El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico reclama responsabilidades a las comunidades autónomas que han sido afectadas por la ola de incendios.
El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha reclamado a las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla y León, Asturias y Galicia, afectadas por los «terribles» y recientes incendios, la suspensión de la actividad cinegética y de los controles de lobo «hasta que no se garantice la recuperación de las especies afectadas y sus hábitats».
El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha registrado en las comunidades autónomas cuyos territorios han sufrido incendios el pasado mes de agosto un requerimiento interesando la suspensión de la caza, detalla en un comunicado.
Como pretensión principal, insta a la suspensión de todas las resoluciones, planes, órdenes y autorizaciones que permitan la caza, reclamando que esta sea por tiempo indefinido en tanto que no se garanticen unas condiciones adecuadas y seguras en los hábitats donde anteriormente residían las especies consideradas cinegéticas.
Subsidiariamente, demanda la veda, también por tiempo indefinido, en todas las zonas declaradas catastróficas por el Consejo de Ministros, así como sus espacios colindantes en un radio de 10 kilómetros, ya que estas zonas «se han convertido ahora en los refugios para todos los animales que han podido abandonar sus zonas habituales, ahora calcinadas y sin ninguna opción para obtener alimento en ellas, detalla la organización».
«Es responsabilidad de las CCAA comprobar cuántos grupos reproductores han sido perjudicados, y volver a reajustar los censos realizados anteriormente ya que estos episodios, absolutamente extraordinarios, sin duda han provocado una indeterminada mortalidad en la especie, cebándose con seguridad en muchos cachorros que en las fechas de agosto en que se han producido los incendios aún no tienen la capacidad de desplazarse a grandes distancias», añade la información.
La organización señala que el fundamento de esta solicitud se basa en la propia legislación de caza y protección de espacios naturales, que señala «expresamente» la posibilidad de adoptar estas suspensiones en supuestos «extraordinarios» como este de incendios devastadores que han sufrido multitud de territorios y espacios naturales.
Además, la solicitud se basa en «distinta literatura científica especifica de zonas afectadas por incendios, la cual insta a paralizar cualquier actuación cinegética para favorecer la recuperación de la biodiversidad afectada». «Es responsabilidad directa de las Comunidades Autónomas actuar de forma urgente, activando planes de recuperación para todas las especies de flora y fauna golpeadas por los incendios, no cabiendo por simple sentido común la autorización de cualquier tipo de caza», añade la organización.
Finalmente, las solicitudes presentadas instan a las Comunidades Autónomas a abrir líneas de ayudas a organizaciones conservacionistas para proyectos de recuperación y restauración de espacios y biodiversidad, de forma que no sean los cazadores y ganaderos quienes exclusivamente disfruten de estas ayudas anunciadas por Castilla y León o Asturias.
Un cazador resulta herido tras un disparo accidental
Un hombre de 57 años ha resultado herido este jueves, 28 de agosto, en un accidente de caza ocurrido en el término municipal de Munera, en la provincia de Albacete. El suceso se registró a las 18:37 horas en el Camino de los Rosillos, cuando, de manera accidental, el cazador recibió un disparo. Hasta el lugar del incidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y los servicios sanitarios. El herido fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado en una UVI móvil al Hospital de Albacete.
La Guardia Civil ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el disparo.
La situación de alarma extrema que afecta a 37 municipios de León, Zamora y Palencia no restringe la caza en un coto privado al poder acceder a una propiedad.
Castilla y León se encuentra en una situación de alerta de riesgo de incendios forestales por causas meteorológicas en toda la comunidad y en alarma extrema en 37 municipios de León, Zamora y Palencia desde el 19 y hasta el 22 de agosto de 2025. La situación de alerta prohíbe encender fuego en montes, espacios abiertos, zonas recreativas o de acampada, el uso de barbacoas y material pirotécnico, y suspende todas las autorizaciones previas para estas actividades. También ha quedado restringido el uso de maquinaria que pueda generar fuego, chispas o deflagraciones en el monte, salvo en actuaciones de emergencia o interés general previamente autorizadas.
