España ha confirmado los dos primeros casos de peste porcina africana (PPA) en más de tres décadas, después de que dos jabalíes fueran hallados muertos el pasado 26 de noviembre en Bellaterra, Barcelona.
Los servicios veterinarios oficiales de la Generalitat de Catalunya notificaron al Ministerio de Agricultura la detección del virus, confirmada posteriormente por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid). Este hallazgo marca el retorno de la enfermedad al territorio español tras 31 años de ausencia.
La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha hecho público un comunicado en el que se pone a disposición de las administraciones, haciendo un llamamiento a los cazadores y advirtiendo de la difusión de posibles bulos.
Alerta sanitaria
El ministerio ha convocado de urgencia al Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, reuniendo a los responsables de todas las comunidades autónomas y representantes del sector porcino para coordinar la respuesta.
La peste porcina africana, aunque no representa ningún riesgo para la salud humana, constituye una amenaza devastadora para la industria ganadera española, que facturó 25.000 millones de euros en 2024 y genera más de 415.000 empleos.
Medidas inmediatas de contención
Las autoridades han activado el manual práctico de operaciones de lucha contra la peste porcina, estableciendo una zona restringida de aproximadamente 10 kilómetros alrededor del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde fueron localizados los cadáveres. Los dos jabalíes se encontraban a un kilómetro de distancia entre sí.
El plan de contingencia incluye la prohibición inmediata de la caza en la zona afectada para evitar el movimiento de jabalíes hacia territorios libres de la enfermedad. Los equipos veterinarios han iniciado la búsqueda activa y eliminación bajo control oficial de cadáveres de jabalíes silvestres, mientras se refuerzan las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones porcinas del área.
Impacto en las exportaciones
La detección de peste porcina africana ha provocado el bloqueo automático de todas las exportaciones de carne de cerdo fuera de la Unión Europea procedentes de la zona afectada. Esta restricción golpea a uno de los sectores estratégicos de la economía española, que en 2024 exportó 2,72 millones de toneladas por un valor de 8.784 millones de euros, manteniendo su posición como segundo exportador mundial.
El sector porcino español representa el 44% de la producción ganadera nacional. Con más del 58% de la producción destinada a exportación, la aparición de la enfermedad supone un desafío mayúsculo.
China, principal destino de las exportaciones españolas con más de 570.000 toneladas anuales, representa el 19% del total de las ventas exteriores del sector. Las exportaciones de porcino catalán suponen el 19% del total de ventas agroalimentarias de la región al extranjero, lo que magnifica el impacto económico de las restricciones comerciales.
Contexto epidemiológico europeo
La peste porcina africana se encuentra presente en la Unión Europea desde 2014, cuando entró en los países bálticos y Polonia procedente de Rusia. Actualmente, afecta a poblaciones de jabalíes silvestres y algunas explotaciones de cerdos domésticos en 13 países: Italia, Alemania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Grecia, Rumanía, Bulgaria y Croacia.
Bélgica, Suecia y la República Checa lograron erradicar la peste porcina tras aplicar estrictas medidas de control y vigilancia en poblaciones de jabalíes silvestres. El caso español presenta características similares a estos focos puntuales por salto a larga distancia, lo que genera cierto optimismo sobre las posibilidades de contención rápida.
Un virus letal
La peste porcina africana causa tasas de mortalidad cercanas al 100% en animales infectados. Los síntomas característicos incluyen fiebre alta, hemorragias en la piel y órganos internos, abortos y muerte súbita. No existe vacuna ni tratamiento curativo disponible, lo que convierte la prevención en la única herramienta efectiva.
El virus se transmite principalmente por contacto directo entre animales o indirectamente mediante la ingesta de productos contaminados. También puede propagarse a través de ropa, vehículos o equipos infectados, lo que explica la implementación de rigurosas medidas de bioseguridad en las explotaciones porcinas de toda España.
Vigilancia extrema nacional
El Ministerio de Agricultura ha solicitado al sector que extreme las medidas de bioseguridad y vigilancia en todas las explotaciones de ganado porcino y jabalíes del territorio nacional. Las comunidades autónomas deben comunicar inmediatamente cualquier sospecha detectada, tanto en fauna silvestre como en granjas comerciales.
