«Tiene a los perros encerrados en una jaula en una terraza a la vista de todo el mundo, el olor es nauseabundo, no los saca, uno de ellos, el más mayor, de unos 14 años, tiene heridas llenas de moscas, el agua que tienen parece podrida, dan una pena tremenda», relata una vecina de Fornells sobre este caso de dejadez en la tenencia de animales que es de sobras conocido en la localidad y en su Ayuntamiento, hasta donde han llegado las quejas ciudadanas sin que, hasta hoy, se haya actuado.
Otro vecino del pueblo, cazador, mantiene así a sus canes y rechaza la petición que le hace la Protectora d’Animals para que ceda al menos al perro más anciano y este pueda así estar mejor cuidado al final de su vida. «El otro es joven, le esperan años de encierro», lamenta una de las testigos de las malas condiciones de los canes y que, junto con otros amantes de los animales de Fornells, denuncia la situación a «Es Diari».
Para la mayoría de los turistas europeos que pasan por la calle Rosari –y hacen fotos–, el estado de estos dos perros constituye «un claro maltrato, la ley española está atrasada», afirma Marga Pons, secretaria y portavoz de la Protectora. De hecho, imágenes tomadas a los animales han llegado hasta una protectora alemana, y a los vecinos que se preocupan de este caso les consta que el alcalde de Es Mercadal es conocedor de las quejas.
«Necesitamos que la Administración local actúe, que la Policía Local actúe en favor de los animales, independientemente de que la ley de 2023 excluya a los perros de caza, porque no se puede tener a los perros encerrados en un espacio pequeño y al sol, viviendo entre sus propios excrementos», subraya Pons.
Y es que la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales quedó descafeinada para los colectivos animalistas al excluir a los perros de caza y de trabajo de la normativa, mediante una enmienda socialista a la ley que promovió Unidas Podemos y que a punto estuvo de hacerla fracasar incluso antes de ser aprobada.
El caso que ahora se denuncia en Fornells es un ejemplo práctico de los efectos que tiene esa exclusión legislativa para «los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza» que, como reza el texto legal, «se regulan y quedarán protegidos por la normativa vigente europea, estatal y autonómica correspondiente».
En Balears dicha protección se enmarca en una norma de hace 33 años, la Ley 1/1992 de Protección de los Animales que viven en el entorno humano, que prohíbe «mantenerlos en condiciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas para la práctica del cuidado y atención necesarios, de acuerdo con las necesidades fisiológicas y etológicas según raza y especie».
Las condiciones de los dos canes de Fornells han sido denunciadas por la Protectora d’Animals, que ha contactado con el Seprona de la Guardia Civil y el alcalde. «Nos dijeron que nos enviarían informes veterinarios pero no nos los han mandado», aseguran desde la entidad.
El Ayuntamiento ha requerido un informe de un profesional veterinario de la Administración pública para que «certifique el estado de los perros», señala Marga Pons, quien critica que «todos se quitan el problema de encima», mientras los perros siguen en pésimas condiciones.
Recuerda que hace tres años ya se le retiró al mismo propietario otra perra de caza, una Spaniel Breton, que tuvo que ser sacrificada porque estaba mal atendida. «La eutanasia y el traslado los pagó la Protectora, su dueño ni se dignó a hacerlo», recrimina. Ahora quieren evitar que esto se repita. «Si un perro está enfermo y no le da los cuidados, la ley da opción a que lo ceda».