El Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo ha condenado a un cazador furtivo al pago de una multa de 3.600 euros y a la privación del ejercicio de la caza durante cuatro años tras la acusación ejercida por el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), ha informado ese jueves la organización conservacionista.
Los hechos tuvieron lugar en el año 2022, cuando las cámaras científicas y de investigación de foto trampeo del FAPAS captaron a un cazador furtivo con pasamontañas y con un arma dotada de silenciador, en el corazón del Parque Natural de las Ubiñas-La Mesa, «espacio protegido y de máxima importancia ecológica», que también ha sido declarado Reserva de la Biosfera.
El cazador furtivo fue identificado por agentes de la autoridad y mostró a la Guardia Civil las armas de su propiedad, una de ellas el rifle con el que fue captado.
FAPAS ha celebrado que se haya validado jurídicamente como prueba de cargo las imágenes captadas por las cámaras científicas de foto trampeo que tiene instaladas para sus trabajos científicos y de investigación relativos a la fauna silvestre.
Además, ha resaltado que la importancia que ha tenido en este caso la figura de la acusación particular ejercida por la asociación ambiental, ya que el Principado no se había personado, «aun cuando el ordenamiento jurídico se lo exige como administración pública que se encuentra obligada a ejercer las acciones legales oportunas tanto para su defensa como en su calidad de garante del interés general y el patrimonio natural».
Para FAPAS, la sentencia representa «un gran referente jurisprudencial al expresar de manera rotunda» que «el furtivismo es una lacra que debe combatirse con el máximo reproche del derecho». EFE
NOTICIA https://efe.com/principado-de-asturias/2025-11-27/condenado-cazador-furtivo-captado-camaras-fapas/
Ecologistas en Acción denuncia que la Delegación Territorial carece de personal para supervisar los planes cinegéticos y alertan de situaciones de peligro en zonas recreativas como Los Villares
Ecologistas en Acción ha alertado, a través de una nota de prensa, de que la actividad cinegética que se desarrolla en la Sierra de Córdoba se lleva a cabo sin el control adecuado por parte de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, lo que “incrementa el riesgo para los numerosos usuarios que frecuentan estos espacios cada fin de semana”. Según la organización, la falta de personal técnico impide revisar los Planes Técnicos de Caza (PTC) y supervisar sobre el terreno la ubicación de las armadas de cazadores durante batidas y monterías, una carencia que consideran especialmente peligrosa para senderistas, ciclistas y otros visitantes.
La normativa andaluza establece que las zonas de seguridad deben garantizar la integridad física y la libertad de las personas, prohibiendo el uso de armas de fuego o disparos en su dirección cuando no se respetan las distancias exigidas. A esta regulación se sumó la resolución de 29 de mayo de 2024, que amplió a 250 metros en todas direcciones el perímetro de seguridad alrededor de los equipamientos de uso público de la Consejería de Sostenibilidad, incluyendo el Parque Periurbano de Los Villares, uno de los enclaves más frecuentados de la sierra.
No obstante, Ecologistas en Acción denuncia que la Delegación Territorial carece de agentes y técnicos suficientes para garantizar que estas medidas se cumplan, especialmente los fines de semana, cuando la afluencia de visitantes alcanza sus picos más altos. Esta falta de supervisión, señalan, provoca que las armadas de cazadores se ubiquen con demasiada frecuencia en zonas prohibidas, generando situaciones de riesgo para quienes transitan por vías pecuarias, caminos rurales y senderos recreativos.
La organización subraya que la Sierra de Córdoba es utilizada por una gran variedad de usuarios: desde senderistas y ciclistas hasta recolectores de setas y espárragos, observadores de aves, educadores ambientales, familias y aficionados a la fotografía de naturaleza. Muchos de ellos desconocen que podrían estar circulando por áreas próximas a batidas, exponiéndose a un peligro “real y evitable”.
Ecologistas en Acción expresa su especial preocupación por las batidas previstas en las próximas semanas, algunas coincidiendo con el periodo navideño, en fincas colindantes con Los Villares. Temen que los organizadores no respeten las medidas preventivas, poniendo en riesgo a quienes disfrutan del monte durante las vacaciones.
