El acusado fue interceptado por la Guardia Civil cuando colocaba lazos de acero que podrían haber causado la muerte de animales silvestres.
Un año sin poder desarrollar actividades relacionadas con la caza y la pesca y una multa de 1.200 euros que deberá abonar a la justicia. Son las consecuencias penales que tendrá que afrontar un hombre de 75 años que, ante la magistrada del Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, admitió haber colocado cepos ilegales para matar animales silvestres en una finca de su propiedad. Se le condena por un delito contra la fauna ya sin posibilidad alguna para recurrir, ya que él mismo se conformó con la pena.
El caso se remontaba a una intervención de la Guardia Civil realizada el 22 de septiembre del 2022 en una finca de Abelenda das Penas (Carballeda de Avia). Los agentes del Seprona sorprendieron al acusado manipulando dos lazos de acero galvanizado unidos a una cadena de tres metros de longitud que, presuntamente, había colocado en las inmediaciones de su finca. A mayores, se incautaron también de dos cepos con mandíbulas dentadas de hierro listos para capturar a cualquier animal que los pisara. «El acusado los colocó con la finalidad de eliminar de manera indiscriminada cualquier especie de fauna silvestre depredadora», sostenía el informe del ministerio público, que también mantenía que el propietario del terreno había actuado de este modo para «beneficiar la evolución de sus cultivos».
Esta parte afeaba al acusado actuar «con absoluto desprecio a la protección y conservación de la fauna silvestre» y pedía inicialmente una condena de un año de cárcel, si bien finalmente ese reproche penal ha quedado rebajado al pago de una multa económica y la inhabilitación para cazar y pescar durante los próximos doce meses.
NOTICIA https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/ourense/ourense/2025/04/29/prohiben-ejercer-caza-pesca-durante-ano-septuagenario-colocar-cepos-ilegales-finca/00031745932018329614793.htm?utm_campaign=amp#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=17460062579498&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com
Un reciente estudio vaticina un «colapso demográfico» de la actividad en varias regiones españolas, entre ellas Castilla-La Mancha, a causa de la despoblación y el envejecimiento.
La despoblación y el envejecimiento en el medio rural tienen un gran impacto en todas las actividades asociadas al campo y a sus habitantes, como la agricultura, la ganadería, la silvicultura y por supuesto en la caza, que experimenta su propia y acelerada reconversión.
Un reciente artículo publicado en la revista científica People and Nature alerta de esta situación pues se titula, precisamente, ‘El Colapso Demográfico de la Caza en la Península Ibérica’. El trabajo de campo se hizo las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Navarra.
En su redacción, participaron el CSIC y las Universidades de Zaragoza, Miguel Hernández de Orihuela, Granada, así como el IREC (Instituto de Recursos Cinegéticos), entidad que depende de la Universidad de Castilla-La Mancha.
El panorama que se describe para el sector es sombrío. Para empezar, los cazadores son un colectivo muy envejecido en regiones como Castilla-La Mancha, ya que la gran mayoría de ellos ya tiene más de 60 años de edad. La causa es muy simple, casi no hay jóvenes.
Durante el último medio siglo, la incorporación de los jóvenes a la caza se ha desplomado en un 89% y, en el artículo, se atribuye este desplome al éxodo rural, ya que la gran mayoría de los cazadores reside en municipios que cuentan con menos 100 habitantes.
Mayoría de sesentones. Este grupo de municipios es, precisamente, el más afectado por la pérdida de población y el gradual envejecimiento de los habitantes que aún residen en ellos. Si el proceso continúa, se estima que los cazadores de más de 60 años pasarán del 40% actual a más del 60% en 2050.
Si las tendencias continúan, para esa misma fecha, el año 2050, los autores del trabajo estiman que el número total de cazadores se reducirá en torno al 70%. De llegar a este escenario, regiones enteras como Castilla-La Mancha tendrán un problemón.
El orgen de dicho problemón es que «históricamente, la caza ha afectado la estructura trófica y la dinámica de la fauna silvestre, con grandes consecuencias para el funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad» pues esta actividad tiene un impacto directo «en la abundancia y la demografía de las especies cinegéticas».
En consecuencia, el declive de la caza «podría conducir a una disminución de la capacidad para gestionar las poblaciones» y acelerar un proceso que se define como «refaunación», esto es, el aumento del número de animales donde la caza actúa históricamente como una forma de regulación.
