La Guardia Civil ha denunciado a un vecino de Cantabria al que sorprendió en las proximidades de Potes cuando llevaba en su vehículo dos cabezas de venado sin precinto, de las que no pudo demostrar su trazabilidad.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Cantabria está realizando servicios preventivos de investigación durante la berrea, como los relacionados con la aparición de tres cuerpos de venado sin cabeza en la zona de Valdeprado del Río, o la localización de posible caza furtiva, entre otros.
Dentro de éstos, el pasado lunes, sobre las 21:00 horas, efectivos del SEPRONA inspeccionaron un vehículo cerca de Potes y localizaron en el maletero dos cabezas de venado.
Estas cabezas carecían del precinto obligatorio, por lo que su transporte es ilegal, al no acreditarse la trazabilidad de las mismas y desconocerse su origen.
DENUNCIA
Por estos hechos, el hombre ha sido denunciado por contravenir la Ley de Caza de Cantabria. Los hechos se consideran una infracción grave, al transportar piezas de caza o sus despieces, con el incumplimiento de la obligatoriedad de llevar el preceptivo precinto, de forma que la denuncia puede llevar aparejada una sanción que podría superar los 3.000 euros.
Los agentes intervinieron las mencionadas piezas, que han quedado depositadas a disposición del Gobierno de Cantabria.
Fue en Fornelos de Montes en el 2021 y afrontan una multa de 3.000 euros. Un agente de Medio Ambiente niega que el animal tuviese heridas o que hubiese un accidente en la escena.
Dos cazadores se sentaron en el banquillo por matar a un jabalí con cuchillo y perros en plena noche en un río, en la carretera de Vilán, en Fornelos de Montes el 13 de diciembre del 2023. Se llevaron el jabalí muerto para su casa, para usarlo como alimento. Afrontan una multa de 3.000 euros porque se trata de un tipo de caza prohibido por la Xunta por la Ley de Caza de Galicia del 2013.
Los acusados grabaron en vídeo cómo uno de ellos remataba al animal salvaje en un río, sujetado por unos perros de presa de raza alano, el cual subieron y difundieron posteriormente en las redes sociales. Un agente ambiental de la Xunta vio las imágenes publicadas en Facebook y abrió una investigación para identificar a los cazadores y comprobar si tenían licencia y permiso especial para actividades cinegéticas nocturnas y con cuchillo.
El juicio se ha celebrado este martes por la mañana en el Juzgado de lo penal número 1 de Vigo. La Fiscalía acusa a los dos implicados de un delito contra la flora y fauna y pide una multa de 3.000 euros. Sin embargo, los acusados alegan que no hacían caza sino que todo se debe a un accidente de tráfico. Según su versión, el jabalí se golpeó con los bajos del coche de uno de ellos y luego colisionó con otro vehículo que circulaba en sentido contrario, antes de escabullirse a rastras por la maleza, «muy herido, porque tenía la columna rota y las patas traseras». Aseguran que la ley obliga a rematar a las piezas heridas para evitarles sufrimientos y agonía durante días.
El conductor que colisionó con el animal llamó al otro acusado para que viniese a rematarlo con cuchillo y perros. Insistió en que el jabalí «estaba echado y no podía salir corriendo, sufría mucho».
Varios agentes desmontan la versión del accidente
El agente ambiental de la Xunta desmontó su versión. Asegura que el jabalí no estaba herido, se movía y se defendía de dos perros que lo agarraban. No había restos de un accidente. Un guardia civil también explicó en el juicio que el animal «intentaba defenderse, algo imposible si tuviese la columna rota».
Otro guardia civil añadió que para cazar con cuchillo y perros de noche «se necesitaba una autorización expresa para esa fecha concreta y con los instrumentos de caza exactos». El abogado le preguntó si no es cierto que la ley permite cazar hasta una hora después del ocaso y el agente respondió que «era noche cerrada». A lo que el agente añadió que si se obtiene un permiso, la escena de la caza debe estar geolocalizada con coordenadas.
