Varios vecinos del valle daban cobertura a personas llegadas de otras ciudades para cazar estos animales a cambio de altas sumas de dinero.
Los agentes rurales del Val d’Aran y de la Generalitat han denunciado a seis cazadores que se dedicaban a la caza furtiva organizada y altamente especializada. Se trata de tres vecinos del valle que habían sacado un permiso para poder cazar un rebeco pirenaico (Rupicapra pyrenaica), una subespecie que solo se encuentra en el Pirineo y es uno de los trofeos de caza más preciados en España. Este permiso, que para los habitantes de la zona es gratuito e intransferible, en el resto de España puede costar entre 4.000 y 5.000 euros. Los araneses denunciados ejercían de guías a gente de otras zonas para que fueran ellos quien cazaran los rebecos -a cambio de sumas altas de dinero, según los investigadores- a pesar de que la normativa en el valle solo permite cazarlos a los oriundos o con domicilio en la zona, miembros además de las sociedades de caza. Se trata de la práctica cada vez más extendida del turismo cinegético o de caza. Los agentes incautaron un ciervo y tres rebecos cazados. Los denunciados se enfrentan a sanciones de entre 3.001 y 120.000 euros.
Los agentes de medioambiente de Aran y los del Grupo Especial de Venenos y Anti-furtivismo de los Agentes Rurales, sabiendo de la existencia de estas prácticas ilegales, llevan a cabo varios operativos planificados y coordinados y uno de ellos permitió identificar a diversas personas implicadas en actividades de caza furtiva en territorio aranés. Como los investigados cazaban con un modus operandi muy profesional, fueron necesarios seguimientos prolongados y complejos en las zonas altas del valle para documentar con pruebas la actividad ilegal.
En los seguimientos, los agentes pudieron constatar que los cazadores locales proporcionaban orientación y apoyo logístico a personas de fuera del valle, principalmente para la caza ilegal del rebeco. Tras varios seguimientos y vigilancias, hace dos semanas se interceptó en el valle de Toran a un cazador local, concretamente de Canejan, y a otro originario de Valencia. Durante el seguimiento, los agentes observaron cómo los cazadores abatían un ciervo macho y un rebeco hembra, de la que ocultaron la cabeza entre un montículo de piedras para recuperarla posteriormente y no levantar sospechas en caso de inspección. Lo habitual es que al día siguiente, sin ir armado, el cazador acuda a buscar el trofeo escondido.
Los agentes identificaron a los dos cazadores y denunciaron al local por abatir un ciervo, para el que sí tenía permiso de caza, pero no le puso el precinto que marca la ley. La sospecha es que así podía utilizarlo en otro momento. El cazador de Valencia fue sancionado por matar el rebeco hembra sin autorización. La actitud determinada y segura de los infractores fue una evidencia de la amplia experiencia que acumulan en esta práctica ilegal, según los agentes.
Días después, ante nuevas sospechas de actividad clandestina, se inició un nuevo seguimiento a dos cazadores locales, hermanos y con la agravante que uno de ellos es agente de los Mossos d’Esquadra, y a dos cazadores de Puertollano (Ciudad Real). La vigilancia se realizó en el valle de Toran y en la zona de Salient, donde los agentes observaron cómo los cazadores de Ciudad Real disparaban a rebecos. Cuando se les paró una vez acabada la caza, en la inspección del vehículo se localizaron las dos cabezas de los animales. Uno de ellos no tenía precinto y el otro lo tenía mal puesto, lo que podría haber permitido su manipulación y reutilización.
Se da la circunstancia de que este grupo lleva más de siete años siendo investigado por presunta caza furtiva y desde 2017 se le atribuye la caza en el Val d’Aran de al menos 21 rebecos y 3 ciervos. En estas últimas dos operaciones, los agentes les confiscaron las piezas, las armas y diversos artículos utilizados para llevar a cabo la caza furtiva, como prismáticos, visores térmicos y otros instrumentos.
El Tribunal Supremo establece que la caza furtiva puede constituir un delito, incluso si no se captura ninguna pieza, por el mero hecho de ejercer la actividad cinegética sin autorización. Según la normativa vigente, estos actos pueden considerarse infracciones muy graves, que conllevan sanciones de entre 3.001 y 120.000 euros. Además, las personas denunciadas pueden ser expulsadas temporalmente de la sociedad cinegética correspondiente y perder la licencia de caza durante cinco años, lo que les impediría cazar en toda Cataluña durante este período.
Las asociaciones de caza y pesca para la conservación y la gestión sostenible de la actividad cinegética en el Val d’Aran llevan años solicitando reiteradamente un mayor control de las malas prácticas. Por su parte, el Conselh Generau d’Aran, que colabora con estas entidades, reitera la importancia de que todos los agentes trabajen activamente en la detección y denuncia de estas prácticas para garantizar una caza responsable y respetuosa con la fauna silvestre.
La normativa establece que solo pueden cazar rebecos pirenaicos en el Val d’Aran los que tengan un domicilio y estén inscritos en una de las dos sociedades de caza y pesca del valle. Pueden pedir un permiso para un solo día –que va a sorteo- y para cazar un solo ejemplar y no pueden ir acompañados de una persona de fuera del valle ni transferirle la caza.
Los hechos han sucedido en una zona boscosa del municipio este lunes por la mañana y los mossos lo investigan como un «incidente de caza»
Un cazador ha muerto este lunes en Cervera (Lleida) al recibir un disparo presuntamente por parte de otro, que los Mossos d’Esquadra han detenido por un presunto homicidio imprudente.
