Los gobiernos autonómicos se echan atrás en Zamora, Aragón y Catalunya tras una protestas que recuerdan el etiquetado de “alimaña” que recibió la especie durante décadas en el siglo XX
El lince fue una alimaña tardía. Mucho después que lobos, osos o zorros, la ley los calificó como dañinos en 1902 a 3,75 pesetas el ejemplar muerto. Bastaron unas décadas del siglo XX para dejar a la especie al borde de la extinción: menos de 100 ejemplares en 2002. La situación la revertió un programa de recuperación (con millones de dinero público) al que todo el mundo parecía querer apuntarse: Castilla-La Mancha, Extremadura, Portugal o la Región de Murcia pidieron linces. Ahora le tocaba el turno a Castilla y León, Aragón y Catalunya. Pero, de repente, el frenazo.
Tras años de preparación, la Junta castellanoyleonesa paralizó en octubre de 2024 la suelta de linces en Zamora –aunque sí progresa en Palencia–. El Ejecutivo aragonés anunció el pasado enero que de linces en los Monegros, de momento, nada. La Generalitat catalana admitió no reintroducir el lince, como dijo que haría, en el acuerdo para frenar las protestas de los agricultores este febrero.
Aunque el común denominador de estos casos es un clima de hostilidad contra la presencia del felino creado por algunos cazadores, agricultores y ganaderos, el responsable del programa de especies de WWF, Ramón Pérez de Ayala, ha detectado diferentes tipos de resistencias a la hora de introducir el lince. “En todo caso –resume– el daño que la especie causa al sector primario es cercano a nulo”.
Lo más reciente en el tiempo, “y donde se han mezclado cosas de manera casi delirante”, reflexiona Ayala, ha sido en Catalunya. El secretario de Transición Ecológica catalán, Jordi Sargatal, expuso el septiembre pasado que el Govern estaba dispuesto a que el lince volviera al territorio. “Puedo asegurar que no provoca ninguna depredación en rebaños ni crías”, dijo.
También aludió a que podría ayudar al control de la superpoblación de conejos que hay en comarcas catalanas y que afecta a los cultivos. Ahí comienzan, dice Ayala, las confusiones: “El lince depreda sobre los conejos, pero el problema allí no se va a solventar sin una cadena de depredadores completa. El ecosistema está totalmente descompensado. Con los cultivos, no hay 4 m2 para que haya arbustos donde críen esos depredadores”. La Coordinadora de Orgnizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) llegó a difundir en su momento que padecían una plaga de conejos híbridos superdepredadores. “Jurassic Park cunícola”, lo llamaron. Algo que los científicos tuvieron que salir a desmentir.
En ese sentido, Ayala –implicado en múltiples programas de reintroducción de la península– recuerda: “Cuando hicimos repoblaciones de conejos en Andalucía, nos afearon que eso había provocado explosiones de población en Castilla-La Mancha”.
La cuestión es que, solo unos meses después de afirmarse que se veía bien el retorno del felino, las movilizaciones de agricultores en Catalunya han disuelto el plan. Con los tractores listos para volver a cortar carreteras –en un movilización que emulaban las tractoradas de 2024–, Revolta Pagesa firmó el 9 de febrero un amplio acuerdo con el Gobierno autonómico para frenar las protestas. Entre multitud de medidas (como autorizar el uso del potente veneno fosfuro de aluminio) consiguió que la Generalitat pusiera por escrito que “no se llevará a cabo ninguna introducción de lince”.
Pelea política
“Otra cosa son las disputas políticas, que es lo que detecto en el caso de Aragón”, prosigue el experto de WWF. En esa comunidad autónoma, un acuerdo por unanimidad en las Cortes pidió la reintroducción del lince en 2017. A la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón no le gustó la idea porque, adujo, “implicaría restricciones a la caza” y eso desembocaría en “aumento de la población de conejos”.
Según avanzaba el proyecto, el ambiente se ha ido caldeando: el que era consejero de Agricultura por Vox durante los meses de coalición del PP y la ultraderecha, Ángel Samper, dijo que, al tratar el tema con el sector de la ganadería extensiva “salió que reintroducir especies como el lince es una perversión y un ataque a esta ganadería”. Después insistió, aún en el cargo, en el “impacto negativo sobre la ganadería” y que “la protección de los animales de la depredación del lince agravaría los costes de las explotaciones” y esto “aumentaría los precios de la alimentación”.
A esto se le sumó el pasado septiembre el presidente comarcal del PSOE en los Monegros –donde se localizaron las áreas más propicias para el lince–, Pedro Loscertales, quien ha afirmado que “el sector primario no puede permitirse esta nueva amenaza. La reintroducción del lince sería fatal para la supervivencia de unas explotaciones que sufren desde hace tiempo las consecuencias de otras crisis que han mermado su rentabilidad económica hasta el punto de hacerlas casi insostenibles. Ni queremos ni podemos ser siempre conejillos de indias”.