Una enfermedad que ya fue erradicada
España es considerada un paradigma en la erradicación de esta enfermedad, que se mantuvo endémica en el país durante décadas. El programa final de erradicación, implementado desde 1985, se basó en la detección de animales portadores asintomáticos mediante técnicas serológicas y virológicas avanzadas, y el sacrificio de todos los animales de explotaciones positivas. El último caso de peste porcina detectado en España data de noviembre de 1994.
Reacción de la Federación de Caza
La Real Federación Española de Caza, tras la confirmación por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de los dos primeros casos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes en Cataluña, ha señalado su «colaboración absoluta con las administraciones» en esta alerta.
Así mismo, reclama «máxima prudencia y rechazo a la difusión de bulos», recordando que «la PPA es una enfermedad de altísima vigilancia sanitaria en la Unión Europea». Ene ste sentido, la RFEC pide a «cazadores, medios de comunicación y ciudadanía no difundir informaciones no verificadas, rumores o interpretaciones alarmistas. Toda información oficial se publicará exclusivamente a través de las autoridades competentes».
Llamamiento a los cazadores
Desde la federación se recalca que se pone a disposición del Ministerio de Agricultura, de las comunidades autónomas y de los servicios de sanidad animal para colaborar en todo lo necesario. «Los cazadores desempeñan un papel clave en la detección temprana, control poblacional y vigilancia sanitaria del jabalí, como ya se ha demostrado en numerosos países europeos», señalan.
Otro de los aspectos en el comunicado de la RFEC a reseñar es el «llamamiento a reforzar las medidas de bioseguridad», recordando a todos los cazadores y sociedades de caza la importancia de extremar las medidas de bioseguridad recomendadas.
Entre las recomendaciones está la manipulación higiénica de piezas, gestión adecuada de subproductos, limpieza y desinfección del material y vehículos y evitar cualquier movimiento de restos biológicos fuera de los puntos autorizados.
Desde la RFEC se actualizarán las recomendaciones conforme se publiquen protocolos adicionales y seguirá en contacto con las autoridades sanitarias para informar puntualmente al sector y garantizar que cazadores, gestores y sociedades dispongan de instrucciones claras y fiables.
Cómo actuar ante un jabalí muerto
Las autoridades confían en que la detección temprana del brote, limitado hasta ahora a dos jabalíes silvestres sin casos en granjas comerciales, permitirá una contención efectiva siguiendo los protocolos que ya funcionaron en otros países europeos.
Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación proporcionan más información sobre la enfermedad en jabalíes silvestres y sobre el protocolo de actuación y comunicación en caso de detectarse jabalíes con signos de enfermedad o cadáveres en el medio.
La regulación de la actividad cinegética en estas zonas se lleva a cabo con el objetivo de evitar incidentes durante las batidas de jabalí y de garantizar la convivencia entre la conservación del oso pardo
El Gobierno de Aragón ha aprobado una resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), que establece limitaciones en la caza en varias zonas del Pirineo oscense, tras constatarse un incremento de la presencia de osos, incluido el primer nacimiento de osezno en los últimos 50 años en los valles occidentales.
La regulación de la actividad cinegética en estas zonas se lleva a cabo con el objetivo de evitar incidentes durante las batidas de jabalí y de garantizar la convivencia entre la conservación del oso pardo y el desarrollo de actividades tradicionales como la caza, según han informado desde el Departamento de Medio Ambiente y Turismo.
La norma establece restricciones específicas en función del tipo de área, así como un protocolo de suspensión inmediata de las batidas cuando se detecte la presencia de un ejemplar.
Actualmente está confirmada la presencia de cinco ejemplares de plantígrados en los valles occidentales del Pirineo aragonés -la osa Claverina con su cría, dos subadultos nacidos en 2021 y un ejemplar joven de 2023-, mientras que en la zona oriental sólo se ha detectado un ejemplar adulto de forma esporádica.
Esta resolución, consensuada con la Federación de Caza y con los municipios implicados, se aplica a los términos municipales de Ansó, Hecho, Aragüés del Puerto, Aísa, Borau, Gistaín, San Juan de Plan, Sahún, Benasque y Montanuy y establece dos áreas diferenciadas.
Zonas con la caza prohibida
Según la misma, en las áreas donde se localiza la hembra con cría o las zonas de hibernación no podrán realizarse batidas de caza ni practicarse la caza al salto, con el fin de evitar daños o situaciones de riesgo.
