ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO PARA EL CONTROL DE JABALÍES
Hace varios días la Comunidad de Madrid autorizaba la matanza de jabalís en el municipio de Valdemorillo mediante la modalidad de esperas de jabalí con arco.
La autorización dada al Ayuntamiento de Valdemorillo se ajusta, según su comunicado de prensa, a lo establecido en el artículo 15.3 de la Orden 1528/2020, de 16 de julio: “Cuando la presencia de cualquier especie de caza mayor de las definidas en esta Orden pueda originar daños en los cultivos, pastizales, a la fauna o la flora, así como para prevenir accidentes de tráfico o la difusión de epizootías y zoonosis, la Consejería competente en materia de medio ambiente podrá autorizar, si procede, la celebración de aguardos y esperas en cualquier época del año, en cualquier clase de terreno cinegético”.
La Plataforma No A la Caza (Plataforma NAC) se posiciona totalmente en contra de estas actuaciones por parte del Ayuntamiento de Valdemorillo.
Como ya hemos dicho en otras ocasiones, se debería poner énfasis en el control del vallado cinegético de los cotos, donde está demostrado que su penoso estado facilita la dispersión de individuos en busca de comida. Además, sería preciso llevar a cabo un control e inspección de las granjas de jabalíes para poder saber si estos animales han escapado o han sido soltados a propósito para ahorrase los costes de la manutención. El escape o suelta de dichos animales criados podría justificar su aparición en campos cercanos o núcleos urbanos, sin miedo al ser humano, con el objetivo de alimentarse o en busca de agua.
Por otro lado, se está tratando a esta especie prácticamente como a una plaga, cuando ni siquiera existen informes que avalen la toma de decisiones. Tampoco existen informes autonómicos de las autoridades competentes, sobre los daños o los accidentes que ha causado esta especie en este municipio. La solución fácil que ha tomado este Ayuntamiento es poner el problema en manos de la Comunidad de Madrid en vez de solucionar ellos mismos el problema. Siempre se opta por la opción menos ética que viene a ser el sacrificio de estos animales. Esta opción, a nuestro juicio la peor puede derivar en más peligros como es un animal herido por una flecha, que es mucho más peligroso que el animal en sí mismo, que lo único que hace es asustarse del ser humano cuando lo ve, gente portando arcos y flechas y disparando de noche que es cuando menos visibilidad hay, etc.
El año pasado se produjeron en España más de 600 heridos y 50 muertes en jornadas de caza. Esperemos que se vele por la seguridad de sus ciudadanos, sabiendo que ninguno ha sufrido el ataque de un jabalí.
Desde la Plataforma No A la Caza (Plataforma NAC) queremos trasmitir nuestro más sincero asombro respecto al texto de este Anteproyecto de Ley. Consideramos que supone un serio retroceso en materia de protección animal que debería ser subsanado por los legisladores.
En este sentido, realizamos a continuación las siguientes consideraciones:
Respecto a la Acusación Popular:
De manera general, se limita en gran medida la acusación popular tanto en el ámbito subjetivo como en el ámbito objetivo.
El Artículo 121, limita de forma más estricta a la legislación actual, a quienes pueden ejercitar la acción popular. De tal manera que partidos políticos y sindicatos, comunidades autónomas, ayuntamientos y organismos y entidades del sector público institucional, no pueden ejercer dicha acción que hasta ahora sí se les permitía. La repercusión que puede conllevar esta limitación se puede traducir en:
Que partidos políticos cuyo fin es la protección animal y que actualmente ejercen la acción penal ya no van a poder hacerlo,
Que las comunidades autónomas y los ayuntamientos que actualmente son los garantes de que, las leyes autonómicas y las ordenanzas municipales de tenencia y protección de animales domésticos, se cumplan y velen por los animales, no puedan personarse para ejercer la acción penal (contradictorio, ¿no?),
Que entidades como los Colegios de Veterinarios o las secciones de derecho animal de los colegios de abogados, que actualmente vienen personándose en procesos penales, ya no van a poder hacerlo.
Por lo tanto, solicitamos que se vuelvan a permitir a partidos políticos y sindicatos, a los gobiernos de las comunidades autónomas y los de las entidades locales y sus respectivas Administraciones, y a los organismos y entidades que, conforme a la Ley del Sector Público, integran el sector público institucional, ejercer la acción penal y el Artículo 121 sea modificado en ese sentido.
El Artículo 122, menciona el listado cerrado de delitos donde la acción popular puede ejercitarse. En ese listado, solo se incluye el artículo 332 de todos los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos del Código Penal. El artículo 332 se refiere a especies protegidas de flora silvestre. El resto de artículos van del 333 al 337bis. Para ninguno de esos delitos, que se refieren a introducción de flora y fauna no autóctona, a delitos en materia de caza y pesca y los referidos a animales domésticos, domesticados, un animal que viva bajo el control humano o cualquiera que no viva en estado salvaje, se permite la personación de la acusación popular. Es curioso observar como el legislador está protegiendo a determinados sectores donde se cometen un número elevado de delitos penales hacia los animales.
