Pacma asegura que se desconoce su paradero desde el día en que la Guardia Civil, tras una denuncia, los iba a sacar del lugar donde se encontraban
El Partido Animalista Pacma, junto a la asociación Sacrificio Cero León, hizo este sábado un llamamiento urgente a la colaboración ciudadana para localizar a al menos diez perros de caza que permanecen desaparecidos tras una intervención judicial vinculada a un presunto caso de maltrato animal en la localidad leonesa de Lillo del Bierzo.
Los hechos se remontan al pasado mes de marzo, cuando una denunciante alertó al Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil de la existencia de una perrera en muy malas condiciones, con ejemplares de diferentes razas utilizados para la caza en pésima situación higiénico-sanitaria y de salud. Tras la inspección de las autoridades y la solicitud judicial de decomiso, todos los animales desaparecieron justo el día en que estaba prevista su retirada por parte de la Guardia Civil.
La mitad, encerrados en un remolque
Tras el vaciado ilegal de la perrera, hasta la fecha y gracias a la colaboración vecinal, se ha podido recuperar a diez de los veinte perros, los cuales habían sido hacinados y ocultados en el interior de un remolque en las inmediaciones de la zona. Sin embargo, otros ocho perros adultos y al menos dos cachorros recién nacidos continúan en paradero desconocido.
Pacma y Sacrificio Cero León subrayan la importancia de la implicación ciudadana para poder localizar a los animales que aún faltan y recuerdan que cualquier persona que disponga de información relevante debe ponerse en contacto de inmediato con la Guardia Civil en el número de teléfono 062 (es posible hacerlo anónimamente), con el objetivo de facilitar su localización, retirada y puesta a salvo en un centro de protección animal.
El Partido Animalista ha difundido además un vídeo en el que se puede observar el estado de salud en el que se encontraban algunos de los animales en el momento de su hallazgo, evidenciando las condiciones en las que habrían sido mantenidos por un periodo indeterminado de tiempo.
El Ayuntamiento de Brazatortas ha aprobado por unanimidad la ampliación de una explotación canina de caza, que podrá pasar de 25 a 70 ejemplares, con el objetivo de reforzar este tipo de servicios cinegéticos en el municipio.
El Ayuntamiento de Brazatortas ha aprobado por unanimidad la licencia de ampliación de una explotación canina de caza situada en el término municipal, de modo que su promotor podrá pasar de 25 a 70 ejemplares.
Según recoge la información facilitada por el Consistorio, la autorización cuenta con informes favorables de la Unidad Técnica Ganadera de la Oficina Comarcal Agraria y de los servicios municipales, y queda condicionada al cumplimiento de protocolos de bioseguridad y de gestión de residuos sanitarios.
La ampliación permitirá reforzar el censo local de este tipo de servicios cinegéticos. El Ayuntamiento sostiene que Brazatortas consolida así su posición en la comarca en este ámbito, vinculado a la celebración de monterías dentro y fuera del Valle de Alcudia y Sierra Madrona.
El alcalde, Pablo Toledano, señala que «en Brazatortas la caza es una realidad palpable que llena nuestras casas rurales y nuestros bares y demás servicios análogos durante la temporada de caza».
La autorización se conoce además en las fechas previas a la Feria de la Caza de Brazatortas, que se celebrará los días 17, 18 y 19 de abril. Según el Ayuntamiento, la edición de 2026 contará con una programación con más contenidos y con numerosas rehalas expuestas.
El Consistorio enmarca este sector en el plan industrial que quiere impulsar junto a la carretera N-420. En este contexto, Toledano avanza que «ya estamos trabajando en proyectos estratégicos como la nueva nave de recogida de carnes de caza y un centro veterinario especializado con cobertura comarcal».
Según añade el alcalde, el objetivo es dotar al municipio de una estructura profesional que abarque desde el cuidado veterinario hasta la gestión de carnes y la logística, con hasta tres cámaras frigoríficas, para un sector que utiliza Brazatortas como nudo de comunicación hacia la provincia de Córdoba.
La Guardia Civil sorprendió al furtivo en un coto de San Miguel del Arroyo gracias a unos ciudadanos que interceptaron el vehículo del individuo
Agentes de la Guardia Civil de Valladolid están investigando a un hombre por un presunto delito relativo a la protección de la flora y faunasilvestre, tras ser sorprendido cuando acababa de abatir un corzo en un coto en la localidad vallisoletana de San Miguel del Arroyo. Según ha indicado la Benemérita, el investigado lo hizo en plena época de veda y sin autorización para la caza.
