Pacma asegura que se desconoce su paradero desde el día en que la Guardia Civil, tras una denuncia, los iba a sacar del lugar donde se encontraban
El Partido Animalista Pacma, junto a la asociación Sacrificio Cero León, hizo este sábado un llamamiento urgente a la colaboración ciudadana para localizar a al menos diez perros de caza que permanecen desaparecidos tras una intervención judicial vinculada a un presunto caso de maltrato animal en la localidad leonesa de Lillo del Bierzo.
Los hechos se remontan al pasado mes de marzo, cuando una denunciante alertó al Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil de la existencia de una perrera en muy malas condiciones, con ejemplares de diferentes razas utilizados para la caza en pésima situación higiénico-sanitaria y de salud. Tras la inspección de las autoridades y la solicitud judicial de decomiso, todos los animales desaparecieron justo el día en que estaba prevista su retirada por parte de la Guardia Civil.
La mitad, encerrados en un remolque
Tras el vaciado ilegal de la perrera, hasta la fecha y gracias a la colaboración vecinal, se ha podido recuperar a diez de los veinte perros, los cuales habían sido hacinados y ocultados en el interior de un remolque en las inmediaciones de la zona. Sin embargo, otros ocho perros adultos y al menos dos cachorros recién nacidos continúan en paradero desconocido.
Pacma y Sacrificio Cero León subrayan la importancia de la implicación ciudadana para poder localizar a los animales que aún faltan y recuerdan que cualquier persona que disponga de información relevante debe ponerse en contacto de inmediato con la Guardia Civil en el número de teléfono 062 (es posible hacerlo anónimamente), con el objetivo de facilitar su localización, retirada y puesta a salvo en un centro de protección animal.
El Partido Animalista ha difundido además un vídeo en el que se puede observar el estado de salud en el que se encontraban algunos de los animales en el momento de su hallazgo, evidenciando las condiciones en las que habrían sido mantenidos por un periodo indeterminado de tiempo.
El Ayuntamiento de Brazatortas ha aprobado por unanimidad la ampliación de una explotación canina de caza, que podrá pasar de 25 a 70 ejemplares, con el objetivo de reforzar este tipo de servicios cinegéticos en el municipio.
El Ayuntamiento de Brazatortas ha aprobado por unanimidad la licencia de ampliación de una explotación canina de caza situada en el término municipal, de modo que su promotor podrá pasar de 25 a 70 ejemplares.
Según recoge la información facilitada por el Consistorio, la autorización cuenta con informes favorables de la Unidad Técnica Ganadera de la Oficina Comarcal Agraria y de los servicios municipales, y queda condicionada al cumplimiento de protocolos de bioseguridad y de gestión de residuos sanitarios.
La ampliación permitirá reforzar el censo local de este tipo de servicios cinegéticos. El Ayuntamiento sostiene que Brazatortas consolida así su posición en la comarca en este ámbito, vinculado a la celebración de monterías dentro y fuera del Valle de Alcudia y Sierra Madrona.
El alcalde, Pablo Toledano, señala que «en Brazatortas la caza es una realidad palpable que llena nuestras casas rurales y nuestros bares y demás servicios análogos durante la temporada de caza».
La autorización se conoce además en las fechas previas a la Feria de la Caza de Brazatortas, que se celebrará los días 17, 18 y 19 de abril. Según el Ayuntamiento, la edición de 2026 contará con una programación con más contenidos y con numerosas rehalas expuestas.
El Consistorio enmarca este sector en el plan industrial que quiere impulsar junto a la carretera N-420. En este contexto, Toledano avanza que «ya estamos trabajando en proyectos estratégicos como la nueva nave de recogida de carnes de caza y un centro veterinario especializado con cobertura comarcal».
Según añade el alcalde, el objetivo es dotar al municipio de una estructura profesional que abarque desde el cuidado veterinario hasta la gestión de carnes y la logística, con hasta tres cámaras frigoríficas, para un sector que utiliza Brazatortas como nudo de comunicación hacia la provincia de Córdoba.
