La Audiencia Provincial revoca la absolución que había dictado un juzgado de lo Penal.
El Partido Animalista Pacma ha informado este martes sobre el caso ‘Nerón”, nombre del perro abatido por un cazador en la Sierra de Baza mientras paseaba a pocos metros de su familia en una excursión en marzo de 2022.
Según informa Pacma en una nota de prensa, en junio de 2025, el Juzgado de lo Penal nº1 de Granada absolvió al encausado, pese a considerar probado que disparó y causó la muerte del animal sin motivo aparente, intentando además ocultar su cadáver en un momento de ausencia de sus responsables. Ante esta resolución, la representación procesal de la acusación particular interpuso recurso de apelación. El Partido Animalista Pacma, personado como acusación popular, se adhirió formalmente al mismo, defendiendo que los hechos constituían un delito claro de maltrato animal con resultado de muerte según el artículo 337 del Código Penal.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha estimado ahora el recurso y ha revocado íntegramente la sentencia absolutoria, condenando al acusado como autor de un delito de maltrato animal.
La nueva sentencia impone al condenado la pena de un año y un día de prisión y tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con animales y para la tenencia de animales, lo que en la práctica le impide ejercer la actividad cinegética durante ese periodo. Además, deberá indemnizar a los responsables legales de Nerón por el daño moral causado.
Ahora, la representación procesal del condenado ha anunciado la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo por infracción de ley.
Desde el Partido Animalista Pacma valoran que la Audiencia haya corregido la absolución inicial y haya reconocido la relevancia penal de los hechos, aunque lamentan la laxitud de la condena, que al no alcanzar los dos años y un día, impedirá que el sujeto ingrese en prisión
La investigación se inició tras detectarse posibles irregularidades en la actividad cinegética y tras las sospechas de que se habían incumplido los cupos de extracción fijados para la jornada.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha formulado varias denuncias por un exceso de capturas del 48 % sobre el cupo autorizado en una montería celebrada en una finca del término municipal de Almadén (Ciudad Real).
Según ha informado el Instituto Armado, la investigación se inició tras detectarse posibles irregularidades en la actividad cinegética y tras las sospechas de que se habían incumplido los cupos de extracción fijados para la jornada.
Tras las inspecciones y el recuento de las piezas abatidas, los agentes constataron que el número de ejemplares superaba en un 48 % el máximo autorizado por la administración competente, lo que supone, según el Seprona, una alteración significativa del plan de ordenación cinegética y un impacto directo sobre la gestión sostenible de las especies.
Además del exceso de capturas, la patrulla detectó otras presuntas infracciones administrativas relacionadas con el desarrollo de la montería y el tratamiento de las piezas cobradas.
Asimismo, los agentes apreciaron irregularidades en la gestión de los Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano (Sandach), cuyo abandono o tratamiento inadecuado puede implicar riesgos sanitarios para el ecosistema y la fauna silvestre, además de constituir una infracción de la normativa vigente.
Como resultado de la intervención, se han cursado denuncias por presuntas infracciones graves por vulneración de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y de la normativa en materia de patrimonio natural y biodiversidad.
Las irregularidades detectadas podrían conllevar sanciones económicas en función de la gravedad de los hechos, así como la posible suspensión temporal de la actividad cinegética en el coto afectado.
Finalmente, el Seprona ha señalado que ha solicitado formalmente la realización de un estudio técnico sobre la población de las especies presentes en la finca, con el fin de valorar si la presión cinegética ejercida se ajusta a la realidad biológica del terreno o si ha comprometido la viabilidad de la fauna local. EFE
Hoy se ha celebrado el consejo regional de caza en Tineo
Con una media de edad que supera los sesenta años, el colectivo de cazadores asturianos envejece. La falta de relevo generacional pone en riesgo la viabilidad económica de las sociedades. Demandan ayudas o cambios en la normativa apunta Valentín Morán, presidente de la Federación de Caza del Principado de Asturias.
Línea de actuación en la que ya se trabaja desde el Principado que anuncia un descenso del 67% en el pago del canon por la gestión de las zonas mediante la modificación del decreto que lo regula. El objetivo es que sea efectivo en 2027.
Iniciativa conocida en el Consejo Regional de Caza celebrado hoy en Tineo donde se ha confirmado la ampliación de la temporada de caza hasta el próximo 31 de marzo con el fin de reducir la población de jabalíes y reforzar la prevención contra la peste porcina africana. Medidas que incluyen la autorización de caza de rayones y hembras con cría en la zona central de Asturias.