En las áreas críticas por presencia habitual de oso, las batidas únicamente podrán desarrollarse empleando perros provistos de collares electrónicos de adiestramiento que permitan controlar su comportamiento y evitar el acoso accidental a los osos.
Además, todos los perros deberán estar identificados mediante documento oficial que acredite que no están clasificados como potencialmente peligrosos.
La resolución también establece que, en cualquier terreno de Aragón, si durante una batida se detecta un oso, la actividad cinegética deberá suspenderse de inmediato durante al menos seis días y comunicarse de forma urgente a los Agentes para la Protección de la Naturaleza.
La cartografía de las áreas críticas oseras estará disponible para consulta y descarga a través de la Infraestructura de Conocimiento Espacial (ICE) de Aragón. La resolución tendrá una vigencia máxima de un año o hasta la entrada en vigor del próximo Plan General de Caza de Aragón correspondiente a la temporada 2026-2027.
Otras medidas tomadas
Para garantizar la compatibilización entre biodiversidad, presencia de oso pardo y actividades tradicionales, el Gobierno de Aragón ha venido desplegando en los últimos meses un conjunto de medidas consensuadas con el territorio. En septiembre de 2024, se constituyó la Mesa del Oso, un órgano de trabajo orientado a acordar actuaciones entre administraciones, ganaderos, cazadores y agentes locales, en cumplimiento del mandato legal de preservar una especie catalogada «en peligro de extinción» y asegurar la coexistencia con las comunidades rurales.
Fruto de ese trabajo se han implementado actuaciones de prevención en los Valles Occidentales, único territorio donde se registran ataques. Entre ellas destacan la reparación de pistas y casetas, la instalación de un doble vallado de protección en el puerto de Segarra en Ansó, la construcción de una nueva pista en Calveira y el traslado en helicóptero de una caseta de vigilancia en el Puerto de Segarra.
A esto se suma la contratación de dos pastores para la custodia de los rebaños en el Valle de Hecho, así como la evaluación de nuevos accesos en zonas con restricciones normativas dentro del área del PORN.
El Gobierno autonómico cuenta además con dos Patrullas Oso, integradas por cinco personas –tres en el Pirineo Occidental y dos en el Oriental– encargadas del seguimiento poblacional, la vigilancia frente al furtivismo, el peritaje de daños y la atención a ganaderos. Estas actuaciones están contribuyendo a una reducción muy significativa de los daños.
Durante 2025, se han registrado únicamente ocho ataques en la zona de Ansó, con ocho ovejas muertas, lo que supone un descenso del 75% respecto al año anterior, cuando hubo 33 ataques y 46 reses muertas. De forma complementaria, el Departamento de Agricultura convoca anualmente ayudas por 592.779 euros destinadas a apoyar medidas de prevención frente al oso y al lobo.
El Gobierno de La Rioja se prepara para retomar la caza del lobo, recurrida en los juzgados, y la justifica por el aumento de ataques, a pesar de que se han reducido, y un censo que las organización ecologistas tachan de “burda manipulación”
La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha anunciado hoy que el Gobierno de La Rioja eliminará la tasa por la caza de lobos, que actualmente es de 1.250 euros, aproximadamente. Lo hará a través de una enmienda parcial que presentará el PP, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento de La Rioja, a la Ley de Medidas Fiscales. Manzanos ha justificado que “cazar un lobo no es un deporte” y ha señalado que lo hacen por responsabilidad y por empatía para con los ganaderos“, de manera que ha tildado la tasa de ”hándicap“.
Así lo ha declarado en una reunión con el sector ganadero y a Federación Riojana de Caza en la que ha presentado unos datos de la situación del lobo en La Rioja para justificar esta medida. En La Rioja, la orden de vedas, elaborada tras la salida del lobo del listado del LESPRE y la eliminación de la protección autonómica con el cambio de la Ley de Biodiversidad, fue recurrida por las asociaciones WWF, Ecologistas en Acción y PACMA. No obstante, la consejera ha apuntado que el Tribunal Superior de Justicia no ha establecido medidas cautelares, por lo que desde el Gobierno de La Rioja entienden que se puede aplicar la orden de vedas, es decir, pueden volver a cazarse lobos.
