Castilla-La Mancha y Cataluña concentran más víctimas de la caza en 2025
Cada año, la caza deja en España un número de muertos y heridos que rara vez trasciende más allá de la sección de sucesos. Se presentan como accidentes aislados, fatalidades inevitables o hechos puntuales sin relación entre sí. Sin embargo, cuando se analizan los datos de forma agregada, el panorama es claro: la actividad cinegética constituye un problema estructural de seguridad pública, invisibilizado por la falta de controles adecuados y por la opacidad de la Administración.
Entre 2020 y 2024, al menos 55 personas murieron y 171 resultaron heridas en España como consecuencia directa o indirecta de la actividad cinegética, según recuentos hemerográficos elaborados por organizaciones sociales ante la inexistencia de estadísticas oficiales. A estas cifras hay que añadir 2025, que deja ya 9 personas muertas y 27 heridas*, según un recuento propio basado exclusivamente en noticias publicadas en medios de comunicación.
Estas cifras no proceden de ningún registro público del Estado, porque ese registro no existe. Ni el Ministerio del Interior ni las comunidades autónomas publican estadísticas completas, accesibles y desglosadas sobre accidentes, heridos y fallecidos provocados por la caza. En consecuencia, la ciudadanía desconoce el alcance real de una actividad que se practica con armas de fuego y que ocupa aproximadamente el 85 % del territorio nacional.
El impacto de la actividad cinegética en 2025 no se concentra en un único territorio, sino que se extiende por buena parte del país. Castilla-La Mancha encabeza el balance con 10 víctimas (7 heridos y 3 fallecidos), seguida de Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana. En comunidades como Extremadura, las consecuencias han sido especialmente graves, con dos fallecidos y ningún herido, mientras que Asturias y Andalucía registran una persona muerta y otra herida cada una. El reparto territorial de los casos evidencia que no se trata de episodios aislados, sino de un problema estructural vinculado a una actividad que se practica de forma generalizada en el territorio.
VÍCTIMAS 2025 POR COMUNIDADES
POR COMUNIDADES AUTONOMAS
HERIDOS
FALLECIDOS
TOTAL VÍCTIMAS
ASTURIAS
1
1
2
ANDALUCIA
1
1
2
ARAGON
1
1
CANARIAS
1
1
CASTILLA-LA MANCHA
7
3
10
CASTILLA Y LEON
3
1
4
CATALUÑA
4
1
5
NAVARRA
3
3
C. VALENCIANA
3
3
EXTREMADURA
1
2
3
GALICIA
2
2
TOTALES
27
9
36
VÍCTIMAS DESDE 2020
POR AÑOS
HERIDOS
FALLECIDOS
TOTAL
2020
39
3
42
2021
40
12
52
2022
47
15
62
2023
23
14
37
2024
19
11
30
2025
27
9
35
TOTALES
195
64
259
Un colectivo envejecido sin relevo generacional
Lejos de tratarse de un fenómeno anecdótico, el perfil demográfico del colectivo cazador ha sido analizado científicamente. Un estudio liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), basado en series históricas de licencias durante más de cinco décadas, constata un declive continuado y un envejecimiento muy acusado del colectivo(1).
Según este trabajo:
El número de cazadores ha descendido un 45 % desde la década de 1970.
Más del 40 % de las personas con licencia tiene más de 60 años.
Menos del 5 % es menor de 30 años, lo que evidencia la práctica ausencia de relevo generacional.
El relevo juvenil ha caído cerca de un 90 % en los últimos 50 años.
Los autores advierten de que este envejecimiento compromete la sostenibilidad del modelo cinegético y señalan que las políticas públicas siguen tratándolo como un colectivo estable, homogéneo y funcional, cuando los datos muestran exactamente lo contrario.