En concreto, la Guardia Civil recibió varias llamadas de ciudadanos alertando de la presencia de un posible furtivo en un paraje de la zona de San Miguel del Arroyo, en la provincia de Valladolid. Gracias a esta información, varias patrullas de la Benemérita se desplazaron de inmediato al lugar indicado, y a su llegada localizaron a varias personas que habían interceptado el vehículo del sospechoso. Tras identificar al conductor, los guardias civiles procedieron a examinar el interior del vehículo, hallando en el maletero un rifle desenfundado, propiedad del investigado, así como una cámara fotográfica y unos prismáticos.
Asimismo, los ciudadanos que habían alertado a la Guardia Civil de Valladolid indicaron el punto exacto donde disparó el individuo. Siguiendo estas indicaciones, los agentes del Instituto Armado realizaron un reconocimiento por la zona en cuestión y lograron localizar a 84 metros en dirección oeste el cuerpo de un corzo macho, al que acababan de cortar la cabeza, aún caliente en el momento de la inspección. Además, el animal ya abatido se encontraba dentro del mismo coto cinegético.
Ante estos hechos, la Guardia Civil informó al individuo de que sería denunciado por cazar con un arma larga rayada de caza mayor en época de veda y sin autorización en un terreno cinegético, procediendo además a la intervención del arma y medios utilizados. La actuación se llevó a cabo la semana pasada y permitió recuperar el ejemplar abatido, gracias a la rápida colaboración ciudadana, que resultó esencial para detectar y frenar la actividad furtiva.
Fueron incautados una totalidad de 29 perros en malas condiciones higiénica-sanitarias | La Sociedad de Cazadores de La Aldea niega el maltrato y que los animales hayan sido incautados
La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha investigado a una persona tras el aviso de un ciudadano sobre la posible existencia de animales mantenidos en condiciones contrarias a la normativa, habiendo varios perros en estado de abandono y un cuidado deficiente.
Durante la inspección, los agentes comprobaron que la finca no contaba con vallado perimetral ni otras barreras que limitaran el acceso al recinto, una situación que podría representar un riesgo adicional para la seguridad y el bienestar de los animales.
Al acceder al lugar, se observa un amplio número de casetas instaladas de forma improvisada. Todas construidas con pallets, maderas y restos de mobiliario, materiales que no garantizaban estabilidad ni aislamiento, con la presencia de numerosos elementos peligrosos y punzantes como clavos, maderas astilladas y residuos varios, con riesgo directo de lesiones. Estas estructuras carecían de las condiciones mínimas de protección frente al viento, la lluvia o el intenso sol de la zona.
Ninguno de los animales se encontraba en libertad, todos permanecían encadenados con correas de muy poca longitud, lo que limitaba gravemente su movilidad y comportamiento natural. El espacio que los rodeaba estaba cubierto de excrementos acumulados de varios días, viéndose los perros obligados a convivir con sus propios desechos, generando la presencia masiva de insectos en el entorno, sin posibilidad de mantener un espacio limpio o saludable.
Los bebederos y comederos de los animales presentaban una cantidad muy elevada de sedimento de tierra y materia orgánica; El sedimento presentaba una capa brillante y con aspecto de gel característica de los biofilms producidos por las bacterias presentes en materias en descomposición, con lo cual el agua era insalubre no apta para el consumo.
Todos los canes tenían heridas visibles, observándose la presencia de moscas sobre las mismas, sin que constara atención veterinaria alguna, dando un aspecto descuidado con signos compatibles con una desatención prolongada en el tiempo, incluso se observaba a uno de los canes comer sus propias heses.
Para salvaguardar la vida de los animales y como medida cautelar, fueron incautados los veintinueve perros existentes en la finca, contabilizando las seis 6 crías, que en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, concretamente con el Área de Bienestar Animal fueron depositados en instalaciones municipales, garantizando por esa administración la vida de los animales, quedando a disposición de la Autoridad Judicial.
Se instruyó diligencias penales por entender que existen indicios de un presunto ilícito penal de maltrato animal por omisión de cuidados debidos.
La Sociedad de Cazadores de La Aldea niega los hechos
La Sociedad de Cazadores de La Aldea de San Nicolás ha emitido un comunicado en el que niega que los perros hayan sido apartados de su dueño.
Desmiente que se haya producido la incautación de 29 perros, asegura que los animales no se encuentran bajo tutela administrativa y que es su propietario quien sigue alimentándolos y atendiéndolos.