Por lo tanto, solicitamos que se incluyan en el Artículo 122 todos los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos del Código Penal, desde el 332 hasta el 337bis
Respecto a la Acusación Particular:
La acusación particular también viene limitada por el texto del Anteproyecto de Ley, respecto de la actual situación en materia protección animal.
El Artículo 99 ya limita el concepto de víctima a dos supuestos: a la persona física o jurídica ofendida por la infracción; o a la persona que haya sufrido un perjuicio directamente derivado de los hechos punibles. Y en su punto 2 añade, que “Las personas físicas o jurídicas que hubieran sufrido perjuicios indirectos derivados del delito no tendrán, a los efectos de esta ley, la condición de víctimas. A estos efectos, se entenderá por perjuicio indirecto todo aquel que resulte de la obligación de asumir el coste del daño causado por el delito en virtud de una obligación legal o contractual”.
Y el Artículo 113 menciona que la víctima tiene derecho a personarse en el procedimiento ejercitando la acción penal como acusación particular en los casos y en la forma que establece esta ley.
El problema viene cuando la víctima es una animal, que hasta ahora eran las asociaciones de protección animal las que se podían personar como acusación particular para ejercer la acción penal. Con esta nueva redacción, ya no es posible.
Por tanto, solicitamos que la acción penal también pueda ser ejercitada por las asociaciones de víctimas y por las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas.
Además, el artículo 100 menciona que no se reconocerá la condición de víctima a ninguna persona o ente, público o privado, cuando la infracción atente exclusivamente contra intereses públicos o colectivos. Los delitos de relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos atentan mayoritariamente a intereses públicos y colectivos con lo que, de nuevo, vuelven a ser transigidos para los colectivos y sectores como la caza y la pesca.
Por tanto, solicitamos el reconocimiento de la condición de víctima en estos casos ya que es necesario defender los intereses públicos o colectivos a los que se hace referencia.
Otros aspectos:
Queremos transmitir una serie de reflexiones adicionalmente a las anteriores consideraciones.
En primer lugar, hacer mención a la condición de seres sintientes. En la Unión Europea (UE) el reconocimiento de los animales como seres sintientes y el objetivo de velar por su bienestar se recoge en uno de los Tratados Constitutivos de la UE. Ademas, en el ámbito del Consejo de Europa se encuentra el Convenio Europeo para la Protección de los Animales de Compañía que España ha ratificado hace relativamente poco tiempo.
En segundo lugar, la mayoría de los delitos de maltrato animal son llevados a cabo por los propios propietarios, con lo que surge un conflicto de intereses, en el sentido de que ese propietario no quiere defender el bienestar de sus animales.
En tercer lugar, hay que hacer mención a los animales que no tienen dueño o propietario legal, cuyos casos quedarían en manos de la fiscalía.
Y en cuarto lugar, con la actual redacción los delitos de maltrato animal quedan en manos del Ministerio Fiscal, que no tiene la formación necesaria ni la estructura para poder abordar todos los casos.
2021 ha sido un año durísimo para todos. Pero, aun así, este año no podíamos olvidarnos de nuestra lucha, de los millones de animales que sufren y mueren en España cada año. Y este año no ha sido diferente para ellos.
Por eso volvimos a salir este 7 de febrero a pedir el fin de la caza.
Gracias a todas las coordinadoras, protectoras, asociaciones, medios, etc, que aún en esta situación, habéis acudido a una cita con la esperanza, con la vida. Gracias por haber sido respetuosos con las compañeras, por haber mostrado vuestra fuerza en la calle, por haber gritado en las redes. El año que viene volveremos a salir y os queremos a todas, que no falte nadie.
Porque sois la única esperanza de millones de vidas.
No A la Caza Si A la Vida.
Imágenes de Adrián Melguizo – Montaje de Ariel Heredia – Voz en off de David Rubio
La historia ha querido que vivamos tiempos complejos, en los que nos hemos visto obligados a modificar buena parte de nuestros hábitos cotidianos. Cuando, hace un año, nos manifestábamos por esta misma causa, quién intuía que tendríamos que prescindir de lo cercano, del abrazo a los seres queridos o de la simple presencia de muchos de ellos, cuyos cuerpos se despidieron para siempre en la UCI de algún centro hospitalario.
