Distintas intervenciones de la Guardia Civil en Almuradiel, Abenójar y Almadén han permitido esclarecer una decena de hechos delictivos.
Una persona ha sido detenida y otras seis investigadas por diversos delitos de caza furtiva cometidos en los últimos meses en varias localidades de la provincia de Ciudad Real, como Almuradiel, Abenójar y Almadén.
Según ha informado la Guardia Civil, las investigaciones llevadas a cabo han permitido esclarecer una decena de hechos delictivos relacionadas con la caza furtiva, cuyo aumento había llevado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) a redoblar esfuerzos para controlar este delito, principalmente en época de berrea.
Así, durante los meses de septiembre y octubre, el Seprona tuvo conocimiento de varios hechos de furtivismo en una finca de caza en Almuradiel, donde se habían localizado los cadáveres de varios ciervos abatidos y con los cuernos aserrados
A mediados de octubre, los servicios de vigilancia sorprendieron a dos cazadores furtivos que acababan de efectuar tres disparos. Al verse sorprendidos, se dieron a la fuga, aunque uno de ellos fue detenido y el otro está investigado tras ser identificado.
Hechos por los que se investiga a una tercera persona, y por los que se han intervenido un arma con la numeración borrada, que procede de un robo con fuerza cometido en Huelva en 2021. Según detalla la Guardia Civil, el arma se había modificado y equipado con visor nocturno y silenciador.
Una situación que no es nueva, puesto que, tal y como ha apuntado la Benemérita, el pasado mes de enero un cazador fue sorprendido, también en un municipio ciudadrealeño, en San Lorenzo de Calatrava, con otra escopeta con la numeración borrada procedente del mismo robo en Huelva.
Tanto al detenido como a los dos investigados, se les imputan delitos contra la flora y la fauna, pertenencia a grupo criminal, desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad, así como robo con fuerza en las cosas. Las armas, por su parte, han sido enviadas al laboratorio de balística en Madrid.
Por otra parte, otras dos personas fueron sorprendidas en una finca de Abenójar, tras adentrarse en ella y dar muerte a dos ciervos adultos sin contar con autorización del titular cinegético.
Mientras, en Almadén, se ha procedido a investigar a otras dos personas que abatieron un venado. La identificación se conseguía gracias a la coincidencia balística e imágenes del fototrampeo de un delito similar cometido en Abenójar.
En esta operación se intervenía un rifle de caza mayor y a los investigados se les imputan dos delitos contra la flora y la fauna.
Residentes en esta aldea de Sada se movilizan para exigir que se fijen distancias de seguridad | «Al final coges miedo a salir a pasear, oyes los tiros y ya no sales de casa», apunta una vecina.
La tranquilidad en A Cañota se ha visto perturbada en los últimos años por las batidas de caza. «Es un peligro. El otro día andaban a tiros aquí, al lado de mi casa», cuenta Ángeles, una de las vecinas que se plantó este sábado a la entrada de esta aldea de Sada para denunciar la situación e instar a la Xunta a poner coto a una actividad que entraña un riesgo para los residentes. «Los cazadores disparan muy cerca de las casas. No sé si será legal pero desde luego no es normal», reflexiona Diana, una de las afectadas.
Carmelo, su vecino, asiente. «Todos los años hay noticias de muertes en España por accidentes de caza. Hace unos años, una mujer murió por un disparo cuando estaba en su casa», reflexiona este vecino, que comprende que hay que tomar medidas para controlar la población de jabalíes, pero con «métodos adaptados a cada zona», como el tiro con arco.
«Nosotros tenemos niños y un perro. Al final, coges miedo a salir a pasear. Oyes los tiros y ya no sales de casa», añade Iria, su mujer. Irene, una joven que se estableció hace unos años en A Cañota con su pareja y su hijo cuenta que denunció la situación ante la Guardia Civil y que se puso también en el contacto con el Concello de Sada pedir su intermediación: «El concejal [Fernando Fariña] me dijo que aquí no se pueden realizar este tipo de batidas», relata esta vecina, que apunta que, según la información trasladada por el Concello, la Xunta se había comprometido a no dar más autorizaciones para este tipo de batidas: «A ver si es verdad».