Por ello, reclaman a la Delegación Territorial que cumpla y haga cumplir su propia normativa, supervisando tanto los documentos de gestión cinegética como la correcta delimitación de las zonas de seguridad sobre el terreno. Insisten en que la vigilancia debe extremarse en los cotos limítrofes con el Parque Periurbano de Los Villares, donde la presencia de visitantes es especialmente elevada.
“Está en juego la vida de los ciudadanos y ciudadanas que cada fin de semana ejercen su derecho constitucional a disfrutar del medio natural”, advierten, apelando a los artículos 19 y 45 de la Constitución Española. Ecologistas en Acción urge a la Junta de Andalucía a actuar para evitar accidentes y garantizar la convivencia segura entre los distintos usos del entorno natural.
NOTICIA https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/denuncian-falta-control-batidas-caza-cordoba-ponen-riesgo-senderistas-ciclistas_1_12801510.html
La Junta de Extremadura ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno un nuevo decreto que moderniza y actualiza la normativa sobre el control sanitario de la carne de caza. Entre las novedades destaca la reducción de plazos para solicitar el control veterinario oficial, que pasa de 30 días a 10, con posibilidad de realizar todos los trámites de forma telemática. Además, se establecen nuevas modalidades de control sin designación previa, como el jabalí al salto, las esperas nocturnas y los recechos.
También se autoriza la venta directa de carne fresca de caza mayor por parte de los propios cazadores al consumidor final o a minoristas, siempre tras la inspección veterinaria favorable. Y se crean los LICA (Locales de Inspección de Caza), donde los cazadores podrán entregar hasta dos piezas al día para su control y posterior comercialización.
Demandas del sector
Según ha explicado la consejera portavoz, Elena Manzano, este nuevo decreto responde a las demandas del sector cinegético extremeño y la necesidad de adaptar la regulación actual, que data del año 2005, a los últimos cambios normativos europeos y nacionales. Se trata de una modificación clave para un sector que genera más de 400 millones de euros en la comunidad y sustenta a unas 200 empresas. «La caza es una actividad con claro impacto ambiental y económico», ha destacado Manzano.
Con esta nueva normativa, el Ejecutivo busca favorecer el aprovechamiento de la caza, ampliar las vías de comercialización y apoyar a los pequeños cazadores, todo ello asegurando las máximas garantías sanitarias para los consumidores. Así, El Servicio Extremeño de Salud (SES) se compromete a reforzar sus recursos humanos y técnicos para dar cobertura al incremento de la demanda, garantizando siempre la seguridad alimentaria.
Dos piezas por semana
La nueva norma fija un máximo de dos canales de caza mayor a la semana por cazador, una vez realizadas las operaciones de faenado previstas en la norma. Además, se permite que los locales de inspección de caza (LICA), especialmente habilitados para la revisión sanitaria de las piezas abatidas, puedan suministrar hasta 500 kilos de carne de caza mayor a la semana, bien de forma directa al consumidor final o a establecimientos al por menor como carnicerías, tiendas tradicionales o negocios de restauración.
En todos los casos, la carne deberá proceder de piezas abatidas en actividades cinegéticas sin designación previa de control oficial veterinario, que después serán sometidas a inspección sanitaria por parte del Servicio de Control Oficial Veterinario.
Controles veterinarios
Las piezas de caza mayor deberán presentarse con sus vísceras para una inspección post mortem que incluya examen visual de canales y órganos, búsqueda de anomalías anatómicas u organolépticas, toma de muestras si se sospechan residuos o contaminantes y, en el caso de especies sensibles, análisis obligatorio de triquina antes de su consumo.
Solo las piezas declaradas aptas podrán destinarse a la comercialización, identificadas mediante los precintos previstos y acompañadas de la documentación sanitaria correspondiente. La comercialización de esta carne de venta local también está acotada geográficamente y solo podrá llevarse a cabo en la zona de salud donde se encuentre el local de inspección de caza y en las limítrofes.