De la cifra total, 70.825 euros han sido destinados a los titulares de cotos y 58.140 euros a los centros de recogida de caza.
El departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha hecho efectivo el pago correspondiente al mes de diciembre a los cotos de caza y a las empresas de recogida por las capturas realizadas dentro del dispositivo extraordinario de control del jabalí.
El abono asciende a 128.965 euros, conforme a los datos oficiales recogidos en el informe de seguimiento del operativo de control de fauna silvestre, que cifra en 3.386 jabalíes los ejemplares controlados en diciembre de 2025, de los cuales 2.778 fueron entregados en centros de recogida y 518 destinados a autoconsumo en las tres provincias aragonesas.
De la cifra total, 70.825 euros han sido destinados a los titulares de cotos y 58.140 euros a los centros de recogida de caza.
La compensación económica se articula en el marco del decreto-ley aprobado en diciembre por el Gobierno de Aragón, que fija 30 euros por jabalí entregado por los cotos y 25 euros para los centros de recogida, reforzando así la presión cinegética en un momento clave para la prevención y contención de la peste porcina africana en el entorno aragonés.
Dos semanas de intensa interlocución con el sector
En las últimas dos semanas, el Ejecutivo autonómico ha mantenido dos reuniones técnicas con representantes del sector cinegético, empresas de carne de caza y responsables públicos, dentro del proceso continuo de evaluación del operativo.
En estos encuentros se abordaron:
– La evolución del foco de PPA en Cataluña.
– La saturación de algunas empresas de transformación de carne de caza.
– La necesidad de reforzar dispositivos de recogida y logística.
– Las inquietudes del sector sobre exportaciones y bioseguridad en el porcino.
Más medios materiales: Aragón cede sus jaulas a Cataluña y adquiere 25 nuevas
Como parte del refuerzo operativo, Aragón ha cedido las cuatro jaulas de captura que tenía en su dispositivo, atendiendo a la petición directa realizada por la Generalitat de Cataluña ante su necesidad urgente de ampliar la capacidad de control en la zona del foco.
Paralelamente, el Gobierno de Aragón ha iniciado el proceso de adquisición de 25 nuevas jaulas, que permitirán ampliar el perímetro de vigilancia y mejorar la eficacia del dispositivo en todo el territorio aragonés.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación en funciones, Javier Rincón, ha subrayado que “desde el primer momento hemos trabajado con rigor, anticipación y diálogo con el sector. Este pago, la ampliación de medios y la interlocución constante con el sector demuestran que el departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón está plenamente comprometido con la protección de nuestro porcino y con quienes trabajan cada día para garantizarla.”
Además, Rincón ha insistido en que «echamos de menos información más detallada, ha habido momentos en que nos hemos enterado por la prensa de lo que ocurre y eso no nos parece de recibo». Y ha añadido que «se trata de un problema nacional y deberíamos tener una información más detallada por parte del Ministerio de Agricultura»
Compromiso permanente
El Gobierno de Aragón reitera su agradecimiento a los cotos, a la Federación Aragonesa de caza, a las empresas de recogida y entidades colaboradoras por su implicación en una tarea clave para la salud animal y la protección de la economía aragonesa.
Efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Salamanca, concretamente agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) con base en Béjar, han llevado a cabo una nueva actuación contra la caza ilegal que se ha saldado con la investigación de un varón en la localidad de La Tala.
Los hechos se produjeron durante un servicio de prevención en horario nocturno, cuando ya había oscurecido. Los agentes dieron el alto a un vehículo que transitaba por un camino vecinal del municipio. Tras realizar una primera inspección ocular del transporte, los guardias civiles descubrieron en el remolque un ejemplar de jabalí, así como una bolsa de plástico que contenía 20 perdices y una paloma, todas ellas piezas recientemente abatidas.
El registro exhaustivo del interior del vehículo reveló infracciones graves en materia de seguridad y normativa cinegética. Los agentes localizaron una escopeta municionada —cargada y lista para disparar— que se encontraba dentro de una funda sin cerrar. Además, se hallaron diversos cartuchos de postas, un tipo de munición cuyo uso está estrictamente prohibido para la actividad cinegética debido a su peligrosidad y falta de selectividad.