La alarma extrema es aún más restrictiva y elimina otras actividades: se prohíbe el uso de ahumadores en la apicultura, cualquier maquinaria que pueda generar chispas o fuego. Además, se restringe el tránsito y la estancia de personas y vehículos en los montes -salvo para acceder a la propiedad- realizar actividades profesionales autorizadas, acudir a entornos urbanos, ejecutar trabajos de emergencia o participar en la vigilancia y extinción de incendios. Las excepciones permiten el uso de maquinaria en actuaciones de emergencia.
Entre estas restricciones, la Junta de Castilla y León no ha prohibido la caza de media veda. Desde el 15 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre, los cazadores pueden practicar la caza de especies como codorniz, urraca, corneja, conejo o zorro. La alerta que afecta a todo el territorio no imposibilita la práctica de la caza. Además, al no venir reflejada la prohibición en los 37 municipios que se encuentran en alarma extrema, la caza sí sería posible en un coto privado. Transitar por los montes en estas localidades no es posible en el periodo de alarma extrema, sin embargo, el acceso a propiedades privadas sí está permitido, por lo que acceder a un coto privado sería válido. La actividad de los cazadores, en su conjunto, no se ha restringido.
Incendios provocados por la caza
La Junta de Castilla y León ha relacionado a la caza con 128 incendios entre los años 2013 y 2022. Una relación que elDiario.es ha analizado con datos -reportaje publicado en el 2024- y que mostraba un “problema” especialmente acentuado en las provincias de León y Zamora. León (comarcas de la Cabrera y El Bierzo) presentaba una problemática “relevante” de incendios provocados por los cazadores para facilitar la caza. Además, el informe del gobierno autonómico consideró en ese momento que la siniestralidad de Zamora debía ser “analizada”.
Sin embargo, a pesar de estos informes que la Junta tenía a su disposición en el año 2024, y el contexto de ola de incendios que se está viviendo en este 2025, el Ejecutivo autonómico no ha prohibido de forma expresa la caza en todo el territorio que se encuentra en alerta de riesgo de incendios y tampoco en los municipios en alarma extrema donde la actividad podría desarrollarse en una propiedad privada.
La Federación de Caza de Castilla y León ha urgido a un cambio radical en la política de prevención de incendios forestales ante la ola de fuegos. La entidad ha criticado la falta de aplicación de medidas preventivas, como la limpieza de masas forestales, la creación de cortafuegos y la gestión integral de los montes.
La federación ha reclamado planes adaptativos eficaces y una gestión más flexible de los espacios protegidos, señalando que la rigidez en estos lugares impide la intervención preventiva. Además, ha llamado a los cazadores a colaborar activamente en la detección temprana de incendios, reforzando la vigilancia y control frente a posibles incendiarios.
Los agentes interceptaron el coche de los cazadores e incautaron rifles con visores nocturnos y silenciadores tras abatir un ciervo en la Reserva de Montes Universales
Un operativo del Seprona de la Guardia Civil de Teruel ha desarticulado un grupo de tres cazadores furtivos sorprendido la madrugada del pasado 10 de agosto disparando desde su vehículo en la Reserva de Caza Montes Universales, en la Sierra de Albarracín. Los agentes los interceptaron tras abatir un ciervo junto a la carretera A-1512, que conecta Torres de Albarracín y Tramacastilla.
Los hechos ocurrieron sobre la una de la madrugada después de que los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón y los guardas de la reserva detectaran la presencia sospechosa de un turismo circulando por los terrenos cinegéticos. Alertado el Seprona, una patrulla localizó el vehículo y lo detuvo, identificando a sus ocupantes, tratándose de tres varones españoles, de veinticinco a treinta y ocho años, vecinos de Albacete, Almería y Granada.
