Al autor del disparo en un coto privado de caza cerca de Moratalla se le imputa un delito contra la fauna tras más de medio año de búsqueda.
La muerte del quebrantahuesos Lopezosa, el macho abatido a principios de este año en Nerpio, parece tener ya un responsable. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Albacete investiga a un cazador murciano como presunto autor del disparo que acabó con la vida del animal. Los hechos ocurrieron, según fuentes cercanas al caso, en un coto privado de caza en el paraje de las Bojadillas, a dos kilómetros de la frontera con la Región de Murcia.
Al cazador, que está en libertad,se le imputa un delito de atentado contra la fauna. Al tratarse de una especie protegida, el investigado podría enfrentarse a dos años de prisión y a una sanción económica de hasta 300.000 euros por considerarse el acto delictivo como una infracción administrativa muy grave.
El animal surcaba los cielos de la Región con bastante frecuencia, su presencia se había detectado en varias ocasiones en las sierras de Moratalla, aunque su área de campeo habitual era el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén), donde se lleva a cabo un programa de reintroducción del quebrantahuesos. El Centro de Cría del Guadalentín, en Cazorla, se encargaba del seguimiento de esta ave rapaz carroñera.
La persona investigada, que ya ha declarado ante la Guardia Civil, no tendría residencia en Nerpio, pero conoce la zona por la actividad cinegética. Los agentes del Seprona llevaban tiempo tras su pista, unas pesquisas que han durado más de medio año y que han contado con la colaboración de los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha. El animal nació en la temporada de cría 2020-2021 y tenía tres años cuando murió por el disparo.
Los quebrantahuesos son aves catalogadas en peligro de extinción. En 2017, otro cazador mató por disparos de perdigón a otro ejemplar en Yeste. En esta ocasión, el coto desde donde se abatió al animal se ubica entre el embalse del Taibilla (Albacete), la sierra de Villafuerte y la rambla de la Rogativa, en Moratalla.
Esta rapaz carroñera se extinguió en la Región de Murcia en los años 60 del siglo pasado, pero sus vuelos por Sierra España, el Altiplano o el Noroeste son regulares. Las circunstancias de la muerte de Lopezosa son similares al fallecimiento de dos linces ibéricos en Lorca recientemente, ambos alcanzados por disparos de cazadores. Sólo uno de ellos ha sido juzgado por los hechos, el otro no ha aparecido.
Los agentes interceptaron un vehículo con una carabina modificada y sin la documentación requerida en una zona de caza mayor en Córdoba.
La Guardia Civil ha procedido a la detención de dos individuos en Hornachuelos, Córdoba, acusados de involucrarse en actividades de furtivismo y de poseer armamento de manera ilícita. Los sospechosos, de 40 y 21 años, fueron interceptados durante una operación destinada a la protección de la naturaleza y a la prevención de la caza furtiva en esta localidad, especialmente rica en fauna cinegética debido a la abundancia de cotos de caza mayor que la rodean.
En el transcurso de la patrulla, los agentes detectaron un vehículo que se desplazaba a velocidad reducida con las ventanas bajadas, una conducta que levantó sospechas. Al detener el coche para realizar un control más exhaustivo, los guardias civiles descubrieron en su interior una carabina de aire comprimido, modificada ilegalmente a un calibre 22, equipada con mira telescópica y silenciador, lista para ser utilizada.
Detenidos en Hornachuelos por furtivismo y posesión ilegal de armas
Los ocupantes del automóvil no pudieron presentar ningún tipo de documentación que justificara la posesión del arma ni permisos correspondientes para su uso, lo que llevó a su inmediata detención. Se les imputan cargos por un delito de tenencia ilícita de armas y otro de furtivismo. Tanto los detenidos como el arma incautada y las diligencias realizadas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
La Policía Canaria propone sanciones de carácter grave para los conductores identificados
El Cuerpo General de la Policía Canaria, a través del Grupo de Protección Medioambiental y de Patrimonio Cultural de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA), investiga a un grupo de cazadores que la semana pasada fueron interceptados circulando con sus vehículos todoterreno por una zona de costa no autorizada hasta estacionarlos finalmente en el interior de la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar.
Los agentes del Cuerpo inciden en que este tipo de conductas realizadas sobre esta zona de uso restringido y catalogada como área de sensibilidad ecológica por su alta calidad biológica y geomorfológica producen un efecto negativo de degradación del terreno, además de dañar la conservación y preservación de los recursos naturales allí presentes.
El Cuerpo General de la Policía Canaria recuerda que la eliminación o anulación de los dispositivos establecidos por los organismos públicos para impedir el acceso al tráfico rodado a la reserva, con la intención de mermar su efectividad, pueden ser constitutivos de infracción muy grave.
La Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa tiene entre sus funciones la actuación policial preventiva, de investigación y denuncia de infracciones administrativas en los ámbitos de, entre otros, medio ambiente y recursos naturales, ordenación del turismo en Canarias, patrimonio cultural canario, Administración Tributaria, transporte, juego y apuestas, así como aquellas otras que le sean encomendadas, de conformidad con la Resolución de 16 de enero de 2024, de la Dirección General de Seguridad.
Los Agents Rurals han identificado y denunciado un cazador sin escrúpulos que ha matado tres barnaclas cariblancas y ha herido a otra en el antiguo estanque de Pals (Girona). Esta especie de ganso, catalogada como protegida y muy difícil de poder ver en Catalunya, se había instalado hace unos días en esta zona de arrozales del Alt Empordà y eran diversos los ornitólogos que se habían acercado a verlos. Este sábado, sin embargo, lo que presenciaron fue como un hombre las mataba a tiros de escopeta. Rápidamente, alertaron de los hechos a los Agents Rurals, que se desplazaron hasta el lugar, donde identificaron al cazador y le decomisaron el arma.
Las tres ocas muertas fueron trasladadas al Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà a fin de que se les haga una necropsia. También se ha trasladado hasta este centro una cuarta barnacla cariblanca herida para que le intenten salvar la vida. Los Agents Rurals han abierto una investigación de estos hechos, que se pondrá en conocimiento de la fiscalía y permitirá determinar si se ha cometido un delito contra la fauna. Según apuntan desde la Federació Catalana de Caça, se trata de un cazador furtivo que no tenía ningún permiso ni para acceder a esta área privada de caza ni para matar ningún animal. En este sentido, han apuntado que tienen previsto emprender acciones legales contra el cazador.
Una especie protegida
Las barnaclas cariblancas (Branta leucopsis) no se encuentran en peligro de extinción, pero sí que se trata una especie protegida a escala europea y es muy poco frecuente que se la pueda ver en Catalunya. Su hábitat acostumbra a estar en los alrededores del mar Báltico o en países del norte de Europa como Irlanda, Escocia o Groenlandia
La Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía en Cádiz ha intervenido en Chiclana una red «de grandes dimensiones» utilizada para la caza ilegal furtiva de aves silvestres.
La Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía en Cádiz ha intervenido en Chiclana una red «de grandes dimensiones» utilizada para la caza ilegal furtiva de aves silvestres.
Así, según ha indicado el cuerpo policial en su cuenta de la red social ‘X’, consultada por Europa Press, los agentes han rescatado a una docena de jilgueros, que han sido liberados de sus jaulas.
Desde la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía han recordado que estas aves fringílidas están protegidas. En concreto, una directiva de la Unión Europea obliga a España a establecer medidas para conservar las especies que viven en estado salvaje.
Por ello, las diferentes comunidades autónomas han tenido que dejar de autorizar la caza y captura de aves canoras en sus territorios. En Andalucía ya no se autoriza la captura de fringílidos desde el año 2018.
La medida se introdujo con motivo de la sequía en 2022 y tendrá continuidad en los presupuestos del año que viene.
El Plan Andaluz de la Caza 2023-2033 define esta actividad como «esencial en el mantenimiento de la biodiversidad», además de «imprescindible» para la «gestión del territorio y de mantenimiento de los equilibrios naturales que permiten la conservación y regeneración natural de los montes, además de su tradicional faceta de actividad deportiva de profundo calado social y su aportación al aspecto económico y de fijación de la población al territorio». Por ese motivo, la Junta de Andalucía ha decidido mantener la bonificación temporal de la tasa por servicios administrativos y facultativos en materia de caza en la comunidad durante 2025.
Esta medida se introdujo por primera vez en el Decreto-ley 2/2022, de 29 de marzo que incluía medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la situación de excepcional sequía en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía, y se adoptan medidas urgentes, administrativas y fiscales, de apoyo al sector agrario y pesquero. Ese texto justificaba las ayudas al sector porque el mundo de la caza «sostiene de por sí una infinidad de negocios relacionados con su actividad», entre los que citaba «compañías de seguros, sector de la automoción, servicios técnicos, alojamientos, restaurantes, ropa, calzado, armerías, granjas cinegéticas, guarderías, servicios veterinarios y alimentación de perros, empresas de organización de cacerías, etc». Además, en ese momento, el número de licencias de caza en Andalucía había disminuido «entre el 10% y el 20% a nivel nacional, con Andalucía encabezando la bajada con 9.503 licencias menos». Entonces se advertía que «la falta de práctica de la caza provocará pérdida de riqueza, grave deterioro económico y desempleo especialmente en las zonas rurales andaluzas ya que titulares cinegéticos y gestores no podrán mantener su actividad».
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