El Servicio de Protección da Natureza de la Guardia Civil (Seprona), con la colaboración de la Protectora de Animais do Morrazo, han llevado a cabo un operativo para retirar 22 perros podencos de caza (16 hembras y 6 machos) a un vecino de Meira, en Moaña, que los tenía en muy malas condiciones, en jaulas o zulos con apartamentos, algunos encadenados, otros con sarna y escuálidos.
El operativo se llevó a cabo este domingo a iniciativa de la protectora, que recibió quejas de vecinos. Se sospechaba que los perros dejaban de ladrar de repente por el uso de aspersores de agua, como así confirmó el Seprona, que pidió la colaboración de la protectora para valorar la situación de los animales.
La presidenta de la protectora, Laura Soliño, asegura que lo que se encontraron allí fue un horror, con una madre con cachorros muertos en el frío cemento y las mamas ensangrentadas de tanto rascarse por la cantidad de leche.
El propietario de la vivienda no estaba en ese momento, pero sí un familiar, junto a una persona limpiando, que no ofreció ninguna resistencia para entrar en las instalaciones. Se supone que el propietario de los animales los tenía para caza y venta, señalan en la protectora, que acogió a los 22 animales, 13 con chip y 9 sin indentificación, en el refugio comarcal que tienen en Broullón: «Cuando se les dio de comer parecía la fila del hambre».
Laura Soliño señala que ya en una ocasión habían recogido una perra a este vecino pero estaba a nombre de un portugués que hizo la cesión a la protectora, «pero nunca nos creimos que tenía este volumen de animales». Desde la protectora piden al Seprona que intensifique los controles a los cazadores, ya que los podencos son,en Galicia la raza maltratada como los galgos en el sur.
El investigado utilizaba dos perdices enjauladas como señuelo y poseía un arma de fuego no registrada en una finca cercana a las Bardenas Reales
Agentes de la Policía Foral han abierto diligencias penales a un hombre de 74 años en Tudela como presunto autor de un delito contra la fauna y otro de tenencia ilícita de armas. La investigación se inició el pasado mes de febrero, cuando el Grupo Operativo de Medioambiente y el Grupo de Investigación Medioambiental (GRIM) detectaron indicios de posibles acciones de caza mediante métodos prohibidos en la zona.
A raíz de las sospechas, se establecieron los correspondientes dispositivos de control y vigilancia para dar con el responsable. Dichos operativos dieron sus frutos y permitieron localizar al investigado en una finca rústica situada en las cercanías de las Bardenas Reales.
Un arma sin registrar y reclamos prohibidos
El hombre fue sorprendido mientras practicaba la caza de la perdiz con reclamo, una modalidad que requiere autorización específica. Para ello, utilizaba dos ejemplares enjaulados que actuaban como señuelo vivo, una práctica prohibida durante la época de veda y reproductiva para esta especie, tal como lo prohíbe el artículo 335 del Código Penal.
En el lugar de los hechos, los agentes encontraron un arma no registrada y diversa munición, además de un reclamo electrónico que imitaba el canto de la perdiz. Todo el material, junto con las dos perdices, fue incautado. La tenencia de armas sin los permisos necesarios está castigada por el artículo 564 del Código Penal.
Las diligencias del caso han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Tudela y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Navarra para que continúen con el procedimiento judicial correspondiente.
Balance de la actividad medioambiental en febrero
Este caso se enmarca dentro de una intensa actividad de la Brigada de Protección Medioambiental de la Policía Foral, que ha atendido un total de 67 incidencias durante el pasado mes de febrero. Entre ellas, destacan 21 actuaciones por vertidos agrícolas e industriales y mala gestión de residuos, 13 por maltrato o abandono de animales, 7 relacionadas con la caza y otras 7 por fuegos o quemas no autorizadas.
Además del caso de caza ilegal en Tudela, la brigada ha llevado a cabo otras intervenciones relevantes. Entre ellas, la denuncia a una persona en la Ultzama por la tenencia de un lazo-trampa, la intervención de un arma a un hombre por cazar furtivamente de noche en la ribera, la denuncia a un coto por usar cebaderos para jabalíes controlados con cámaras y la localización de un vertido de hipoclorito sódico que provocó la muerte de peces en Cinco Villas.
