La Guardia Civil intervino visores térmicos prohibidos, una cabeza sin precintar y piezas de caza de origen ilegal.
Efectivos de la Patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Veguellina de Órbigo, han desarrollado varias actuaciones con motivo de la época de celo de los ciervos, conocida como “berrea”. Siendo esta una estación en la que dichos animales son más vulnerables, exponiéndose a la vista de las personas, lo cual los hace más fáciles de cazar, incluso en espacios abiertos.
En la Valduerna
Fruto de estos operativos, desarrollados a primeros del mes de octubre, cuando la patrulla del Seprona realizaba vigilancia en un coto de caza de la zona de la Valduerna, se percataron de la presencia de un vehículo que circulaba muy despacio por el monte. Una vez interceptado, procedieron a la identificación del conductor y su acompañante, ambos cazadores y residentes en Extremadura.
Durante la inspección del vehículo, se pudo comprobar que portaban armas para cazar, hallando en el interior dos monoculares térmicos, uno oculto entre los asientos y el otro en el maletero dentro de una mochila, dispositivos considerados prohibidos para cazar en la Comunidad de Autónoma de Castilla y León.
En Truchas
Durante la realización de otro servicio por un coto de caza del término municipal de Truchas, los agentes escuchan disparos y observan movimiento de dos vehículos todo terreno por el monte.
Se realiza vigilancia de la zona y se intercepta un vehículo circulando por un camino, inspeccionado el mismo se localiza en el maletero un arma de caza y una cabeza de ciervo macho sin precintar reglamentariamente, por lo que la misma fue intervenida. En las inmediaciones del lugar se encuentra el cuerpo del animal el cual había sido despiezado.
Igualmente, durante una verificación rutinaria se identifica a una persona, al cual le constan varios antecedentes por infracciones en materia de caza, por lo que se procede al registro del maletero de su vehículo todo terreno y se comprueba que porta varias partes de piezas de caza, (cuartos traseros, paletillas y lomos) correspondientes a dos ciervos, de los cuales no aporta documentos de trazabilidad que indique su legal procedencia.
Las conductas observadas, fueron puestas en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, por ser constitutivos de supuestas infracciones a la normativa de caza de Castilla y León.
Los hechos descritos anteriormente, están tipificados en la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León como graves, lo que es sancionable con cantidades que oscilan entre los 2.000,01 euros a 10.000,00 euros y la posibilidad de retirada de la licencia de caza entre uno y tres años. La sanción también lleva aparejada la indemnización del valor del animal a favor del titular del aprovechamiento cinegético que en el caso del ciervo macho sería de 5.000 euros por ejemplar.
El país registra la cifra más alta de animales muertos desde que existen datos, pese a que las licencias permanecen en mínimos históricos.
La presión sobre la fauna silvestre en España ha alcanzado cifras históricas. Aunque el número de cazadores sigue en mínimos, los resultados de la temporada 2023 muestran un récord absoluto de caza mayor: 781.000 animales abatidos, entre ciervos, corzos, gamos y jabalíes, según el Avance del Anuario de Estadística Forestal, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
“Los rifles han batido su propio récord de grandes animales matados en España: 781.000 piezas muertas en 2023 a base de ciervos, corzos, gamos o jabalíes”, recoge el informe, es decir, el equivalente a 21.000 toneladas de animales.
Licencias en mínimos, caza en máximos
El número de permisos para cazar ha caído drásticamente desde los 1,4 millones en 1985 a 610.000 en 2023, lo que supone un ligero repunte del 2% respecto al mínimo histórico del año anterior.
“En 1999 se mataron unos 150.000 de estos animales (cinco veces menos que actualmente) cuando había el doble de permisos de caza que hoy”, destaca el Anuario.
Mientras tanto, la caza menor muestra un retroceso: de 18 millones de animales abatidos en 2022 a 14 millones en 2023, incluyendo aves, conejos, zorros y liebres.