ARMAS Y ELEMENTOS PROHIBIDOS
Dentro del coche, los agentes hallaron un rifle Bergara calibre trescientos ocho Winchester listo para disparar, con un cartucho en la recámara y un visor nocturno acoplado (prohibido en Aragón) además de un silenciador que los furtivos habían arrojado por la ventanilla. Un segundo rifle Bergara calibre doscientos cuarenta y tres Winchester equipado con silenciador fue localizado junto a linternas, visores y cuchillos de caza. Todo el material quedó intervenido por infringir el Reglamento de Armas y Explosivos y la normativa cinegética autonómica.
El Seprona detuvo a los tres hombres como presuntos autores de un delito contra la fauna y trasladó las diligencias al Juzgado de Instrucción número tres de Teruel. La Guardia Civil subraya que en verano se intensifican los controles conjuntos con los APN para atajar la caza ilegal en la Sierra de Albarracín y proteger la fauna salvaje.
El incendio que se aproximó a los Barruecos y obligó a evacuar la urbanización Cuartos de Baños y 40 casas aisladas junto a la N-523 ha arrasado ya 4.000 hectáreas.
El fuego de Aliseda ha sido provocado «por motivos cinegéticos». Son palabras del consejero de Presidencia de la Junta. Abel Bautista ha señalado claramente esta mañana la causa de este incendio intencionado que ya ha arrasado 4.000 hectáreas en la provincia de Cáceres, muchas de ellas en plena Sierra de San Pedro. «Sabemos la parcela exacta y sabemos las horas exactas de los dos puntos en los que se provocó el incendio». Un «cerillazo» que en solo tres horas se llevó por delante 2.000 hectáreas.
El consejero ha agradecido la coordinación y comunicación con la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno en Extremadura, una investigación con uin trabajo conjunto que ha ayudado a conocer el origen de este fuego. «Hay que ser absolutamente desalmado para provocar dos incendios distintos en una parcela por una cuestión de intereses económicos», ha remarcado el consejero.
Hay que recordar que este fuego obligó a evacuar el viernes la urbanización Cuartos de Baños, y la pasada noche a un centenar de personas de cuarenta viviendas aisladas situadas en la zona del Ecoparque de Cáceres, en la carretera de Badajoz, la N-423. Pasado el peligro, han podido regresar este lunes a a sus propiedades, la mayoría segundas residencias.
El 112 Extremadura ha detallado que sobre las 16.15 horas ya no había confinamiento en las casas situadas junto a la N-523, en el punto kilométrico 13 en Cáceres.
Cerca de Malpartida
Una de las reactivaciones que sufrió este incendio este pasado domingo, y contra las que tuvieron que luchar militares de la UME y otros medios, hizo temer por la proximidad de las llamas al monumento natural de Los Barruecos y el propio casco urbano de Malpartida de Cáceres. El viento del norte provocó un cambio de dirección que dirigió las llamas hacia la carretera de Badajoz, explicó el alcalde de la localidad, Alfredo Aguilera.
Abel Bautista ha señalado este lunes por la mañana que el fuego está estabilizado y prácticamente controlado.
El Seprona también ha abierto una investigación al sospechar que el fuego que el viernes obligó al Infoex a declarar el nivel 1 en Cuacos de Yuste también fue provocado.
Piden suspender la caza en terrenos afectados por el fuego
Ecologistas en Acción ha instado a la Junta de Extremadura a suspender la caza, por al menos por un año, en los territorios afectados por el fuego, así como adoptar medidas «excepcionales» para la supervivencia de la fauna en esas zonas. Habla también la organización de la necesidad de suspender la caza en media veda mientras haya alertas meteorológicas por calor e incendios.
Supongo que la mayoría habréis visto las terribles imágenes de la semana pasada de 32 galgos muertos en una rehala de Badajoz. Muertos de inanición, de sed y encadenados. Los que lograron arrancarse las cadenas de la desesperación intentaron comerse a sus compañeros muertos para sobrevivir. La foto es dantesca, todos esos pobres perros asesinados por el maltrato y dejadez aberrante de un cazador. Hoy me van a oír, porque a estos 32 galgos nadie les escuchó. Esta es la foto que retrata no sólo la más absoluta maldad del asesino cazador que provocó esta barbarie, sino también es la foto de las nefastas decisiones políticas. Es la foto que nos ha regalado la mal llamada Ley Nacional de Protección Animal.