Licencias de caza y armas: controles mínimos para una actividad de alto riesgo
A pesar de este envejecimiento generalizado, la otorgación y renovación de licencias de armas vinculadas a la caza en España se apoya en un sistema de controles psicofísicos mínimos, regulado por el Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993), una norma con más de 30 años de antigüedad(2). Esta acreditación se realiza mediante un certificado médico emitido por centros autorizados, independientes de la Guardia Civil. Sin embargo, en la práctica, estos certificados se limitan a pruebas genéricas y breves, similares a las exigidas para la conducción, sin evaluaciones cognitivas profundas, sin pruebas específicas para el uso de armas de fuego y sin protocolos reforzados adaptados al envejecimiento del colectivo cazador. El resultado es un sistema que cumple formalmente la ley, pero que no evalúa de manera efectiva la aptitud real y continuada para portar y usar armas letales.
Las licencias se renuevan de forma periódica, pero el contenido de las pruebas no se refuerza ni se adapta a la edad del solicitante, incluso cuando este supera los 70 años. El procedimiento se limita, en la práctica, a la repetición de un trámite administrativo.
En cualquier otra actividad con riesgos comparables —transporte profesional, seguridad privada, uso de maquinaria pesada— estos estándares serían considerados inaceptables. En dichos sectores existen evaluaciones más exigentes, controles aleatorios y mecanismos de retirada inmediata de la habilitación ante cualquier indicio de riesgo.
Alcohol y drogas: una prohibición sin control efectivo
El propio Reglamento de Armas prohíbe expresamente el uso de armas bajo los efectos del alcohol o las drogas (3). Sin embargo, no existen controles sistemáticos de alcoholemia o drogas durante batidas y monterías.
A diferencia de lo que ocurre en la conducción, no se aplican protocolos preventivos ni controles aleatorios a personas armadas que disparan en grupo, con perros y en entornos frecuentados por población no cazadora. En muchos territorios, los agentes forestales ni siquiera disponen de medios homologados para realizar estas pruebas.
La consecuencia es una prohibición meramente formal, sin aplicación práctica efectiva.
Víctimas invisibles y daños colaterales
No todas las víctimas de la caza son cazadores. Parte de las personas fallecidas o heridas son terceros ajenos a la actividad: senderistas, vecinos de zonas rurales, trabajadores del campo o conductores implicados en accidentes de tráfico provocados por batidas.
Estos casos se diluyen en estadísticas generales de sucesos o siniestros, sin que se reconozca su vinculación con la actividad cinegética. La falta de datos oficiales contribuye a una normalización social de las víctimas, presentadas como inevitables o anecdóticas.
Sin datos no hay responsabilidad
La ausencia de estadísticas oficiales no es un fallo técnico, sino una decisión política. Sin datos públicos no hay evaluación del riesgo, no hay políticas de prevención y no hay rendición de cuentas.
Mientras tanto, organizaciones sociales se ven obligadas a recopilar noticias dispersas para reconstruir una realidad fragmentada pero alarmante.
La pregunta es inevitable: ¿cuántas muertes y heridos serían aceptables si se produjeran en cualquier otra actividad recreativa?
Conclusión: una cuestión de seguridad pública
Exigir controles psicofísicos rigurosos, evaluaciones adaptadas a la edad, controles de alcohol y drogas, limitación efectiva de zonas y calendarios y estadísticas oficiales transparentes no es una postura ideológica. Es una exigencia básica de seguridad pública, salud colectiva y derecho a la información.
Mientras la caza siga produciendo muertos y heridos sin que el Estado los cuente oficialmente, el problema no será solo la actividad cinegética, sino el silencio institucional que la ampara.
Notas y bibliografía
(1) Martínez-Jauregui, M. et al. (2021). “A long-term decline in hunters threatens the sustainability of hunting-based management”. People and Nature, British Ecological Society. Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC). Divulgación CSIC: Un estudio liderado por el CSIC constata el fuerte declive de los cazadores en la Península Ibérica.
(2) Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
(3) Reglamento de Armas, artículos relativos a la prohibición del uso de armas bajo los efectos de alcohol o drogas.
