar visores nocturnos o térmicos para detectar jabalíes incluso de noche.
Además, se eliminan los topes en el número de ejemplares que está permitido matar e incluso, en Aragón, el Gobierno va a poder obligar a los titulares de cotos de caza a “incrementar la presión cinegética dentro de sus acotados” –matar más–. También en Aragón se va a dejar cazar en zonas donde no se podía anteriormente: allí será legal organizar batidas de jabalíes que “no requerirán supervisión”.
Otra medida será permitir la caza durante más días e incluso colocar cebos para atraer a los jabalíes: “Aporte de alimentación suplementaria”, es como suele definirse en las normativas. Esa comida hace que los jabalíes acudan a lugares donde son esperados por los cazadores.
A esto se le añaden incentivos económicos. En Galicia, la Xunta va a eximir de pagar tasas si la batida es para diezmar jabalí y bonificar las tasas a “aquellos terrenos cinegéticos ordenados que realicen capturas por encima del cupo establecido en cada plan anual”. La Generalitat valenciana ha dispuesto que abonará 40 euros por cada jabalí cazado en un plan para el que destinará 6 millones de euros.
Otra de las medidas que se han autorizado es favorecer la captura de cerdos salvajes en trampas (no selectivas, es decir, en las que pueden caer otras especies) para luego sacrificar a los jabalíes atrapados.
“Argumentos de la industria”
Estas mismas órdenes donde se permite manga ancha para la caza explican que el objetivo es salvaguardar la producción. La Junta andaluza afirma así “proteger el sector porcino andaluz, uno de los motores económicos del medio rural” y el Ejecutivo aragonés destaca que la comunidad es “una de las principales potencias productoras de porcino de la Unión Europea”.
Ante esta oleada, “nosotros rechazamos la criminalización de una especie silvestre”, contrapone la organización Ecologistas en Acción. Su portavoz Laia Serra indica que se están aplicando “argumentos condicionados por los intereses económicos de un sector productivo, como es el de la ganadería industrial, con graves impactos ambientales y sobre la salud”.
En realidad, detrás del boom de los jabalíes (que actúa así como reserva del virus de la peste porcina) se encuentra un desequilibrio ecológico que ha hecho que, al tiempo que la especie se multiplica, entre otras cosas, gracias a la cantidad de recursos a su disposición mediante la basura humana, los cultivos intensivos o la comida, la caza se ha convertido en la principal fuente de mortalidad. Los depredadores naturales, es decir, el lobo, han sido expulsados.
En este sentido, el Instituto de Recursos Cinegéticos (Irec) explica que “la caza se ha convertido en la principal herramienta para regular eficazmente las poblaciones de jabalí”. Lo que ocurre es que, mientras se aplica este modelo, el mismo Instituto ha constatado que la especie está en incremento acelerado en la mayoría de provincias españolas.
Solo desde 2005, se han matado en España más de cinco millones de jabalíes, según las estadísticas de caza del Ministerio de Agricultura. No parece ser suficiente, ya que el mismo ministerio considera que “sería necesario extraer anualmente el 66% de la población, es decir, dos tercios del total”. Extraer es matar. Según esos cálculos, cada curso habría que cazar, entonces, más de 600.000 jabalíes.
Laia Serra concluye que “las poblaciones de jabalíes se han recuperado de unos niveles anormalmente bajos de hace un siglo. Lo que sí ha aumentado es el contacto de la fauna silvestre con la población de las ciudades, por el crecimiento urbano y poblacional, a menudo con una ocupación exagerada del territorio”.
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