Os preguntaréis por qué digo esto. Es muy fácil de explicar y muy difícil de digerir.
En 2023 se elaboró en España la primera Ley Nacional de Protección Animal, fue impulsada por Podemos, y se incluyó una enmienda por parte del PSOE, PP, Vox y PNV que excluía a los llamados perros de caza de protección alguna bajo esta ley. Pues en estos 32 galgos muertos de sed y hambre mientras permanecían encadenados, en su calvario, tienen el retrato de sus votos. Aquí tienen ante sus ojos a los que excluyeron de protección, a los que dejaron sin el amparo de su ley. Ante sus narices tienen las consecuencias de su imprudencia. ¿En qué cabeza cabe que se puede dejar desamparados a los que más protección necesitan? Pues en la cabeza de todos los que crearon y apoyaron esta maldita ley. Hay que dejar fuera de la ecuación, de la responsabilidad moral, a Compromís, Más País y Esquerra Republicana, que fueron los partidos políticos que votaron en contra, porque supieron entender que esta ley era una indecencia; era una indecencia aprobarla por el agujero negro que incluía: dejar fuera a los perros más maltratados de nuestro país.
Muchos les advertimos de forma pública y privada de la absoluta barbaridad que estaban cometiendo. Por supuesto, no escucharon, ese Gobierno no escuchó a la razón, no escuchó a las asociaciones de protección animal y, por lo visto, no escucharon ni a su conciencia. Unos porque, con Ione Belarra a la cabeza, estaban encabezonados en colgarse la medalla de crear la primera Ley Nacional de Protección Animal a costa de todo, a costa de los propios perros a los que han dejado más desprotegidos y desamparados de lo que estaban. Vamos, que no les importó en absoluto si con tanta tijera y tanta enmienda como recibió esta ley de protección no protegía nada; se la peló –hablando claro– para colgarse su vergonzante medallita. Se les advirtió de las consecuencias de sus irreflexivos actos y han sucedido. Y los otros, el PSOE, los aires que llegaban desde Castilla-La Mancha les llevaron a querer sacar del amparo de esta ley a los perros de caza. Conclusión: hoy les invito a mirar los cadáveres de estos mártires, de estos pobres 32 galgos; a ver si así entienden que sus malas decisiones tienen consecuencias.
Por desgracia, el caso de estos 32 perros hallados muertos en esta terrible situación no es un caso aislado. Es un caso que se ha hecho mediático, pero esto es lo que se encuentran día a día los más de mil albergues de animales abandonados que hay en nuestro país. Asociaciones abarrotadas de galgos despellejados, de podencos malheridos y aterrados, de bretones desnutridos… Esta es la realidad cruda y dura, LA REALIDAD. Los albergues están hartos de encontrar rehalas repletas de cadáveres de galgos y podencos. De recoger miles de galgos ahorcados en olivos, y podencos ahogados en balsas de alpechín.
En España hay más de 300.000 perros abandonados anualmente, mucho más de la mitad son perros utilizados para la caza. Es decir, aproximadamente unos 200.000 de los perros maltratados y abandonados que recogen las asociaciones de protección animal no están bajo el amparo de la Ley Nacional de Protección Animal, porque provienen por su raza de la actividad de la caza. Es indignante.
Antes de llegar esta ley nacional ya existían en las comunidades autónomas leyes de protección animal; cada cual tenía las suya, unas mejores que otras, pero absolutamente ninguna tan paupérrima para los perros de caza como la norma nacional, que directamente los excluye. Esta nefasta ley nos ha hecho retroceder décadas. Para colmo, ha dado la sensación de impunidad a los maltratadores de animales, que en nuestro país son mayoritariamente los cazadores.
Pero que no se les olvide que en el Código Penal aún están amparados estos perros. El día que esta ley se votó en el Senado, estábamos entre el público de invitados un grupo de animalistas y, unas filas más arriba, asistía el presidente de la federación de cazadores junto a un grupo de acólitos. Cuando salió aprobada, estos cazadores lo celebraron con vítores y abrazos; mientras, los animalistas estábamos desolados. Creo que la situación habla por sí sola y retrata lo que es esta ley.
