Efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Salamanca, concretamente agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) con base en Béjar, han llevado a cabo una nueva actuación contra la caza ilegal que se ha saldado con la investigación de un varón en la localidad de La Tala.
Los hechos se produjeron durante un servicio de prevención en horario nocturno, cuando ya había oscurecido. Los agentes dieron el alto a un vehículo que transitaba por un camino vecinal del municipio. Tras realizar una primera inspección ocular del transporte, los guardias civiles descubrieron en el remolque un ejemplar de jabalí, así como una bolsa de plástico que contenía 20 perdices y una paloma, todas ellas piezas recientemente abatidas.
El registro exhaustivo del interior del vehículo reveló infracciones graves en materia de seguridad y normativa cinegética. Los agentes localizaron una escopeta municionada —cargada y lista para disparar— que se encontraba dentro de una funda sin cerrar. Además, se hallaron diversos cartuchos de postas, un tipo de munición cuyo uso está estrictamente prohibido para la actividad cinegética debido a su peligrosidad y falta de selectividad.
Las investigaciones posteriores permitieron determinar que las piezas habían sido cazadas en un coto de la citada localidad de La Tala, para el cual el identificado carecía de la autorización necesaria. Ante la evidencia de los hechos, los agentes procedieron a la incautación inmediata del arma y de las piezas de caza.
El sospechoso está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna por cazar sin autorización. Asimismo, se le han formulado diversas denuncias administrativas por las infracciones observadas en materia de caza y reglamento de armas.
Los próximos 21 y 22 de enero, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas examinará el grado de cumplimiento de España con la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional que reconoce a niñas, niños y adolescentes (NNA) como sujetos de derechos y establece que su interés superior debe prevalecer de forma prioritaria.
Entre la documentación que analizará el Comité figura un informe elaborado por la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA), en el que se alerta de la falta de protección de la infancia frente al acceso a actividades de caza con armas de fuego en el Estado español.
Acceso de menores a armas y actividades cinegéticas
CoPPA denuncia que la normativa vigente en España permite que adolescentes a partir de los 14 años utilicen armas de fuego y que, además, en varias comunidades autónomas se autoriza la presencia de menores como acompañantes en actividades de caza. Según la organización, cinco comunidades permiten de forma explícita la asistencia de niños y niñas desde los 0 años.
Esta situación, advierten, vulnera el principio del interés superior del menor y el derecho de los NNA a ser protegidos frente a cualquier forma de violencia.
Riesgos físicos y psicológicos para la infancia
El informe, elaborado por un equipo multidisciplinar, reúne evidencias científicas que alertan de los graves riesgos de exponer a menores a la caza con armas de fuego. Entre ellos se encuentran los peligros para la integridad física, el riesgo de accidentes graves o mortales y el impacto del acceso a armas en el suicidio adolescente.
CoPPA subraya además que la supervisión adulta no siempre reduce estos riesgos y que, en determinados contextos, puede incluso agravarlos.
Lesiones y muertes en accidentes de caza
El acceso a armas de fuego es un factor de riesgo reconocido en muertes y lesiones accidentales de niños, niñas y adolescentes. En el ámbito cinegético, la cercanía a los disparos incrementa de forma notable la probabilidad de sufrir accidentes con consecuencias trágicas. Lamentan desde la coordinadora.
En un anexo del informe, CoPPA documenta casos de menores heridos o fallecidos en accidentes de caza en España, algunos de ellos provocados por familiares o personas encargadas de su supervisión.
Suicidio adolescente y disponibilidad de armas
Diversos estudios citados en el documento señalan que los entornos con mayor acceso a armas de fuego presentan tasas más elevadas de suicidio adolescente. En este grupo de edad, la disponibilidad de armas supone un riesgo especialmente alto, incluso superior al de la depresión, según algunas investigaciones.
Las armas de caza tienen un peso relevante en los suicidios de menores y se observa un aumento durante la temporada cinegética.
