El conseller Ordeig pide un frente común contra los daños de conejos, corzos y jabalíes.
“No solo el departamento de Agricultura, el conjunto del Govern está muy preocupado por el descontrol de la fauna cinegética y los efectos adversos”, manifestó ayer el conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Óscar Ordeig, en Tàrrega, en la reunión mantenida con colectivos afectados por la sobrepoblación de conejos. Una de las medidas anunciadas es aumentar la formación de los cazadores para participar en las cacerías. Entre mayo y noviembre, 230 personas participaron en los cursos organizados para este fin. A partir de febrero y durante el 2025, el DARP multiplicará la oferta formativa, con 22 cursos que se impartirán en las escuelas de capacitación agraria para habilitar “a más de 800 personas que se podrán sumar a este frente común para el control de la fauna cinegética”. De esta manera se contará con mil cazadores más para combatir la acción de estos animales.
En la provincia de Lleida, donde hay unas 8.000 licencias de caza, en el último año ha habido un incremento de peticiones de licencias de caza por parte de agricultores que quieren combatir la plaga de conejos. Según el censo de otoño, la población de conejo ha aumentado en todas las comarcas de la zona de emergencia cinegética (Urgell, Pla d’Urgell, Segrià, Segarra, Noguera y Garrigues) de 145 animales por km2cuadrado, en octubre de 2023, a 190, en octubre de 2024.
El conseller insistió en el aumento de la población de conejos, corzos y jabalíes “de manera descontrolada derivada de muchos factores, entre ellos el cambio climático o la reducción de las personas que se dedican a la caza”.
Ante esta situación, ha hecho “un llamamiento al conjunto de la sociedad, al conjunto de la administración pública de la Generalitat y a las organizaciones y entidades que hacen control cinegético, que pueden ayudar yendo todos a una para afrontar esta situación que ha venido para quedarse”.
Mil cazadores más combatirán la fauna cinegética
Agricultura
El conseller Ordeig pide un frente común contra los daños de conejos, corzos y jabalíes
Los agricultores se sienten impotentes ante los cuantiosos daños causados por los conejos AlexandraR / Getty
“No solo el departamento de Agricultura, el conjunto del Govern está muy preocupado por el descontrol de la fauna cinegética y los efectos adversos”, manifestó ayer el conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Óscar Ordeig, en Tàrrega, en la reunión mantenida con colectivos afectados por la sobrepoblación de conejos. Una de las medidas anunciadas es aumentar la formación de los cazadores para participar en las cacerías. Entre mayo y noviembre, 230 personas participaron en los cursos organizados para este fin. A partir de febrero y durante el 2025, el DARP multiplicará la oferta formativa, con 22 cursos que se impartirán en las escuelas de capacitación agraria para habilitar “a más de 800 personas que se podrán sumar a este frente común para el control de la fauna cinegética”. De esta manera se contará con mil cazadores más para combatir la acción de estos animales.
En la provincia de Lleida, donde hay unas 8.000 licencias de caza, en el último año ha habido un incremento de peticiones de licencias de caza por parte de agricultores que quieren combatir la plaga de conejos. Según el censo de otoño, la población de conejo ha aumentado en todas las comarcas de la zona de emergencia cinegética (Urgell, Pla d’Urgell, Segrià, Segarra, Noguera y Garrigues) de 145 animales por km2cuadrado, en octubre de 2023, a 190, en octubre de 2024.
Ordeig indicó que en algunas zonas los daños causados por la fauna cinegética pueden llegar a ser del 100%
El conseller insistió en el aumento de la población de conejos, corzos y jabalíes “de manera descontrolada derivada de muchos factores, entre ellos el cambio climático o la reducción de las personas que se dedican a la caza”.
Ante esta situación, ha hecho “un llamamiento al conjunto de la sociedad, al conjunto de la administración pública de la Generalitat y a las organizaciones y entidades que hacen control cinegético, que pueden ayudar yendo todos a una para afrontar esta situación que ha venido para quedarse”.
Investigación del IESA-CSIC
Rafael Villafuerte y Miguel Delibes Mateos, investigadores del IESA-CSIC, iniciarán en primavera, en Lleida y en Castilla-La Mancha, trabajos de campo de un proyecto del Ministerio de Ciencia que busca desarrollar herramientas para mitigar conflictos con la fauna silvestre. Uno de los objetivos, según Villafuerte, es mejorar el marco legal de la gestión de los daños provocados por el conejo, que consiste en declarar zonas de emergencia cinegética en las que se permite la caza intensiva durante todo el año. Entre otros aspectos, analizarán el impacto de las fechas de caza sobre las poblaciones y la mortalidad causada por enfermedades en tres escenarios: áreas sin control poblacional, con control intensivo y con control extremo.