Una vez más, el despiste al conversar ante un micrófono abierto ha revelado más, y temas más importantes, que lo que se puede declarar de forma consciente. En esta ocasión, el pillado ha sido un miembro de la Federación de Caza de Castilla y León. Ha hecho una inapropiada comparación entre la gran población de codornices en España y el número de habitantes de China.
Porque para José Antonio Pérez Garrido no hay ninguna importancia en el hecho de cazar a un gran número de estas aves porque «hay millones de ejemplares». Y dice: «Si hablamos de chinos, que se mueran diez millones de chinos, ¿es relevante? Es que hay dos mil millones».
Esta es su analogía. Las palabras que ha pillado un micrófono indiscreto y abierto en un acto del el I Foro de la Codorniz, que se celebró el pasado 11 de marzo, en Valladolid.
Allí estaba José Antonio Pérez Garrido, como promotor del acto y miembro de la Federación Castellano y Leonesa de Caza. Separado de la mesa de conferencias, se mantiene de pie, charlando con otro asistente. El tema de conversación: defender, ante todo, las cuotas de caza de la codorniz.
Porque mientras que los amantes de la caza defienden justo la tesis del protagonista de la pillada, los informes oficiales apuntan a una gran caída de la población de este tipo de ave. Por ello, el Gobierno está estudiando presentar ante la Unión Europea medidas restrictivas sobre su caza.
La Justicia gallega considera que la Consellería de Medio Ambiente no ha demostrado con pruebas técnicas suficientes el incremento de ataques de lobos en Ferrol, Curtis y Cercedo-Cotobad
El lobo y los ganaderos seguirán condenados a entenderse en lugares de Galicia tan dispares y distantes entre sí como son Ferrol, Curtis y Cercedo-Cotobade. Los tres son zonas calientes en las que se registraron daños por ataques, hasta el punto de que la Xunta había solicitado batidas para controlar esa situación. Sin embargo, la Justicia considera que la medida de matar lobos no está suficientemente justificada.
Así lo expresa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en una resolución en la que deniega esa solicitud de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, al entender que no se ha demostrado un «cambio de circunstancias» que justifique la modificación de las medidas cautelares ya adoptadas. Según argumenta la sala, los argumentos presentados sobre un incremento de ataques de lobos «no están respaldados por pruebas técnicas suficientes».
La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG destaca que las batidas de control solicitadas por la Xunta tendrían «evidentes consecuencias letales» para el animal, «omitiendo el análisis previo que el propio plan de gestión del lobo obliga a realizar».
A ello, añade que «no se aporta ninguna referencia técnica contrastada de un incremento de densidad poblacional que determine un verdadero cambio de circunstancias respecto a lo valorado en el auto firme de suspensión cautelar». Como ocurre casi siempre, la falta de un censo oficial y la dificultad de llevarlo a cabo complica a la Administración armar legalmente su argumentario.
La caza, última opción
En la resolución, los magistrados subrayan que la extracción solicitada implicaría «la muerte de ejemplares en un número indeterminado, que no se concreta, por lo que no cabe descartar que se pudiera producir un grave daño al ecosistema», ya que el lobo es un regulador del hábitat por su condición de depredador en lo más alto de la cadena, lo que elimina enfermedades al comer los ejemplares más débiles. También controla la sobrepoblación de jabalíes en algunos puntos.
En el TSXG «no se opone a medidas que no conlleven la extracción, admitiendo la posibilidad de medidas que promuevan la protección de la ganaderíay de la integridad de las personas, haciéndola compatible con la conservación de la especie amenazada, en un desarrollo sostenible del ecosistema».
Sin embargo, creen que «tal y como se solicita la medida contracautelar o modificación del auto, no es aceptable, al no razonarse que tales medidas sean compatibles con la adecuada conservación de la especie, ni tampoco que se hayan agotado todas las medidas preventivas necesarias para evitar o paliar los daños y riesgos alegados». Este último punto es el mismo argumento que acaba de emplear el Tribunal Supremo (TS) para vetar la caza de lobos en Asturias y Cantabria, ya que debe considerarse siempre como la última opción.
