Los próximos 21 y 22 de enero, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas examinará el grado de cumplimiento de España con la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional que reconoce a niñas, niños y adolescentes (NNA) como sujetos de derechos y establece que su interés superior debe prevalecer de forma prioritaria.
Entre la documentación que analizará el Comité figura un informe elaborado por la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA), en el que se alerta de la falta de protección de la infancia frente al acceso a actividades de caza con armas de fuego en el Estado español.
Acceso de menores a armas y actividades cinegéticas
CoPPA denuncia que la normativa vigente en España permite que adolescentes a partir de los 14 años utilicen armas de fuego y que, además, en varias comunidades autónomas se autoriza la presencia de menores como acompañantes en actividades de caza. Según la organización, cinco comunidades permiten de forma explícita la asistencia de niños y niñas desde los 0 años.
Esta situación, advierten, vulnera el principio del interés superior del menor y el derecho de los NNA a ser protegidos frente a cualquier forma de violencia.
Riesgos físicos y psicológicos para la infancia
El informe, elaborado por un equipo multidisciplinar, reúne evidencias científicas que alertan de los graves riesgos de exponer a menores a la caza con armas de fuego. Entre ellos se encuentran los peligros para la integridad física, el riesgo de accidentes graves o mortales y el impacto del acceso a armas en el suicidio adolescente.
CoPPA subraya además que la supervisión adulta no siempre reduce estos riesgos y que, en determinados contextos, puede incluso agravarlos.
Lesiones y muertes en accidentes de caza
El acceso a armas de fuego es un factor de riesgo reconocido en muertes y lesiones accidentales de niños, niñas y adolescentes. En el ámbito cinegético, la cercanía a los disparos incrementa de forma notable la probabilidad de sufrir accidentes con consecuencias trágicas. Lamentan desde la coordinadora.
En un anexo del informe, CoPPA documenta casos de menores heridos o fallecidos en accidentes de caza en España, algunos de ellos provocados por familiares o personas encargadas de su supervisión.
Suicidio adolescente y disponibilidad de armas
Diversos estudios citados en el documento señalan que los entornos con mayor acceso a armas de fuego presentan tasas más elevadas de suicidio adolescente. En este grupo de edad, la disponibilidad de armas supone un riesgo especialmente alto, incluso superior al de la depresión, según algunas investigaciones.
Las armas de caza tienen un peso relevante en los suicidios de menores y se observa un aumento durante la temporada cinegética.
Impacto emocional y normalización de la violencia
La exposición a la violencia, incluida la ejercida contra animales, puede generar angustia crónica, depresión y trauma psicológico. CoPPA explica que este impacto es especialmente intenso cuando la violencia es ejercida o legitimada por adultos de referencia.
Además, los menores pueden presenciar accidentes graves durante las jornadas de caza, con consecuencias severas para su salud mental, sobre todo cuando las víctimas son personas cercanas o cuando el propio menor está implicado. El informe recoge casos especialmente graves que evidencian la magnitud del problema.
La normalización de la violencia también aumenta el riesgo de conductas problemáticas, como el acoso escolar o la delincuencia juvenil, al reforzar actitudes que legitiman la agresión y la imitación de modelos violentos.
Llamamiento urgente a las autoridades
Ante este escenario, CoPPA solicita al Comité de Derechos del Niño que inste a las autoridades españolas a modificar la normativa para prohibir en todo el territorio que los menores de 18 años utilicen armas de fuego en actividades de caza o asistan a ellas como acompañantes.
La asociación recuerda que los derechos de la infancia, reconocidos en un tratado internacional ratificado por España, deben situarse por encima de cualquier otro interés.
Denuncia.
La Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos es una asociación internacional sin ánimo de lucro integrada por psicólogos, psiquiatras, sociólogos, abogados y especialistas en derechos humanos, dedicada a la prevención de la violencia y a la protección de colectivos vulnerables, con especial atención a la infancia y la adolescencia.
NOTICIA https://castellondiario.com/menores-armas-y-caza-la-denuncia-que-llega-a-la-onu/