Otro testigo aseguró que sí que existió tal accidente. «Vi una furgoneta que frenó de golpe al ver el animal y vi salir un jabalí que cruzó la carretera, lo golpeó otro coche y se escondió en una zanja y unas silvas, se escuchaba mover las silvas». Afirmó, además, que entonces aún no era de noche, mientras que una vecina de los acusados admitió que «era casi noche». «Se nos cruzó el jabalí, frenamos y nos fuimos», añadió. Otro conductor aseguró que su coche sufrió un impacto «y el jabalí salió a rastras por allí. Fue un visto y no visto».
También declaró el mecánico que revisó el vehículo presuntamente accidentado. Según su testimonio, aparecieron daños y cerdas de jabalí en la defensa y las ruedas del mismo. Sin embargo, la Fiscalía replicó que el presupuesto del taller se realizó un año después.
En el juicio se visionó el vídeo donde se ve cómo jalean a los perros que acosan al jabalí y uno anima al otro a sacar la funda del cuchillo y grita: «Dalle, dalle». La Fiscalía, aunque no duda de que hubiese un accidente en la carretera, indica que este fue leve.
Por su parte, la defensa recalcó que la propia ley obliga a los cazadores a rematar las piezas malheridas para evitarles sufrimientos. El abogado consideró muy noble que el conductor llamase a su amigo cazador y coacusado para rematar al jabalí herido sin armas de fuego. También recalcó que la zona de Fornelos es muy boscosa y la maleza cubre los arcenes de las carreteras, por lo que los conductores no pueden reaccionar si cruza un animal salvaje porque no lo ven. Añaden que el cuchillo era pequeño y sería difícil dar muerte a un jabalí de tal calibre que se revuelve. Recalcó que no hubo interés en maltratar a un animal sino en rematarlo como ordena la ley.
Dos cazadores de Fuerteventura, sin autorización para practicar la caza en Lanzarote, se querellaron contra el Seprona por retirarles sus armas en Playa Blanca.
Cuando comienza cada temporada de caza, el Seprona de Lanzarote realiza controles en el puerto de Playa Blanca para inspeccionar a los posibles cazadores que llegan desde Fuerteventura. Hay cazadores de otras islas que se inscriben en Lanzarote para poder cazar porque el cupo es limitado. El número de licencias cada año es menor incluso que el de socios de la Nueva Sociedad de Cazadores, y los de fuera de la Isla se tienen que presentar a un sorteo porque solo se otorgan 25 licencias para los no residentes.
El Cabildo de Lanzarote publica anualmente un listado de cazadores no residentes autorizados, que incluye los nombres de los que pueden cazar. El año pasado, la temporada de caza se alargó entre el 4 de agosto y el 27 de octubre, empezando con la caza de conejo con perro, hurón y aves de cetrería. La caza de perdiz y paloma bravía con escopeta y perro de muestra solo estuvo permitida los domingos entre el 29 de septiembre y el 27 de octubre.
El día que dio comienzo esa campaña, una pareja del Seprona, junto con patrullas del puesto de Yaiza, se colocaron en el puerto de Playa Blanca para realizar las inspecciones oportunas, principalmente para hacer comprobaciones de tenencia de armas. Al menos a dos de esos cazadores a los que les hicieron una inspección les retiraron la escopeta, ya que no estaban inscritos en el Listado y, aunque en ambos casos dieron otras explicaciones de por qué transportaban sus armas, todo apuntaba a que se trasladaban a Lanzarote a cazar sin permiso.
Unos meses después, en enero de este año, los dos cazadores le pusieron una querella a la sargento del Seprona, que dirigía el operativo, por prevaricación administrativa, que finalmente ha sido archivada aunque puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Los cazadores que pusieron la querella son vecinos de Fuerteventura. Uno de ellos es policía local en Puerto del Rosario y el otro, de solo 23 años de edad, trabaja como jardinero en el municipio de La Oliva. A este último le requisaron la escopeta por “portar armas sin necesidad”, en aplicación de distintos artículos del Reglamento de armas.