Con estos mimbres encima de la mesa, en febrero de 2025, El Gobierno anunció que renunciaba a reintroducir la especie este año y posponía una decisión final a la primavera.
“Nos ha pasado que, al presentar el proyecto, existía algún problema anterior, alguna demanda con la Adminsitración y se ha aprovechado para utilizar el lince como palanca para esas peticiones”, ilustra Pérez de Ayala.
Seguir cazando igual
El tercer caso de rechazo –el que Ayala ve “más razonable”– está en la provincia de Zamora. “Miedo a la novedad”, lo describe. Allí, por ejemplo, los cazadores locales se han mostrado reticentes a dejar que el lince entre en sus cotos. Dicen, según recogió La Opinión de Zamora durante un encuentro en Almaraz de Duero en septiembre pasado, que no hay conejos para todos y que el felino “trae restricciones, pero no acaba con el meloncillo, el tejón o el zorro”, otros competidores para las escopetas.
Pérez de Ayala cuenta que el rechazo al lince “viene muchas veces del sector cinegético porque consideran que van a limitar los cotos, pero lo cierto es que la especie no interfiere con actividades como la montería”.
A este respecto, el doctor en Biología y presidente de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, Javier Calzada, ya describía en el artículo Lince Ibérico: de alimaña a especie protegida que, en realidad, “nunca ha sido un competidor de importancia” a la hora de cazar conejos, “apreciada pieza de caza” de los humanos.
Los agricultores zamoranos han hablado de posibles restricciones al uso de herbicidas, la velocidad en las carreteras o el uso de maquinaria pesada. “Es un tira y afloja para intentar exponer la realidad que suele resolverse en unos dos años”, ilustra el responsable de WWF.
Con todo, el ambiente creado ha hecho, según los datos ofrecidos por el Gobierno autonómico, que la aprobación en la población del proyecto esté en el 59% (frente al 93% en las áreas de Palencia donde finalmente se ha iniciado el proyecto). En cuanto a los compromisos o convenios con dueños de cotos privados, sumaban un 21% de la superficie planeada para el territorio lince.
Se estima que la caída ha sido de ocho metros de altura en el cerro de la Sabina
Participaba en una espera con otro grupo de personas en un coto privado cuando se ha caído desde un acantilado, sobre las 6.30
El hombre de 39 años accidentado con las primeras luces de este sábado en Villahermosa es un cazador que participaba en una espera con otro grupo de personas, en un coto privado, que se ha despeñado de un risco en el cerro de la Sabina de la localidad.
El accidentado permanece ingresado en la UCI del Hospital General de Ciudad Real y su estado es muy grave, según ha confirmado el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) pasado el mediodía.
El accidente lo investiga la Guardia Civil
Bomberos del parque de Villanueva de los Infantes lo rescataron sobre la seis y media de la mañana en una intervención en la que no han necesitado cuerdas, puesto que el lugar de la caída era accesible a pie, han explicado ellos mismos. Para sacarlo de la zona y trasladarlo lo más rápido posible al hospital ha intervenido un helicóptero medicalizado y una ambulancia. El accidente lo investiga la Guardia Civil.
El Parlamento vasco está tramitando una modificación de la ley de caza para permitir que niñas y niños asistan como acompañantes a las batidas, algo que compromete gravemente su seguridad y vulnera la normativa de protección de la infancia, según han alertado desde la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA).
En un escrito dirigido a los grupos parlamentarios del País Vasco, en el que ha presentado enmiendas al texto legal, así como la justificación científica de las mismas, CoPPA ha alertado de que la Ley de Caza, en actual trámite de reforma, debe respetar la normativa de protección de la infancia y evitar los peligros, físicos y psicológicos, que la exposición a esta actividad puede causar en niños y niñas. La entidad se ha dirigido asimismo al Ararteko (Defensor del Pueblo) y a diversas asociaciones de protección de la infancia para alertar sobre una reforma que consideran muy peligrosa: “Es inadmisible que la seguridad de niñas y niños quede supeditada a otros intereses; los derechos de la infancia están por encima de todo y es deber de los poderes públicos garantizarlos, no ponerlos en riesgo”, manifiestan.
