El Seprona de la Guardia Civil de Burgos ha decomisado en una explotación ganadera de La Bureba propiedad del denunciado decenas de artilugios de caza prohibidos
Un vecino de La Bureba ha sido denunciado tras hallar en el registro de una nave agrícola de su propiedad más de 60 artilugios de caza ilegales. El Seprona de la Guardia Civil de Burgos decomisaba 59 cepos metálicos de diferentes tamaños y tres jaulas trampa, considerados medios prohibidos de caza.
El suceso ocurría días atrás, fruto de la labor preventiva que desarrolla la Comandancia de Burgos a través del SEPRONA y que en esta ocasión contó con el apoyo del Servicio Cinológico de la Zona de Castilla y León -que aportó un guía canino y varios perros adiestrados en localización de venenos-, para el seguimiento y erradicación de prácticas ilegales en la provincia, principalmente la dirigida a la detección de medios no selectivos y prohibidos de caza, uso ilegal de venenos y a la investigación de delitos ambientales.
Fruto de una de las inspecciones practicadas, en presencia del propietario de la finca, en el marco de un amplio dispositivo desplegado por los agentes intervinientes -en el que se incluía el entorno natural e instalaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en esta comarca de Burgos-, llamó la atención la presencia de tres jaulas trampa de gran tamaño, dispersadas por la parcela.
Un reconocimiento más pormenorizado practicado en el interior de una nave donde se guardaban aperos agrícolas, permitió encontrar un saco de plástico que contenía 59 cepos metálicos de diversos tamaños y características.
Los guardias civiles verificaron que estos cepos y jaulas se hallaban inactivos, aunque en buen estado -ya que guardaban su funcionalidad- y que podían ser utilizados en cualquier momento.
La simple tenencia de estos utensilios, así como su uso, catalogados como arte y medio prohibido de caza -al tratarse de un procedimiento no selectivo de captura de animales-, no está autorizada, por lo que los artilugios fueron requeridos por los efectivos del Cuerpo para su decomiso y depósito.
Por otra parte, no se han detectado casos positivos por uso o tenencia de venenos o sustancias tóxicas; no obstante, la Comandancia de Burgos continuará e intensificará estas inspecciones por toda la provincia.
Se ha confeccionado la pertinente acta denuncia por infracción a la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que será remitida al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Burgos.
La Guardia Civil advierte de que el uso indiscriminado de estos artilugios puede poner en grave riesgo no solo la vida de animales silvestres y domésticos, sino la integridad de las personas que desconocedoras de su existencia, -cuando son colocados ocultos a la vista y/o camuflados en pasos de animales- pueden quedar atrapadas o sufrir lesiones en caso de accionarse.
La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos jóvenes, de 29 y 25 años de edad, como presuntos autores de un delito contra la fauna.
Los hechos se produjeron a finales del mes de febrero. Agentes de la Patrulla de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Baza tuvieron conocimiento de que dos personas habían accedido a un coto de la comarca con la intención de cazar y sin contar con la autorización del titular del coto. Su objetivo era el rececho del macho montés, según informa la Guardia Civil en una nota de prensa.
Además, uno de ellos portaba un rifle al que había acoplado un silenciador para no ser detectado por otras personas que hubiese en la zona en el caso de efectuar un disparo.
Los agentes de la Guardia Civil iniciaron una investigación para tratar de localizar a estos dos cazadores. Contaban para ello con unas imágenes que había captado una cámara de foto trampeo ubicada en el coto. Sin embargo, no resultó sencillo dar con ellos, pues inicialmente nadie parecía conocer la identidad de ninguno de los dos.
Fue tras entrevistarse con un gran número de personas cuando lograron averiguar la identidad de uno de los cazadores. Ninguno de ellos era de la zona, sino que se habían desplazado hasta el lugar con el objetivo de cazar un ejemplar de macho montés, lo que dificultaba su identificación.
Finalmente, tras algo más de un mes de pesquisas, los agentes de la Patrulla de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Baza obtuvieron la identidad de ambos cazadores y procedieron a su investigación y puesta a disposición judicial.
El autor falleció antes de la publicación de la sentencia.
Una jornada de caza en una finca en la provincia de Ciudad Real terminó en tragedia. Durante la montería, uno de los participantes sufrió un disparo de rifle que le alcanzó las dos piernas. El autor del disparo, Victor Luis Ruesta, ya ha fallecido.
Según publica el medio Confilegal, después de cinco años, una magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ciudad Real, ha condenado a las herederas de Ruesta, y su aseguradora, Mapfre, a pagar en forma de indemnización más de 97.000 euros. «El Tribunal considera que el disparo, aunque posiblemente rebotado, fue consecuencia directa de una imprudencia en el uso de arma de fuego».