Las investigaciones posteriores permitieron determinar que las piezas habían sido cazadas en un coto de la citada localidad de La Tala, para el cual el identificado carecía de la autorización necesaria. Ante la evidencia de los hechos, los agentes procedieron a la incautación inmediata del arma y de las piezas de caza.
El sospechoso está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna por cazar sin autorización. Asimismo, se le han formulado diversas denuncias administrativas por las infracciones observadas en materia de caza y reglamento de armas.
Los próximos 21 y 22 de enero, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas examinará el grado de cumplimiento de España con la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional que reconoce a niñas, niños y adolescentes (NNA) como sujetos de derechos y establece que su interés superior debe prevalecer de forma prioritaria.
Entre la documentación que analizará el Comité figura un informe elaborado por la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA), en el que se alerta de la falta de protección de la infancia frente al acceso a actividades de caza con armas de fuego en el Estado español.
Acceso de menores a armas y actividades cinegéticas
CoPPA denuncia que la normativa vigente en España permite que adolescentes a partir de los 14 años utilicen armas de fuego y que, además, en varias comunidades autónomas se autoriza la presencia de menores como acompañantes en actividades de caza. Según la organización, cinco comunidades permiten de forma explícita la asistencia de niños y niñas desde los 0 años.
Esta situación, advierten, vulnera el principio del interés superior del menor y el derecho de los NNA a ser protegidos frente a cualquier forma de violencia.
Riesgos físicos y psicológicos para la infancia
El informe, elaborado por un equipo multidisciplinar, reúne evidencias científicas que alertan de los graves riesgos de exponer a menores a la caza con armas de fuego. Entre ellos se encuentran los peligros para la integridad física, el riesgo de accidentes graves o mortales y el impacto del acceso a armas en el suicidio adolescente.
CoPPA subraya además que la supervisión adulta no siempre reduce estos riesgos y que, en determinados contextos, puede incluso agravarlos.
Lesiones y muertes en accidentes de caza
El acceso a armas de fuego es un factor de riesgo reconocido en muertes y lesiones accidentales de niños, niñas y adolescentes. En el ámbito cinegético, la cercanía a los disparos incrementa de forma notable la probabilidad de sufrir accidentes con consecuencias trágicas. Lamentan desde la coordinadora.
En un anexo del informe, CoPPA documenta casos de menores heridos o fallecidos en accidentes de caza en España, algunos de ellos provocados por familiares o personas encargadas de su supervisión.
Suicidio adolescente y disponibilidad de armas
Diversos estudios citados en el documento señalan que los entornos con mayor acceso a armas de fuego presentan tasas más elevadas de suicidio adolescente. En este grupo de edad, la disponibilidad de armas supone un riesgo especialmente alto, incluso superior al de la depresión, según algunas investigaciones.
Las armas de caza tienen un peso relevante en los suicidios de menores y se observa un aumento durante la temporada cinegética.
Impacto emocional y normalización de la violencia
La exposición a la violencia, incluida la ejercida contra animales, puede generar angustia crónica, depresión y trauma psicológico. CoPPA explica que este impacto es especialmente intenso cuando la violencia es ejercida o legitimada por adultos de referencia.
Además, los menores pueden presenciar accidentes graves durante las jornadas de caza, con consecuencias severas para su salud mental, sobre todo cuando las víctimas son personas cercanas o cuando el propio menor está implicado. El informe recoge casos especialmente graves que evidencian la magnitud del problema.
La normalización de la violencia también aumenta el riesgo de conductas problemáticas, como el acoso escolar o la delincuencia juvenil, al reforzar actitudes que legitiman la agresión y la imitación de modelos violentos.
Llamamiento urgente a las autoridades
Ante este escenario, CoPPA solicita al Comité de Derechos del Niño que inste a las autoridades españolas a modificar la normativa para prohibir en todo el territorio que los menores de 18 años utilicen armas de fuego en actividades de caza o asistan a ellas como acompañantes.
La asociación recuerda que los derechos de la infancia, reconocidos en un tratado internacional ratificado por España, deben situarse por encima de cualquier otro interés.
Denuncia.
La Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos es una asociación internacional sin ánimo de lucro integrada por psicólogos, psiquiatras, sociólogos, abogados y especialistas en derechos humanos, dedicada a la prevención de la violencia y a la protección de colectivos vulnerables, con especial atención a la infancia y la adolescencia.
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