La han liado tan parda que han atado de pies y manos a los defensores de los animales y han dado rienda más suelta a sus maltratadores. Es delirante, si no hubiese vidas de por medio. ¿Pero en qué estaban pensando Belarra y compañía al presentar esta maldita ley?
Este es un artículo sin paños calientes, esto es una carta pública a todos los que pueden hacer algo y no están haciendo nada. Esta es una carta que invita a la reflexión a todos los que condenaron al desamparo a los perros utilizados para la caza, porque aún están a tiempo de subsanar esa ley que sacaron a costa de todo, a costa de la vida de 200.000 perros al año. Al PSOE les podría aconsejar que rectificar es de sabios, que aún tienen en sus manos la posibilidad de subsanar algo que tan mal hicieron y tanto daño está causando. Que pueden y deberían hacerlo. Comenten por Castilla-La Mancha que no se trata de prohibir la caza, que no se asusten, que lo que se busca es que los perros que utilizan para la caza vivan en unas condiciones dignas. A Podemos, el brazo armado de esta ley, les rogaría que practiquen la humildad, aunque justo ese no sea su punto fuerte. Pero por decencia, por haber provocado este desastre (encima, en nombre de los animales que supuestamente defendían), intenten desliar el entuerto creado con la exclusión de los perros de caza.
Al PP y PNV, que apoyaron con sus votos esta ley, les invitaría a pensar que muchos de sus votantes se han indignado con la imagen de estos 32 galgos muertos de la forma más vil. Les invitaría a pensar que los animales no son de derechas ni de izquierdas, y que probablemente muchos de sus votantes tengan un podenco o un galgo adoptado en su familia. Y también podrían echarle una pensada a la obviedad de que todos los perros, sean de la raza que sean, son perros, son iguales, y por tanto deberían serlo también ante la ley. A VOX, cordón sanitario.
A Compromís, Esquerra Republicana y a lo que fue Más País, un aplauso por su sensatez al votar en contra de esta ley que bebe del salvaje Descartes.
Y ahora llegamos a SUMAR, un partido que no existía aun cuando se aprobó esta ley. Un partido que, como es lógico, no la votó, pero un partido que hoy en día forma parte del Gobierno. Aquí la cosa se pone aún más interesante, ya que justo bajo el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y uno de sus ministros, Pablo Bustinduy, está la Dirección General de Derechos de los Animales. Es decir, está la responsabilidad de velar por el bienestar de los animales, está en su mano subsanar la Ley Nacional de Derechos de los Animales, está en su mano hacer algo decente.
Pero hasta el día de hoy no han hecho nada de nada. Su director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, lleva un perfil tan bajo que parece que ni se le ve ni se le espera. Pero me niego a pensar que van a estar dos años más de brazos cruzados. Teniendo en cuenta que somos el país de la Unión Europea con mayor número de animales abandonados y que el maltrato a nuestros perros es vergonzante, digo yo que algo tendrán que hacer. ¿Es que no han visto las manifestaciones el primer domingo de febrero, coincidiendo con el fin de la temporada de caza, por ciudades de media Europa repletas de podencos y galgos españoles adoptados allí? Manifestándose a miles de kilómetros de distancia, rogando que cese el martirio al que se les somete en las rehalas de nuestro país. Denunciando el maltrato y abandono que sufren en España. ¿No las han visto? Se cae la cara de vergüenza y el alma a los pies de ver la merecida fama que tenemos por toda Europa de maltratadores de animales.