La Guardia Civil sorprendió al furtivo en un coto de San Miguel del Arroyo gracias a unos ciudadanos que interceptaron el vehículo del individuo
Agentes de la Guardia Civil de Valladolid están investigando a un hombre por un presunto delito relativo a la protección de la flora y faunasilvestre, tras ser sorprendido cuando acababa de abatir un corzo en un coto en la localidad vallisoletana de San Miguel del Arroyo. Según ha indicado la Benemérita, el investigado lo hizo en plena época de veda y sin autorización para la caza.
En concreto, la Guardia Civil recibió varias llamadas de ciudadanos alertando de la presencia de un posible furtivo en un paraje de la zona de San Miguel del Arroyo, en la provincia de Valladolid. Gracias a esta información, varias patrullas de la Benemérita se desplazaron de inmediato al lugar indicado, y a su llegada localizaron a varias personas que habían interceptado el vehículo del sospechoso. Tras identificar al conductor, los guardias civiles procedieron a examinar el interior del vehículo, hallando en el maletero un rifle desenfundado, propiedad del investigado, así como una cámara fotográfica y unos prismáticos.
Asimismo, los ciudadanos que habían alertado a la Guardia Civil de Valladolid indicaron el punto exacto donde disparó el individuo. Siguiendo estas indicaciones, los agentes del Instituto Armado realizaron un reconocimiento por la zona en cuestión y lograron localizar a 84 metros en dirección oeste el cuerpo de un corzo macho, al que acababan de cortar la cabeza, aún caliente en el momento de la inspección. Además, el animal ya abatido se encontraba dentro del mismo coto cinegético.
Ante estos hechos, la Guardia Civil informó al individuo de que sería denunciado por cazar con un arma larga rayada de caza mayor en época de veda y sin autorización en un terreno cinegético, procediendo además a la intervención del arma y medios utilizados. La actuación se llevó a cabo la semana pasada y permitió recuperar el ejemplar abatido, gracias a la rápida colaboración ciudadana, que resultó esencial para detectar y frenar la actividad furtiva.
Fueron incautados una totalidad de 29 perros en malas condiciones higiénica-sanitarias | La Sociedad de Cazadores de La Aldea niega el maltrato y que los animales hayan sido incautados
La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha investigado a una persona tras el aviso de un ciudadano sobre la posible existencia de animales mantenidos en condiciones contrarias a la normativa, habiendo varios perros en estado de abandono y un cuidado deficiente.
Durante la inspección, los agentes comprobaron que la finca no contaba con vallado perimetral ni otras barreras que limitaran el acceso al recinto, una situación que podría representar un riesgo adicional para la seguridad y el bienestar de los animales.
Al acceder al lugar, se observa un amplio número de casetas instaladas de forma improvisada. Todas construidas con pallets, maderas y restos de mobiliario, materiales que no garantizaban estabilidad ni aislamiento, con la presencia de numerosos elementos peligrosos y punzantes como clavos, maderas astilladas y residuos varios, con riesgo directo de lesiones. Estas estructuras carecían de las condiciones mínimas de protección frente al viento, la lluvia o el intenso sol de la zona.
Ninguno de los animales se encontraba en libertad, todos permanecían encadenados con correas de muy poca longitud, lo que limitaba gravemente su movilidad y comportamiento natural. El espacio que los rodeaba estaba cubierto de excrementos acumulados de varios días, viéndose los perros obligados a convivir con sus propios desechos, generando la presencia masiva de insectos en el entorno, sin posibilidad de mantener un espacio limpio o saludable.
Los bebederos y comederos de los animales presentaban una cantidad muy elevada de sedimento de tierra y materia orgánica; El sedimento presentaba una capa brillante y con aspecto de gel característica de los biofilms producidos por las bacterias presentes en materias en descomposición, con lo cual el agua era insalubre no apta para el consumo.
