Los Bombers de la Generalitat fueron requeridos la mañana del domingo, 22 de marzo, para realizar un rescate en una zona boscosa del Pallars Jussà, en Lleida. Un hombre de 62 años, vecino de Andorra, había sido embestido por un jabalí mientras cazaba y tenía una herida abierta en la pierna como consecuencia. El teléfono de emergencias 112 recibió la llamada de alerta cuando faltaban poco más de diez minutos para las doce del mediodía. Los Bomberos se desplazaron hasta el lugar del accidente, junto a la carretera L-511, dentro del término municipal de Abella de la Conca, acompañados de sanitarios del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), para dar respuesta a la emergencia.
Según parece, el hombre disparó al animal, pero falló. El jabalí, asustado, corrió hacia él y lo embistió de tal manera que le clavó el colmillo en la pierna derecha, provocándole una gran herida abierta entre el tobillo y la rodilla, antes de adentrarse en el bosque. Los Bombers, que activaron el helicóptero con efectivos del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) y del SEM, lo localizaron sangrando abundantemente.
Rescatado con helicóptero
Una vez llegaron hasta el cazador, que iba acompañado, los sanitarios le dieron una primera asistencia in situ, vendándole la pierna para detener la hemorragia, estabilizándolo hasta que pudieran intervenirlo. Se decidió evacuarlo del lugar haciendo izaje con el helicóptero, ya que se encontraba en una zona de difícil acceso. Para agilizar el rescate, lo evacuaron por aire hasta el aeropuerto de la Seu d’Urgell, donde lo esperaba la ambulancia que lo trasladó, finalmente, al hospital.
A pesar de la gravedad de la herida, que afectaba toda la pantorrilla derecha, y el consiguiente susto, el pronóstico de la víctima es favorable y no se teme por su vida.
El Juzgado les impone más de 3.200 euros de multa a cada uno y tres años de inhabilitación para el ejercicio de la caza
El Juzgado de Puerto del Rosario ha condenado a dos personas por un delito contra el medio ambiente tras la captura y muerte de siete ejemplares de pardela cenicienta atlántica en el Parque Natural de Jandía, en Fuerteventura.
Según ha informado la Guardia Civil, los hechos se remontan al pasado mes de septiembre, cuando agentes del Destacamento Marítimo de Fuerteventura detectaron la actividad durante una patrulla de vigilancia en la zona del Faro de Punta Pesebre.
En el operativo, en el que también participaban agentes de guardapescas en labores de seguimiento ambiental de espacios marinos protegidos, los efectivos observaron luces en una zona montañosa situada entre la playa del Junquillo y Punta de Barlovento, en el área de Aguacabras, en el municipio de Pájara.
Ante la sospecha de actividad furtiva, los agentes localizaron a dos personas que se dirigían hacia un vehículo portando un saco de rafia y una vara de madera con gancho, utilizada para extraer aves de sus nidos.
En el interior del saco se encontraron siete ejemplares muertos de pardela cenicienta atlántica (Calonectris borealis), especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de vulnerable y sujeta a protección especial.
Tras la incautación, se estableció la cadena de custodia de los ejemplares, que fueron trasladados al Destacamento Marítimo en Corralejo y posteriormente entregados a agentes de medioambiente del Cabildo de Fuerteventura, quienes los remitieron al Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA).
El análisis realizado por este organismo confirmó la especie y determinó que los animales fallecieron por asfixia y traumatismo craneal.
A raíz de estos hechos, la Guardia Civil instruyó diligencias al considerar que los hechos podían constituir un delito contra la flora y la fauna tipificado en el artículo 334 del Código Penal.
El juicio se celebró a finales del mes de febrero en Puerto del Rosario, donde se dictó sentencia condenatoria. El fallo impone a los dos responsables una sanción económica superior a 3.200 euros a cada uno, así como la inhabilitación para el ejercicio de la caza durante tres años.
La pardela cenicienta atlántica es un ave marina que nidifica en cuevas, grietas y acantilados costeros y que acude a tierra firme únicamente durante el periodo reproductor. Está catalogada como vulnerable en el Libro Rojo de las Aves de España y protegida por normativa estatal y convenios internacionales.
La captura o muerte de esta especie está prohibida en Canarias desde 1981, en virtud del Real Decreto 3181/1980, que estableció la protección de determinadas especies de fauna silvestre en todo el territorio nacional. Desde entonces, distintas normativas han mantenido y reforzado su protección.