* Enlaces y recuento de víctimas 2025 basado en noticias publicadas en diversos medios de comunicación.
En el Día Internacional del Galgo, la Plataforma NAC convoca una nueva manifestación estatal e internacional por la prohibición de la caza con perros y la abolición de la caza como actividad
Un año más, la Plataforma NAC (No a la Caza) convoca a la ciudadanía a salir a las calles para denunciar una actividad que continúa provocando un sufrimiento sistemático y silenciado a millones de animales. El próximo 1 de febrero de 2026, más de 70 ciudades de todo el Estado español y del ámbito internacional volverán a movilizarse en una manifestación que se ha consolidado como una de las mayores convocatorias en defensa de los animales.
Este año, la fecha adquiere una carga simbólica especialmente relevante, ya que coincide con el Día Internacional del Galgo. Por ello, los galgos y el resto de perros utilizados en la caza estarán en el centro de la reivindicación. Su situación representa como pocas la crueldad, el abandono y la impunidad que rodean a la caza con perros.
Una exclusión que deja a miles de perros en un limbo legal
La exclusión de los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal supuso un golpe devastador para su protección jurídica. Lejos de corregirse, esta desprotección se agrava ahora con el nuevo Real Decreto de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía, que vuelve a dejarlos fuera, impidiendo que las instalaciones donde se alojan —como rehalas y perreras— estén sujetas a controles básicos de bienestar, sanidad y supervisión administrativa.
Esta doble exclusión sitúa a los perros de caza en un limbo legal sin precedentes, donde no se les reconoce una protección efectiva ni se garantiza su bienestar mínimo, a pesar de ser animales de compañía según la legislación vigente en materia de sanidad animal. La ausencia de control facilita situaciones de hacinamiento, falta de atención veterinaria, abandono y maltrato, perpetuando una realidad que las entidades de protección animal llevan décadas denunciando.
Por la prohibición de la caza con perros y la abolición de la caza
Salimos a la calle para exigir:
La prohibición inmediata de la caza con perros, una práctica basada en la explotación, el descarte y el sufrimiento.
La abolición de la caza en todas sus modalidades, por ser incompatible con una sociedad que se dice ética, empática y respetuosa con los animales.
Un marco legal que proteja a todos los animales sin excepciones, sin categorías que legitimen el maltrato.
La caza no es tradición ni cultura. Es una actividad violenta que normaliza el sufrimiento y la muerte como entretenimiento.
Una movilización que crece año tras año
La convocatoria del 1 de febrero de 2026 contará con manifestaciones en más de 70 ciudades a nivel nacional e internacional, demostrando que el rechazo social a la caza sigue creciendo. A día de hoy, más de 500 entidades —protectoras, santuarios, asociaciones animalistas y colectivos sociales— ya se han adherido a esta convocatoria, reforzando una lucha que es colectiva y global.
Por los galgos. Por todos los perros. Por todos los animales.
Este 1 de febrero salimos por quienes no tienen voz, por los galgos explotados y descartados, por los perros de caza abandonados en un vacío legal, y por todos los animales víctimas de una actividad que nunca debió existir.
Ni un año más de impunidad. Ni un perro más excluido. No a la caza.
Un Ministerio no puede presentar como estudio nacional un documento sin datos censales, sin verificación oficial y basado en respuestas voluntarias
Desde la plataforma NAC – No a la Caza denunciamos la falta absoluta de rigor y seriedad del “Estudio sobre la gestión de la protección animal en España” presentado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El documento, financiado con fondos públicos, no se apoya en datos censales ni oficiales, sino en respuestas voluntarias a un cuestionario enviado a ayuntamientos y entidades.
Según el propio informe, solo 357 ayuntamientos respondieron al cuestionario general —de más de 8.100 municipios existentes en España—, y apenas 164 aportaron información sobre entradas y salidas de animales. Esto representa menos del 2 % del total de municipios españoles. A ello se suman las respuestas de 139 entidades de protección animal de las más de 1.500 censadas, de las cuales solo 120 ofrecieron datos sobre gestión de animales.