Más armas, más mortandad
El auge de la caza mayor se refleja en el crecimiento de armas destinadas a esta modalidad. “En el año 2000 había 154.000 rifles para esta disciplina con licencia. En 2023 superaron las 390.000. Mientras los permisos generales para cazar caían un 50%, las armas largas rayadas, que son las preferidas para esta actividad, se han multiplicado un 150% más”, indica el informe.
El jabalí se consolida como la especie más cazada, con 443.000 ejemplares abatidos en 2023, seguido por el ciervo (165.000) y el corzo, que alcanzó un récord histórico de 91.000 animales muertos. “Cada temporada, los cazadores pueden matar casi de manera ilimitada jabalíes con el objetivo de contener a la especie”, advierte el Instituto de Recursos Cinegéticos (IREC) del CSIC y la Universidad de Castilla-La Mancha.
A pesar de los esfuerzos, la sobrepoblación persiste: en 2025 se declararon alertas especiales por jabalí en Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana y Cataluña.
Bosques, biodiversidad y economía rural
Del mismo modo, el Avance de Estadística Forestal 2023 subraya la importancia de los bosques españoles. La superficie forestal alcanza 28,5 millones de hectáreas, el 56% del territorio nacional, con más de 5,6 millones de hectáreas de dehesas y encinares.
“La superficie forestal española continúa creciendo y consolidándose como un pilar fundamental para la biodiversidad, la economía rural y la lucha contra el cambio climático”, concluye el informe.
En 2023, la corta de madera alcanzó 16,75 millones de metros cúbicos, con Galicia a la cabeza de la producción, seguida por País Vasco y Castilla y León. Además, se mantiene un aprovechamiento de otros productos forestales como corcho, castañas, piñones y hongos.
Un equilibrio delicado
No obstante, la caza, la sobreabundancia de ungulados y la gestión forestal reflejan un equilibrio complejo entre naturaleza y actividad humana. La ausencia de depredadores naturales, especialmente el lobo ibérico, ha dejado a los cazadores como “paliativos” frente al desequilibrio, según el CSIC.
La Guardia Civil ha denunciado a un vecino de Cantabria al que sorprendió en las proximidades de Potes cuando llevaba en su vehículo dos cabezas de venado sin precinto, de las que no pudo demostrar su trazabilidad.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Cantabria está realizando servicios preventivos de investigación durante la berrea, como los relacionados con la aparición de tres cuerpos de venado sin cabeza en la zona de Valdeprado del Río, o la localización de posible caza furtiva, entre otros.
Dentro de éstos, el pasado lunes, sobre las 21:00 horas, efectivos del SEPRONA inspeccionaron un vehículo cerca de Potes y localizaron en el maletero dos cabezas de venado.
Estas cabezas carecían del precinto obligatorio, por lo que su transporte es ilegal, al no acreditarse la trazabilidad de las mismas y desconocerse su origen.
DENUNCIA
Por estos hechos, el hombre ha sido denunciado por contravenir la Ley de Caza de Cantabria. Los hechos se consideran una infracción grave, al transportar piezas de caza o sus despieces, con el incumplimiento de la obligatoriedad de llevar el preceptivo precinto, de forma que la denuncia puede llevar aparejada una sanción que podría superar los 3.000 euros.
Los agentes intervinieron las mencionadas piezas, que han quedado depositadas a disposición del Gobierno de Cantabria.
Fue en Fornelos de Montes en el 2021 y afrontan una multa de 3.000 euros. Un agente de Medio Ambiente niega que el animal tuviese heridas o que hubiese un accidente en la escena.
Dos cazadores se sentaron en el banquillo por matar a un jabalí con cuchillo y perros en plena noche en un río, en la carretera de Vilán, en Fornelos de Montes el 13 de diciembre del 2023. Se llevaron el jabalí muerto para su casa, para usarlo como alimento. Afrontan una multa de 3.000 euros porque se trata de un tipo de caza prohibido por la Xunta por la Ley de Caza de Galicia del 2013.
Los acusados grabaron en vídeo cómo uno de ellos remataba al animal salvaje en un río, sujetado por unos perros de presa de raza alano, el cual subieron y difundieron posteriormente en las redes sociales. Un agente ambiental de la Xunta vio las imágenes publicadas en Facebook y abrió una investigación para identificar a los cazadores y comprobar si tenían licencia y permiso especial para actividades cinegéticas nocturnas y con cuchillo.