“El recorrido normativo ha sido largo, pero nos va a permitir contar con esta nueva herramienta de gestión para restablecer el equilibrio y controlar la población, que se une a las medidas adoptadas, ya que continuaremos con las indemnizaciones a los ganaderos de extensivo en la Reserva y fuera de ella, el control cinegético o la construcción de los corrales anti-lobo allí donde lo soliciten”, ha concluido la consejera al término de la reunión de trabajo en la que ha facilitado los datos del censo regional actualizado.
En este sentido, el Gobierno de La Rioja ha decidido celebrar la reunión para iniciar batidas de caza “en el momento en el haya un plan técnico”, ha dicho la Noemí Manzanos. “De momento”, ha continuado, no hay plan técnico elaborado pero sí hay seis cotos que lo han solicitado a la Consejería y, como ha declarado, “en el momento en el que esté elaborado, a no ser que el Tribunal Superior de Justicia diga lo contrario, podrán empezar a cazar lobos”.
La modalidad que se usaría es la que está en vigor, esto es, una de las batidas que se están realizando ahora en la sierra, en las que se puede solicitar que se introduzca al lobo como especie, siguiendo la orden de vedas de La Rioja. “Dependerá de la zona, dependerá de lo que haya sucedido anteriormente, o si ha habido más, porque todo depende de un plan técnico, no se pueden cazar todos los lobos, sino lo que el plan técnico de caza de cada zona venga a referirse”, ha puntualizado. Manzanos ha esperado también que La Rioja sea la tercera comunidad en empezar la caza del lobo, tras Cantabria y Asturias.
La evolución de la población del lobo en La Rioja
El Gobierno de La Rioja ha acompañado estos anuncios con datos sobre el aumento de la presencia del lobo, que ha contabilizado en 6 manadas y 7 lobos solitarios, lo que certifica, según han señalado, la “presencia evidente”, de hasta 71 ejemplares en 56 municipios. El Ejecutivo apunta que la población del lobo “ha crecido un 50%” en los últimos cuatro años.
Manzanos ha recordado que el censo regional anterior recogía la existencia de cuatro manadas, con entre 18 y 38 lobos, localizadas una en el Alto Oja y Alto Najerilla (entre Canales de la Sierra y Ezcaray), dos en la zona de las 7 Villas (Brieva, Mansilla, las Viniegras) y otra en el Alto Iregua-Cebollera (Villoslada y Lumbreras de Cameros). En este momento, son 6 manadas, “la primera se ha dividido en dos, la ahora denominada manada de Gatón y un nuevo grupo reproductor asentado en Ezcaray. Por otro lado, se ha establecido una nueva manada, y muy activa, en Laguna de Cameros”, ha precisado, con lo que la población del lobo en La Rioja sumaría hasta 71 ejemplares.
Sin embargo, estos datos no diferencian entre las manadas asentadas de forma fija en La Rioja y las compartidas con Castilla y León. En el censo anterior, solo una era autóctona y cuatro compartidas. Actualmente, como ha advertido Ecologistas en Acción dos manadas son autóctonas y cuatro compartidas.
En cuanto a la repercusión de los ataques de lobo, la consejera ha concretado que antes de 2021, “el 93% de los ataques se concentraban en la comarca de Las 7 Villas, con algún ataque puntual en Ezcaray o en la Sierra Cebollera”. Según la información actual, el impacto de los ataques se ha multiplicado por tres y han pasado de producirse de 10 a 30 municipios riojanos.
Los animales atacados se redujeron un 30% en 2023
En cuanto a los ataques, el problema para los ganaderos, la consejera ha declarado: “Los ataques han ido aumentado año a año”. Sin embargo, esta afirmación no es cierta. El año con más ataques es el 2022, recién declarada la protección del lobo, cuando hubo 303 ataques y 693 cabezas de ganado afectadas. En 2023, según datos ofrecidos a este medio desde el propio Gobierno el pasado mes de mayo, los ataques se redujeron hasta las 507 animales atacados (510, según la información de este mes de noviembre) y en 2024 se registraron 504 animales atacado. Este viernes, la consejera tampoco ha ofrecido datos exactos de los últimos dos años para valorar las medidas de protección puesta en marcha: “Desde entonces (2022), no hemos logrado bajar de los 250 ataques y unos 500 animales afectados por año”.