La legislación vigente contempla para este tipo de conductas penas de prisión de seis meses a dos años o multas, además de la inhabilitación para el ejercicio del derecho de cazar o pescar, así como posibles sanciones por daños al medio natural.
La asociación ecologista considera que Ignacio Sáenz de Urturi ha cometido «un presunto delito de prevaricación» al firmar dos resoluciones a petición de ARAG-Asaja, que ha solicitado «medidas cinegéticas excepcionales» para el Alto Najerilla y el Camero Viejo
La asociación ecologista Ascel ha presentado una querella criminal por un presunto delito de prevaricación contra Ignacio Sáenz de Urturi, director general de Medio Natural y Paisaje del Gobierno de La Rioja, por haber firmado resoluciones «para matar a cuatro lobos en diez días». La decisión, considera Ascel, está motivada por dos peticiones presentadas por ARAG-Asaja para abatir al depredador. Hace un mes finalizó la temporada de caza en La Rioja sin que se haya abatido ningún lobo, aunque el Ejecutivo regional aún puede autorizar la caza del lobo como medida extraordinaria.
Según ha confirmado ARAG-Asaja a Diario LA RIOJA, a mediados de febrero solicitó a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente «la aplicación de medidas cinegéticas excepcionales frente al lobo para las zonas del Alto Najerilla y del Camero Viejo». «Lo permite la normativa una vez que las medidas de prevención no resulten efectivas», recuerda ARAG-Asaja, y subraya las dificultades de los ganaderos de extensivo por los ataques del lobo. La organización considera que la situación actual es «fruto de años de sobreprotección normativa».
La querella presentada por Ascel (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico), a la que ha tenido acceso este periódico, expone que las dos resoluciones para autorizar excepcionalmente la caza del lobo, y una tercera que ordena la prestación de servicios a agentes forestales, a los que se exige «sigilo profesional», es para la modalidad de espera. La asociación considera que han sido dictadas «sin estudios e informes científicos», tal y como exige una reciente sentencia del Tribunal Supremo. Ascel señala que una de las dos solicitudes de ARAG-Asaja se presentó el 11 de marzo de 2026 y al día siguiente se autorizó la medida. Al parecer, las explotaciones ganaderas afectadas por los ataques de lobo afirman haber sufrido 59 ataques durante los primeros 100 días de 2026, con un total de 100 reses muertas, pero la asociación ecologista señala que no se evalúan qué medidas preventivas se han tomado ni si se han valorado otras alternativas, por lo que «se han dictado de manera arbitraria a sabiendas de su injusticia». Por tanto, la caza causaría «un daño irreparable a la población de lobos», así que, además, Ascel ha solicitado como medida cautelar urgente la suspensión inmediata de las resoluciones del Gobierno riojano.
La autorización extraordinaria se produce después de que varias asociaciones ecologistas (Ascel, Pacma, WWF y Fondo para la Protección del Lobo Ibérico) presentaran, meses atrás, recursos contenciosos-administrativos contra la pretensión del Gobierno regional de autorizar la caza del lobo en la comunidad autónoma. En este sentido incluso se solicitó una recusación judicial contra la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja para que fuese apartada del caso al considerar que podía no ser imparcial por ser hermana del jefe de Servicio de Defensa de la Naturaleza, Caza y Pesca del Ejecutivo riojano. También se reclamaron medidas cautelares, que no se adoptaron.
El Servicio de Protección da Natureza de la Guardia Civil (Seprona), con la colaboración de la Protectora de Animais do Morrazo, han llevado a cabo un operativo para retirar 22 perros podencos de caza (16 hembras y 6 machos) a un vecino de Meira, en Moaña, que los tenía en muy malas condiciones, en jaulas o zulos con apartamentos, algunos encadenados, otros con sarna y escuálidos.
El operativo se llevó a cabo este domingo a iniciativa de la protectora, que recibió quejas de vecinos. Se sospechaba que los perros dejaban de ladrar de repente por el uso de aspersores de agua, como así confirmó el Seprona, que pidió la colaboración de la protectora para valorar la situación de los animales.
La presidenta de la protectora, Laura Soliño, asegura que lo que se encontraron allí fue un horror, con una madre con cachorros muertos en el frío cemento y las mamas ensangrentadas de tanto rascarse por la cantidad de leche.
El propietario de la vivienda no estaba en ese momento, pero sí un familiar, junto a una persona limpiando, que no ofreció ninguna resistencia para entrar en las instalaciones. Se supone que el propietario de los animales los tenía para caza y venta, señalan en la protectora, que acogió a los 22 animales, 13 con chip y 9 sin indentificación, en el refugio comarcal que tienen en Broullón: «Cuando se les dio de comer parecía la fila del hambre».