Impacto emocional y normalización de la violencia
La exposición a la violencia, incluida la ejercida contra animales, puede generar angustia crónica, depresión y trauma psicológico. CoPPA explica que este impacto es especialmente intenso cuando la violencia es ejercida o legitimada por adultos de referencia.
Además, los menores pueden presenciar accidentes graves durante las jornadas de caza, con consecuencias severas para su salud mental, sobre todo cuando las víctimas son personas cercanas o cuando el propio menor está implicado. El informe recoge casos especialmente graves que evidencian la magnitud del problema.
La normalización de la violencia también aumenta el riesgo de conductas problemáticas, como el acoso escolar o la delincuencia juvenil, al reforzar actitudes que legitiman la agresión y la imitación de modelos violentos.
Llamamiento urgente a las autoridades
Ante este escenario, CoPPA solicita al Comité de Derechos del Niño que inste a las autoridades españolas a modificar la normativa para prohibir en todo el territorio que los menores de 18 años utilicen armas de fuego en actividades de caza o asistan a ellas como acompañantes.
La asociación recuerda que los derechos de la infancia, reconocidos en un tratado internacional ratificado por España, deben situarse por encima de cualquier otro interés.
Denuncia.
La Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos es una asociación internacional sin ánimo de lucro integrada por psicólogos, psiquiatras, sociólogos, abogados y especialistas en derechos humanos, dedicada a la prevención de la violencia y a la protección de colectivos vulnerables, con especial atención a la infancia y la adolescencia.
Después de las primeras investigaciones, la Divisió d’Investigació Criminal de los Mossos d’Esquadra confirma que se trata de una muerte accidental. El cadáver apareció el pasado 21 de diciembre disparado por la espalda
El hombre que falleció el pasado 21 de diciembre en las inmediaciones del campo del Nàstic de Tarragona con un disparo en la cabeza fue víctima de una muerte accidental, según las pesquisas llevadas a cabo por la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra. El autor fue un cazador, ya que cabe recordar que el cuerpo se halló en una zona de caza.
En su momento, fuentes policiales confirmaron a la ACN que el cadáver se había encontrado a alrededor de las 15.15 horas en una zona boscosa próxima al estadio del club grana. La víctima presentaba un disparo en la parte posterior de la cabeza.
La alerta la dieron un grupo de personas que avisaron a los servicios de emergencia después de encontrarse con el cuerpo sin vida. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de los Mossos. La DIC asumió la investigación, declaró secreto de actuaciones y empezó a trabajar en el caso, que posteriormente ha derivado en un homicidio imprudente, una hipótesis con la que se trabajó desde un inicio.
Portaba un arma de caza mayor con silenciador, visor térmico y munición.
El Seprona investiga a un hombre por caza furtiva y tenencia ilícita de armas en La Almoraima. Los hechos fueron detectados por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Algeciras durante un dispositivo de vigilancia y prevención desarrollado en el término municipal de Castellar de la Frontera, donde el investigado fue sorprendido mientras presuntamente practicaba la caza de manera ilegal.
Los hechos ocurrieron en la finca de la Almoraima, ubicada en el término municipal de Castellar de la Frontera, cuando los agentes observaron a un individuo portando un arma larga y realizando acciones propias del ejercicio de la caza.
Caza ilegal en Castellar
En el momento de la identificación, el investigado portaba un rifle de caza mayor equipado con mira telescópica, silenciador, cargador con munición y visor térmico. Tras las gestiones realizadas, los guardias civiles comprobaron que carecía de licencia de armas y que tampoco contaba con autorización del gestor cinegético de la finca para ejercer la actividad.
Asimismo, los agentes constataron que el arma utilizada había sido sustraída de un armero situado en la propia finca, por lo que fue inmediatamente intervenida.
La persona identificada está siendo investigada como presunta autora de delitos contra la flora y la fauna, tenencia ilícita de armas y robo, quedando las diligencias instruidas a disposición de la autoridad judicial competente.