El juicio se ha celebrado este martes por la mañana en el Juzgado de lo penal número 1 de Vigo. La Fiscalía acusa a los dos implicados de un delito contra la flora y fauna y pide una multa de 3.000 euros. Sin embargo, los acusados alegan que no hacían caza sino que todo se debe a un accidente de tráfico. Según su versión, el jabalí se golpeó con los bajos del coche de uno de ellos y luego colisionó con otro vehículo que circulaba en sentido contrario, antes de escabullirse a rastras por la maleza, «muy herido, porque tenía la columna rota y las patas traseras». Aseguran que la ley obliga a rematar a las piezas heridas para evitarles sufrimientos y agonía durante días.
El conductor que colisionó con el animal llamó al otro acusado para que viniese a rematarlo con cuchillo y perros. Insistió en que el jabalí «estaba echado y no podía salir corriendo, sufría mucho».
Varios agentes desmontan la versión del accidente
El agente ambiental de la Xunta desmontó su versión. Asegura que el jabalí no estaba herido, se movía y se defendía de dos perros que lo agarraban. No había restos de un accidente. Un guardia civil también explicó en el juicio que el animal «intentaba defenderse, algo imposible si tuviese la columna rota».
Otro guardia civil añadió que para cazar con cuchillo y perros de noche «se necesitaba una autorización expresa para esa fecha concreta y con los instrumentos de caza exactos». El abogado le preguntó si no es cierto que la ley permite cazar hasta una hora después del ocaso y el agente respondió que «era noche cerrada». A lo que el agente añadió que si se obtiene un permiso, la escena de la caza debe estar geolocalizada con coordenadas.
Otro testigo aseguró que sí que existió tal accidente. «Vi una furgoneta que frenó de golpe al ver el animal y vi salir un jabalí que cruzó la carretera, lo golpeó otro coche y se escondió en una zanja y unas silvas, se escuchaba mover las silvas». Afirmó, además, que entonces aún no era de noche, mientras que una vecina de los acusados admitió que «era casi noche». «Se nos cruzó el jabalí, frenamos y nos fuimos», añadió. Otro conductor aseguró que su coche sufrió un impacto «y el jabalí salió a rastras por allí. Fue un visto y no visto».
También declaró el mecánico que revisó el vehículo presuntamente accidentado. Según su testimonio, aparecieron daños y cerdas de jabalí en la defensa y las ruedas del mismo. Sin embargo, la Fiscalía replicó que el presupuesto del taller se realizó un año después.
En el juicio se visionó el vídeo donde se ve cómo jalean a los perros que acosan al jabalí y uno anima al otro a sacar la funda del cuchillo y grita: «Dalle, dalle». La Fiscalía, aunque no duda de que hubiese un accidente en la carretera, indica que este fue leve.
Por su parte, la defensa recalcó que la propia ley obliga a los cazadores a rematar las piezas malheridas para evitarles sufrimientos. El abogado consideró muy noble que el conductor llamase a su amigo cazador y coacusado para rematar al jabalí herido sin armas de fuego. También recalcó que la zona de Fornelos es muy boscosa y la maleza cubre los arcenes de las carreteras, por lo que los conductores no pueden reaccionar si cruza un animal salvaje porque no lo ven. Añaden que el cuchillo era pequeño y sería difícil dar muerte a un jabalí de tal calibre que se revuelve. Recalcó que no hubo interés en maltratar a un animal sino en rematarlo como ordena la ley.
Dos cazadores de Fuerteventura, sin autorización para practicar la caza en Lanzarote, se querellaron contra el Seprona por retirarles sus armas en Playa Blanca.