Por su parte, la magistrada esgrime de toda responsabilidad a la empresa organizadora del evento: JL Organización y Gestión S.L., y a su aseguradora, Allianz, por considerar que «cumplieron con las medidas de seguridad exigidas por la ley».
En la sentencia, recogida por el medio especializado, la magistrada recuerda que de acuerdo a la ley, todo cazador está obligado a indemnizar los daños causados con motivo del ejercicio de la caza, salvo que se pruebe la culpa exclusiva de la víctima o fuerza mayor. «Ninguno de estos supuestos se dio en el caso del juzgado».
El tribunal dictamina que la responsabilidad «recae directamente en el autor del disparo y, por extensión, en sus herederas y su aseguradora». Además, confirma que «Ruesta incumplió las instrucciones expresas de los organizadores, que prohibían disparar ‘a la contra’ en el lugar donde se encontraban».
En en el día y lugar de los hechos, el atacante saludó a su compañero al iniciar la jornada de cada. «En medio de la acción, Ruesta disparó dos veces a unos jabalíes. Una de esas balas alcanzó a su compañero, destrozándoles ambas piernas».
La indemnización reconocida por el tribunal incluye: 18.145 € por lesiones temporales; 17.410 € por secuelas y perjuicio estético ―una cojera visible, cicatrices, daño neurológico―; 59.255 € por los ingresos que dejó de percibir mientras estuvo de baja; 1.702 € en gastos de desplazamiento a hospitales; y 746 € por la estancia de su esposa en Ciudad Real durante el ingreso.
La Guardia Civil investiga un posible caso de caza furtiva ocurrido el pasado fin de semana en el Coto de Caza del Monasterio de Piedra, donde, al parecer, dos cazadores inscritos en el Coto de Monterde habrían sido sorprendidos por el guarda del coto vecino, matando fuera de su área autorizada a dos ejemplares de cabra montés, que según las primeras informaciones, estaban presuntamente embarazadas.
Los hechos fueron denunciados por el presidente del Coto del Monasterio de Piedra, tras detectarse la presencia y actuación irregular de los cazadores foráneos en una zona no autorizada para ellos. La denuncia ya ha sido interpuesta y el caso está siendo investigado por el Seprona de la Guardia Civil de Calatayud, que mantiene el caso abierto.
De momento, se está a la espera de los avances de la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si se trató de un error de localización, una acción premeditada o una infracción grave de los límites de caza. El Seprona continúa recabando información después de inspeccionar el lugar del suceso, así como a los animales abatidos, sobre los que se está haciendo un análisis para determinar su estado.
Se trata de un ejemplar de Ibis Eremita procedente del proyecto de recuperación de la especie de la única colonia existente en Barbate (Cádiz), según los ecologistas
Ecologistas en Acción de Extremadura ha denunciado la muerte por disparo de “una de las cinco aves más amenazadas del mundo”, un Ibis Eremita, en un coto social de la localidad pacense de Fregenal de la Sierra.
La organización ha señalado que es al menos el segundo caso de muerte por armas de fuego de Ibis Eremita en la región en los últimos años y ha solicitado la suspensión del coto y su responsabilidad subsidiaria.
Los hechos denunciados habrían ocurrido en torno al 3 de noviembre de 2024 durante una jornada y acción de caza menor realizada por un grupo de miembros de dicho coto social.
El ejemplar abatido, que se correspondería con el nombre de ‘Hel’, apareció muerto por arma de fuego en dicha zona, donde fue recogido por Agentes del Medio Natural y enviado para su autopsia al Centro de Referencia de la Junta de Extremadura.
El ave correspondería a uno de los ejemplares del proyecto de recuperación de la especie procedentes de la única colonia existente en Barbate (Cádiz), según los ecologistas, que han subrayado que dicha especie se encuentra en peligro de extinción a nivel global y protegida por diferentes legislaciones internacionales, por lo que actualmente los hechos están siendo investigados por el Seprona de la Guardia Civil.
La asociación ha presentado denuncia ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura y ha solicitado que se decrete la suspensión provisional de la caza y, posteriormente, la suspensión definitiva del coto social de caza social de Fregenal de la Sierra, dada la gravedad de los hechos.
Además, han pedido que se establezca la responsabilidad subsidiaria del coto social, asumiendo las multas y las indemnizaciones correspondientes por los perjuicios ocasionados.
Se trata del segundo caso documentado de muerte por armas de fuego en Extremadura; en el anterior un individuo que cazaba palomas a las afueras de Montemolín con una escopeta de balines, acabó con la vida de cinco Ibis Eremita, que fue juzgado el pasado diciembre de 2024.
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