Respecto al importe de las indemnizaciones por daños de lobo en La Rioja, que comenzaron a pagarse en el año 2005, asciende a 1.044.348,70 euros. En este sentido, Manzanos ha recalcado el aumento de la partida destinada a este fin desde la Consejería “teniendo en cuenta que en 2005 no llegó a los 20.000 euros y cuando se superaron los 165.000 euros el pasado 2024”.
Por otro lado, el Gobierno de La Rioja ha impulsado la construcción de 32 cerramientos y corrales anti-lobo en 11 municipios. Aunque los datos evidencian la reducción de los ataques a pesar del aumento poblacional, Manzanos ha señalado: “La adopción de medidas para la protección de los rebaños en todos los casos no ha supuesto la reducción de ataques”, con el ejemplo de Viniegra, con 6 instalaciones nuevas, “donde los ataques han pasado de 26 en 2021 a 67 en el pasado ejercicio 2024”, ha añadido.
Ecologistas en Acción responde: “Es una burda manipulación”
Ecologistas en Acción ha reclamado a la consejera a entregar el censo completo porque, según han denunciado, el dato de que hay 71 ejemplares es “una burda manipulación falsa”. “De las 6 manadas existentes según los científicos, solamente 2 estarían asentadas en nuestro territorio, y las otras cuatro serían compartidas con Castilla León, por lo que de los 50 ejemplares que es realmente los que podrían visitar nuestra tierra en determinados momentos , únicamente uno de cada tres permanecería de forma estable en La Rioja”, han explicado
Además, según explican, entre los 50 ejemplares se incluyen los cachorros nacidos en la temporada 2025, y que, si tenemos presente que el estudio se finalizó en verano, algunos ya habrán muerto por causas naturales y por acción de la caza furtiva. “Este estudio demuestra científicamente que es falso el aumento desmesurado de manadas que nos quería vender Manzanos, y que en los últimos años tan solo ha aumentado la población en una única manada, pasando de 5 en 2022 a las actuales 6, de las que únicamente 2 serían 100% riojanas”.
El Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo ha condenado a un cazador furtivo al pago de una multa de 3.600 euros y a la privación del ejercicio de la caza durante cuatro años tras la acusación ejercida por el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), ha informado ese jueves la organización conservacionista.
Los hechos tuvieron lugar en el año 2022, cuando las cámaras científicas y de investigación de foto trampeo del FAPAS captaron a un cazador furtivo con pasamontañas y con un arma dotada de silenciador, en el corazón del Parque Natural de las Ubiñas-La Mesa, «espacio protegido y de máxima importancia ecológica», que también ha sido declarado Reserva de la Biosfera.
El cazador furtivo fue identificado por agentes de la autoridad y mostró a la Guardia Civil las armas de su propiedad, una de ellas el rifle con el que fue captado.
FAPAS ha celebrado que se haya validado jurídicamente como prueba de cargo las imágenes captadas por las cámaras científicas de foto trampeo que tiene instaladas para sus trabajos científicos y de investigación relativos a la fauna silvestre.
Además, ha resaltado que la importancia que ha tenido en este caso la figura de la acusación particular ejercida por la asociación ambiental, ya que el Principado no se había personado, «aun cuando el ordenamiento jurídico se lo exige como administración pública que se encuentra obligada a ejercer las acciones legales oportunas tanto para su defensa como en su calidad de garante del interés general y el patrimonio natural».
Para FAPAS, la sentencia representa «un gran referente jurisprudencial al expresar de manera rotunda» que «el furtivismo es una lacra que debe combatirse con el máximo reproche del derecho». EFE
Ecologistas en Acción denuncia que la Delegación Territorial carece de personal para supervisar los planes cinegéticos y alertan de situaciones de peligro en zonas recreativas como Los Villares
Ecologistas en Acción ha alertado, a través de una nota de prensa, de que la actividad cinegética que se desarrolla en la Sierra de Córdoba se lleva a cabo sin el control adecuado por parte de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, lo que “incrementa el riesgo para los numerosos usuarios que frecuentan estos espacios cada fin de semana”. Según la organización, la falta de personal técnico impide revisar los Planes Técnicos de Caza (PTC) y supervisar sobre el terreno la ubicación de las armadas de cazadores durante batidas y monterías, una carencia que consideran especialmente peligrosa para senderistas, ciclistas y otros visitantes.