Cuando comienza cada temporada de caza, el Seprona de Lanzarote realiza controles en el puerto de Playa Blanca para inspeccionar a los posibles cazadores que llegan desde Fuerteventura. Hay cazadores de otras islas que se inscriben en Lanzarote para poder cazar porque el cupo es limitado. El número de licencias cada año es menor incluso que el de socios de la Nueva Sociedad de Cazadores, y los de fuera de la Isla se tienen que presentar a un sorteo porque solo se otorgan 25 licencias para los no residentes.
El Cabildo de Lanzarote publica anualmente un listado de cazadores no residentes autorizados, que incluye los nombres de los que pueden cazar. El año pasado, la temporada de caza se alargó entre el 4 de agosto y el 27 de octubre, empezando con la caza de conejo con perro, hurón y aves de cetrería. La caza de perdiz y paloma bravía con escopeta y perro de muestra solo estuvo permitida los domingos entre el 29 de septiembre y el 27 de octubre.
El día que dio comienzo esa campaña, una pareja del Seprona, junto con patrullas del puesto de Yaiza, se colocaron en el puerto de Playa Blanca para realizar las inspecciones oportunas, principalmente para hacer comprobaciones de tenencia de armas. Al menos a dos de esos cazadores a los que les hicieron una inspección les retiraron la escopeta, ya que no estaban inscritos en el Listado y, aunque en ambos casos dieron otras explicaciones de por qué transportaban sus armas, todo apuntaba a que se trasladaban a Lanzarote a cazar sin permiso.
Unos meses después, en enero de este año, los dos cazadores le pusieron una querella a la sargento del Seprona, que dirigía el operativo, por prevaricación administrativa, que finalmente ha sido archivada aunque puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Los cazadores que pusieron la querella son vecinos de Fuerteventura. Uno de ellos es policía local en Puerto del Rosario y el otro, de solo 23 años de edad, trabaja como jardinero en el municipio de La Oliva. A este último le requisaron la escopeta por “portar armas sin necesidad”, en aplicación de distintos artículos del Reglamento de armas.
El artículo 148 señala, por una parte, que los agentes podrán hacer “las comprobaciones necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas”, que se puede proceder a su “ocupación temporal” depositándolas en una Intervención de Armas de la Guardia Civil “incluso de las que se lleven con licencia” por el tiempo imprescindible “para la instrucción de las diligencias o atestados procedentes”.
Uno de ellos manifestó que se dirigía al campo de tiro de Tahíche a practicar, pero llevaba tres perros perdiceros de caza, por lo que los agentes consideraron que era un indicio suficiente de que se dirigía a cazar.
El mismo día, dos horas más tarde, desembarcaba el otro cazador, que es policía local, y que llevaba dos armas. Manifiesta que una de ellas no es suya, que es de su hermano y, en la denuncia, considera que la retirada de las armas es una decisión arbitraria, el requisito para que se produzca la prevaricación, porque los agentes paraban a todos los vehículos que les parecían sospechosos y si no estaban en el listado de cazadores autorizados, se las retiraban.
Los dos argumentan que transportaban las escopetas en su fundas, dentro de vehículos, con permiso y guía, controladas y sin que puedan causar peligro alguno, y añaden que “hay muchas opciones de justificar la necesidad” de llevarlas, como ir a cazar, a un campo de tiro, a un armero o a entregar la escopeta a un otra persona para que haga el traspaso de la misma.
Consideran ellos que el motivo de no estar incluidos en el listado de caza no es suficiente “sin saber quién ha realizado este listado” y sin saber “si quien lo ha autorizado tiene autoridad para ello o no” y qué normativa es la que se incumple para no poder cazar. Además argumentan que la retirada del arma estaría justificada en caso de que exista peligro para la seguridad de personas y bienes o para prevenir la comisión de un delito, pero no una infracción administrativa, que es lo que harían en el supuesto de que fueran a cazar sin autorización.
Los agentes actuaron, según las alegaciones a la denuncia, en base al artículo 18. 2 de la Ley de seguridad ciudadana, que señala que la autoridad podrá “proceder a la ocupación temporal de cualesquiera objetos, instrumentos o medios de agresión, incluso de las armas que se porten con licencia, permiso o autorización si se estima necesario, con objeto de prevenir la comisión de cualquier delito, o cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de los bienes”.
