La caza deja 9 muertos y 27 heridos en 2025, repartidos en al menos 9 comunidades autónomas

Castilla-La Mancha y Cataluña concentran más víctimas de la caza en 2025

Cada año, la caza deja en España un número de muertos y heridos que rara vez trasciende más allá de la sección de sucesos. Se presentan como accidentes aislados, fatalidades inevitables o hechos puntuales sin relación entre sí. Sin embargo, cuando se analizan los datos de forma agregada, el panorama es claro: la actividad cinegética constituye un problema estructural de seguridad pública, invisibilizado por la falta de controles adecuados y por la opacidad de la Administración.

Entre 2020 y 2024, al menos 55 personas murieron y 171 resultaron heridas en España como consecuencia directa o indirecta de la actividad cinegética, según recuentos hemerográficos elaborados por organizaciones sociales ante la inexistencia de estadísticas oficiales. A estas cifras hay que añadir 2025, que deja ya 9 personas muertas y 27 heridas*, según un recuento propio basado exclusivamente en noticias publicadas en medios de comunicación.

Estas cifras no proceden de ningún registro público del Estado, porque ese registro no existe. Ni el Ministerio del Interior ni las comunidades autónomas publican estadísticas completas, accesibles y desglosadas sobre accidentes, heridos y fallecidos provocados por la caza. En consecuencia, la ciudadanía desconoce el alcance real de una actividad que se practica con armas de fuego y que ocupa aproximadamente el 85 % del territorio nacional.

El impacto de la actividad cinegética en 2025 no se concentra en un único territorio, sino que se extiende por buena parte del país. Castilla-La Mancha encabeza el balance con 10 víctimas (7 heridos y 3 fallecidos), seguida de Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana. En comunidades como Extremadura, las consecuencias han sido especialmente graves, con dos fallecidos y ningún herido, mientras que Asturias y Andalucía registran una persona muerta y otra herida cada una. El reparto territorial de los casos evidencia que no se trata de episodios aislados, sino de un problema estructural vinculado a una actividad que se practica de forma generalizada en el territorio.

VÍCTIMAS 2025 POR COMUNIDADES

VÍCTIMAS DESDE 2020

Un colectivo envejecido sin relevo generacional

Lejos de tratarse de un fenómeno anecdótico, el perfil demográfico del colectivo cazador ha sido analizado científicamente. Un estudio liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), basado en series históricas de licencias durante más de cinco décadas, constata un declive continuado y un envejecimiento muy acusado del colectivo ⁽¹⁾.

Según este trabajo:

• El número de cazadores ha descendido un 45 % desde la década de 1970.
• Más del 40 % de las personas con licencia tiene más de 60 años.
• Menos del 5 % es menor de 30 años, lo que evidencia la práctica ausencia de relevo generacional.
• El relevo juvenil ha caído cerca de un 90 % en los últimos 50 años.

Los autores advierten de que este envejecimiento compromete la sostenibilidad del modelo cinegético y señalan que las políticas públicas siguen tratándolo como un colectivo estable, homogéneo y funcional, cuando los datos muestran exactamente lo contrario.

Licencias de caza y armas: controles mínimos para una actividad de alto riesgo

A pesar de este envejecimiento generalizado, la otorgación y renovación de licencias de armas vinculadas a la caza en España se apoya en un sistema de controles psicofísicos mínimos, regulado por el Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993), una norma con más de 30 años de antigüedad ⁽²⁾. Esta acreditación se realiza mediante un certificado médico emitido por centros autorizados, independientes de la Guardia Civil. Sin embargo, en la práctica, estos certificados se limitan a pruebas genéricas y breves, similares a las exigidas para la conducción, sin evaluaciones cognitivas profundas, sin pruebas específicas para el uso de armas de fuego y sin protocolos reforzados adaptados al envejecimiento del colectivo cazador. El resultado es un sistema que cumple formalmente la ley, pero que no evalúa de manera efectiva la aptitud real y continuada para portar y usar armas letales.

Las licencias se renuevan de forma periódica, pero el contenido de las pruebas no se refuerza ni se adapta a la edad del solicitante, incluso cuando este supera los 70 años. El procedimiento se limita, en la práctica, a la repetición de un trámite administrativo.

En cualquier otra actividad con riesgos comparables —transporte profesional, seguridad privada, uso de maquinaria pesada— estos estándares serían considerados inaceptables. En dichos sectores existen evaluaciones más exigentes, controles aleatorios y mecanismos de retirada inmediata de la habilitación ante cualquier indicio de riesgo.

Alcohol y drogas: una prohibición sin control efectivo

El propio Reglamento de Armas prohíbe expresamente el uso de armas bajo los efectos del alcohol o las drogas ⁽³⁾. Sin embargo, no existen controles sistemáticos de alcoholemia o drogas durante batidas y monterías.

A diferencia de lo que ocurre en la conducción, no se aplican protocolos preventivos ni controles aleatorios a personas armadas que disparan en grupo, con perros y en entornos frecuentados por población no cazadora. En muchos territorios, los agentes forestales ni siquiera disponen de medios homologados para realizar estas pruebas.

La consecuencia es una prohibición meramente formal, sin aplicación práctica efectiva.