El objetivo de la reunión de Tàrrega, según sus palabras, es “establecer una actuación permanente de control cinegético para abordar un problema sanitario”, de daños a los cultivos y también de siniestros en la carretera. Ordeig se ha referido a la tuberculosis y a la PPA, la peste porcina africana, una enfermedad que transmiten los jabalíes de la que hay focos en varios países, como Alemania o Polonia.
Según sus datos, los daños en el campo de la fauna cinegética en algunas zonas son de entre el 20% y el 100%, en función del tipo de cultivo. “Esta sobrepoblación también provoca accidentes. Hay datos que indican que el 30% de siniestros de tráfico en Catalunya están causados por la fauna cinegética”, añadió Ordeig.
Desde la Plataforma Pagesos o Conills, su portavoz, Ramon Boleda, que ha sufrido daños en olivos, pistachos y cereales, ha vuelto a pedir el uso de biocidas, una opción que Agricultura descarta después de una prueba piloto en el 2023.
Condenados dos cazadores por furtivismo contra el lobo en la Montaña Palentina.
La sentencia establece dos años de inhabilitación y más de 2.000 euros de multa para cada uno, tras ser sorprendidos por el SEPRONA practicando caza de espera nocturna sin autorización.
El Juzgado de lo Penal de Palencia ha condenado a dos cazadores a dos años de inhabilitación para cazar y a pagar una multa de más de 2.000 euros, cada uno, por un delito contra la protección de la fauna tras ser sorprendidos durante un acto de furtivismo contra el lobo en la Montaña Palentina.
El SEPRONA del puesto de Barruelo de Santullán sorprendió a estos dos cazadores sobre las 00:25 horas del 24 de febrero de 2021 practicando, sin autorización, la modalidad de caza de espera nocturna en una caseta-tiradero de Cubillo de Castrejón. Se encontraban, además, a escasos 100 metros de un cebadero con restos de corderos y un ternero muerto atados a los árboles, según consta en el atestado.
No tenían ningún tipo de permiso para cazar en la modalidad de espera nocturna, ni estaban autorizados para la caza ningún día y en ninguna modalidad cinegética en el coto de Cubillo de Castrejón donde fueron sorprendidos. Todo ello, según declaraciones de la presidenta del coto afectado, que también afirmó que al día siguiente de los hechos uno de los condenados se puso en contacto con ella para conseguir una autorización del coto y un precinto de caza, todo ello de manera irregular, a lo que ella se negó.
Además, se les incautaron una cámara térmica activa y en funcionamiento, un rifle con un cartucho en la recamara lista para su uso y una mira telescópica con visor térmico compatible con el rifle, junto a un precinto de lobo perteneciente a otro coto de caza distinto al del lugar en el que se encontraban, posiblemente para poder hacer legal el acto de furtivismo nocturno de caza, en el caso de haber conseguido abatir un lobo.
La Sentencia núm. 03/25 determina que en el acto del juicio oral resultaron plenamente acreditados los hechos, que las declaraciones de ambos acusados son incongruentes e inconsistentes y concluye que se estaba ejerciendo claramente una acción de caza. Por tanto, los hechos probados se subsumen, sin lugar a ninguna duda, en el tipo penal del art. 335.2 CP que trata de proteger el ejercicio de la caza en terrenos públicos o privados ajenos que tienen la consideración de sometidos a régimen cinegético especial y el peligro que la fauna pueda sufrir a consecuencia de una incontrolada actividad de caza.
Ecologistas en Acción de Palencia pidió en su escrito de acusación penas mayores, interesando para cada uno de los acusados la imposición de la pena de 7 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros (6.300 euros), así como la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar por 3 años.
A pesar de ello, la asociación ecologista valora de manera positiva la sentencia, que no es firme, ya que supone «una nueva condena a acciones de furtivismo que se acumula a las ya existentes por delitos de caza en nuestra provincia, no siendo descabellado afirmar que, si esto es, como así parece, solo la punta del iceberg, el furtivismo en la provincia podría calificarse de galopante».
Un hombre de 57 años ha resultado herido con múltiples traumatismos tras dispararse “accidentalmente” mientras cazaba, después de caer por un terraplén de entre tres y cuatro metros en la Sierra de Bernia, en el término municipal de Altea (Alicante).
El accidente se ha producido este sábado, en la pista forestal de paelleros de la Sierra de Bernia, y sobre las 12.40 horas el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han recibido el aviso.
Los bomberos han explicado que un hombre que estaba de caza “accidentalmente” se ha disparado un tiro en la rodilla al caer por un terraplén de entre tres y cuatro metros de altura, por lo que ha quedado inconsciente y lesionado de gravedad.
Sus compañeros de caza han enviado el aviso y los bomberos han activado la operación de rescate. Una vez localizado y rescatado con el helicóptero, lo han trasladado a la helisuperficie de Finestrat, donde le esperaba un helicóptero medicalizado para su urgente traslado al hospital.