Parafraseando la canción de mi querido amigo Julián Hernández, ¿quiénes somos, de dónde venimos, adónde vamos? ¿Quiénes somos? Somos muchos, somos un 40% de la población española los que convivimos con un perro en nuestra familia. Somos millones los que reclamamos un trato digno a TODOS los perros de nuestro país. Somos millones a los que se nos revuelve el alma ante la foto del sufrimiento y agonía hasta la muerte de estos 32 galgos. Somos millones los que reclamamos que se les proteja. ¿De dónde venimos? De un país en el que los maltratadores de animales se creen con impunidad para hacerlo. Venimos de un país que ahorca miles de galgos cada febrero, en ese mes negro en que termina la temporada de caza. Venimos de un país con una Ley Nacional de Protección Animal que da vergüenza ajena si no fuese nuestra, así que da vergüenza propia. Porque es una ley que no protege a los más desfavorecidos, que deja vendidos a los que deberían tener a la ley más de su lado, porque son los más maltratados; venimos de una ley que se olvidó de los perros de caza.
¿Adónde vamos? A este baile le invito, ministro Pablo Bustinduy. Le invito a hacer lo correcto, a rebelarse ante la infame foto de 32 galgos muertos que Ione Belarra le ha dejado encima del escritorio del despacho como herencia. ¿Adónde vamos, Bustinduy? Espero, como ministro progresista que se le presupone, que hará lo correcto. Reúnase con las asociaciones de protección animal, acompáñelos a un albergue de animales abandonados (no para hacerse la foto como su predecesora) sino para entender la triste e inadmisible realidad de los perros de caza. Le invito a ir a mirar a los ojos aterrados de un galgo que ha vivido una vida entera encadenado, malnutrido y en condiciones deplorables. Vaya a acariciar las cicatrices de un podenco maltratado hasta la saciedad por un cazador. Hay cientos de miles en los albergues de toda España. Ahí, y no en un despacho, entenderá claramente por qué hay que subsanar esta ley, por qué hay que incluir en ella a los perros utilizados para la caza.
Invite a José Ramón Becerra a ir también, a ver si se anima a hacer algo, porque será por trabajo el que hay en esa Dirección General de Derechos de los Animales… Que vuelvo a recordar que somos el país de la Unión Europea con mayor número de animales abandonados y maltratados. Que los albergues de animales abandonados están saturados. Que no cabe un perro de caza maltratado más en los cheniles. Que hay que llevar en adopción al 50% de los perros abandonados a países de Centroeuropa, porque aquí el número de abandonos no concuerda con el de adopciones. Que la situación es insostenible. En Países Bajos, este año han logrado una tasa de abandono cero por las políticas de educación y concienciación que han hecho a lo largo de los años. Aquí, las políticas de concienciación y educación en el respeto a los animales y en la tenencia responsable las están haciendo como pueden las asociaciones animalistas; que no se están haciendo desde la Administración pública a la que le compete, la suya, que esto ya clama al cielo. Que se pueden cambiar las cosas y debe hacerse, que aquí por desgracia hay trabajo para aburrir.
¿Quiénes somos, de dónde venimos, adónde vamos? Bustinduy, márquese, de una vez ya, este baile del lado correcto. Pregúntele cómo se lleva el ritmo a su compañero de filas, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Él lo ha hecho con algo tan complicado en este país como es la tauromaquia, retirando el Premio Nacional de Tauromaquia. Eso es marcar modernidad, eso es bailar del lado correcto. Tiene el guante lanzado, las puertas del mundo animalista abiertas para ayudarle y nuestra gratitud de antemano; tiene la posibilidad de hacer que esta foto de 32 galgos muertos en las condiciones más penosas que uno pueda imaginar no vuelva a repetirse.
Esta es una carta por el presente, para hacer futuro. Esta es una carta escrita por esos 32 galgos asesinados que son los representantes de los 200.000 perros de caza maltratados y abandonados en este país anualmente. Por los miles de galgos y podencos ahorcados cada febrero. Esta es una carta por esa foto de la vergüenza nacional. Esta es una carta para honrar su memoria, para lamentar su penosa vida, para intentar que no se repita más. Para que no vuelva a morir por inanición un bello galgo más encadenado en esas rehalas de mierda que inundan nuestro país. Estas son unas letras escritas por cada perro utilizado para la caza que aún está tan desprotegido, que malvive en esta España aún tan oscura.
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