Para diferenciar este circuito corto de comercialización, el decreto exige que las canales y, en su caso, los despieces lleven una marca de identificación rectangular con la leyenda «Venta Local» y el número de registro del establecimiento. Esa marca podrá fijarse directamente en el producto, en el envase o en el embalaje, o en una etiqueta adherida.
Además, se refuerza la trazabilidad. Cazadores y responsables de locales de inspección deberán entregar a la persona compradora un documento con sus datos personales, la inscripción del establecimiento de venta en el registro LICA, la descripción de la mercancía y el sello, peso neto del producto y fecha de captura. Quien suministre la carne deberá conservar un registro que relacione los precintos y documentos de entrada y salida, con cantidades, fechas y establecimientos de destino, durante al menos dos años y a disposición de la autoridad sanitaria.
Evisceración y locales de inspección
El decreto también regula con detalle las infraestructuras que deberán utilizarse para mejorar la higiene en el manejo de las piezas abatidas. Por un lado, define los lugares de evisceración, que deberán contar con superficie mínima, suelos y techos impermeables y de fácil limpieza, agua en cantidad suficiente, recipientes para subproductos no aptos y condiciones adecuadas de ventilación e iluminación. En ellos se realizará el sangrado y eviscerado de las piezas de caza mayor en un plazo máximo de treinta minutos desde su llegada.
Por otro, crea y regula los Locales de Inspección de Caza (LICA), instalaciones fijas o móviles donde se realiza la inspección de las piezas para obtener carne destinada a autoconsumo, venta directa o comercio minorista. Estos locales deberán disponer de lavamanos de accionamiento no manual, sistemas de evacuación de aguas residuales, equipos de frío cuando haya almacenamiento o destino comercial, contenedores para subproductos y, en su caso, espacio para el diagnóstico de triquina. Los LICA, al igual que los lugares de evisceración, se inscribirán en registros autonómicos adscritos a la Dirección General competente en salud pública.
Entrada en vigor
Con la entrada en vigor de esta norma, en los próximos días tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, quedará derogado el Decreto 230/2005, de 11 de octubre, que regulaba hasta ahora el control sanitario de las especies de caza silvestre en Extremadura, salvo una previsión concreta del artículo 6 que se mantiene vigente.
El nuevo texto pretende armonizar la regulación extremeña con la normativa comunitaria y estatal más reciente, actualizar las modalidades cinegéticas sometidas a control oficial, clarificar responsabilidades y reforzar la seguridad alimentaria de la carne de caza que llega al consumidor, ya sea por la vía del autoconsumo o a través de la incipiente venta local autorizada.
Las modalidades de actividades cinegéticas son: montería, gancho y rececho; ojeo y suelta con abatimiento inmediato; jabalí al salto; aguardo o espera, ronda, rececho ordinario y de gestión; todas las modalidades de caza menor, excepto las contempladas en el ojeo, y suelta con abatimiento inmediato.
NOTICIA https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2025/11/25/venta-carne-caza-monterias-extremadura-124098447.html
Distintas intervenciones de la Guardia Civil en Almuradiel, Abenójar y Almadén han permitido esclarecer una decena de hechos delictivos.
Una persona ha sido detenida y otras seis investigadas por diversos delitos de caza furtiva cometidos en los últimos meses en varias localidades de la provincia de Ciudad Real, como Almuradiel, Abenójar y Almadén.
Según ha informado la Guardia Civil, las investigaciones llevadas a cabo han permitido esclarecer una decena de hechos delictivos relacionadas con la caza furtiva, cuyo aumento había llevado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) a redoblar esfuerzos para controlar este delito, principalmente en época de berrea.
Así, durante los meses de septiembre y octubre, el Seprona tuvo conocimiento de varios hechos de furtivismo en una finca de caza en Almuradiel, donde se habían localizado los cadáveres de varios ciervos abatidos y con los cuernos aserrados
A mediados de octubre, los servicios de vigilancia sorprendieron a dos cazadores furtivos que acababan de efectuar tres disparos. Al verse sorprendidos, se dieron a la fuga, aunque uno de ellos fue detenido y el otro está investigado tras ser identificado.
Hechos por los que se investiga a una tercera persona, y por los que se han intervenido un arma con la numeración borrada, que procede de un robo con fuerza cometido en Huelva en 2021. Según detalla la Guardia Civil, el arma se había modificado y equipado con visor nocturno y silenciador.