El artículo 148 señala, por una parte, que los agentes podrán hacer “las comprobaciones necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas”, que se puede proceder a su “ocupación temporal” depositándolas en una Intervención de Armas de la Guardia Civil “incluso de las que se lleven con licencia” por el tiempo imprescindible “para la instrucción de las diligencias o atestados procedentes”.
Uno de ellos manifestó que se dirigía al campo de tiro de Tahíche a practicar, pero llevaba tres perros perdiceros de caza, por lo que los agentes consideraron que era un indicio suficiente de que se dirigía a cazar.
El mismo día, dos horas más tarde, desembarcaba el otro cazador, que es policía local, y que llevaba dos armas. Manifiesta que una de ellas no es suya, que es de su hermano y, en la denuncia, considera que la retirada de las armas es una decisión arbitraria, el requisito para que se produzca la prevaricación, porque los agentes paraban a todos los vehículos que les parecían sospechosos y si no estaban en el listado de cazadores autorizados, se las retiraban.
Los dos argumentan que transportaban las escopetas en su fundas, dentro de vehículos, con permiso y guía, controladas y sin que puedan causar peligro alguno, y añaden que “hay muchas opciones de justificar la necesidad” de llevarlas, como ir a cazar, a un campo de tiro, a un armero o a entregar la escopeta a un otra persona para que haga el traspaso de la misma.
Consideran ellos que el motivo de no estar incluidos en el listado de caza no es suficiente “sin saber quién ha realizado este listado” y sin saber “si quien lo ha autorizado tiene autoridad para ello o no” y qué normativa es la que se incumple para no poder cazar. Además argumentan que la retirada del arma estaría justificada en caso de que exista peligro para la seguridad de personas y bienes o para prevenir la comisión de un delito, pero no una infracción administrativa, que es lo que harían en el supuesto de que fueran a cazar sin autorización.
Los agentes actuaron, según las alegaciones a la denuncia, en base al artículo 18. 2 de la Ley de seguridad ciudadana, que señala que la autoridad podrá “proceder a la ocupación temporal de cualesquiera objetos, instrumentos o medios de agresión, incluso de las armas que se porten con licencia, permiso o autorización si se estima necesario, con objeto de prevenir la comisión de cualquier delito, o cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de los bienes”.
Alegaciones
En las alegaciones ante la denuncia, la Guardia Civil sostiene que “debido a la alta afluencia de cazadores no residentes no autorizados para la caza, el Seprona viene recibiendo solicitudes de colaboración de la Nueva Sociedad de Cazadores a través de la Dirección insular del Gobierno” para hacer los controles pertinentes. En dichas alegaciones y en su ratificación de la denuncia ante la Dirección insular, desarrollan todas las funciones que tiene asignadas por ley la Guardia Civil, y en concreto el Seprona..
Antonio Félix Fernández, presidente de la Nueva Sociedad de Cazadores, señala que se suelen apuntar unas doscientas personas de fuera de Lanzarote y se sortean solo 25 plazas para ese listado, y por tanto, “mucha gente intenta cazar sin permiso”. Asegura que hay que regular la caza para evitar los excesos “y que no se meta nadie de forma ilegal” porque si no, se deterioran los lugares destinados a la caza.
Por eso mismo, piden colaboración tanto al Seprona como a Medio Ambiente del Cabildo, ya que la Sociedad de Cazadores tan solo cuenta ahora con tres agentes y no puede controlar todo el territorio. “Hay que regular por el bien de todos porque si no, nos quedamos sin cazadores, si no hubiera controles, sería un desastre”, añade.
En esas mismas alegaciones, los agentes sostienen que hay un alto índice de infracciones denunciadas por el incumplimiento de la normativa en la utilización de armas de fuego en zonas no autorizadas, como caminos, merenderos y viviendas, cometidas por residentes y no residentes que ponen en riesgo la seguridad ciudadana durante los días de caza de la perdiz con armas, y que por eso se hacen esos controles. Antonio Félix señala que respecto al control de armas se pusieron el año pasado unas 150 infracciones. La Sociedad de cazadores tramitó 84 y de ellas “al menos cuarenta de personas que no tenían permiso para cazar”.