Castilla-La Mancha y Cataluña concentran más víctimas de la caza en 2025
Cada año, la caza deja en España un número de muertos y heridos que rara vez trasciende más allá de la sección de sucesos. Se presentan como accidentes aislados, fatalidades inevitables o hechos puntuales sin relación entre sí. Sin embargo, cuando se analizan los datos de forma agregada, el panorama es claro: la actividad cinegética constituye un problema estructural de seguridad pública, invisibilizado por la falta de controles adecuados y por la opacidad de la Administración.
Entre 2020 y 2024, al menos 55 personas murieron y 171 resultaron heridas en España como consecuencia directa o indirecta de la actividad cinegética, según recuentos hemerográficos elaborados por organizaciones sociales ante la inexistencia de estadísticas oficiales. A estas cifras hay que añadir 2025, que deja ya 9 personas muertas y 27 heridas*, según un recuento propio basado exclusivamente en noticias publicadas en medios de comunicación.
Estas cifras no proceden de ningún registro público del Estado, porque ese registro no existe. Ni el Ministerio del Interior ni las comunidades autónomas publican estadísticas completas, accesibles y desglosadas sobre accidentes, heridos y fallecidos provocados por la caza. En consecuencia, la ciudadanía desconoce el alcance real de una actividad que se practica con armas de fuego y que ocupa aproximadamente el 85 % del territorio nacional.
El impacto de la actividad cinegética en 2025 no se concentra en un único territorio, sino que se extiende por buena parte del país. Castilla-La Mancha encabeza el balance con 10 víctimas (7 heridos y 3 fallecidos), seguida de Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana. En comunidades como Extremadura, las consecuencias han sido especialmente graves, con dos fallecidos y ningún herido, mientras que Asturias y Andalucía registran una persona muerta y otra herida cada una. El reparto territorial de los casos evidencia que no se trata de episodios aislados, sino de un problema estructural vinculado a una actividad que se practica de forma generalizada en el territorio.
VÍCTIMAS 2025 POR COMUNIDADES
POR COMUNIDADES AUTONOMAS
HERIDOS
FALLECIDOS
TOTAL VÍCTIMAS
ASTURIAS
1
1
2
ANDALUCIA
1
1
2
ARAGON
1
1
CANARIAS
1
1
CASTILLA-LA MANCHA
7
3
10
CASTILLA Y LEON
3
1
4
CATALUÑA
4
1
5
NAVARRA
3
3
C. VALENCIANA
3
3
EXTREMADURA
1
2
3
GALICIA
2
2
TOTALES
27
9
36
VÍCTIMAS DESDE 2020
POR AÑOS
HERIDOS
FALLECIDOS
TOTAL
2020
39
3
42
2021
40
12
52
2022
47
15
62
2023
23
14
37
2024
19
11
30
2025
27
9
35
TOTALES
195
64
259
Un colectivo envejecido sin relevo generacional
Lejos de tratarse de un fenómeno anecdótico, el perfil demográfico del colectivo cazador ha sido analizado científicamente. Un estudio liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), basado en series históricas de licencias durante más de cinco décadas, constata un declive continuado y un envejecimiento muy acusado del colectivo(1).
Según este trabajo:
El número de cazadores ha descendido un 45 % desde la década de 1970.
Más del 40 % de las personas con licencia tiene más de 60 años.
Menos del 5 % es menor de 30 años, lo que evidencia la práctica ausencia de relevo generacional.
El relevo juvenil ha caído cerca de un 90 % en los últimos 50 años.
Los autores advierten de que este envejecimiento compromete la sostenibilidad del modelo cinegético y señalan que las políticas públicas siguen tratándolo como un colectivo estable, homogéneo y funcional, cuando los datos muestran exactamente lo contrario.