También apunta que se han realizado valoraciones sobre el estado del agua que consumen los animales, sin que se hayan efectuado analíticas que permitan confirmarlas. «El agua está en bidones por las circunstancias del espacio donde se encuentran, pero está en buenas condiciones», asegura la sociedad.
Se les intervino dos visores (uno de ellos térmico), linternas y cartuchería metálica, además de otros efectos para la caza
La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, vecinos de los municipios pacenses de Cabeza del Buey y Monterrubio de la Serena, como presuntos autores de delitos contra la flora y fauna y tenencia ilícita de armas, en un coto privado de caza de Zarza-Capilla.
Los sucesos ocurrieron a finales del pasado mes de marzo, en dispositivos de servicio establecidos por la Guardia Civil para la prevención de acciones delictivas relacionadas con el ejercicio de la caza. En uno de esos operativos, una patrulla observó la presencia de un vehículo sospechoso en un terreno de aprovechamiento cinegético privado, dentro del paraje conocido como ‘El Torozo’, por lo que procedió a dar el alto reglamentario.
Al percatarse de la presencia de los agentes, el conductor del coche emprendió la fuga a gran velocidad tras hacer caso omiso a las señales de detención. Según informan desde la Guardia Civil en nota de prensa, los efectivos observaron cómo arrojaban por la ventanilla lo que parecía ser un trofeo de caza, logrando interceptarlos poco después en el camino que une Zarza-Capilla y La Nava.
Una vez que identificaron a sus ocupantes, dos vecinos caputbovense y un monterrubiano, algunos con numerosos antecedentes policiales, los agentes llevaron a cabo la inspección del turismo. En el interior del mismo hallaron diversos efectos utilizados para cazar, dos visores (uno de ellos térmico), linterna y numerosa cartuchería metálica.
Asimismo, en el maletero apreciaron restos de sangre fresca de algún animal abatido recientemente, que supuestamente, en el afán de deshacerse del mismo para frustrar la relación con la caza furtiva, lo habrían tirado desde el vehículo durante la huida.
Tras el reconocimiento de las inmediaciones, los agentes hallaron en la cuneta la cabeza de un ciervo y un rifle, que analizado, presentaba la numeración de serie borrada de manera intencionada.
De las indagaciones practicadas, se pudo saber que carecían de autorización para el ejercicio de la caza en el citado terreno acotado.
Con las pruebas incriminatorias, fueron detenidos como presuntos autores de los delitos relativos a la protección de la flora y fauna, al cazar de manera furtiva sin autorización, recogido en el artículo 335 del Código Penal, y tenencia ilícita de armas.
Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castuera.
Ahora la Guardia Civil continúa la investigación para tratar de identificar el rifle y posible participación en otros hechos delictivos.
En menos de 24 horas, dos parlamentos del Reino Unido votaron para cerrar para siempre las pistas donde los galgos corren, caen y mueren. Lo que parecía impensable hace una década se convirtió en ley en Gales y Escocia durante la misma semana, enviando una señal inequívoca al resto del mundo: la crueldad no puede seguir llamándose tradición deportiva. España, donde las carreras de galgos siguen siendo legales, no puede ignorar lo que acaba de ocurrir al otro lado del Mar del Norte.
Los números son difíciles de rebatir. Según datos del Consejo de Galgos de Gran Bretaña, entre 2017 y 2024 murieron 1.357 galgos en las pistas de Inglaterra y Gales, y se registraron más de 35.000 lesiones. No son accidentes imprevistos: un estudio académico de 2018, dirigido por el investigador Andrew Knight, concluyó que las pistas ovaladas son intrínsecamente peligrosas, ya que imponen una carga física extrema sobre los animales y elevan de forma estructural el riesgo de lesiones graves.
Es decir, el problema no es la mala gestión de una pista concreta. Es el deporte en sí mismo. Esta es la paradoja que los parlamentos de Gales y Escocia han decidido afrontar con claridad legislativa: no se puede regular lo que es, por diseño, perjudicial para los animales que lo protagonizan.
«Las carreras de galgos son crueles de principio a fin», expresa Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España, haciéndose eco de las palabras que ya resuenan en el debate público británico y que deberían resonar también aquí.
En Escocia, la coalición Liberar a los Galgos, integrada entre otros por el grupo Hope Rescue, celebró la votación parlamentaria como un punto de inflexión histórico. La organización subrayó una ironía significativa: mientras la industria conmemoraba 100 años de carreras en el Reino Unido, dos de sus naciones decidían que esa tradición centenaria no merece un siglo más.