Perros
Uno de los denunciantes, que alegaba que no iba a cazar, llevaba consigo cinco perros de caza, cuatro pointer y un spaniel breton, más las dos escopetas. Decía que una no era suya, pero no tenía el documento de cesión temporal del arma, que es obligatorio. La escopeta se puede ceder a otra persona con permiso, pero con un documento firmado y fechado, por un plazo de quince días y solo para cazar. En las alegaciones, dicen los agentes que “llama poderosamente la atención que el denunciado sea policía local, por lo que conoce perfectamente el reglamento de uso de armas”.
Al carecer del documento de cesión, quiso hacer pasar esa certificación por un papel en blanco con unas firma del supuesto titular, sin los datos de a quién se le cede ni fechas, ni las características del arma, “utilizando su condición de policía local para influir en las decisiones de los agentes de la Guardia Civil”.
Hablan de “conducta dolosa” del denunciado, el policía, que sabía perfectamente que tenía que estar registrado con autorización porque presentó solicitud ante el Cabildo el año anterior y sí aparecía estaba en el listado de no residentes autorizados. “Existía una voluntad consciente y deliberada de realizar un acto ilícito con conocimiento de sus consecuencias dañinas”, explican los agentes.
Además, ese mismo cazador tuvo una actitud desafiante “en todo momento”, “no colaboradora llegando incluso a desobedecer en el control expresamente” y llegando a resistirse, diciendo que si le querían quitar las armas le iban a tener que llevar detenido. Ademas incumplía el Reglamento de armas que obliga a transportarlas en fundas.
Por otra parte, la coartada del otro cazador de que iba a practicar al campo de tiro, tampoco resulta muy creíble, puesto que el único campo de tiro que hay en Lanzarote había comunicado al Seprona que permanecería cerrado durante los días de caza, hasta el final de la temporada.
El Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife finalmente archivó la querella. En su auto de archivo determina que la querella no identifica la concurrencia de los elementos objetivos del tipo penal, en concreto que haya una resolución que reúna los requisitos para colmar las exigencias del delito, ni tampoco de una actuación que vaya más allá de una mera ilegalidad.
Pensábamos que no podíamos ver más cacicadas en contra de los perros de caza en este país; nos equivocábamos. Sí, aún hay más. La Dirección General de Derechos de los Animales, en sus dos legislaturas de vida, está siendo el peor enemigo de los perros utilizados para la caza desde que comenzó la democracia. Es increíble, pero cierto; un organismo que debería protegerlos los está dejando tan vendidos a los cazadores y maltratadores como no veíamos desde 1991. Tal cual, lean hasta el final y lo verán. Primero bajo el mandato de Ione Belarra, que en 2023 creó la Ley Nacional de Derechos de los Animales que deja fuera de su amparo a los perros de caza, y que ha hecho retroceder todos los adelantos que se habían conseguido en este terreno a lo largo de tres décadas en las leyes autonómicas. Pero aún sigue la pesadilla.
Hace unos días se creó el Consejo Estatal de Protección Animal. En su constitución, el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, anunció a bombo y platillo estar trabajando en un borrador para que los perros de caza y su normativa de núcleos zoológicos, las rehalas para entendernos, pasen a ser gestionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en vez de por su Dirección General. Es decir, dejarlos desamparados del todo, porque aquí no somos nuevos, y todos sabemos que derivarlos al Ministerio de Agricultura es condenarlos al más puro olvido, es acallar su martirio. Y también todos sabemos que ese es el ministerio en el que históricamente tiene más peso e influencia el lobby cazador.
Pero no se ha debido percatar el director general que la propuesta de su borrador es totalmente ilegal, puesto que en la Ley de Sanidad 8/2003 se dice textualmente “perros, gatos y hurones, independientemente del fin al que se destinen o del lugar en el que habiten o del que procedan, serán considerados animales de compañía”. Y resulta que en la base legal de la creación de la Dirección General de Derechos de los Animales se dispone que su cometido es velar por todos los animales de compañía. Pues nada, tendrá que derogar la Ley 8/2003 para llevar a cabo su borrador, o saltársela a la torera. Y también tendrá que saltarse a la torera, para regalarle los perros de caza a otro ministerio o a los cazadores, la Ley 7/2023.