“No es admisible que un Ministerio presente un documento de este calibre sin un censo real ni cifras oficiales. No podemos consentir políticas públicas que se basen en respuestas voluntarias, sin control, sin certificación y sin datos verificables”.
Un estudio sin representatividad ni base estadística
El informe del Ministerio se presenta en formato de infografía resumida, sin ofrecer tablas completas, metodología detallada ni márgenes de error. Aun así, se presentan porcentajes como si fueran representativos del conjunto del país, pese a que el propio documento reconoce bases de muestra “muy reducidas” en muchas de sus respuestas.
Es imposible construir políticas eficaces de protección animal sin un registro nacional obligatorio, digitalizado y uniforme, que recoja anualmente:
el número de animales recogidos,
su procedencia, raza y especie,
y su destino final (adopción, devolución, fallecimiento o sacrificio).
Si el Ministerio quiere conocer la realidad del abandono animal, tiene que tener los datos. Y si los ayuntamientos no los remiten, debe exigirlos. Que una protectora no pueda responder por falta de medios puede entenderse, pero que un ayuntamiento no tenga censo ni control sobre los animales de su municipio no es serio.
Sin datos reales no hay política pública
Desde NAC consideramos que este estudio no puede utilizarse como base para orientar políticas públicas, ya que no mide ni refleja la magnitud real del abandono animal en España. La ausencia de un censo oficial de animales recogidos y abandonados deja en la sombra miles de casos, incluidos los de perros utilizados en la caza, cuya problemática continúa invisibilizada.
Sin datos reales no hay diagnóstico, y sin diagnóstico no hay protección animal. Exigimos al Ministerio transparencia, trazabilidad y responsabilidad: los animales no pueden seguir desapareciendo en un vacío estadístico.
La Asociación NAC – No a la Caza con Galgos y otras Razas ha presentado hoy sus alegaciones al borrador del Real Decreto sobre Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía, un texto que, una vez más, excluye a los perros utilizados para la caza y a las rehalas de las garantías que sí se aplican al resto de animales de compañía.
Esta exclusión reabre una herida que nunca debió existir. Cuando se aprobó la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, desde NAC denunciamos con firmeza que dejar fuera a los perros de caza, rehalas y animales de trabajo era un error injustificable, que condenaba a miles de animales a seguir sin protección efectiva. Hoy, ese error se repite en el desarrollo reglamentario de la norma, y nos obliga —una vez más— a defender con más fuerza que nunca a quienes no tienen voz.
“La salud y el bienestar no entienden de etiquetas. Un perro es un perro, y todos merecen la misma protección”, —declaramos desde NAC.
Una cuestión de salud y de justicia
Las alegaciones presentadas por NAC advierten de que excluir a las rehalas del control como núcleos zoológicos supone un riesgo sanitario real. Sin supervisión veterinaria ni programas sanitarios obligatorios, las instalaciones cinegéticas pueden convertirse en focos de enfermedades que afectan tanto a los propios perros como, potencialmente, a la salud pública.
Pero más allá del riesgo sanitario, está la cuestión moral y legal: si todos los perros deben estar identificados, controlados y protegidos, ¿por qué unos sí y otros no? Esta distinción no tiene justificación posible y perpetúa una desigualdad que contradice el espíritu de la protección animal que la sociedad española demanda.
Lo que pedimos desde NAC
En nuestras alegaciones solicitamos que el nuevo Real Decreto:
Incluya a las rehalas y perros de caza dentro de la definición de núcleos zoológicos.
Garantice el control veterinario, la trazabilidad y la inspección de todas las instalaciones donde se mantengan perros en grupo.
Aplique los mismos estándares de bienestar y bioseguridad que ya se exigen a criaderos, refugios o residencias caninas.