La figura del “acompañante”
El problema de esta reforma es que se pretende incluir en la vigente Ley Vasca de Caza una figura denominada “acompañante” de caza. “La regulación de esta figura, tal y como está redactada, resulta tan amplia e indefinida que dentro de la misma podrían incluirse niños y niñas de cualquier edad; de hecho es lo que pretenden expresamente, según explican en la exposición de motivos”, señalan desde CoPPA, entidad que reúne a psicólogos, psiquiatras, sociólogos, profesionales del Derecho y del ámbito de los Derechos Humanos.
“No tiene ningún sentido que la normativa de protección de la infancia y la adolescencia contemple situaciones de riesgo de lo más variadas de las que se protege a los menores y, por otra parte, se permita la asistencia, e incluso la participación, de niños y niñas en una actividad que implica el uso de armas, violenta por naturaleza y que, según se ha documentado en multitud de estudios, pone en peligro su integridad física y psicológica”, declaran.
Riesgos para la integridad física: accidentes de caza y suicidio por arma de fuego
La proximidad a armas y disparos implica un claro riesgo para niñas, niños y adolescentes. Cada año, los accidentes de caza se multiplican, dejando heridos, incluso fallecidos, entre los que se cuentan personas que ni siquiera estaban participando en la propia actividad.
Tampoco pueden pasarse por alto los estudios que documentan que el acceso a armas de fuego aumenta drásticamente las tasas de suicidios adolescentes por arma de fuego, y también contribuye a aumentar la tasa de suicidio por cualquier método. Investigaciones han constatado que la proporción de suicidios de adolescentes con armas de caza es sustancialmente mayor en las zonas donde la caza es más común y que el uso de estas armas para quitarse la vida aumenta dramáticamente durante la época de caza. Un estudio halló, por ejemplo, un patrón de picos en el número de suicidios de adolescentes que se correspondían con las épocas de caza y cuando este tipo de armas era más accesible a los menores de edad.
La gran mayoría de los suicidios de niños y adolescentes cometidos con armas de fuego se produjeron con armas de un familiar. “Las investigaciones señalan que para esta población el acceso a armas de fuego presenta un mayor riesgo de suicidio que una depresión u otro trastorno de salud mental. Así, algunos autores sugieren que el acceso a armas de fuego puede ser un factor causal en la muerte de adolescentes suicidas”, alertan desde CoPPA.
Entre los menores de 19 años, la incidencia de suicidio aumenta notablemente a finales de la adolescencia. La mayoría de los intentos de los adolescentes de acabar con su vida ocurren con rapidez y de forma impulsiva. El acceso a estas armas facilita los intentos no planificados y aumenta la probabilidad de que el daño sea letal.
Riesgo de aparición de problemas emocionales y conductuales
La exposición a la violencia es un riesgo reconocido para la salud mental. Niños, niñas y adolescentes son especialmente vulnerables a ese riesgo. Algunos menores expuestos a escenas de violencia hacia animales pueden experimentar angustia, tristeza, síntomas de ansiedad e incluso estrés postraumático. “En estas situaciones, además, los referentes adultos muestran aprobación, e incluso entusiasmo, ante la violencia. Este hecho puede aumentar la confusión sufrida por el menor y exacerbar las consecuencias negativas, incluyendo problemas de sueño, pesadillas y deterioro en el rendimiento escolar”, explican.
Niños y niñas pueden adquirir también conductas agresivas a través de la observación e imitación de referentes de su entorno. Cuando el niño se identifica con los modelos involucrados en la agresión, o cuando percibe que la conducta es aplaudida o empoderadora, el comportamiento agresivo puede generalizarse y extenderse a otros contextos. Numerosas investigaciones han vinculado la exposición a la violencia contra animales en la niñez y la adolescencia con un mayor riesgo de conductas agresivas y antisociales, incluyendo el acoso escolar, la delincuencia y la violencia interpersonal, tanto en la adolescencia como en la edad adulta.
Nada puede estar por encima del interés superior del menor
Los profesionales de CoPPA recuerdan que, como ha reiterado el Comité de los Derechos del Niño y dispone el ordenamiento jurídico, el interés superior del menor prevalece sobre cualquier otro. Ningún motivo puede justificar poner en riesgo o atentar contra la seguridad e integridad de la infancia y la adolescencia.
“Es más, teniendo en cuenta la evidencia científica, lo lógico sería que la revisión de la Ley de Caza en Euskadi pusiera el foco en la protección de la infancia, de manera que las personas menores de 18 años no sólo no puedan ser “acompañantes” de los cazadores, sino que tampoco puedan participar ni ejercer la actividad, de ninguna manera”, concluyen.
La Guardia Civil investiga a tres personas por abatir gran cantidad de reses de caza mayor en terreno no cinegético
El Seprona de la Guardia Civil de Córdoba investiga a tres personas presuntamente implicadas en un ataque a dos de sus agentes. El incidente ocurrió durante una operación de vigilancia contra el furtivismo en una finca de caza mayor situada en Montoro. Además, las investiga como presuntas autoras de un delito contra la flora y la fauna, mientras que a una de ellas también por tenencia de arma prohibida.