En Gales, la nueva legislación establece un periodo de transición entre 2027 y 2030 para que la industria cese su actividad de forma ordenada, con sistemas de adopción para los galgos retirados. La coalición Cut the Chase, formada por organizaciones como Blue Cross, Dogs Trust, Greyhound Rescue Wales y la RSPCA Cymru, fue contundente: «Durante demasiado tiempo, los perros han pagado el precio de esta forma de entretenimiento anticuada, con lesiones y muertes que son completamente evitables».
Europa no puede seguir tolerando esto
Lo que hace especialmente relevante esta prohibición no es solo lo que ocurre en el Reino Unido, sino el contexto global en el que se inscribe. Según la RSPCA, solo nueve países en el mundo permiten aún las carreras comerciales de galgos. Entre ellos, hasta hace días, figuraban las cuatro naciones del Reino Unido. Hoy ya son dos menos. La tendencia es clara, y España forma parte todavía de ese grupo cada vez más reducido y más cuestionado.
Las carreras de galgos en España no son un fenómeno marginal ni exclusivamente rural. Son una industria que instrumentaliza a animales sintientes para el entretenimiento y las apuestas, con consecuencias documentadas sobre su bienestar físico y psicológico. Los galgos utilizados en estas actividades son sometidos a un régimen de confinamiento, entrenamiento intensivo y exposición al riesgo de lesión grave que ningún marco ético contemporáneo puede justificar.
La explotación no termina en la pista. Comienza mucho antes, en las condiciones de cría y selección, y puede terminar de forma abrupta cuando el animal deja de ser rentable. Las organizaciones de rescate en España conocen bien este final: galgos abandonados, heridos o matados al término de la temporada de caza o de competición.
«Lo que ha ocurrido en Gales y Escocia demuestra que cuando la evidencia científica y la voluntad política se alinean, el cambio es posible. España tiene los datos, tiene la sociedad civil y tiene la responsabilidad de actuar», añade Gascón.
Lo que debemos aprender de esta prohibición
La prohibición aprobada en Gales y Escocia no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de presión sostenida por parte de organizaciones animalistas, de estudios científicos acumulados y de una consulta pública que evidenció el cambio de valores en la sociedad. El modelo es replicable.
En España, el debate sobre el maltrato a los galgos lleva años presente en el activismo animalista, pero no ha alcanzado aún la dimensión legislativa que merece. La Ley de Bienestar Animal de 2023 supuso un avance en algunos ámbitos, pero no abordó de forma explícita y contundente la prohibición de las carreras de galgos como actividad comercial. La brecha entre lo que la ciencia recomienda, lo que la ciudadanía demanda y lo que la ley permite sigue siendo demasiado amplia.
Lo que ha ocurrido en el norte de Europa ofrece una hoja de ruta: legislar con base en evidencia, establecer periodos de transición razonables para la industria y garantizar sistemas de adopción para los individuos que han sido utilizados en estas actividades. No es una utopía. Es lo que Gales y Escocia acaban de hacer.
La League Against Cruel Sports ya ha pedido al Gobierno del Reino Unido que extienda la prohibición a Inglaterra. El mismo argumento vale para cualquier gobierno europeo que aún permita estas carreras: la coherencia entre los valores declarados de protección animal y las leyes vigentes no puede seguir siendo opcional.
El momento de actuar es ahora
En menos de 24 horas, dos parlamentos cambiaron la vida de miles de galgos. Esa velocidad no fue espontánea: fue el resultado acumulado de firmas, campañas, denuncias y presión ciudadana sostenida durante años. Cada acción cuenta. La tuya también.
Exige a tus representantes políticos que España se sume a los países que han prohibido las carreras de galgos como actividad comercial. Comparte esta información en tu entorno. Apoya a las organizaciones de rescate que trabajan cada día para sacar a los galgos del sistema de explotación. Y si estás pensando en ampliar tu familia, considera la adopción de uno de estos animales que, liberados del confinamiento y del riesgo, son compañeros extraordinarios.
Hace apenas unos días, en los parlamentos de Cardiff y Edimburgo, se escucharon los votos que cerraron las pistas. Ese sonido puede repetirse en Madrid. Depende también de lo que hagamos hoy. «Cada galgo que deja de correr en una pista es una victoria. Pero necesitamos que dejen de correr todos, y para eso necesitamos a más personas dispuestas a exigirlo», señala Gascón.
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