Por una ley que no deje a nadie atrás
Desde NAC llevamos años denunciando el abandono, el maltrato y la falta de control que sufren muchos perros de caza. La exclusión de estos animales en la Ley de Bienestar Animal fue un paso atrás que rompió la esperanza de lograr una protección integral. Ahora, este Real Decreto ofrece una oportunidad para corregir ese error y avanzar hacia una legislación coherente, equitativa y verdaderamente protectora.
“No pedimos nada extraordinario: pedimos justicia. Que la ley proteja a todos los perros por igual. Porque su vida, su salud y su dignidad no pueden depender del uso que se les dé.”
La vida de miles de perros de caza depende de que los responsables de la legislación escuchen esta vez. Desde NAC seguiremos trabajando para que ninguna ley, decreto o reglamento vuelva a dejarles fuera.
Mientras los pueblos rurales sufren incendios devastadores, sus fronteras naturales arden, y las urgentes necesidades en prevención se ignoran, el dinero público fluye sin restricciones hacia la caza.
Declaramos nuestra profunda desolación ante la tragedia que viven tantas comunidades rurales: la devastación de hogares, pérdida de vidas—humanas y animales—y la destrucción irreparable de nuestra riqueza natural.
Ante esta situación que exige respuestas inmediatas y recursos reales destinados a la prevención de incendios y no a prácticas destructivas, hemos llevado a cabo un estudio cuantificando el coste público destinado a subvencionar la actividad cinegética.
Un total de 50.420.984,27 € han sido entregados en subvenciones públicas al sector cinegético entre 2024 y 2025, distribuido entre las distintas administraciones territoriales.
Es prácticamente imposible alcanzar una cifra global exacta: la información está dispersa entre administraciones estatal, autonómica y local, dividida en múltiples modalidades de ayudas y subvenciones, lo que impide una visión global. Esta opacidad favorece que la caza siga engordando sus bolsillos con recursos públicos, mientras la prevención de incendios y otras necesidades reales de la ciudadanía se quedan relegadas.
De esta forma, podemos constatar que Castilla y León perdona 27 millones de euros en licencias de caza mientras no ejecuta ni la mitad del presupuesto de prevención de incendios o que Extremadura destina más de un millón de euros públicos a subvencionar la caza mientras recorta en prevención de incendios que arrasan sus montes.
Las cifras desglosadas de la vergüenza:
Según los datos publicados por la propia Junta de Extremadura, en 2024 y 2025 se destinan más de 1,2 millones de euros a subvenciones directas al sector de la caza, entre ellas:
65.000 € en 2024 como “subvención nominativa a la Federación Extremeña de Caza para la promoción de actividades deportivas piscícolas”.
4.475 € para actividades deportivas vinculadas a pesca y caza.
30.000 € en 2025 a la gestión de subproductos cinegéticos derivados de acciones de caza mayor (SANDACH).
300.000 € en ayudas específicas 2025–2026 para actuaciones de mantenimiento y mejora de cotos de caza.
4.900 € públicos para la realización de jornadas infantiles de promoción social de la caza en Cáceres.
223.055,89 € en subvenciones y ayudas diversas recibidas por la Federación Extremeña de Caza en 2024.
Mientras tanto, el gobierno autonómico de Castilla y león mantiene un paquete de ayudas millonarias a la actividad cinegética. Las más destacadas son:
Bonificación del 100 % de las licencias de caza y pesca tipo A y B entre 2023 y 2025, con un impacto estimado de 27 millones de euros en ingresos públicos dejados de percibir.
14,5 millones de euros perdonados durante el periodo 2023–2024 por esa misma vía.
A esto se le suman subvenciones complementarias a clubes, federaciones y cotos de comunidades limítrofes con fuerte relación cinegética con Castilla y León:
Navarra: 312.523 € en 2025 para asociaciones locales de cazadores en prevención de daños y mejora del hábitat.
La Rioja: 309.200 € en 2025 para entidades locales integradas en la Reserva Regional de Caza Cameros-Demanda.
Galicia: 275.000 € (convocatoria 2024/2025) para mejora de la gestión cinegética.