El CICU ha informado que el herido presentaba múltiples traumatismos y ha sido desplazado por el helicóptero medicalizado a la zona de La Vila Joiosa. Allí, una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) lo ha conducido al Hospital de la Marina Baixa.
El dueño tenía a los animales sin identificar y sin ningún control documental.
Agentes de la Guardia Civil de Madrid han investigado a un cazador de 44 años de edad por un delito de maltrato animal al localizar en el municipio de Cadalso de los Vidrios (Madrid) el pasado día 8 de enero tres cadáveres de cachorro de perro y 11 podencos con lesiones en patas, orejas y otro con una extrema delgadez.
Dicha intervención surgió tras el hallazgo de los tres cadáveres de cachorros en una zona boscosa desde donde los agentes escucharon varios ladridos que procedían de un inmueble próximo abandonado y en el cual encontraron 11 perros podencos viviendo en unas condiciones higiénico-sanitarias no adecuadas que hacían peligrar su vida.
Además, el propietario tenía a los animales sin identificar y sin ningún control documental, por lo que agentes del Seprona, con apoyo de técnicos de la Comunidad de Madrid, procedieron a su traslado a diferentes centros oficiales para poder recibir las atenciones veterinarias necesarias.
Asimismo, a lo largo del pasado año 2024, la Guardia Civil ha investigado a otras seis personas en San Agustín de Guadalix, Bustarviejo y Cenicientos por delitos de maltrato animal cometidos contra perros, hámsters, un cordero y un gato.
Los hechos han tenido lugar en San Martín de Tábara y en Otero de Bodas.
En medio de la carretera. Es el lugar en el que han aparecido dos armas de fuego que habían perdido sendos cazadores zamoranos tras su jornada cinegética. Las armas, una escopeta y un rifle, fueron encontradas en la vía pública por otros ciudadanos en los términos municipales de Otero de Bodas y de San Martín de Tábara.
En el primer caso, el cazador circulaba por la N-631 con el portón de su vehículo abierto por lo que perdió el arma durante el trayecto. El rifle fue encontrado por una patrulla de la Guardia Civil de Mercado del Puente, que la depositó en la Intervención de Armas de Puebla de Sanabria. El conductor asegura que en ningún momento se percató de que el arma se había caído.
Por otro lado, la semana pasada, otro cazador dejó momentáneamente apoyada su arma encima del carro donde trasportaba a sus perros tras su jornada cinegética. Una vez recogidos todos sus enseres, se olvidó de guardar la escopeta, que fue encontrada por un vecino de la localidad en mitad del asfalto de la carretera ZA-P-2432, que une San Martín de Tábara con Olmillos de Castro, siendo encontrada.
La Guardia Civil incide en que la custodia de las armas es una obligación inexcusable de sus titulares, por lo que ambos cazadores serán sancionados con una multa que puede ir de los 601 a los 30.000 euros en el caso de las infracciones graves, y de los 30.001 a los 600.000 euros en el de las faltas muy graves.
La intervención del Seprona permitió rescatar a cinco de ellos, que sobrevivieron, mientras que 25 fallecieron por no recibir las atenciones de manutención y sanitarias obligatorias estipuladas por ley
Los dos cazadores acusados de un presunto delito de maltrato continuado a 30 perros en la localidad de Puebla de la Reina (Badajoz), 25 de ellos con resultado de muerte, se han reconocido culpables y han sido condenados, cada uno de ellos, a 20 meses de prisión y a seis años y ocho meses de inhabilitación.
Según ha informado la protectora El Refugio, personada como acusación, ambos se han reconocido culpables de dos delitos de maltrato en el juicio celebrado este jueves en el Juzgado de lo Penal número 2 de Mérida. En concreto, han sido condenados por un delito de maltrato de animales continuado con resultado de muerte a 12 meses de cárcel y un día de prisión, más tres años y 10 meses de inhabilitación y prohibición de tenencia de animales.
Asimismo, han sido condenados por un delito de maltrato animal a la pena de ocho meses de prisión y dos años y 10 meses de inhabilitación y prohibición de tenencia de animales. La Fiscalía pedía 37,5 años años de cárcel por estos hechos, ocurridos durante 2020, mientras que El Refugio solicitaba 85 años.
El Ministerio Público reclamaba, en concreto, 16 meses por por cada uno de los 25 canes fallecidos y 10 meses por cada uno de los otros cinco delitos de maltrato animal en relación con los perros que consiguieron sobrevivir, según han informado a EFE fuentes judiciales. Según la protectora de animales, 25 de los perros fallecieron presuntamente por no haber recibido las atenciones de manutención y sanitarias obligatorias estipuladas por ley.
La intervención de una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil permitió rescatar a cinco perros, que consiguieron sobrevivir a pesar de que se encontraban en condiciones de salud “lamentables”, según El Refugio. Antes del inicio de la vista, la protectora ha desplegado una pancarta delante del Juzgado en un acto al que ha acudido su presidente, Nacho Paunero.
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