Eso sí, el anuncio de este borrador lo están celebrando con el mismo bombo y platillo los cazadores y maltratadores; tampoco son nuevos, y saben que les proporcionaría rienda suelta para seguir maltratando, y maltratar más impunemente aún, a todas sus rehalas de perros.
El mediático asesinato, que conmocionó este verano a media España, de 32 galgos muertos por inanición mientras permanecían encadenados en la rehala del cazador llamado El Patillas, en vez de hacer reflexionar a la Dirección General de Derechos de los Animales en la urgencia de su protección (que es su deber), da la impresión de que los ha llevado a querer quitárselos de encima; sí, quitárselos rapidito de en medio para que no les salpique su sangre, importándoles tres narices dejarlos alegremente en manos de sus maltratadores. Porque repito que aquí no somos nuevos, y todos sabemos que esta derivación que pretenden hacer al Ministerio de Agricultura es para silenciar el martirio de estos animales y lavarse las manos. Y repito que también todos sabemos que ese es el ministerio en el que históricamente tiene más peso e influencia el lobby cazador.
En esa misma reunión, el director general de dicho ministerio, Emilio Luis García Muro, dejó claro tampoco conoce la ley, y llegó a decir públicamente una afirmación heredada nada más y nada menos que de Descartes: los perros de caza son animales de explotación. Discúlpeme, pero le corrijo: no son animales de explotación, sino que son perros explotados, que es tremendamente diferente. Y justo por eso es a los que más se les debe proteger. Y justamente por ser perros, y, por tanto, animales de compañía, legalmente todo lo que les compete debe estar bajo la Dirección General de Derechos de los Animales.
¿Cómo una Dirección de Derechos de los Animales lo permite, y no se plantea trabajar para subsanar la ley nacional e incluir bajo su amparo a los perros más desamparados de este país, y cómo no intenta protegerlos en sus terribles rehalas que es donde más salvajemente son maltratados? ¿Para qué sirve entonces una Dirección General que trabaja para favorecer los derechos de los animales, para desprotegerlos? La cuestión es querer hacer las cosas o no querer. Me pregunto por dónde anda el compromiso de su formación de proteger a los perros de caza. Porque lo curioso es que esta dirección general depende de un ministerio de Sumar, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Parece que en Sumar tienen mala memoria; habrá que refrescársela. Dos de los partidos políticos germen y núcleo de esta formación, Más País y Compromís, votaron en contra de la Ley Nacional de Protección Animal alegando que jamás votarían a favor de una ley que excluyese a los perros de caza, por ser los más maltratados de este país y a los que más había que proteger. Esas mismas formaciones, y también Más Madrid, se unieron a la campaña #mismosperrosmismaley en contra de dejar fuera del amparo de la Ley Nacional a los perros utilizados para la caza. Pesos pesados de su formación dieron con valentía un paso al frente contra la Ley de Belarra ante la injusticia que iba a cometer y cometió. Se supieron diferenciar, y prometieron que lo subsanarían.
¿Dónde están ahora? Puedo pensar que el ministro del que ahora depende todo esto, Pablo Bustinduy, como vivía fuera de España cuando se tramitó la Ley Nacional de Derechos de los Animales igual no se enteró de nada; o como su último trabajo político fue en la formación morada, tal vez crea que tiene que defender la casposa herencia en materia de protección animal de su predecesora de Unidas Podemos. Pero, que yo sepa, ahora es ministro de Sumar; y que yo sepa –que de esto vaya si sé– Sumar encargó para su programa electoral a una conocida animalista que le redactase toda su defensa por los derechos de los animales.