Todos los canes tenían heridas visibles, observándose la presencia de moscas sobre las mismas, sin que constara atención veterinaria alguna, dando un aspecto descuidado con signos compatibles con una desatención prolongada en el tiempo, incluso se observaba a uno de los canes comer sus propias heses.
Para salvaguardar la vida de los animales y como medida cautelar, fueron incautados los veintinueve perros existentes en la finca, contabilizando las seis 6 crías, que en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, concretamente con el Área de Bienestar Animal fueron depositados en instalaciones municipales, garantizando por esa administración la vida de los animales, quedando a disposición de la Autoridad Judicial.
Se instruyó diligencias penales por entender que existen indicios de un presunto ilícito penal de maltrato animal por omisión de cuidados debidos.
La Sociedad de Cazadores de La Aldea niega los hechos
La Sociedad de Cazadores de La Aldea de San Nicolás ha emitido un comunicado en el que niega que los perros hayan sido apartados de su dueño.
Desmiente que se haya producido la incautación de 29 perros, asegura que los animales no se encuentran bajo tutela administrativa y que es su propietario quien sigue alimentándolos y atendiéndolos.
También apunta que se han realizado valoraciones sobre el estado del agua que consumen los animales, sin que se hayan efectuado analíticas que permitan confirmarlas. «El agua está en bidones por las circunstancias del espacio donde se encuentran, pero está en buenas condiciones», asegura la sociedad.
Se les intervino dos visores (uno de ellos térmico), linternas y cartuchería metálica, además de otros efectos para la caza
La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, vecinos de los municipios pacenses de Cabeza del Buey y Monterrubio de la Serena, como presuntos autores de delitos contra la flora y fauna y tenencia ilícita de armas, en un coto privado de caza de Zarza-Capilla.
Los sucesos ocurrieron a finales del pasado mes de marzo, en dispositivos de servicio establecidos por la Guardia Civil para la prevención de acciones delictivas relacionadas con el ejercicio de la caza. En uno de esos operativos, una patrulla observó la presencia de un vehículo sospechoso en un terreno de aprovechamiento cinegético privado, dentro del paraje conocido como ‘El Torozo’, por lo que procedió a dar el alto reglamentario.
Al percatarse de la presencia de los agentes, el conductor del coche emprendió la fuga a gran velocidad tras hacer caso omiso a las señales de detención. Según informan desde la Guardia Civil en nota de prensa, los efectivos observaron cómo arrojaban por la ventanilla lo que parecía ser un trofeo de caza, logrando interceptarlos poco después en el camino que une Zarza-Capilla y La Nava.
Una vez que identificaron a sus ocupantes, dos vecinos caputbovense y un monterrubiano, algunos con numerosos antecedentes policiales, los agentes llevaron a cabo la inspección del turismo. En el interior del mismo hallaron diversos efectos utilizados para cazar, dos visores (uno de ellos térmico), linterna y numerosa cartuchería metálica.
Asimismo, en el maletero apreciaron restos de sangre fresca de algún animal abatido recientemente, que supuestamente, en el afán de deshacerse del mismo para frustrar la relación con la caza furtiva, lo habrían tirado desde el vehículo durante la huida.
Tras el reconocimiento de las inmediaciones, los agentes hallaron en la cuneta la cabeza de un ciervo y un rifle, que analizado, presentaba la numeración de serie borrada de manera intencionada.
De las indagaciones practicadas, se pudo saber que carecían de autorización para el ejercicio de la caza en el citado terreno acotado.
Con las pruebas incriminatorias, fueron detenidos como presuntos autores de los delitos relativos a la protección de la flora y fauna, al cazar de manera furtiva sin autorización, recogido en el artículo 335 del Código Penal, y tenencia ilícita de armas.
Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castuera.
Ahora la Guardia Civil continúa la investigación para tratar de identificar el rifle y posible participación en otros hechos delictivos.
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