El turismo cinegético para clientes de alto poder adquisitivo arraiga en el Pirineo, donde empresas y particulares ofrecen, a menudo en webs especializadas, la participación en recechos y monterías que llegan a cotizar por encima de los 3.000 y los 4.000 euros y cuyo reclamo consiste en la posibilidad de abatir trofeos de caza como sarrios o rebecos.
El negocio de la caza mayor para escopeteros de alto poder adquisitivo avanza boyante en el Pirineo, donde empresas y particulares ofrecen la posibilidad de participar en recechos (estático) y monterías (batidas) por precios básicos que esta temporada, sin extras ni prolongación de fechas, van de 2.000 a 4.300 euros por jornada y trofeo.
Los Agents Rurals no ven, en general, mayores contraindicaciones en este tipo de cacerías. “No hay problema en que se realicen estas de actividades siempre que se cumpla lo que marca la normativa”, explican fuentes del cuerpo encargado de “supervisar que todo se haga dentro de la legalidad” en los cotos y en las reservas de caza.
La venta, o más bien subasta, de permisos para abatir piezas de caza mayor lleva décadas operando como una vía de ingresos para numerosos municipios de la montaña, especialmente en comarcas como la Val d’Aran, el Alt Urgell y el Pallars Sobirà. Alins prevé ingresar un mínimo de 43.900 euros este año por 26 piezas y seis trofeos e Isil, 27.160 por 16 y 4.
Los organizadores de cacerías trabajan con amplios márgenes: sus precios superan entre un 20% y un 40% las pujas de salida de las subastas municipales para los trofeos y llegan a doblar a los de menor categoría.
Un hombre de 44 años ha resultado herido de gravedad este domingo al recibir un disparo en el abdomen durante una montería en la zona de La Umbría, dentro del termino municipal segoviano de El Espinar, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León y publica EFE.
La persona que ha avisado ha recibido indicaciones de los equipos de Emergencias Sanitarias para atender en primera instancia al cazador afectado por el disparo, a la vez que han activado el helicóptero medicalizado de Sacyl. Simultáneamente, el Centro Coordinador de Emergencias ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, con dos rescatadores, uno de ellos enfermero, hacia el lugar. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de El Espinar también han sido alertados de la situación.
Finalmente, el hombre ha sido colocado en una camilla e izado al helicóptero de rescate, que le ha trasladado hasta la zona donde se encontraba el helicóptero sanitario, que le ha evacuado al Complejo Asistencial de Segovia, donde ha quedado ingresado en estado grave.
El grupo parlamentario Más Madrid presentó una PNL para ampliarla. Populares y Vox han votado en contra. Un grupo de vecinos ya ha sumado casi 3.000 firmas para intentar modificar la normativa.
Alberto, tiene una finca con una vivienda, un pequeño desván y un taller limitando con un coto de caza privado:
“Llevo tres años aguantando que los cazadores disparen en dirección a mi propiedad. He hablado incluso con el responsable del coto y he tenido que soportar amenazas, como que un cazador me encañonara con su escopeta en la cabeza. Tuve que denunciar entonces, lamentablemente no lo hice”. Pero todo tiene un límite. El pasado 23 de agosto, a las 8.30 de la mañana, se fue al cuartel de la Guardia Civil y puso por fin una denuncia después de que otro cazador disparase el día anterior muy cerca de su casa y “cuatro perdigones cayeran en el tejado”.
“Esto solo puede significar una cosa, que estaban disparando en dirección a mi casa, lo que está prohibido por ley y es delito. Además, el cazador disparó cuatro veces cuando solo se pueden disparar dos con un tiro en la recámara, lo que quiere decir que tenía la escopeta trucada”.
El parlamentario Sánchez asegura que “todos los años se producen interacciones entre cazadores y vecinos que denuncian la proximidad de los disparos a sus viviendas. En algunos casos extremos se producen accidentes, que si bien son fortuitos no por ello dejan de ser graves, y en algún caso desgraciado, incluso mortal. Estas interacciones son recurrentes en algunos municipios y urbanizaciones, especialmente durante los fines de semana, cuando un mayor número de madrileños frecuenta el medio natural”. Como en la urbanización Eurovillas, ubicada en la localidad de Nuevo Baztán. Allí el municipio está rodeado de cotos de caza y algunos vecinos están hartos de ver como muchas aves, como palomas, caen abatidas en sus fincas, jardines y piscinas particulares por la proximidad de los cazadores.