Según ha podido confirmar Europa Press, los hechos han sucedido en una zona boscosa del municipio este lunes por la mañana y los mossos lo investigan como un «incidente de caza».
Efectivos policiales están en la zona a la espera de que se proceda al levantamiento del cadáver
Un Ministerio no puede presentar como estudio nacional un documento sin datos censales, sin verificación oficial y basado en respuestas voluntarias
Desde la plataforma NAC – No a la Caza denunciamos la falta absoluta de rigor y seriedad del “Estudio sobre la gestión de la protección animal en España” presentado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El documento, financiado con fondos públicos, no se apoya en datos censales ni oficiales, sino en respuestas voluntarias a un cuestionario enviado a ayuntamientos y entidades.
Según el propio informe, solo 357 ayuntamientos respondieron al cuestionario general —de más de 8.100 municipios existentes en España—, y apenas 164 aportaron información sobre entradas y salidas de animales. Esto representa menos del 2 % del total de municipios españoles. A ello se suman las respuestas de 139 entidades de protección animal de las más de 1.500 censadas, de las cuales solo 120 ofrecieron datos sobre gestión de animales.
“No es admisible que un Ministerio presente un documento de este calibre sin un censo real ni cifras oficiales. No podemos consentir políticas públicas que se basen en respuestas voluntarias, sin control, sin certificación y sin datos verificables”.
Un estudio sin representatividad ni base estadística
El informe del Ministerio se presenta en formato de infografía resumida, sin ofrecer tablas completas, metodología detallada ni márgenes de error. Aun así, se presentan porcentajes como si fueran representativos del conjunto del país, pese a que el propio documento reconoce bases de muestra “muy reducidas” en muchas de sus respuestas.
Es imposible construir políticas eficaces de protección animal sin un registro nacional obligatorio, digitalizado y uniforme, que recoja anualmente:
el número de animales recogidos,
su procedencia, raza y especie,
y su destino final (adopción, devolución, fallecimiento o sacrificio).
Si el Ministerio quiere conocer la realidad del abandono animal, tiene que tener los datos. Y si los ayuntamientos no los remiten, debe exigirlos. Que una protectora no pueda responder por falta de medios puede entenderse, pero que un ayuntamiento no tenga censo ni control sobre los animales de su municipio no es serio.
Sin datos reales no hay política pública
Desde NAC consideramos que este estudio no puede utilizarse como base para orientar políticas públicas, ya que no mide ni refleja la magnitud real del abandono animal en España. La ausencia de un censo oficial de animales recogidos y abandonados deja en la sombra miles de casos, incluidos los de perros utilizados en la caza, cuya problemática continúa invisibilizada.
Sin datos reales no hay diagnóstico, y sin diagnóstico no hay protección animal. Exigimos al Ministerio transparencia, trazabilidad y responsabilidad: los animales no pueden seguir desapareciendo en un vacío estadístico.
Un hombre ha sido condenado a pagar 2.700 euros como multa impuesta por el Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén por matar a palos a una cría de jabalí que se encontraba en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.
Así lo recoge el fallo, consultado por Europa Press, en el que se le atribuye un delito contra la fauna. Aunque la Fiscalía ya ha anunciado su recurso para pedir que se agrave la pena, teniéndose en cuenta que los hechos ocurrieron en ese espacio protegido.
Por lo tanto, la sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Audiencia Provincial para que el castigo sea más duro, siguiendo lo que dicta el Código Penal para este tipo de casos en el artículo 334. Incluye prisión de seis a dos años, según la gravedad.
Crimen delante de familias con niños
Los hechos probados señalan que en julio de 2022 en Santiago-Pontones (Jaén) el procesado «golpeó con un palo en reiteradas ocasiones y propinó pisotones a una cría de jabalí, especie silvestre autóctona, de tres kilos de peso, hasta que le causó la muerte«.
Lo hizo delante de familias con niños que se encontraban viendo a la madre con sus crías. Estos animales estaban detrás de una alambrada o valla, que el acusado saltó para aproximarse a ellos, tal y como declaró un testigo del suceso.
Incluso dijo que iba a por uno de esos pequeños jabalís para comérselo por la noche. Después de matarlo en presencia de los menores, acudió a un local cercano para pedir una bolsa con la que llevarse el cadáver a su casa.
Quienes estaban allí llamaron a la Guardia Civil ante tales hechos. El hombre se defendió en el juicio alegando que pensó que la cría le iba a atacar. Un argumento que no se sustentaba, al existir el vallado que permitía a la gente observar con seguridad a los animales salvajes.
Además de la multa, la sentencia le condena a tres años de inhabilitación para la caza y pesca, así como indemnizar a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul con 578 euros, que es en lo que se ha valorado la cría de jabalí.
Barcelona, 2 nov (EFE).- Los bomberos han rescatado este domingo en un bosque de Les Preses (Girona) a un cazador de 73 años que se encontraba herido tras ser embestido por un jabalí, han informado a EFE fuentes de los Bombers de la Generalitat.
Los servicios de emergencias han recibido a las 09:55 horas la llamada de un compañero de caza de la víctima, quien ha informado de que el hombre estaba herido en la rodilla tras ser alcanzado por el animal y de que no podía andar.
Los bomberos han desplazado entonces a la zona cuatro ambulancias y un helicóptero de la unidad de rescate, en el que viajaba un médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
El herido ha sido atendido por el médico en el lugar del accidente y posteriormente ha sido evacuado con la grúa del helicóptero, que lo ha trasladado hasta el parque de los bomberos en Olot, desde donde una ambulancia lo ha evacuado al hospital de la localidad. EFE
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