Uno de los promotores de la movilización, José Villar, se muestra escéptico sobre este extremo. Hace unos días, el Servizo de Patrimonio Natural le remitió una carta en respuesta a sus demandas en el que «dice lo contrario», explica. En esta comunicación, el departamento autonómico sostiene que esta zona de A Cañota «se encuentra dentro de los terrenos sometidos al régimen cinegético común» y que las batidas autorizadas están condicionadas al cumplimiento de diversas medidas de seguridad que estipula la Lei de Caza de Galicia. Según esta normativa, añade la Xunta, los propietarios de terrenos pueden prohibir la práctica de la caza en el mismo mediante «la colocación de señales perfectamente visibles en las que se prohíba la entrada»
Esta respuesta no convence a los vecinos de A Cañota, que inciden en el riesgo de batidas en las proximidades de las casas en una zona poblada donde es habitual que se transite por las pistas.
Varios vecinos del valle daban cobertura a personas llegadas de otras ciudades para cazar estos animales a cambio de altas sumas de dinero.
Los agentes rurales del Val d’Aran y de la Generalitat han denunciado a seis cazadores que se dedicaban a la caza furtiva organizada y altamente especializada. Se trata de tres vecinos del valle que habían sacado un permiso para poder cazar un rebeco pirenaico (Rupicapra pyrenaica), una subespecie que solo se encuentra en el Pirineo y es uno de los trofeos de caza más preciados en España. Este permiso, que para los habitantes de la zona es gratuito e intransferible, en el resto de España puede costar entre 4.000 y 5.000 euros. Los araneses denunciados ejercían de guías a gente de otras zonas para que fueran ellos quien cazaran los rebecos -a cambio de sumas altas de dinero, según los investigadores- a pesar de que la normativa en el valle solo permite cazarlos a los oriundos o con domicilio en la zona, miembros además de las sociedades de caza. Se trata de la práctica cada vez más extendida del turismo cinegético o de caza. Los agentes incautaron un ciervo y tres rebecos cazados. Los denunciados se enfrentan a sanciones de entre 3.001 y 120.000 euros.
Los agentes de medioambiente de Aran y los del Grupo Especial de Venenos y Anti-furtivismo de los Agentes Rurales, sabiendo de la existencia de estas prácticas ilegales, llevan a cabo varios operativos planificados y coordinados y uno de ellos permitió identificar a diversas personas implicadas en actividades de caza furtiva en territorio aranés. Como los investigados cazaban con un modus operandi muy profesional, fueron necesarios seguimientos prolongados y complejos en las zonas altas del valle para documentar con pruebas la actividad ilegal.
En los seguimientos, los agentes pudieron constatar que los cazadores locales proporcionaban orientación y apoyo logístico a personas de fuera del valle, principalmente para la caza ilegal del rebeco. Tras varios seguimientos y vigilancias, hace dos semanas se interceptó en el valle de Toran a un cazador local, concretamente de Canejan, y a otro originario de Valencia. Durante el seguimiento, los agentes observaron cómo los cazadores abatían un ciervo macho y un rebeco hembra, de la que ocultaron la cabeza entre un montículo de piedras para recuperarla posteriormente y no levantar sospechas en caso de inspección. Lo habitual es que al día siguiente, sin ir armado, el cazador acuda a buscar el trofeo escondido.
Los agentes identificaron a los dos cazadores y denunciaron al local por abatir un ciervo, para el que sí tenía permiso de caza, pero no le puso el precinto que marca la ley. La sospecha es que así podía utilizarlo en otro momento. El cazador de Valencia fue sancionado por matar el rebeco hembra sin autorización. La actitud determinada y segura de los infractores fue una evidencia de la amplia experiencia que acumulan en esta práctica ilegal, según los agentes.
Días después, ante nuevas sospechas de actividad clandestina, se inició un nuevo seguimiento a dos cazadores locales, hermanos y con la agravante que uno de ellos es agente de los Mossos d’Esquadra, y a dos cazadores de Puertollano (Ciudad Real). La vigilancia se realizó en el valle de Toran y en la zona de Salient, donde los agentes observaron cómo los cazadores de Ciudad Real disparaban a rebecos. Cuando se les paró una vez acabada la caza, en la inspección del vehículo se localizaron las dos cabezas de los animales. Uno de ellos no tenía precinto y el otro lo tenía mal puesto, lo que podría haber permitido su manipulación y reutilización.
Se da la circunstancia de que este grupo lleva más de siete años siendo investigado por presunta caza furtiva y desde 2017 se le atribuye la caza en el Val d’Aran de al menos 21 rebecos y 3 ciervos. En estas últimas dos operaciones, los agentes les confiscaron las piezas, las armas y diversos artículos utilizados para llevar a cabo la caza furtiva, como prismáticos, visores térmicos y otros instrumentos.