Laura Soliño señala que ya en una ocasión habían recogido una perra a este vecino pero estaba a nombre de un portugués que hizo la cesión a la protectora, «pero nunca nos creimos que tenía este volumen de animales». Desde la protectora piden al Seprona que intensifique los controles a los cazadores, ya que los podencos son,en Galicia la raza maltratada como los galgos en el sur.
El investigado utilizaba dos perdices enjauladas como señuelo y poseía un arma de fuego no registrada en una finca cercana a las Bardenas Reales
Agentes de la Policía Foral han abierto diligencias penales a un hombre de 74 años en Tudela como presunto autor de un delito contra la fauna y otro de tenencia ilícita de armas. La investigación se inició el pasado mes de febrero, cuando el Grupo Operativo de Medioambiente y el Grupo de Investigación Medioambiental (GRIM) detectaron indicios de posibles acciones de caza mediante métodos prohibidos en la zona.
A raíz de las sospechas, se establecieron los correspondientes dispositivos de control y vigilancia para dar con el responsable. Dichos operativos dieron sus frutos y permitieron localizar al investigado en una finca rústica situada en las cercanías de las Bardenas Reales.
Un arma sin registrar y reclamos prohibidos
El hombre fue sorprendido mientras practicaba la caza de la perdiz con reclamo, una modalidad que requiere autorización específica. Para ello, utilizaba dos ejemplares enjaulados que actuaban como señuelo vivo, una práctica prohibida durante la época de veda y reproductiva para esta especie, tal como lo prohíbe el artículo 335 del Código Penal.
En el lugar de los hechos, los agentes encontraron un arma no registrada y diversa munición, además de un reclamo electrónico que imitaba el canto de la perdiz. Todo el material, junto con las dos perdices, fue incautado. La tenencia de armas sin los permisos necesarios está castigada por el artículo 564 del Código Penal.
Las diligencias del caso han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Tudela y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Navarra para que continúen con el procedimiento judicial correspondiente.
Balance de la actividad medioambiental en febrero
Este caso se enmarca dentro de una intensa actividad de la Brigada de Protección Medioambiental de la Policía Foral, que ha atendido un total de 67 incidencias durante el pasado mes de febrero. Entre ellas, destacan 21 actuaciones por vertidos agrícolas e industriales y mala gestión de residuos, 13 por maltrato o abandono de animales, 7 relacionadas con la caza y otras 7 por fuegos o quemas no autorizadas.
Además del caso de caza ilegal en Tudela, la brigada ha llevado a cabo otras intervenciones relevantes. Entre ellas, la denuncia a una persona en la Ultzama por la tenencia de un lazo-trampa, la intervención de un arma a un hombre por cazar furtivamente de noche en la ribera, la denuncia a un coto por usar cebaderos para jabalíes controlados con cámaras y la localización de un vertido de hipoclorito sódico que provocó la muerte de peces en Cinco Villas.
Una vez más, el despiste al conversar ante un micrófono abierto ha revelado más, y temas más importantes, que lo que se puede declarar de forma consciente. En esta ocasión, el pillado ha sido un miembro de la Federación de Caza de Castilla y León. Ha hecho una inapropiada comparación entre la gran población de codornices en España y el número de habitantes de China.
Porque para José Antonio Pérez Garrido no hay ninguna importancia en el hecho de cazar a un gran número de estas aves porque «hay millones de ejemplares». Y dice: «Si hablamos de chinos, que se mueran diez millones de chinos, ¿es relevante? Es que hay dos mil millones».
Esta es su analogía. Las palabras que ha pillado un micrófono indiscreto y abierto en un acto del el I Foro de la Codorniz, que se celebró el pasado 11 de marzo, en Valladolid.
Allí estaba José Antonio Pérez Garrido, como promotor del acto y miembro de la Federación Castellano y Leonesa de Caza. Separado de la mesa de conferencias, se mantiene de pie, charlando con otro asistente. El tema de conversación: defender, ante todo, las cuotas de caza de la codorniz.
Porque mientras que los amantes de la caza defienden justo la tesis del protagonista de la pillada, los informes oficiales apuntan a una gran caída de la población de este tipo de ave. Por ello, el Gobierno está estudiando presentar ante la Unión Europea medidas restrictivas sobre su caza.
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