La normativa andaluza establece que las zonas de seguridad deben garantizar la integridad física y la libertad de las personas, prohibiendo el uso de armas de fuego o disparos en su dirección cuando no se respetan las distancias exigidas. A esta regulación se sumó la resolución de 29 de mayo de 2024, que amplió a 250 metros en todas direcciones el perímetro de seguridad alrededor de los equipamientos de uso público de la Consejería de Sostenibilidad, incluyendo el Parque Periurbano de Los Villares, uno de los enclaves más frecuentados de la sierra.
No obstante, Ecologistas en Acción denuncia que la Delegación Territorial carece de agentes y técnicos suficientes para garantizar que estas medidas se cumplan, especialmente los fines de semana, cuando la afluencia de visitantes alcanza sus picos más altos. Esta falta de supervisión, señalan, provoca que las armadas de cazadores se ubiquen con demasiada frecuencia en zonas prohibidas, generando situaciones de riesgo para quienes transitan por vías pecuarias, caminos rurales y senderos recreativos.
La organización subraya que la Sierra de Córdoba es utilizada por una gran variedad de usuarios: desde senderistas y ciclistas hasta recolectores de setas y espárragos, observadores de aves, educadores ambientales, familias y aficionados a la fotografía de naturaleza. Muchos de ellos desconocen que podrían estar circulando por áreas próximas a batidas, exponiéndose a un peligro “real y evitable”.
Ecologistas en Acción expresa su especial preocupación por las batidas previstas en las próximas semanas, algunas coincidiendo con el periodo navideño, en fincas colindantes con Los Villares. Temen que los organizadores no respeten las medidas preventivas, poniendo en riesgo a quienes disfrutan del monte durante las vacaciones.
Por ello, reclaman a la Delegación Territorial que cumpla y haga cumplir su propia normativa, supervisando tanto los documentos de gestión cinegética como la correcta delimitación de las zonas de seguridad sobre el terreno. Insisten en que la vigilancia debe extremarse en los cotos limítrofes con el Parque Periurbano de Los Villares, donde la presencia de visitantes es especialmente elevada.
“Está en juego la vida de los ciudadanos y ciudadanas que cada fin de semana ejercen su derecho constitucional a disfrutar del medio natural”, advierten, apelando a los artículos 19 y 45 de la Constitución Española. Ecologistas en Acción urge a la Junta de Andalucía a actuar para evitar accidentes y garantizar la convivencia segura entre los distintos usos del entorno natural.
La Junta de Extremadura ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno un nuevo decreto que moderniza y actualiza la normativa sobre el control sanitario de la carne de caza. Entre las novedades destaca la reducción de plazos para solicitar el control veterinario oficial, que pasa de 30 días a 10, con posibilidad de realizar todos los trámites de forma telemática. Además, se establecen nuevas modalidades de control sin designación previa, como el jabalí al salto, las esperas nocturnas y los recechos.
También se autoriza la venta directa de carne fresca de caza mayor por parte de los propios cazadores al consumidor final o a minoristas, siempre tras la inspección veterinaria favorable. Y se crean los LICA (Locales de Inspección de Caza), donde los cazadores podrán entregar hasta dos piezas al día para su control y posterior comercialización.
Demandas del sector
Según ha explicado la consejera portavoz, Elena Manzano, este nuevo decreto responde a las demandas del sector cinegético extremeño y la necesidad de adaptar la regulación actual, que data del año 2005, a los últimos cambios normativos europeos y nacionales. Se trata de una modificación clave para un sector que genera más de 400 millones de euros en la comunidad y sustenta a unas 200 empresas. «La caza es una actividad con claro impacto ambiental y económico», ha destacado Manzano.
Con esta nueva normativa, el Ejecutivo busca favorecer el aprovechamiento de la caza, ampliar las vías de comercialización y apoyar a los pequeños cazadores, todo ello asegurando las máximas garantías sanitarias para los consumidores. Así, El Servicio Extremeño de Salud (SES) se compromete a reforzar sus recursos humanos y técnicos para dar cobertura al incremento de la demanda, garantizando siempre la seguridad alimentaria.
