La asociación ecologista considera que Ignacio Sáenz de Urturi ha cometido «un presunto delito de prevaricación» al firmar dos resoluciones a petición de ARAG-Asaja, que ha solicitado «medidas cinegéticas excepcionales» para el Alto Najerilla y el Camero Viejo
La asociación ecologista Ascel ha presentado una querella criminal por un presunto delito de prevaricación contra Ignacio Sáenz de Urturi, director general de Medio Natural y Paisaje del Gobierno de La Rioja, por haber firmado resoluciones «para matar a cuatro lobos en diez días». La decisión, considera Ascel, está motivada por dos peticiones presentadas por ARAG-Asaja para abatir al depredador. Hace un mes finalizó la temporada de caza en La Rioja sin que se haya abatido ningún lobo, aunque el Ejecutivo regional aún puede autorizar la caza del lobo como medida extraordinaria.
Según ha confirmado ARAG-Asaja a Diario LA RIOJA, a mediados de febrero solicitó a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente «la aplicación de medidas cinegéticas excepcionales frente al lobo para las zonas del Alto Najerilla y del Camero Viejo». «Lo permite la normativa una vez que las medidas de prevención no resulten efectivas», recuerda ARAG-Asaja, y subraya las dificultades de los ganaderos de extensivo por los ataques del lobo. La organización considera que la situación actual es «fruto de años de sobreprotección normativa».
La querella presentada por Ascel (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico), a la que ha tenido acceso este periódico, expone que las dos resoluciones para autorizar excepcionalmente la caza del lobo, y una tercera que ordena la prestación de servicios a agentes forestales, a los que se exige «sigilo profesional», es para la modalidad de espera. La asociación considera que han sido dictadas «sin estudios e informes científicos», tal y como exige una reciente sentencia del Tribunal Supremo. Ascel señala que una de las dos solicitudes de ARAG-Asaja se presentó el 11 de marzo de 2026 y al día siguiente se autorizó la medida. Al parecer, las explotaciones ganaderas afectadas por los ataques de lobo afirman haber sufrido 59 ataques durante los primeros 100 días de 2026, con un total de 100 reses muertas, pero la asociación ecologista señala que no se evalúan qué medidas preventivas se han tomado ni si se han valorado otras alternativas, por lo que «se han dictado de manera arbitraria a sabiendas de su injusticia». Por tanto, la caza causaría «un daño irreparable a la población de lobos», así que, además, Ascel ha solicitado como medida cautelar urgente la suspensión inmediata de las resoluciones del Gobierno riojano.
La autorización extraordinaria se produce después de que varias asociaciones ecologistas (Ascel, Pacma, WWF y Fondo para la Protección del Lobo Ibérico) presentaran, meses atrás, recursos contenciosos-administrativos contra la pretensión del Gobierno regional de autorizar la caza del lobo en la comunidad autónoma. En este sentido incluso se solicitó una recusación judicial contra la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja para que fuese apartada del caso al considerar que podía no ser imparcial por ser hermana del jefe de Servicio de Defensa de la Naturaleza, Caza y Pesca del Ejecutivo riojano. También se reclamaron medidas cautelares, que no se adoptaron.