Comunidad Valenciana, Andalucía y otras regiones con especies compartidas, dedican entre 500.000 € y 900.000 € anuales para control cinegético, turismo de caza o captura de jabalíes.
“Cada euro que se deja de invertir en cortar el fuego, se está gastando en subvencionar que el monte pierda sus especies limpiadoras naturales”, denunciamos desde la Plataforma NAC. “Es perverso financiar con fondos públicos una actividad que, a su vez, aumenta la propia vulnerabilidad de nuestros bosques y territorios rurales.”
Diversos estudios científicos* han alertado de que la actividad cinegética —especialmente sobre especies como el jabalí, corzo, ciervo o conejo— altera profundamente la dinámica del monte, reduciendo poblaciones que cumplen una labor clave de desbroce natural. Esta eliminación de herbívoros favorece la acumulación de matorral seco, aumentando la carga de combustible vegetal y, con ello, el comportamiento potencialmente explosivo de los incendios.
Es especialmente grave que el fuego en Aliseda (Cáceres) —que ha arrasado más de 4 000 hectáreas— se haya originado con motivaciones cinegéticas y económicas. Según el consejero Abel Bautista, el incendio fue provocado de forma intencionada en dos puntos distintos de una misma finca, por “una cuestión cinegética”, calificando a su autor de “absolutamente desalmado” . Este vínculo directo entre la actividad cinegética y la destrucción del monte es inaceptable.
Desde NAC – No a la Caza exigimos:
Redirección urgente de los fondos públicos destinados a la caza hacia la prevención de incendios y la protección real y efectiva del medio natural.
Transparencia absoluta en la asignación y justificación de subvenciones relacionadas con la caza.
Reconocimiento del valor ecosistémico de la fauna salvaje como agente natural de limpieza y prevención de incendios.
Justicia para Aliseda: esclarecer responsabilidades, sancionar con contundencia y suspender de inmediato cualquier ayuda automáticas a entidades vinculadas a actividades cinegéticas en contextos como este.
Instamos a la opinión pública y a los medios a mantener el foco en la necesidad de priorizar la vida frente a intereses económicos, así como a exigir a las administraciones que asuman responsabilidades y aporten soluciones reales en lugar de subsidios que provocan más destrucción.
Mientras los montes ardan, no podemos quedarnos en silencio. Nos duele España. Nos duelen sus pueblos. Nos duelen los bosques, los animales, y las personas. No permitiremos que el fuego de la caza siga consumiendo lo que más amamos.
España no se apaga con subvenciones a la caza. España se defiende con vida, no con fuego.
Fuentes técnicas y bibliografía consultada
Muñoz, A. et al. (2010). Wild boar (Sus scrofa) rooting increases woody species diversity in Mediterranean shrublands. Acta Oecologica.
Méndez, J. et al. (2012). Herbivoría y estructura del combustible en ambientes mediterráneos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Nogueira, C. et al. (2018). Effects of ungulate management on shrub biomass and fire risk in Mediterranean woodlands. Forest Ecology and Management.
MITECO (2017-2023). Plan Nacional de Actuaciones Preventivas contra Incendios Forestales. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Gobierno de España).
