Los agentes intervinieron dos rifles equipados con miras telescópicas y sistemas de iluminación, además de un visor térmico que los sospechosos intentaron ocultar arrojándolo por la ventanilla.
La madrugada del pasado 15 de marzo se convirtió en una noche para olvidar para dos cazadores furtivos que operaban en la oscuridad en una reserva cinegética de Monsagro. Lo que probablemente planearon como una incursión sigilosa terminó con una investigación por varios delitos contra la fauna y la normativa de caza.
Un vehículo sospechoso en la oscuridad
Los hechos ocurrieron durante uno de los servicios rutinarios de vigilancia que la Guardia Civil de Salamanca mantiene de forma permanente para combatir la caza furtiva en las reservas cinegéticas de la provincia.
Los agentes detectaron un turismo que circulaba con las luces apagadas por los caminos de una reserva de caza en el término municipal de Monsagro, comportamiento que inmediatamente levantó sospechas entre los efectivos.
Al proceder a la intercepción del vehículo, los ocupantes —dos varones cuya identidad no ha sido revelada— reaccionaron nerviosamente e intentaron deshacerse de un visor térmico lanzándolo por la ventanilla del asiento del copiloto, maniobra que no pasó desapercibida para los guardias civiles.
Arsenal para la caza nocturna
La inspección del vehículo reveló un auténtico arsenal para la caza furtiva nocturna. Los agentes encontraron:
Dos rifles equipados con miras telescópicas
Sistemas de iluminación acoplados a las armas
Uno de los rifles estaba cargado y listo para disparar
Munición para ambas armas
Un visor térmico (el que intentaron ocultar)
Estos dispositivos están específicamente prohibidos por la legislación de caza, ya que permiten la captura de animales durante la noche, cuando son más vulnerables y tienen menos posibilidades de escapar.
Doble imputación por delitos contra la fauna
Como resultado de la intervención, la Guardia Civil procedió a la incautación de todo el material y a la investigación de ambos individuos como presuntos autores de dos delitos:
Caza furtiva, por realizar actividades cinegéticas en el interior de un terreno acotado sin contar con la preceptiva autorización administrativa.
Utilización de artes o medios legalmente prohibidos para la caza, especialmente los sistemas de visión nocturna y térmicos.
Este tipo de operaciones se enmarca dentro de la intensa actividad que desarrolla la Guardia Civil para proteger el patrimonio natural y las especies cinegéticas de la provincia salmantina, especialmente en zonas de alto valor ecológico como las reservas de caza.
Las autoridades recuerdan que la caza furtiva no solo constituye un delito contra la normativa cinegética, sino que puede provocar graves desequilibrios en los ecosistemas y poner en riesgo la sostenibilidad de las poblaciones de fauna silvestre.
Una enmienda colada por el PP en el Senado a la ley contra el desperdicio alimentario deshará por la vía rápida todo el proceso que terminó por detener la caza de la especie: a priori cuenta con el apoyo de Vox, PNV y Junts
— El PP aprovecha la ley anti desperdicio de comida para desproteger al lobo porque sus ataques generan “residuos de cadáveres”
Colado como enmienda en una ley para evitar que se desperdicie comida, el Congreso vota si se vuelven a cazar lobos en España. La disposición –que cuenta con el apoyo a priori de PP, Vox, PNV y Junts– elimina la protección de la especie al norte del Duero. Sin esa protección, los lobos podrán matarse en lo que los promotores de la idea denominan “gestión” del Canis lupus sigatus.
La enmienda deshace de un plumazo el proceso que desembocó en 2021 en la inclusión del lobo en todo el territorio nacional en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre). La justificación con la que el PP incrustó la medida en una norma contra el despilfarro de comida es que los ataques al ganado de “fauna silvestre” generan “cuatro millones de kilos de carne desperdiciada”. Con ese razonamiento ha bastado.
La disposición se introdujo en el trámite del Senado (donde los populares cuentan con mayoría absoluta), pero debe ser refrendada –o desaparecer– en el Congreso este jueves. Es el previsto apoyo del PNV y Junts, unidos al PP y la ultraderecha de Vox, lo que daría los votos suficientes para desproteger al lobo por la vía rápida, cuatro años después.
El portavoz del PP, Miguel Tellado, pidió a última hora de este miércoles retrasar una semana las enmiendas incorporadas en el Senado.