Dos piezas por semana
La nueva norma fija un máximo de dos canales de caza mayor a la semana por cazador, una vez realizadas las operaciones de faenado previstas en la norma. Además, se permite que los locales de inspección de caza (LICA), especialmente habilitados para la revisión sanitaria de las piezas abatidas, puedan suministrar hasta 500 kilos de carne de caza mayor a la semana, bien de forma directa al consumidor final o a establecimientos al por menor como carnicerías, tiendas tradicionales o negocios de restauración.
En todos los casos, la carne deberá proceder de piezas abatidas en actividades cinegéticas sin designación previa de control oficial veterinario, que después serán sometidas a inspección sanitaria por parte del Servicio de Control Oficial Veterinario.
Controles veterinarios
Las piezas de caza mayor deberán presentarse con sus vísceras para una inspección post mortem que incluya examen visual de canales y órganos, búsqueda de anomalías anatómicas u organolépticas, toma de muestras si se sospechan residuos o contaminantes y, en el caso de especies sensibles, análisis obligatorio de triquina antes de su consumo.
Solo las piezas declaradas aptas podrán destinarse a la comercialización, identificadas mediante los precintos previstos y acompañadas de la documentación sanitaria correspondiente. La comercialización de esta carne de venta local también está acotada geográficamente y solo podrá llevarse a cabo en la zona de salud donde se encuentre el local de inspección de caza y en las limítrofes.
Para diferenciar este circuito corto de comercialización, el decreto exige que las canales y, en su caso, los despieces lleven una marca de identificación rectangular con la leyenda «Venta Local» y el número de registro del establecimiento. Esa marca podrá fijarse directamente en el producto, en el envase o en el embalaje, o en una etiqueta adherida.
Además, se refuerza la trazabilidad. Cazadores y responsables de locales de inspección deberán entregar a la persona compradora un documento con sus datos personales, la inscripción del establecimiento de venta en el registro LICA, la descripción de la mercancía y el sello, peso neto del producto y fecha de captura. Quien suministre la carne deberá conservar un registro que relacione los precintos y documentos de entrada y salida, con cantidades, fechas y establecimientos de destino, durante al menos dos años y a disposición de la autoridad sanitaria.
Evisceración y locales de inspección
El decreto también regula con detalle las infraestructuras que deberán utilizarse para mejorar la higiene en el manejo de las piezas abatidas. Por un lado, define los lugares de evisceración, que deberán contar con superficie mínima, suelos y techos impermeables y de fácil limpieza, agua en cantidad suficiente, recipientes para subproductos no aptos y condiciones adecuadas de ventilación e iluminación. En ellos se realizará el sangrado y eviscerado de las piezas de caza mayor en un plazo máximo de treinta minutos desde su llegada.
Por otro, crea y regula los Locales de Inspección de Caza (LICA), instalaciones fijas o móviles donde se realiza la inspección de las piezas para obtener carne destinada a autoconsumo, venta directa o comercio minorista. Estos locales deberán disponer de lavamanos de accionamiento no manual, sistemas de evacuación de aguas residuales, equipos de frío cuando haya almacenamiento o destino comercial, contenedores para subproductos y, en su caso, espacio para el diagnóstico de triquina. Los LICA, al igual que los lugares de evisceración, se inscribirán en registros autonómicos adscritos a la Dirección General competente en salud pública.
Entrada en vigor
Con la entrada en vigor de esta norma, en los próximos días tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, quedará derogado el Decreto 230/2005, de 11 de octubre, que regulaba hasta ahora el control sanitario de las especies de caza silvestre en Extremadura, salvo una previsión concreta del artículo 6 que se mantiene vigente.
El nuevo texto pretende armonizar la regulación extremeña con la normativa comunitaria y estatal más reciente, actualizar las modalidades cinegéticas sometidas a control oficial, clarificar responsabilidades y reforzar la seguridad alimentaria de la carne de caza que llega al consumidor, ya sea por la vía del autoconsumo o a través de la incipiente venta local autorizada.
Las modalidades de actividades cinegéticas son: montería, gancho y rececho; ojeo y suelta con abatimiento inmediato; jabalí al salto; aguardo o espera, ronda, rececho ordinario y de gestión; todas las modalidades de caza menor, excepto las contempladas en el ojeo, y suelta con abatimiento inmediato.
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