Los populares argumentan que las distancias de seguridad actuales, reguladas por una ley franquista, “son razonables”. Justificaron su voto en contra porque aseguran que el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ya está trabajando en una nueva ley de caza que podría revisar las distancias de seguridad. En la región hay 778 cotos de caza y unas 40.000 licencias de cazadores. Vox, por su parte, también cree que las distancias de seguridad actuales son las adecuadas. “No es un problema cotidiano, por mucho que pueda haber incidentes puntuales como en cualquier ámbito de la vida. Si se cumple la ley de 70 y el reglamento del 71 no tiene por qué pasar nada. Más Madrid busca un problema donde no lo hay”.
Varios cazadores han sido sancionados en la provincia de Ciudad Real por el cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha por incumplir las normas establecidas para el ejercicio de la actividad cinegética durante el periodo de la caza en media veda.
En los controles habituales en el periodo de media veda se ha propuesto para sanción a un cazador que, pese a llevar toda la documentación en regla, había abatido cuatro ejemplares de tórtola europea, una especie en peligro cuya caza está prohibida en la región.
Por otro lado, hace unos días, los agentes también decomisaron unos reclamos mecánicos, prohibidos para ser utilizados en el ejercicio de la caza, y cuyo empleo supone un efecto atrayente para incrementar el número de piezas abatidas.
Así, los cazadores que hacían uso de estos reclamos también han sido propuestos para sanción.
Las familias, senderistas y ciclistas reclaman su derecho a disfrutar de la naturaleza.
Todos los años, desde agosto hasta marzo, tiene lugar la temporada de caza, un periodo en el que los montes de Almería se llenan de aficionados, escopeta en mano. Todo aquel que quiera participar en dicha práctica ha de hacerlo dentro de un coto, es decir, de un lugar delimitado especialmente para ello. Sin embargo, algunos vecinos de Huércal de Almería denuncian que esto no se está cumpliendo en el término montañoso de su municipio
«Como el monte está seco y carece hoy de conejos y perdices en sus cimas, a los cazadores no les compensa subir. Se quedan cerca de las poblaciones y en lugares prohibidos de caza, como el barranco Hiniesta, la zona de la rambla Amatisteros en Almería; la rambla del Potro, la rambla del Pollo y el antiguo campo de golf en Huércal de Almería«.
Juan Cumbes, uno de los vecinos, que ya ha recogido 150 firmas para pedir al Ayuntamiento que actúe en consecuencia, alerta de que «a un kilómetro del pueblo hacen batidas de jabalíes»
La tensión se ha trasladado en los últimos meses a la acción violenta. El pasado 24 de julio uno de los vecinos interpuso una denuncia por un «delito de amenazas».
Agentes de la Policía Foral, adscritos al GRIM (Grupo Investigación Medioambiental) han abierto diligencias penales a un vecino de Lodosa como presunto autor de un delito de maltrato animal.
Movilizadas patrullas de la Brigada de Protección Medioambiental, y con el apoyo de Policía Local de Lodosa, localizaron en un primer canil una hembra y sus tres cachorros muertos, así como un cuarto perro agonizando que finalmente falleció, a pesar de los intentos de los veterinarios por salvar su vida. Los agentes comprobaron que las instalaciones se encontraban en unas condiciones higiénico-sanitarias muy deficientes, con suciedad, agua insalubre y presencia de parásitos como gusanos y garrapatas. En otros caniles colindantes se localizaron más animales en similares condiciones higiénico-sanitarias.
Localizado un vecino de Lodosa, se contabilizaron hasta 94 animales bajo su propiedad, por lo que los investigadores buscaron más instalaciones en la zona donde pudiera albergar al resto de perros. Se localizaron dos perreras más en parajes próximos y ninguna de ellas registrada como núcleo zoológico, pese contener a un número importante de animales.
Tras las inspecciones realizadas en todas ellas se controlaron un total de 35 perros, hallando en un principio cinco perros muertos, otros tantos en muy mal estado de salud y los 25 restantes en condiciones higiénico-sanitarias deficientes, desnutridos, sin microchip, sin vacunar y sin desparasitar (muchos de ellos infestados de garrapatas). De alguno de los canes el investigado no puede justificar la procedencia ni la titularidad.
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