La enmienda –que desprotege las manadas al norte del Duero– es un calco de un artículo introducido por el PP en una proposición de ley “relativa a la protección del lobo y la cohabitación con la ganadería extensiva” que fue admitida a trámite por el Congreso en febrero de 2024 con los votos a favor de populares, Vox, Junts y PNV. La alianza parlamentaria antilobo viene de más lejos. Y ahora se reedita para insistir sobre el argumento por la puerta de atrás: la vía exprés de una enmienda para acceder a una norma que nada tiene que ver y que se encuentra en sus últimas fases de tramitación, a la que se le tuvo que colgar la justificación de la carne desperdiciada.
Fuentes parlamentarias del PNV afirman que “la ganadería extensiva en Euskadi no es compatible con la presencia del lobo. No lo ha sido nunca”. En el País Vasco en 2023 el Ejecutivo autonómico hablaba de dos manadas (compartidas) y entre 9 y 11 lobos, pero en los datos remitidos al Ministerio de Transición Ecológica en marzo de 2024 se indicaban ejemplares individuales y no manadas reproductoras. El grupo parlamentario afirma que “los ataques a rebaños se han incrementado y de no tomar medidas, irán en aumento”. Así que proponen “un control poblacional y planes de gestión”.
“Supone un precedente peligrosísimo para saltarse mediante una ley todo el procedimiento reglado por otra ley para incluir, modificar o eliminar una especie del listado de protección”, analiza el director de Conservación de WWF, Luis Suárez.
Suárez se refiere a que ese listado fue creado por la ley de Biodiversidad y tiene un procedimiento detallado. Ese procedimiento indica que la iniciativa para que una especie entre o salga es de oficio del Gobierno o de las comunidades autónomas o asociaciones o individuos y, en todo caso, “deberá ser motivada e ir acompañada de la información científica justificativa, así como las referencias de los informes y publicaciones científicas que se hayan podido utilizar”.
El reglamento indica que luego se tiene que remitir el expediente a la Comisión de Flora y Fauna Silvestres que consulta con el Comité Científico. En el caso del lobo, por ejemplo, ese Comité Científico emitió un dictamen en febrero de 2020 en el que analizaba que la especie no cumplía los requisitos para la categoría de Vulnerable, pero sí pedía que todas las poblaciones sin distinción fueran incluidas en el Lespre. Eso fue lo que finalmente ocurrió, aunque aún transcurrió más de un año de procedimiento antes de que se hiciera efectivo.
Lo cierto es que, en este caso que se dirime en el Congreso, ha sido suficiente con que el Partido Popular redacte en la enmienda que los “residuos de cadáveres” de ataques al ganado suman “cuatro millones de kilos de carne, dado que fueron más de 14.000 las reses muertas entre terneros, vacas, potros y ovejas” para modificar el listado. No aportan sin embargo datos de que esos ataques se achaquen directamente a lobos.
Suárez entiende que si se saca a parte de la especie de la protección “se va a un limbo: se retrocede a 2020, pero con los planes de las comunidades autónomas sin actualizar, que buscarán sistemas para volver a matar lobos”, vaticina.
Por lo pronto, una norma así “haría decaer la actual estrategia del lobo –pensada para la convivencia entre carnívoros y ganadería– y con ella los fondos que lleva aparejados”, insiste el ambientalista. Son unos 20 millones anuales que los Presupuestos Generales destinan a las comunidades autónomas.
La senadora del PP, Lorena Guerra Sánchez, espetó en el pleno en el que se discutió esta medida que el Gobierno debe “dejar que las comunidades autónomas gestionen el problema como corresponde”. La gestión del lobo autonómica ha tenido entre sus piezas angulares las denominadas “extracciones” de ejemplares. Es decir: partidas de caza para diezmar manadas.
Y precisamente el plan de gestión (o de caza) diseñado durante años por la Junta de Castilla y León (uno de los gobiernos más beligerantes contra la calificación del lobo como protegida) fue finalmente anulado por la Justicia. El Tribunal Superior de Castilla y León falló que los planes desde 2019 a 2022 carecían de sustento legal. Era octubre de 2024 y se habían matado 399 lobos con esos planes.
Malos tiempos lobunos
Desde que todos los lobos en España fueron protegidos, las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria secundaron al sector ganadero que reclama poder matar ejemplares. Los cazadores también se unieron, ya que son los últimos beneficiarios de los planes de gestión cinegética: son quienes disparan y cobran los trofeos.
Sin embargo, fue el cambio de postura de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo que les ha dado gasolina. Von der Leyen promociona un cambio en el estatus legal de la especie desde que su poni preferido sufrió un ataque.