Listado de algunas de las subvenciones publicadas en distintos portales de transparencia y de la administración: EXTREMADURA 2024 Concesión de subvención nominativa a la Federación Extremeña de Pesca para la promoción de actividades deportivas cinegéticas. 4.475,00 € https://www.juntaex.es/w/5593
2024 Concesión de subvención nominativa a la Federación Extremeña de Caza para la promoción de actividades deportivas cinegéticas 65.000,00 € https://www.juntaex.es/w/5593
2025 Ayudas a la gestión de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH), vinculadas a las acciones cinegéticas de caza mayor colectiva llevadas a cabo en cotos cuyo titular sea una Sociedad Local de Cazadores en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2025. 30.000,00 € https://doe.juntaex.es/otrosFormatos/html.php?xml=2024063944&anio=2024&doe=2340o
ALBACETE 2024 Subvención nominal a la Federación de Caza de Castilla-la Mancha para sufragar los gastosocasionados por el Campeonato provincial de Caza Menor con perro 7.000,00 €
2023-2024 bonificación al 100 % de las licencias de caza tipo A, B 14.497.255,00 € Boletín número 386
COMUNIDAD VALENCIANA
2024 Ayuda directa a la Federación de Caza de la C.V. para financiar el Pyto. «Formación del cazador y difusión de los valores de la caza como motor económico en zonas de riesgo de despoblación» 10.000,00 € notificacion-10.pdf
CASTELLON 2025 Subvenciones a los cotos deportivos de caza registrados en la provincia de Castellón para la realización de inverdiones en beneficio de la fauna y ecosistemas realizados durante el ejercicio económico 2025 120.000,00 € https://www.dipcas.es/es/subvenciones.html?f=13459
CANARIAS 2024 A favor de la Federación Deportiva de Caza Canaria para financiar los gastos de gestión, pytos., tecnificación y desplazamientos a competiciones deportivas oficiales 22.576,00 € https://x.com/CazaSubvencion/status/1777801097370890274?s=19
Plataforma NAC junto a Animal Guardians, AnimaNaturalis, Dirus, Ecologistas en Acción, Grupo Lobo Asturias, Lobo Marley y WWF convocan una manifestación histórica en defensa de la protección del lobo ibérico. La convocatoria ha contado con el respaldo de 170 organizaciones de la sociedad civil, que han instado a la ciudadanía a sumarse y hacer oír la voz —y el aullido— del lobo en cada rincón de España.
Este domingo 22 de junio, las calles de Madrid se llenaron de aullidos simbólicos, pancartas y mensajes claros en defensa del lobo ibérico. La manifestación reunió a miles de personas comprometidas con la vida salvaje, la justicia ecológica y la biodiversidad.
La cita fue un éxito de participación y de mensaje. Familias, activistas, colectivos ecologistas y ciudadanos de todas partes de España marcharon hasta la Puerta del Sol exigiendo una protección real y permanente para el lobo ibérico en todo el territorio estatal. Se alzaron voces contra la intención de permitir de nuevo su caza al norte del Duero, rompiendo con su estatus actual como especie protegida dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
Durante la manifestación, se denunciaron también las recientes decisiones políticas que, cediendo ante la presión de determinados sectores cinegéticos y ganaderos, pretenden volver a abrir la veda al lobo en comunidades como Cantabria, Castilla y León y Asturias. Una acción que vulnera directivas europeas de conservación de la fauna y pone en riesgo décadas de avances medioambientales.
“Nos manifestamos hoy para reclamar protección real y efectiva del lobo ibérico, una especie tan emblemática como necesaria para el equilibrio de nuestros ecosistemas. No aceptamos que se juegue con su destino a golpe de presión política y lobbies cazadores. Queremos convivencia, no exterminio”, declaró el portavoz de NAC.
La movilización también hizo hincapié en la necesidad de sustituir los discursos de odio contra el lobo por políticas de convivencia, donde la ganadería extensiva y la fauna salvaje puedan coexistir mediante ayudas eficaces, medidas preventivas y el cumplimiento estricto de la legalidad vigente. La protección del lobo no es solo una cuestión ética: es también una necesidad ecológica.
Desde Plataforma NAC queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas asistentes, a las organizaciones colaboradoras, y a quienes desde distintos puntos del país mostraron su apoyo, tanto presencial como desde redes. Este movimiento ha dejado claro que la sociedad no va a permitir que se dé un paso atrás en la conservación del lobo ibérico.
La lucha continúa. Seguiremos movilizándonos, informando y presionando para que la voz del lobo —y de quienes lo defienden— llegue alto y claro a quienes legislan. Porque el lobo es vida. Porque el lobo se queda.
Más información sobre movilizaciones en el siguiente enlace:
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