El caso se desencadenó tras tener conocimiento el Seprona de la Comandancia de Córdoba de que en una finca de Montoro se estaban produciendo actividades ilícitas de caza. En concreto, en una parte no destinada a actividades cinegéticas se estaba produciendo un alarmante abatimiento de reses, afectando seriamente al equilibrio del coto de caza. La Guardia Civil, para frenar estos episodios, dirigió un dispositivo para la identificación e investigación de los implicados.
Fruto de este operativo, se logró detener un vehículo todo terreno en la zona en la que se estaban desarrollando los episodios de furtivismo. En su interior había cinco personas, de las cuales tres portaban licencias para cazar y vestían ropa apropiada para tal fin. Además, se halló un rifle calibre 308 con silenciador, cargado y listo para disparar y equipado con un visor óptico de caza con el que estaban abatiendo animales a su paso en época de veda. Igualmente, llevaban dos cuchillos grandes y un hacha con manchas de sangre de los animales cazados ilegalmente.
Como resultado, se procedió a la investigación de tres de los ocupantes por delitos contra la flora y fauna. El titular del arma también fue investigado por tenencia de arma prohibida, proponiéndose la retirada de su permiso de armas.
Nuevo episodio de furtivismo
Días después, tras recibir nuevas advertencias del guarda del coto de la misma finca de Montoro sobre posibles actividades furtivas, una patrulla del Seprona acudió al lugar, montando un dispositivo de apostadero y vigilancia. Al proceder a la identificación de varios cazadores furtivos, los dos agentes fueron intimidados y amenazados con un arma de fuego, llegando a efectuar algún disparo en las proximidades. Los presuntos autores se dieron a la fuga, no pudiendo ser localizados en esos momentos.
Gracias a los avances en la investigación llevados a cabo por el Equipo de Policía Judicial de Palma del Río, se ha logrado identificar e investigar a los presuntos autores de esos tiroteos.
Fueron sorprendidos cazando con escopeta en una zona de caza limitada. Además, uno de ellos estaba inhabilitado para la tenencia de armas.
Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Cáceres, en un servicio preventivo de vigilancia para combatir la caza furtiva en cotos de la provincia, han detenido a dos personas como presuntos autores de los delitos de caza y de tenencia ilícita de armas cuando cazaban en una zona de caza limitada. A su vez, han investigado a una tercera persona como presunta cooperadora necesaria en la comisión del delito de tenencia ilícita de armas.
Fueron sorprendidos en el término municipal de Garrovillas de Alconétar (Cáceres)
Dos personas fueron sorprendidas cuando cazaban en una zona de caza limitada ubicada dentro del término municipal de Garrovillas de Alconétar (Cáceres), en la que está prohibido practicar el deporte con arma de fuego, salvo autorización expresa por causas excepcionales estipuladas en la legislación de caza. Ante la sospecha de que pudieran hacerlo de forma ilegal, un agente del SEPRONA junto a la patrulla de Seguridad Ciudadana, interceptaron el vehículo utilizado por estas e identificaron a sus dos ocupantes.
En ese momento, verificaron que estos dos hombres portaban dos escopetas de caza, una de ellas sin la documentación obligatoria, así como dos conejos abatidos durante la práctica.
Uno de los cazadores estaba inhabilitado para la tenencia de armas
Dada la situación, los agentes del SEPRONA realizaron varias gestiones con las que averiguaron que uno de los cazadores tenía revocada la licencia de armas por la Intervención de Armas de la Comandancia de Cáceres.Del mismo modo, comprobaron que, tras retirarle la licencia, todas las armas que poseía se las transfirió a una persona afín, la cual presuntamente le facilitó la escopeta al hombre para cazar, aun sabiendo que carecía de licencia.
Hay una tercera persona investigada como cooperadora
La investigación ha supuesto la detención de dos hombres como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna, por cazar en terreno cinegético sin el debido permiso de su titular, y a uno de ellos también un delito de tenencia ilícita de armas por tener revocada la licencia de armas. A su vez, los agentes han investigado a una tercera persona, una mujer, como supuesta cooperadora necesaria en la comisión del delito de tenencia ilícita de armas, al facilitar al presunto autor del furtivismo la escopeta.
El delito contra la flora y la fauna es castigado con la pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar por tiempo de uno a tres años y privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo. Además, la tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de las licencias o permisos necesarios, puede ser castigada con la pena de prisión de seis meses a un año, si se trata de armas largas como es el caso.
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