Es una práctica en la que se caza a un animal sin la autorización previa del propietario del coto donde esta habita
El furtivismo o la caza furtiva de lujo es una práctica ilegal muy extendida entre ciertos grupos de alto nivel adquisitivo que consiste en abatir una «pieza de caza» (un animal) sin la autorización previa del propietario del coto donde esta habita. Se trata de una actividad ilícita sin un fin más que conseguir trofeos. Además, el hecho de que se considere un delito menor y el nivel económico de quienes la cometen favorece que esta actividad no deje de extenderse, y con ella la amenaza que supone para el medio ambiente en general, y para ciertas especies de la fauna en particular.
Si bien en otros tiempos la caza furtiva, aunque no era legal, podía considerarse legítima en tanto que se llevaba a cabo con el objetivo de alimentar a una o varias personas, esta práctica ha dado un giro radical.
A día de hoy, el interés de cazar ilegalmente recae en personas que disponen de gran capacidad económica, hasta el punto de que las normas no parecen un impedimento y cuyo fin no es otro que conseguir y alardear de los animales a los que quitan la vida y exponen.
Actualmente está tipificado como delito menor, algo que juega en favor de los que practican el furtivismo, a pesar de poner en peligro a un considerable número de especies tanto cinegéticas como protegidas.
Así, cada vez son más los casos de redes organizadas, dirigidas por personas con recursos económicos y contactos en las altas esferas. Suelen contar con una red de contactos financiada, haciendo de la caza furtiva organizada una fuente de ingresos para todos aquellos que colaboran en ella.
Tales prácticas generan importantes efectos medioambientales, por un lado, a las especies animales que son cazadas sin control, y por otro, a las Reservas de Caza, Ayuntamientos, Sociedades de Cazadores, y fincas de caza de gestión privada.
Todos las organizaciones mencionadas dejan de percibir importantes ingresos con la venta de los derechos de caza, lo que en muchos caso es la renta principal para su subsistencia.
La gestión de un coto y la calidad de «las piezas de caza» viene aparejada con un elevado esfuerzo y compromiso. Un activo esencial para las personas que generan riqueza en la zona y puestos de trabajo.
Por ello, aquellos que cazan ilegalmente en estos terrenos, aprovechando su poder adquisitivo y sus contactos para comprar voluntades, provocan importantes efectos negativos sobre los propietarios de cotos de caza privados, reservas, etcétera.
Un presunto caso de esta práctica es el de Rafael Gómez Martínez, un joven de 28 años, nieto del constructor cordobés apodado como «Sandokan». El nieto del constructor, que contaría con un amplio historial de furtivismo, fue detenido en Córdoba el pasado 31 de enero por un presunto delito de caza furtiva y tenencia ilícita de armas, según las fuentes consultadas por OKDIARIO.
En función del informe veterinario, el propietario podría enfrentarse a cargos por un delito de maltrato animal
Agentes de la Policía Municipal de Madrid rescataron hace unos días un galgo en estado de abandono en un trastero de un edificio de viviendas del distrito de Usera, ha informado una portavoz del Cuerpo Local.
El aviso fue dado por una vecina alrededor de las 13:00 horas, tras descubrir al animal en condiciones insalubres en un espacio sin luz y lleno de excrementos y orina. Los agentes localizaron al dueño del perro a través del chip, en el que no le aparecía ninguna vacuna puesta.
El Servicio Veterinario Municipal de Urgencias (SEVEMUR) trasladó al animal al Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid para su cuidado y evaluación. En función del informe veterinario, el propietario podría enfrentarse a cargos por un delito de maltrato animal. De momento, ha sido denunciado administrativamente y le han retirado el galgo.
Los autores han subido vídeos en Tik Tok tras las cacerías
Cazan erizos en fincas con perros y difunden su actividad furtiva en vídeos en su perfil de TikTok. La Asociación Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Guardia Civil la proliferación de estos cazadores clandestino en fincas de la región como Fuente Cisneros, en el término de Alcorcón, y el parque Prado Ovejero en Móstoles. Se trata de «una especie insectívora protegida por convenios internacionales» beneficiosa para los campos. Los autores se enfrentan hasta dos años de prisión. El Seprona ya investiga estos hechos.
«Un grupo de furtivos con perros de caza andan merodeando en busca de erizos en las localidades de Móstoles y Alcorcón. Ha sido un naturalista experto en estos animales, que frecuenta la zona, el que ha dado la voz de alarma tras sorprender hace unos días a uno de estos grupos», alertan desde el colectivo.