Los hechos habrían ocurrido durante una cacería autorizada de jabalí, desarrollada en el término municipal de Valdepeñas de Jaén
La Guardia Civil ha investigado a un cazador como presunto autor de un delito contra la fauna por abatir de forma irregular un ejemplar macho de cabra montés durante una cacería autorizada de jabalí, desarrollada en el término municipal de Valdepeñas de Jaén.
Las actuaciones se iniciaron cuando los agentes localizaron el cadáver de un ejemplar joven de macho montés, que estaba decapitado y presentaba heridas por arma de fuego, según ha informado este jueves el Instituto Armado.
Ante estos hechos, los agentes iniciaron una investigación, con la correspondiente inspección técnico-ocular del lugar, con el objetivo de esclarecer lo sucedido e identificar al responsable de la muerte del animal.
De jabalí
Las pesquisas permitieron determinar que el abatimiento del ejemplar se produjo durante una cacería autorizada de jabalí celebrada días antes, así como identificar al cazador que presuntamente realizó el disparo.
En la actuación, realizada por agentes de la Comandancia de Jaén, ha sido intervenido el rifle con el que se efectuó el disparo y el cuchillo utilizado para seccionar la cabeza del animal. Había sido cortada presuntamente para utilizarla como trofeo y se ha recuperado también.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, según ha concluido la Guardia Civil.
A raíz de este hecho, la Guardia Civil de Cuenca, Sanidad y Agentes Medioambientales coordinan inspecciones en actividades cinegéticas en la provincia.
La Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, a través de sus patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), viene desarrollando una serie de dispositivos de inspección y control sobre las diversas modalidades de caza en la provincia. Estas actuaciones tienen como objetivo principal velar por la seguridad en el desarrollo de las actividades cinegéticas, así como garantizar el control sanitario de las piezas de caza destinadas a comercialización.
La intervención que dio origen a estas inspecciones se produjo tras la localización en la localidad de Cañaveras, por los agentes del SEPRONA, de trofeos de caza mayor y diversas canales cárnicas, cuya procedencia legal no pudo ser acreditada. A raíz de este hallazgo, el SEPRONA, en colaboración con los veterinarios del Servicio de Salud Pública y Agentes Medioambientales, ha realizado inspecciones en las zonas de evisceración de diversas monterías, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.
En el transcurso de estos controles, los agentes y técnicos han supervisado el tratamiento de las piezas destinadas a la comercialización, detectando una serie de anomalías en materia de sanidad. Entre los incumplimientos más reseñables figuran la carencia de personal auxiliar suficiente para el manejo de las canales, la ausencia de un perímetro de seguridad que delimite el área de evisceración, falta de limpieza y desinfección, la falta de contenedores estancos adecuados para el transporte de material SANDAH y deficiencias en la correcta gestión de estos subproductos.
De forma paralela, las patrullas del SEPRONA han llevado a cabo numerosos servicios de vigilancia en monterías, ganchos y batidas con el fin de garantizar la seguridad de los cazadores. Durante estas inspecciones, se han interpuesto denuncias por infracciones que comprometen la seguridad de las personas, tales como el abandono o doblado de puestos, realizar disparos en zonas de seguridad o carecer de las preceptivas prendas reflectantes de alta visibilidad, obligatorias en este tipo de actividades colectivas.
Asimismo, la vigilancia se ha extendido a la caza de aves migratorias, específicamente en la modalidad del zorzal. En estas actuaciones, los agentes han procedido a la intervención de una cantidad considerable de aparatos electrónicos utilizados como reclamo, medios prohibidos para la caza según la legislación vigente en materia de caza.
La Guardia Civil recuerda a los participantes en actividades cinegéticas, la obligatoriedad de respetar las normas de seguridad y el uso de métodos autorizados, apelando a la responsabilidad para que la actividad se desarrolle de forma segura. Las actas y denuncias instruidas han sido remitidas a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca, las sanciones económicas pueden oscilar entre los 601 a los 6.000 euros.
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