Tras una reflexión interna sobre la conveniencia o no de repetir en este difícil 2021 nuestra convocatoria frente al lobby cinegético, este nos empujó. Porque cuando casi todos y casi todas sufrimos carencias, los cazadores prosiguen ajenos a ellas. Se limitan los viajes, el contacto social, el deporte no profesional o las visitas a los íntimos. Se cierran establecimientos hosteleros, locales de ocio y hasta los parques; pero la caza sigue, inmune a las restricciones, tras el escudo protector de unos privilegios incalificables. Bajo el pretexto vacío del control de las especies, nadie aún la ha acreditado con datos fieles, continúan matando con la complicidad de unos poderes públicos que parecen escribir las normas a conveniencia del negocio de los propietarios de los cotos y de quienes no encuentran mejor forma de divertirse que torturando hasta su fin a otros seres vivos. Andalucía y Castilla-La Mancha, por poner ejemplos de autoridades de distinto sentido político, han promulgado recientemente disposiciones que habilitan la caza como actividad esencial. ¿Desde cuándo la muerte es imprescindible para la vida? ¿Desde cuándo la tortura de los perros, cosificados como meras herramientas, los ciervos o las perdices son elementos de primera necesidad? ¿Desde cuándo el enriquecimiento de los empresarios de un sector o el placer de una minoría es más importante que visitar a tus padres (si habitan, por ejemplo, en otro municipio), que las actividades extraescolares de los críos o que la presentación de una obra de arte?
Llegó febrero y con él, de nuevo, el pánico de los galgos, que volverán a ser abandonados, disparados o ahorcados, según el grado de fidelidad del criminal de turno a las tradiciones más bárbaras. Regresará el recuento de las llamadas presas: cientos, miles o millones según la especie. De nuevo, escucharemos las falsedades de siempre. Que si se trata de un deporte, que si lo hacen por preservar el equilibrio de la naturaleza o que el daño a los perros es causado por los animalistas para crearles a ellos mala prensa. Afirmaciones sin pruebas e insostenibles desde la razón sobre las que se mantiene una actividad en contradicción perpetua con la sensibilidad de la sociedad contemporánea y con los más elementales principios de la lógica. Nadie en sus cabales tortura a quien ama, nadie asesina para preservar, nadie tiene el derecho a restablecer a tiro limpio una concordia natural que ellos mismos destruyen por su interés propio. Los cazadores no son la solución a nada, sino una de las principales causas de la lenta agonía de la poca vida salvaje que aún subsiste.
Con pleno respeto a las normas sanitarias vigentes, pero con la firmeza de quien se sabe defensor de lo justo, un año más salimos a las calles para exigir el fin de la actividad cinegética. Para denunciar que sus argumentos solo son la propaganda de un negocio sanguinario. Para solicitar a las autoridades normas eficaces y no la habitual complicidad con los matarifes.
Febrero; los perros tiemblan ante el cruel destino que les reservaron aquellos a quienes un día consideraron sus aliados. Y de su temblor, nacen nuestros gritos: NO A LA CAZA CON GALGOS, NO A LOS PRIVILEGIOS DEL SECTOR CINEGÉTICO, NO A LA CAZA.
El próximo 7 de febrero salimos a la calle para reclamar un rotundo NO A LA CAZA.
En 2019 las protectoras españolas recogieron mas de 183.000 perros, de los cuales en muchas el porcentaje de perros de caza es superior al 70% ¿128.000 perros de caza son «descartados» cada año? Nosotros creemos que muchos más.
La Comunidad de Castilla la Mancha, entre otras ha cedido a la presión del sector cinegético para que consideren la caza como actividad esencial. Permitiendo con ello que miles de personas de las grandes urbes, como Madrid, puedan salir de la Comunidad con una simple autorización del dueño del coto.
Nosotros creemos que declarar la caza como actividad esencial por la posible sobrepoblación (sin estudios que lo avalen) tan solo esconde la intención de seguir matando animales de forma comercial, seguir haciendo monterías y dar salida a los animales de granja a los cuales los cazadores disparan.
El defensor del pueblo ya elaboró en el primer confinamiento un informe acusando como se disfrazan las monterías como si fueran controles poblacionales de jabalíes.
El permitir que los cazadores de las grandes urbes salgan a las poblaciones rurales supone un peligro sanitario ya que la mayor incidencia del Covid está en estas grandes urbes.
La dispersión de la pandemia debido a monterías es algo que ya está pasando. En noviembre hubo 2 brotes debido a ello, uno en Cantabria (Villacarriedo) donde se contabilizaron 23 positivos por la reunión de cazadores en un bar de la localidad y otro en Lugo donde la localidad de Sarria entro en alerta roja por la reunión de cazadores tras la montería en 2 bares.
Tuvimos la oportunidad de debatir sobre este tema en el programa Todo Es Mentira. Donde quedan en entredicho todas las escusas que apuntan los cazadores.
Se van a otorgar permisos de circulación a gente no cazadora, se van a matar animales de granja y no a controlar una supuesta sobrepoblación, ni por supuesto se va a hacer un control de plagas.
Esta es #LaVerdadDeLaCaza Este es #ElNegocioDeLaCaza
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