Igual tienen que volver a leerse su propio programa electoral, igual tienen que revisar la historia de los partidos que conforman Sumar, igual tienen que hacer memoria de sus promesas, igual deben tener sensatez para comenzar a escuchar y poner los pies en la tierra… en esta tierra nuestra repleta de rehalas de perros maltratados hasta la muerte. Deberían aclararse en Sumar, porque la mayoría de los partidos que lo conforman votaron y se declararon en contra de que los perros de caza estuviesen fuera de la Ley Nacional; siguen luchando por ellos a través de Más Madrid en Madrid, pero paradójicamente en la Dirección General de Derechos de los Animales van en contra de ellos, a veces les quedan tics de Podemos y otras veces no, sus promesas parece que se las lleva el viento… Esto es un lío…, esto es un lío que sólo resta, y resta encima para los más desfavorecidos: los perros de caza. Sumen de una vez ¿no?
Se ve a la legua que están utilizando la misma regla de tres que empleaban los esclavistas. No se me alteren, sigan leyendo y lo verán claro.
Ellos a los esclavos no los consideraban personas, sino animales de trabajo, por puro racismo y por utilizarlos como esclavos, por lo cual estaban excluidos de cualquier tipo de derecho. Esto mismito es lo que están haciendo con los perros en este país: si eres un caniche y vives con una familia, eres un animal de compañía y tienes unos derechos que te protegen; pero si eres un galgo y tienes la maldita suerte de mal vivir en una rehala, algunos gobernantes nuestros creen que eres un animal de explotación y careces absolutamente de ningún amparo de la ley.
Guau, no puedo encontrar razonamiento más retrógrado, racista, clasista, más fuera de este siglo y más cercano al salvaje Descartes.
Pues esto es lo que pretenden hacer desde un Ministerio de Derechos Sociales; y siendo parte de una formación que defendía la entrada de los perros de caza en la Ley Nacional. Es toda una incongruencia con cuatro patas. Para enmarcar, haciendo historia, di que sí. Es rebobinar para volver a ver la película Los santos inocentes, con ese olor a caciquismo y cacerías que da pavor.
Y aquí hay en juego la vida de cientos de miles de santos y muy inocentes: los perros de caza.
¿Todo esto lo están haciendo por la memoria de los 32 galgos que fueron asesinados de inanición encadenados en una rehala de Badajoz este agosto a manos del Patillas? Hay que apuntar que este no es un caso aislado, es un caso que se ha hecho mediático, pero hay infinidad de cazadores igualitos al Patillas a lo largo de nuestra geografía. Sólo hace cinco días la Guardia Civil ha incautado en una rehala de Tarragona una veintena de perros muertos y otros moribundos dentro de contenedores sin comida y agua. Es la realidad que día a día se encuentra el Seprona y los albergues de animales abandonados en las rehalas de media España.
Las rehalas de Belarra
No olvidemos las cifras: anualmente unos 200.000 perros procedentes de rehalas son recogidos apaleados, desnutridos, aterrorizados y en unas condiciones tan lamentables que no serían capaces ni de imaginar. Y otros miles por desgracia son encontrados ya muertos. Y ante esto la Dirección General de Derechos de los Animales, en vez de protegerlos –digo yo, ¡de blindarlos!, que es lo que deberían hacer ante tanta barbarie–, pretenden regalárselos a los cazadores para que los martiricen sin ni siquiera supervisión suya. Precioso, muy progresista y lógico todo.
Repito: la Dirección General de Derechos de los Animales, en sus dos legislaturas de vida, está siendo el peor enemigo de los perros utilizados para la caza desde que comenzó la democracia. Les hago un resumen y lo verán: En 1991 sale la primera ley de protección animal autonómica en Canarias, una ley muy moderna; le siguen en 1992 las de Baleares y Cantabria; Castilla y León la crea en 1997; ya en la siguiente década, en 2002, llega la ley de Asturias, en 2003 hacen lo propio Aragón y Andalucía, Cataluña en 2008, Ceuta en 2015, Madrid en 2016, en 2017 Galicia, Murcia y Melilla, La Rioja en 2018, al año siguiente Navarra, Castilla-La Mancha en 2020, País Vasco en 2022 y la Comunidad Valenciana en 2023. Y llega en ese mismo 2023 la ansiada Ley Nacional de Derechos de los Animales anunciada a bombo y platillo por Ione Belarra. La celebran con el mismo bombo y platillo los cazadores.