Alegaciones
En las alegaciones ante la denuncia, la Guardia Civil sostiene que “debido a la alta afluencia de cazadores no residentes no autorizados para la caza, el Seprona viene recibiendo solicitudes de colaboración de la Nueva Sociedad de Cazadores a través de la Dirección insular del Gobierno” para hacer los controles pertinentes. En dichas alegaciones y en su ratificación de la denuncia ante la Dirección insular, desarrollan todas las funciones que tiene asignadas por ley la Guardia Civil, y en concreto el Seprona..
Antonio Félix Fernández, presidente de la Nueva Sociedad de Cazadores, señala que se suelen apuntar unas doscientas personas de fuera de Lanzarote y se sortean solo 25 plazas para ese listado, y por tanto, “mucha gente intenta cazar sin permiso”. Asegura que hay que regular la caza para evitar los excesos “y que no se meta nadie de forma ilegal” porque si no, se deterioran los lugares destinados a la caza.
Por eso mismo, piden colaboración tanto al Seprona como a Medio Ambiente del Cabildo, ya que la Sociedad de Cazadores tan solo cuenta ahora con tres agentes y no puede controlar todo el territorio. “Hay que regular por el bien de todos porque si no, nos quedamos sin cazadores, si no hubiera controles, sería un desastre”, añade.
En esas mismas alegaciones, los agentes sostienen que hay un alto índice de infracciones denunciadas por el incumplimiento de la normativa en la utilización de armas de fuego en zonas no autorizadas, como caminos, merenderos y viviendas, cometidas por residentes y no residentes que ponen en riesgo la seguridad ciudadana durante los días de caza de la perdiz con armas, y que por eso se hacen esos controles. Antonio Félix señala que respecto al control de armas se pusieron el año pasado unas 150 infracciones. La Sociedad de cazadores tramitó 84 y de ellas “al menos cuarenta de personas que no tenían permiso para cazar”.
Perros
Uno de los denunciantes, que alegaba que no iba a cazar, llevaba consigo cinco perros de caza, cuatro pointer y un spaniel breton, más las dos escopetas. Decía que una no era suya, pero no tenía el documento de cesión temporal del arma, que es obligatorio. La escopeta se puede ceder a otra persona con permiso, pero con un documento firmado y fechado, por un plazo de quince días y solo para cazar. En las alegaciones, dicen los agentes que “llama poderosamente la atención que el denunciado sea policía local, por lo que conoce perfectamente el reglamento de uso de armas”.
Al carecer del documento de cesión, quiso hacer pasar esa certificación por un papel en blanco con unas firma del supuesto titular, sin los datos de a quién se le cede ni fechas, ni las características del arma, “utilizando su condición de policía local para influir en las decisiones de los agentes de la Guardia Civil”.
Hablan de “conducta dolosa” del denunciado, el policía, que sabía perfectamente que tenía que estar registrado con autorización porque presentó solicitud ante el Cabildo el año anterior y sí aparecía estaba en el listado de no residentes autorizados. “Existía una voluntad consciente y deliberada de realizar un acto ilícito con conocimiento de sus consecuencias dañinas”, explican los agentes.
Además, ese mismo cazador tuvo una actitud desafiante “en todo momento”, “no colaboradora llegando incluso a desobedecer en el control expresamente” y llegando a resistirse, diciendo que si le querían quitar las armas le iban a tener que llevar detenido. Ademas incumplía el Reglamento de armas que obliga a transportarlas en fundas.
Por otra parte, la coartada del otro cazador de que iba a practicar al campo de tiro, tampoco resulta muy creíble, puesto que el único campo de tiro que hay en Lanzarote había comunicado al Seprona que permanecería cerrado durante los días de caza, hasta el final de la temporada.
El Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife finalmente archivó la querella. En su auto de archivo determina que la querella no identifica la concurrencia de los elementos objetivos del tipo penal, en concreto que haya una resolución que reúna los requisitos para colmar las exigencias del delito, ni tampoco de una actuación que vaya más allá de una mera ilegalidad.
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