Licencias de caza y armas: controles mínimos para una actividad de alto riesgo
A pesar de este envejecimiento generalizado, la otorgación y renovación de licencias de armas vinculadas a la caza en España se apoya en un sistema de controles psicofísicos mínimos, regulado por el Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993), una norma con más de 30 años de antigüedad(2). Esta acreditación se realiza mediante un certificado médico emitido por centros autorizados, independientes de la Guardia Civil. Sin embargo, en la práctica, estos certificados se limitan a pruebas genéricas y breves, similares a las exigidas para la conducción, sin evaluaciones cognitivas profundas, sin pruebas específicas para el uso de armas de fuego y sin protocolos reforzados adaptados al envejecimiento del colectivo cazador. El resultado es un sistema que cumple formalmente la ley, pero que no evalúa de manera efectiva la aptitud real y continuada para portar y usar armas letales.
Las licencias se renuevan de forma periódica, pero el contenido de las pruebas no se refuerza ni se adapta a la edad del solicitante, incluso cuando este supera los 70 años. El procedimiento se limita, en la práctica, a la repetición de un trámite administrativo.
En cualquier otra actividad con riesgos comparables —transporte profesional, seguridad privada, uso de maquinaria pesada— estos estándares serían considerados inaceptables. En dichos sectores existen evaluaciones más exigentes, controles aleatorios y mecanismos de retirada inmediata de la habilitación ante cualquier indicio de riesgo.
Alcohol y drogas: una prohibición sin control efectivo
El propio Reglamento de Armas prohíbe expresamente el uso de armas bajo los efectos del alcohol o las drogas (3). Sin embargo, no existen controles sistemáticos de alcoholemia o drogas durante batidas y monterías.
A diferencia de lo que ocurre en la conducción, no se aplican protocolos preventivos ni controles aleatorios a personas armadas que disparan en grupo, con perros y en entornos frecuentados por población no cazadora. En muchos territorios, los agentes forestales ni siquiera disponen de medios homologados para realizar estas pruebas.
La consecuencia es una prohibición meramente formal, sin aplicación práctica efectiva.
Víctimas invisibles y daños colaterales
No todas las víctimas de la caza son cazadores. Parte de las personas fallecidas o heridas son terceros ajenos a la actividad: senderistas, vecinos de zonas rurales, trabajadores del campo o conductores implicados en accidentes de tráfico provocados por batidas.
Estos casos se diluyen en estadísticas generales de sucesos o siniestros, sin que se reconozca su vinculación con la actividad cinegética. La falta de datos oficiales contribuye a una normalización social de las víctimas, presentadas como inevitables o anecdóticas.
Sin datos no hay responsabilidad
La ausencia de estadísticas oficiales no es un fallo técnico, sino una decisión política. Sin datos públicos no hay evaluación del riesgo, no hay políticas de prevención y no hay rendición de cuentas.
Mientras tanto, organizaciones sociales se ven obligadas a recopilar noticias dispersas para reconstruir una realidad fragmentada pero alarmante.
La pregunta es inevitable: ¿cuántas muertes y heridos serían aceptables si se produjeran en cualquier otra actividad recreativa?
Conclusión: una cuestión de seguridad pública
Exigir controles psicofísicos rigurosos, evaluaciones adaptadas a la edad, controles de alcohol y drogas, limitación efectiva de zonas y calendarios y estadísticas oficiales transparentes no es una postura ideológica. Es una exigencia básica de seguridad pública, salud colectiva y derecho a la información.
Mientras la caza siga produciendo muertos y heridos sin que el Estado los cuente oficialmente, el problema no será solo la actividad cinegética, sino el silencio institucional que la ampara.
Notas y bibliografía
(1) Martínez-Jauregui, M. et al. (2021). “A long-term decline in hunters threatens the sustainability of hunting-based management”. People and Nature, British Ecological Society. Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC). Divulgación CSIC: Un estudio liderado por el CSIC constata el fuerte declive de los cazadores en la Península Ibérica.
(2) Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
(3) Reglamento de Armas, artículos relativos a la prohibición del uso de armas bajo los efectos de alcohol o drogas.
* Enlaces y recuento de víctimas 2025 basado en noticias publicadas en diversos medios de comunicación.
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web.
Cookies funcionales
Siempre activo
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferencias
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
Estadísticas
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.
marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en un sitio web o en varios sitios web con fines de marketing similares.