¿Qué ocurre?
Que hace retroceder en protección a los perros de caza, que estaban protegidos en todas las leyes autonómicas, porque la Ley Nacional directamente los excluye de protección alguna. Es la peorcita de todas. ¿En qué cabeza cabe legislar para retroceder?, ¿en qué cabeza cabe dejar fuera de la ley a los perros más necesitados, porque son los más maltratados? Con esta maldita Ley Nacional el lobby cazador ve una oportunidad de oro, se lo deja Belarra en bandeja de plata, y logran derogar la Ley Autonómica de La Rioja que protegía a estos perros; en Madrid se ha hecho una revisión de su ley autonómica, continúan estando amparados los perros de caza pero ha mermado su protección; y Más Madrid, que pertenece a Sumar, ha estado muy en contra de dicho retroceso… Así un suma y sigue, ya que muchas de estas leyes autonómicas están siendo modificadas para alinearse con la nueva ley de bienestar animal estatal que tan bien le viene a los cazadores y maltratadores. Es decir, nos han hecho retroceder décadas en protección animal y han dejado desamparados a los pobres perros utilizados para cazar.
Y ahora el nuevo director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, encima de no hacer lo que su partido Sumar prometió –ponerlos bajo el paraguas de protección de la Ley–, no solo no lo hace, sino que además pretende que la protección y supervisión de las rehalas no dependa de la Dirección General de Derechos de los Animales, sino que lo haga del Ministerio de Agricultura. Debe ser que los caniches, pomeranias, chihuahuas… son perros, pero deben creer que los galgos, podencos, bodegueros… no son perros, resulta que deben ser hortalizas. Ya si nos ponemos a saltarnos la lógica, la ley y las promesas, podían mandar a los perros de caza al Ministerio de Cultura, que su ministro es el más avanzado de todos, o al de Sanidad, donde su ministra tiene una podenca. Hay que tener cuajo.
¿Pero nadie en su partido va a parar este locurón?
Parece que ustedes van a rematar a cientos de miles de perros en este país. Es sencillo, no entienden, ni atienden y les importa tres narices; esto último es lo más indignante, la diferencia entre protección y desprotección. ¿Qué no entienden todavía? ¿Para qué crearon esa Dirección General de Derechos de los Animales… para ayudarlos o para dejarlos mucho peor que estaban antes? Con sus acciones e inacciones, con no subsanar el terrible agujero negro que deja fuera de la Ley Nacional de Derechos de los Animales a los necesitadísimos perros utilizados para la caza, con este borrador que los vende directamente al lobby cazador, con este decreto que vuelve a olvidarlos y a mandarlos al infierno, dejan claro que no entienden ni lo más mínimo.
Aún se trata de un borrador, aún están a tiempo de enmendarlo, aún están a tiempo. Si no, nos tocará enmendarles la plana. Enmendarles la plana con nuestra voz, voces internacionales y nuestros votos. Enmendarles la plana aquí y en Europa. Tienen la pelota en su campo; pueden meter gol y que todos veamos por fin de una vez para qué sirve una Dirección General de Derechos de los Animales, o pueden meterse gol en propia puerta (será celebradísimo por la España más oscura).
Coincidiendo con la presentación de ese borrador, se convocaban manifestaciones en Alemania contra el maltrato en España a los perros utilizados para la caza. Más de 2.000 galgos y podencos españoles, rescatados de rehalas y adoptados en Alemania, han marchado por las calles de Mainz en la Galgomarsch. Los medios alemanes se han hecho eco de esta marea de solidaridad, que también se extendió por Bremen y Leipzig. Tampoco han debido de ver las masivas manifestaciones que hay cada primer domingo de febrero en Londres, Estrasburgo, Berlín… Pues deberían verlas, se lo recomiendo, a ver si hacen algo para dejar de tener esta merecida fama de país maltratador de perros.