Además, este proceso de «refaunación» se entremezclaría con otros problemas ambientales y sociales asociados al abandono del campo en nuestra región, como el aumento de la masa forestal, el abandono de cultivos o el declive de la ganadería extensiva.
Ahora bien, los autores hacen una importante puntualización. En función de la dinámica de cada zona, «la caza puede entrar en declive con la cifra de cazadores, pero también es posible que la presión de la caza se mantenga» aunque haya menos efectivos.
La situación de Albacete. Ése podría ser el caso de la provincia de Albacete, al menos a tenor de los datos de las memorias anuales de actividad en el sector de la caza que publica la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La última publicada corresponde a la temporada 2023-2024.
Por una parte, los datos de esta memoria reflejan un auténtico descalabro en el número de licencias de caza que se conceden cada año.
En casi tres lustros, entre los años 2010 y 2023, estas peticiones pasaron de casi 16.000 al año a algo más de 4.200 y eso tan sólo entre los cazadores albacetenses.
Esta reducción no se produjo de forma gradual, sino a escalones. Entre 2010 y 2017, la cifra se redujo e manera paulatina hasta situarse en torno a las 10.000. Lo peor llegó con la pandemia, cuando el dato se desplomó hasta las 5.000 para no volvera a recuperarse.
Mayor y menor. Ahora bien, cuando se analizan los datos de capturas, emerge una realidad más compleja pues, según dicha memoria, «la tendencia de capturas es descendente para la mayoría de especies cinegéticas de caza menor, excepto en el caso de las palomas y los zorzales».
Un caso muy llamativo y que merece un estudio individualizado es el del conejo. Sólo en la provincia de Albacete, se cobraron casi 160.000 piezas de esta especie en la temporada 2022-2023, con casi toda la provincia declarada como zona de emergencia cinegética a causa de su proliferación y los daños que provocan en cultivos.
Parece una cifra respetable, pero las tablas elaboradas por la Administración autonómica reflejan que, desde 2010, las capturas de conejo no han dejado de bajar, en la provincia y en la región, y eso aunque el conejo de monte está declarado como plaga desde hace años.
Lo llamativo es que las capturas de caza mayor, aunque menores en volumen, no dejan de crecer en Albacete y Castilla-La Mancha. Sólo en la provincia, en el año de referencia, se capturaron 1.393 cabras, 2.429 ciervos y nada menos que 11.636 jabalíes.
NOTICIA https://www.latribunadealbacete.es/noticia/z1dc9b69e-d354-422e-abdf394b75d69053/202504/los-cazadores-ya-son-una-especie-mas-en-peligro-de-extincion
Agentes del Seprona han sancionado a un septuagenario que colocó varias trampas en una parcela | El animal doméstico paseaba con su dueño por la zona y podría haber muerto ahogado
Un septuagenario residente en un municipio de Alicante podría enfrentarse a una multa histórica de hasta 60.000 euros por colocar trampas de caza ilegales en una parcela rústica. La Guardia Civil ha instruido un expediente sancionador contra este hombre tras reconocer la instalación de estos lazos metálicos.
Los agentes del Instituto Armado recibieron aviso de estos elementos de caza ilegal en Alicante gracias a un ciudadano. Iba paseando con su perro, que quedó atrapado por el cuello en uno de estos lazos metálicos instalados de forma ilegal en una zona cinegética de Beneixama.
El animal doméstico estuvo a la vista de su dueño y, gracias a eso, pudo liberarlo de inmediato y evitar que sufriera lesiones graves, como la muerte por ahogamiento al quedar atrapado en esta trampa de caza ilegal.
Para investigar los hechos, una patrulla del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de Ibi se desplazó hasta el lugar. Allí pudieron constatar la presencia de dos lazos sin freno sujetos a la valla metálica de la parcela por su parte exterior.
Esta técnica se considera un método de caza prohibido y no selectivo, explican fuentes de la Guardia Civil. Los lazos metálicos carecen de tope de seguridad y pueden provocar la muerte tanto de fauna silvestre como de animales domésticos. También suponen un riesgo para personas que transiten por la zona.
El dueño de la finca, identificado
Los agentes identificaron al propietario de la finca, quien reconoció que había instalado los lazos para «proteger su parcela de alimañas». Con el septuagenario presente, los efectivos del Seprona procedieron a la retirada de los elementos, que fueron intervenidos como prueba, y se elaboró acta de inspección.
