La Asociación Defensora de Herbívoros contra Incendios Forestales y otros colectivos presentarán alegaciones contra el nuevo decreto para mejorar “la mala gestión” del Consell en materia de caza mayor
Colectivos conservacionistas han presentado alegaciones contra el proyecto para caza y control de ungulados silvestres en la Comunitat. En el trasfondo de casi todas: la mala gestión del Consell en materia de regulación de caza mayor. Es lo que ha explicado en Hoy por Hoy Alicante, el presidente de uno de estos colectivos: la Asociación Defensora de Herbívoros contra Incendios Forestales (ADHIF).
Carlos Sapena, presidente de la asociación, cree que, en primer lugar, ampliar a todo el año el periodo hábil de caza de cabras, corzos, ciervos, jabalíes, muflones, etc. va a crear conflictos entre cazadores, paseantes y ciclistas. Además, no se respeta el período de cría, señala; se prioriza la caza de hembras, aunque la realidad es que se cazan más machos porque tienen cuernos; o se amplían los lugares a zonas de playa, jardines, núcleos urbanos e incluso en espacios no cinegéticos.
«Es terrible«, insiste Sapena, quien opina que también «hay que respetar a quien le gusta vivir en el campo y no le gusta la caza«. Se esgrime, para ampliar dichos plazos, que hay sobreabundancia, «aunque según nuestros censos no es tal», sostiene Sapena. Al final, no habrá más ejemplares de ciervo, muflón y arruí, los típicos de esta zona; «se irán muriendo y nos quedaremos sin ungulados«, advierte.
Y es que tampoco se tiene en cuenta con este decreto «la gran importancia» de los herbívoros en materia de prevención de incendios, creando cortafuegos naturales, e incluso en el esparcimiento de semillas. Añade que cuando los animales bajan a las poblaciones es porque «tienen alguna carencia en el monte, ya que ellos no quieren acercarse a los humanos«.
En los cotos de caza, en un 80% de los casos no se respetan las zonas de reserva. «En la mayoría, no ponen ni agua y no se preocupan de los animales y si estos tienen una carencia, bajan a las poblaciones, creando incluso accidentes de tráfico«, explica.
Otro punto del proyecto de decreto con el que discrepan es la propuesta de hacer zanjas para cuando el número de ejemplares cazados supere los 25. Se quiere entierrar en el monte, «una carne buena que podría pasar a la cadena alimentaria» y sin control, para colmo, dice, de los agentes medioambientales. Así «nadie puede saber cuántos se entierran, si con los precintos que se debía o no».
Son alegaciones, concluye, que van en el sentido de «mejorar la gestión».