Víctimas invisibles y daños colaterales

No todas las víctimas de la caza son cazadores. Parte de las personas fallecidas o heridas son terceros ajenos a la actividad: senderistas, vecinos de zonas rurales, trabajadores del campo o conductores implicados en accidentes de tráfico provocados por batidas.

Estos casos se diluyen en estadísticas generales de sucesos o siniestros, sin que se reconozca su vinculación con la actividad cinegética. La falta de datos oficiales contribuye a una normalización social de las víctimas, presentadas como inevitables o anecdóticas.

Sin datos no hay responsabilidad

La ausencia de estadísticas oficiales no es un fallo técnico, sino una decisión política. Sin datos públicos no hay evaluación del riesgo, no hay políticas de prevención y no hay rendición de cuentas.

Mientras tanto, organizaciones sociales se ven obligadas a recopilar noticias dispersas para reconstruir una realidad fragmentada pero alarmante.

La pregunta es inevitable:
¿cuántas muertes y heridos serían aceptables si se produjeran en cualquier otra actividad recreativa?

Conclusión: una cuestión de seguridad pública

Exigir controles psicofísicos rigurosos, evaluaciones adaptadas a la edad, controles de alcohol y drogas, limitación efectiva de zonas y calendarios y estadísticas oficiales transparentes no es una postura ideológica. Es una exigencia básica de seguridad pública, salud colectiva y derecho a la información.

Mientras la caza siga produciendo muertos y heridos sin que el Estado los cuente oficialmente, el problema no será solo la actividad cinegética, sino el silencio institucional que la ampara.

Notas y bibliografía

(1)
Martínez-Jauregui, M. et al. (2021).
“A long-term decline in hunters threatens the sustainability of hunting-based management”.
People and Nature, British Ecological Society.
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC).
Divulgación CSIC: Un estudio liderado por el CSIC constata el fuerte declive de los cazadores en la Península Ibérica.

(2)
Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.

(3)
Reglamento de Armas, artículos relativos a la prohibición del uso de armas bajo los efectos de alcohol o drogas.

* Enlaces y recuento de víctimas 2025 basado en noticias publicadas en diversos medios de comunicación.

1 de febrero de 2026: volvemos a las calles para exigir el fin de la caza

En el Día Internacional del Galgo, la Plataforma NAC convoca una nueva manifestación estatal e internacional por la prohibición de la caza con perros y la abolición de la caza como actividad

Un año más, la Plataforma NAC (No a la Caza) convoca a la ciudadanía a salir a las calles para denunciar una actividad que continúa provocando un sufrimiento sistemático y silenciado a millones de animales.
El próximo 1 de febrero de 2026, más de 70 ciudades de todo el Estado español y del ámbito internacional volverán a movilizarse en una manifestación que se ha consolidado como una de las mayores convocatorias en defensa de los animales.

Este año, la fecha adquiere una carga simbólica especialmente relevante, ya que coincide con el Día Internacional del Galgo. Por ello, los galgos y el resto de perros utilizados en la caza estarán en el centro de la reivindicación. Su situación representa como pocas la crueldad, el abandono y la impunidad que rodean a la caza con perros.

Una exclusión que deja a miles de perros en un limbo legal

La exclusión de los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal supuso un golpe devastador para su protección jurídica. Lejos de corregirse, esta desprotección se agrava ahora con el nuevo Real Decreto de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía, que vuelve a dejarlos fuera, impidiendo que las instalaciones donde se alojan —como rehalas y perreras— estén sujetas a controles básicos de bienestar, sanidad y supervisión administrativa.

Esta doble exclusión sitúa a los perros de caza en un limbo legal sin precedentes, donde no se les reconoce una protección efectiva ni se garantiza su bienestar mínimo, a pesar de ser animales de compañía según la legislación vigente en materia de sanidad animal. La ausencia de control facilita situaciones de hacinamiento, falta de atención veterinaria, abandono y maltrato, perpetuando una realidad que las entidades de protección animal llevan décadas denunciando.

Por la prohibición de la caza con perros y la abolición de la caza

Salimos a la calle para exigir:

• La prohibición inmediata de la caza con perros, una práctica basada en la explotación, el descarte y el sufrimiento.
• La abolición de la caza en todas sus modalidades, por ser incompatible con una sociedad que se dice ética, empática y respetuosa con los animales.
• Un marco legal que proteja a todos los animales sin excepciones, sin categorías que legitimen el maltrato.

La caza no es tradición ni cultura. Es una actividad violenta que normaliza el sufrimiento y la muerte como entretenimiento.

Una movilización que crece año tras año

La convocatoria del 1 de febrero de 2026 contará con manifestaciones en más de 70 ciudades a nivel nacional e internacional, demostrando que el rechazo social a la caza sigue creciendo.
A día de hoy, más de 500 entidades —protectoras, santuarios, asociaciones animalistas y colectivos sociales— ya se han adherido a esta convocatoria, reforzando una lucha que es colectiva y global.

Por los galgos. Por todos los perros. Por todos los animales.

Este 1 de febrero salimos por quienes no tienen voz, por los galgos explotados y descartados, por los perros de caza abandonados en un vacío legal, y por todos los animales víctimas de una actividad que nunca debió existir.

Ni un año más de impunidad.
Ni un perro más excluido.
No a la caza.

TODA LA INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA AQUÍ