El lugar se encuentra dentro de un coto de caza señalizado, pero no se trata de una zona de especial protección. No obstante, al tratarse de una zona de paso habitual y no contar los medios empleados con la autorización exigida por la normativa vigente, los hechos fueron clasificados como una infracción muy grave.
Multa de hasta 60.000 euros
El delito se tipifica en la Ley 13/2004 de Caza de la Comunidad, que puede conllevar multas entre 6.001 y 60.000 euros, suspensión de la licencia de caza por un periodo de entre tres y cinco años, decomiso de todos los medios utilizados, incluyendo armas, vehículos y medios auxiliares, y prohibición temporal de obtener licencias de caza en la Comunidad Valenciana durante el periodo de suspensión.
Además, en los casos en que se produzcan daños a especies protegidas o en espacios especialmente protegidos, si los hechos son constitutivos de delito, podría conllevar responsabilidad penal.
Denunciar la caza ilegal
Desde el Seprona se recuerda que el uso de lazos sin freno está expresamente prohibido por su carácter indiscriminado, y que su colocación requiere cumplir estrictos requisitos, incluida formación específica y autorización por parte de la administración competente.
La Guardia Civil insiste en la importancia de denunciar cualquier hallazgo de artes de caza ilegales y valora especialmente la colaboración ciudadana, que en este caso ha resultado clave para evitar consecuencias más graves.
NOTICIA https://www.todoalicante.es/sucesos/caza-ilegal-alicante-lazo-multa-historica-20250426121348-nt.html
La Guardia Civil retiró métodos de captura no selectivos en una zona con presencia estable de especies protegidas.
La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la flora y la fauna en el Coto de Caza de Guadamur (Toledo), dentro de la “Operación Guadazal”. Los hechos, ocurridos el 24 de abril de 2025, se iniciaron tras una denuncia de un particular cuyo perro quedó atrapado en un lazo durante un paseo cerca del acotado.
Efectivos del Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) inspeccionaron la finca y hallaron varios lazos de cable de acero sin freno colocados en zonas de tránsito de fauna. Estos dispositivos, considerados no selectivos y lesivos, impiden que animales no objetivo —como el lince ibérico (Lynx pardinus)— puedan liberarse sin sufrir daños graves o mortales.
Durante la investigación, los agentes identificaron a un individuo en las inmediaciones que portaba en su vehículo utensilios para la caza, incluyendo lazos de acero similares a los instalados, un tridente con tres arpones y material para reparar trampas. Además, se localizó el cadáver de un zorro con un lazo enrollado en el cuello, coincidente con los hallados en el área.
La intervención permitió retirar 18 métodos de captura prohibidos, evitando daños en un ecosistema con presencia estable de especies protegidas. El investigado se enfrenta a una pena de cuatro meses a dos años de prisión, multa de ocho a veinticuatro meses, e inhabilitación para cazar y portar armas hasta por tres años.
La Guardia Civil recuerda que el teléfono 062 y la aplicación ALERTCOPS están disponibles para reportar emergencias ambientales.
NOTICIA https://objetivocastillalamancha.es/contenidos/interceptan-18-trampas-prohibidas-coto-caza-toledo-denuncia-perro-atrapado?fbclid=IwY2xjawKPx9JleHRuA2FlbQIxMABicmlkETA1TUExU1hPYTdlcEF5dGZmAR4Pt4aCfYWw64GcGSY867XRmVqk3Mm-n-yyfKzaIvPKC20S7_mZB-VIZKTY4w_aem_ebYSmoKsvd-HnE6iYIe9Gg
El ejecutivo no hará público el número de animales abatidos, pero informará al Ministerio de Transición Ecológica
El Gobierno de Cantabria ya ha iniciado las extracciones de lobos en la región, en concreto en las zonas de Campoo y Polaciones, en base al Plan de Gestión vigente tras la salida de la especie del LESPRE el pasado 2 de abril.
La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha confirmado la realización por parte de agentes de Medio Natural de las primeras extracciones este martes en declaraciones a los medios de comunicación.
No obstante, no ha indicado cuántas extracciones se han desarrollado hasta el momento de las 41 que se van a llevar a cabo en base a la orden autonómica que recoge un cupo del 20% de los ejemplares estimados en la comunidad autónoma, donde ha recordado que hay 23 manadas y unos 200 lobos.