No soy Tezanos, pero les adelanto que buena parte de sus votantes van a sentirse muy defraudados y engañados. Y también les adelanto que el voto animalista que tuviesen lo van a perder de cuajo; bueno, lo primero que perderán es la sensatez, credibilidad y vergüenza, pero lo que hay que reconocerles es que van a sumar un espectro de votantes con los que no contaban: cazadores y maltratadores.
Como no cambien, a ver cómo van ustedes de cara a las próximas elecciones a intentar apropiarse de nuevo de la causa animalista; vayan ustedes a intentar engañarnos de nuevo, a hablar de progresismo, vayan con mil milongas más…, ¿a ver qué pueden decirles ahora de la casta si se doblegan al lobby cazador? Doy por hecho que lo intentarán por rascar votos, y por blanquear la imagen de sus actos.
Más Madrid y PACMA
Hay ya rumores de que Más Madrid, integrante muy activo de Sumar y que ahora mismo podría y debería posicionarse del lado correcto como hizo en su día Más País, pretende cortejar al partido animalista PACMA para conseguir sus votantes. Pues ahora tienen en su mano presionar, o dicho más finamente, ayudar a reflexionar al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. No lo olviden; si algún día pretenden cortejar el voto de los animalistas madrileños, que tan bien les vendría para que les diesen los números, seguramente ellos no olviden qué hacen ustedes ahora.
En esta vida lo que cuentan son los hechos e ir de cara, a ver cuándo lo aprenden los políticos. Y a esta izquierda, que va de salvadora del movimiento animalista mientras lo ahoga, lo que se les lleva viendo tiempo en vez de la cara es el plumero, por desgracia. Ojalá fuese una opinión…, pero son los hechos.
Y como sigan en la misma línea, recuérdenlo cuando entre sus votantes vean mucho chaleco de camuflaje y gorra de chenilla a cuadros. Se lo deben, el lobby cazador le tiene que estar agradecidísimo a Unidas Podemos, PSOE y puede que a Sumar. Si finalmente les regalan las rehalas, se los llevan ustedes de calle. Porque les están regalando a los cazadores campar a sus anchas y están robando directamente votantes a VOX. Tal cual. A este paso, si algún día VOX llega al Gobierno de este país –las urnas no lo quieran– contra todo pronóstico no se van a cargar esa dirección general; ya no les parecerá un chiringuito, sino un filón.
Y todo esto lo están creando ustedes solitos. Empezó la señora Ione Belarra y por ahora parece que continúa en la misma línea el señor Pablo Bustinduy; ojalá reflexione. Quién les iba decir a ustedes que sus decisiones políticas se las aplaudirían y vitorearían los cazadores de este país. Ver para creer. Qué poca memoria y cuánto cinismo.
La víctima era integrante de la sociedad de cazadores Los Templarios y en el momento de los hechos estaban celebrando una jornada de convivencia.
Un hombre de 57 años de edad ha muerto este domingo 5 de octubre de un disparo cuando estaba en un campo de tiro en la localidad pacense de Jerez de los Caballeros. El suceso se ha producido en torno a las 13 horas, cuando ha recibido un tiro tras un disparo producido por él mismo, este varón vecino de Jerez.
Según ha podido saber HOY, la víctima es José Escudero Gordillo. El fallecido era integrante de la sociedad de cazadores Los Templarios, cuyos miembros estaban celebrando una jornada de convivencia en el campo de tiro jerezano. Se trataba de una jornada festiva organizada por la propia sociedad para homenajear a título póstumo a un miembro muy querido que había fallecido recientemente. Tras producirse el suceso, todos los actos programados fueron suspendidos.
Su fallecimiento llegó tras ese disparo, que no le causó la muerte en el mismo momento de los hechos pero sí unos minutos después tras ser llevado al centro de salud para recibir atención médica.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las pesquisas de este suceso.
Sobre los motivos del disparo, fuentes de la investigación no aclaran si fue voluntario o fortuito pero sí se descartan la intervención de otra persona.
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