Una situación que no es nueva, puesto que, tal y como ha apuntado la Benemérita, el pasado mes de enero un cazador fue sorprendido, también en un municipio ciudadrealeño, en San Lorenzo de Calatrava, con otra escopeta con la numeración borrada procedente del mismo robo en Huelva.
Tanto al detenido como a los dos investigados, se les imputan delitos contra la flora y la fauna, pertenencia a grupo criminal, desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad, así como robo con fuerza en las cosas. Las armas, por su parte, han sido enviadas al laboratorio de balística en Madrid.
Por otra parte, otras dos personas fueron sorprendidas en una finca de Abenójar, tras adentrarse en ella y dar muerte a dos ciervos adultos sin contar con autorización del titular cinegético.
Mientras, en Almadén, se ha procedido a investigar a otras dos personas que abatieron un venado. La identificación se conseguía gracias a la coincidencia balística e imágenes del fototrampeo de un delito similar cometido en Abenójar.
En esta operación se intervenía un rifle de caza mayor y a los investigados se les imputan dos delitos contra la flora y la fauna.
NOTICIA https://periodicoclm.publico.es/articulo/ciudad-real/detenido-seis-investigados-caza-furtiva-fincas-varios-pueblos-almuradiel-abenojar-almaden/20251124160710028840.html
Residentes en esta aldea de Sada se movilizan para exigir que se fijen distancias de seguridad | «Al final coges miedo a salir a pasear, oyes los tiros y ya no sales de casa», apunta una vecina.
La tranquilidad en A Cañota se ha visto perturbada en los últimos años por las batidas de caza. «Es un peligro. El otro día andaban a tiros aquí, al lado de mi casa», cuenta Ángeles, una de las vecinas que se plantó este sábado a la entrada de esta aldea de Sada para denunciar la situación e instar a la Xunta a poner coto a una actividad que entraña un riesgo para los residentes. «Los cazadores disparan muy cerca de las casas. No sé si será legal pero desde luego no es normal», reflexiona Diana, una de las afectadas.
Carmelo, su vecino, asiente. «Todos los años hay noticias de muertes en España por accidentes de caza. Hace unos años, una mujer murió por un disparo cuando estaba en su casa», reflexiona este vecino, que comprende que hay que tomar medidas para controlar la población de jabalíes, pero con «métodos adaptados a cada zona», como el tiro con arco.
«Nosotros tenemos niños y un perro. Al final, coges miedo a salir a pasear. Oyes los tiros y ya no sales de casa», añade Iria, su mujer. Irene, una joven que se estableció hace unos años en A Cañota con su pareja y su hijo cuenta que denunció la situación ante la Guardia Civil y que se puso también en el contacto con el Concello de Sada pedir su intermediación: «El concejal [Fernando Fariña] me dijo que aquí no se pueden realizar este tipo de batidas», relata esta vecina, que apunta que, según la información trasladada por el Concello, la Xunta se había comprometido a no dar más autorizaciones para este tipo de batidas: «A ver si es verdad».
Uno de los promotores de la movilización, José Villar, se muestra escéptico sobre este extremo. Hace unos días, el Servizo de Patrimonio Natural le remitió una carta en respuesta a sus demandas en el que «dice lo contrario», explica. En esta comunicación, el departamento autonómico sostiene que esta zona de A Cañota «se encuentra dentro de los terrenos sometidos al régimen cinegético común» y que las batidas autorizadas están condicionadas al cumplimiento de diversas medidas de seguridad que estipula la Lei de Caza de Galicia. Según esta normativa, añade la Xunta, los propietarios de terrenos pueden prohibir la práctica de la caza en el mismo mediante «la colocación de señales perfectamente visibles en las que se prohíba la entrada»
Esta respuesta no convence a los vecinos de A Cañota, que inciden en el riesgo de batidas en las proximidades de las casas en una zona poblada donde es habitual que se transite por las pistas.
NOTICIA https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2025/11/23/vecinos-canota-alertan-batidas-caza-124018137.html