Susinos ha señalado que el Gobierno de Cantabria no va a «hacer un circo» de las extracciones de lobos, que realiza en base a la «legalidad» y con informes científicos y técnicos y, por ello, no informará de los ejemplares abatidos sino que simplemente lo irá notificando al Ministerio de Transición Ecológica.
NOTICIA https://www.cantabriaeconomica.com/noticias/el-gobierno-de-cantabria-inicia-la-caza-de-lobos-en-campoo-y-polaciones/
La caza de la tórtola europea se prohibió en España y en la mayor parte de la Unión Europea en 2021. La razón para ello fue que diversos estudios científicos, entre ellos el del Comité Científico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en 2016, evidenciaron que la población estaba en un claro declive, tanto las que realizaban su migración por el centro oriente como por el corredor occidental, es decir, a través de la península ibérica.
Según datos del Sistema de Monitorización de Aves comunes (PECMBS), la población de tórtolas sería de 8.850.000 ejemplares. Basándose en estos datos, España ha tenido una cierta recuperación entre 2022 y 2024, con un índice de supervivencia superior a uno. Ahora, la Comisión Europea valora autorizar en esta población la caza del 1’5 %, es decir, 132.000 ejemplares, de los que el 81 % (106.920) corresponderían a España.
Antes de 2021 se mataban entre 700.000 y 800.000 de estas aves al año en España, según estadísticas oficiales del Ministerio de Agricultura. «Esto llevó a la Comisión Europea a abrir un expediente sancionador a España, con lo que el Ministerio se vio obligado a reducir las capturas a 400.000», explican desde el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (FONDENEX), quienes añaden que «también era una exageración».
«Ahora las sociedades de caza de toda la Unión Europea presionan para que se autorice de nuevo la caza de la tórtola europea, pero hay que hacer una serie de precisiones para que esto pudiera ser compatible con la conservación de la especie», señalan. Según datos del IREC (Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos), del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), «sería recomendable ampliar la ‘amnistía’ de las tórtolas».
Para llegar a esta conclusión, se apoyan en que «de 2022 a 2024, años con unas especiales condiciones de sequía y calor, el único parámetro explicable de la estabilización de la población y su leve recuperación sería el aumento de la supervivencia de los adultos, precisamente por la no existencia de caza», aunque apuntan que «en Extremadura la caza no cesó totalmente, pues un supuesto estudio permitió abatir tórtolas en determinadas fincas».
Pero lo que pone en duda autorizar de nuevo la caza de la especie es que no se han implementado los sistemas de control de capturas, “por lo que verificar las aves que se matan es ciencia ficción”, recalcan. «El número que va a fijar la Comisión Europea, el Gobierno de España o las juntas de Andalucía o Extremadura, es una quimera, una falacia, pues nos tememos que nadie va a controlar nada y los cazadores cobrarán todos los ejemplares que deseen».
«Impunidad total para casi todos, porque FONDENEX quiere creer, y lo cree, que sí hay cazadores responsables. Los que no cazan tórtolas», manifiestan.
También se habla de que la caza solo se autorizaría durante cuatro días hábiles, siendo preceptiva una delimitación espacial en atención a las condiciones de hábitats favorables para la tórtola y el esfuerzo realizado en las mejoras de los cotos, en especial en cuanto al mantenimiento de franjas de barbecho, restauración de bosques de riberas y las instalaciones de puntos de agua.
La duda que surge a FONDENEX sobre esto es si «se van a dar autorizaciones específicas a los cotos donde se vayan a cazar tórtolas, es decir, se tendrá que solicitar de forma explícita para obtener autorizaciones también concretas, señalando los días de caza, para así poder fijar las comprobaciones pertinentes, o será una actividad general en los cotos durante el periodo fijado como días hábiles». Cabe recordar que «las monterías notifican fecha de la celebración para que veterinarios, agentes del medio natural y Guardia Civil puedan comprobar todas las autorizaciones».
«¿Cómo se va a organizar y realizar el levantamiento de actas de las tórtolas abatidas y quién lo va a realizar?», plantean. «¿Se va a autorizar a cualquier coto la actividad de cazar tórtolas o se va a dar prioridad a aquellos que han realizado actuaciones para favorecer la conservación de la especie?»
«La tórtola europea solo se puede cazar si se demuestra por organismos independientes que su población puede resistir la presión cinegética, y eso, de momento, nadie lo ha demostrado», concluyen.
NOTICIA https://www.extremadura7dias.com/noticia/advierten-que-no-tenemos-sistemas-para-controlar-la-caza-de-la-tortola