El portavoz de Ecologistas en Acción del Suroeste de Madrid, Raúl Navarrete, insiste a EFE que «ya hay antecedentes de la presencia de furtivos en esta zona en busca de erizos y que el Seprona de la Guardia Civil ya está avisado de ello».
«Desde hace algunos años y amparándose en la oscuridad de la noche, grupos de furtivos de tres a cinco individuos realizan caza de erizos en zonas con presencia de los mismos. Van acompañados de perros de caza de razas braco y bretón, adiestrados para tal fin», explica Navarrete.
Los furtivos actúan entre los meses de marzo y septiembre, cuando la especie tiene su mayor actividad nocturna y últimamente se han detectado en la zona suroeste, rondando en las inmediaciones del parque Prado Ovejero de Móstoles y la finca Fuente Cisneros de Alcorcón.
Hace algo más de un año, agentes de la Guardia Civil detuvieron en la localidad de Torrejón de Velasco a cinco personas por la caza ilegal de erizos al no estar incluida esta actividad dentro del listado de especies cinegéticas de la Comunidad de Madrid. Se enfrentan hasta dos años de prisión por un delito continuado relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos tras cazar una especie objeto de especial protección por tratarse de un animal beneficioso para los campos y los montes.
También la Policía Local de Coslada detuvo meses antes a otros dos individuos que fueron sorprendidos cazando erizos en el interior del Parque del Humedal, uno de los pulmones verdes de la localidad.
Desde Ecologistas en Acción insisten en que el erizo común es una especie objeto de especial protección por el convenio de Berna ratificado por España en el año 1986, por «su carácter de animal insectívoro beneficioso para los campos y montes y cuya supervivencia podría verse amenazada de no adoptarse especiales prevenciones».
«Los agentes de la Guardia Civil están al tanto desde hace tiempo, pero pillarles in fraganti es muy difícil. El Seprona tiene muy pocos agentes para toda la comarca. Y los agentes forestales no tienen turno de noche, como otras policías», ha lamentado Navarrete, quien pide una mayor vigilancia.
A los dos varones investigados la Guardia Civil les intervino un silenciador, un visor nocturno acoplado, una navaja y prismáticos, entre otros
La Guardia Civil de Teruel investiga a dos personas como presuntas autoras de varios delitos contra la fauna y la flora en Tramacastilla. Los cazadores furtivos no tenían licencia de caza en Aragón y fueron pillados de madrugada el pasado enero con un arma preparada para efectuar el disparo de manera inmediata. Se trataba de un rifle de caza mayor, que además, tenía instalado un silenciador y un visor nocturno acoplados, los cuales están prohibidos en la Comunidad Autónoma. La investigación, que comenzó el pasado 25 de enero de 2025 y finalizó durante este mes de marzo, ha sido llevada a cabo por el Seprona de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel.
Los hechos se remontan a la madrugada del 25 de enero, mientras los guardias civiles se encontraban prestando servicio propio de la especialidad en prevención del furtivismo en la Reserva de Caza Montes Universales, en la localidad de Tramascastilla (Teruel), observaron a un vehículo susceptible de encontrarse realizando algún tipo de actividad ilícita, por lo que procedieron a la interceptación y registro del mismo.
PRISMÁTICOS, UN MONOCULAR TÉRMICO, UNA NAVAJA Y LINTERNA DE LARGO ALCANCE
El vehículo, ocupado por dos personas, fue registrado por los agentes, localizando un rifle de caza mayor. El arma que llevaba un cartucho en la recámara, además de tener instalado un dispositivo supresor de ruido (silenciador), disponía de un visor nocturno acoplado, prohibido en Aragón, con el tapón abierto y encendido. La misma estaba dispuesta para ser usada en cualquier momento.
En el mismo registro, los guardias civiles localizaron unos prismáticos, cartuchos compatibles con el arma localizada, un monocular térmico, una navaja y una linterna de largo alcance.
Por lo expuesto y tras comprobar que la persona que se iba a hacer cargo del arma, carecía de autorización para el uso y tenencia de armas de fuego, se procedió a investigarlo como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas, también se les solicitó, a ambos ocupantes, la autorización para ejercer el deporte de la caza, careciendo de autorización del titular del terreno, por lo que se procedió a investigar a las dos personas como presuntas autoras de dos delitos contra la flora y fauna, al carecer de la preceptiva autorización.
Asimismo, se dio cuenta a las autoridades competentes de las 20 infracciones administrativas en materia de caza y reglamento de armas cometidas. Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Teruel.
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