El Tribunal Supremo establece que la caza furtiva puede constituir un delito, incluso si no se captura ninguna pieza, por el mero hecho de ejercer la actividad cinegética sin autorización. Según la normativa vigente, estos actos pueden considerarse infracciones muy graves, que conllevan sanciones de entre 3.001 y 120.000 euros. Además, las personas denunciadas pueden ser expulsadas temporalmente de la sociedad cinegética correspondiente y perder la licencia de caza durante cinco años, lo que les impediría cazar en toda Cataluña durante este período.
Las asociaciones de caza y pesca para la conservación y la gestión sostenible de la actividad cinegética en el Val d’Aran llevan años solicitando reiteradamente un mayor control de las malas prácticas. Por su parte, el Conselh Generau d’Aran, que colabora con estas entidades, reitera la importancia de que todos los agentes trabajen activamente en la detección y denuncia de estas prácticas para garantizar una caza responsable y respetuosa con la fauna silvestre.
La normativa establece que solo pueden cazar rebecos pirenaicos en el Val d’Aran los que tengan un domicilio y estén inscritos en una de las dos sociedades de caza y pesca del valle. Pueden pedir un permiso para un solo día –que va a sorteo- y para cazar un solo ejemplar y no pueden ir acompañados de una persona de fuera del valle ni transferirle la caza.
Los hechos han sucedido en una zona boscosa del municipio este lunes por la mañana y los mossos lo investigan como un «incidente de caza»
Un cazador ha muerto este lunes en Cervera (Lleida) al recibir un disparo presuntamente por parte de otro, que los Mossos d’Esquadra han detenido por un presunto homicidio imprudente.
Según ha podido confirmar Europa Press, los hechos han sucedido en una zona boscosa del municipio este lunes por la mañana y los mossos lo investigan como un «incidente de caza».
Efectivos policiales están en la zona a la espera de que se proceda al levantamiento del cadáver
Un Ministerio no puede presentar como estudio nacional un documento sin datos censales, sin verificación oficial y basado en respuestas voluntarias
Desde la plataforma NAC – No a la Caza denunciamos la falta absoluta de rigor y seriedad del “Estudio sobre la gestión de la protección animal en España” presentado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El documento, financiado con fondos públicos, no se apoya en datos censales ni oficiales, sino en respuestas voluntarias a un cuestionario enviado a ayuntamientos y entidades.
Según el propio informe, solo 357 ayuntamientos respondieron al cuestionario general —de más de 8.100 municipios existentes en España—, y apenas 164 aportaron información sobre entradas y salidas de animales. Esto representa menos del 2 % del total de municipios españoles. A ello se suman las respuestas de 139 entidades de protección animal de las más de 1.500 censadas, de las cuales solo 120 ofrecieron datos sobre gestión de animales.
“No es admisible que un Ministerio presente un documento de este calibre sin un censo real ni cifras oficiales. No podemos consentir políticas públicas que se basen en respuestas voluntarias, sin control, sin certificación y sin datos verificables”.
Un estudio sin representatividad ni base estadística
El informe del Ministerio se presenta en formato de infografía resumida, sin ofrecer tablas completas, metodología detallada ni márgenes de error. Aun así, se presentan porcentajes como si fueran representativos del conjunto del país, pese a que el propio documento reconoce bases de muestra “muy reducidas” en muchas de sus respuestas.
Es imposible construir políticas eficaces de protección animal sin un registro nacional obligatorio, digitalizado y uniforme, que recoja anualmente:
el número de animales recogidos,
su procedencia, raza y especie,
y su destino final (adopción, devolución, fallecimiento o sacrificio).
Si el Ministerio quiere conocer la realidad del abandono animal, tiene que tener los datos. Y si los ayuntamientos no los remiten, debe exigirlos. Que una protectora no pueda responder por falta de medios puede entenderse, pero que un ayuntamiento no tenga censo ni control sobre los animales de su municipio no es serio.
Sin datos reales no hay política pública
Desde NAC consideramos que este estudio no puede utilizarse como base para orientar políticas públicas, ya que no mide ni refleja la magnitud real del abandono animal en España. La ausencia de un censo oficial de animales recogidos y abandonados deja en la sombra miles de casos, incluidos los de perros utilizados en la caza, cuya problemática continúa invisibilizada.
Sin datos reales no hay diagnóstico, y sin diagnóstico no hay protección animal. Exigimos al Ministerio transparencia, trazabilidad y responsabilidad: los animales no pueden seguir desapareciendo en un vacío estadístico.
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web.
Cookies funcionales
Siempre activo
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferencias
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
Estadísticas
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.
marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en un sitio web o en varios sitios web con fines de marketing similares.
